"De manera previa, la Corte encontr\u00f3 que no proced\u00eda un pronunciamiento de fondo sobre el cargo formulado contra la Ley 1765 de 2015, referido a la presunta violaci\u00f3n de la reserva de ley estatutaria, por cuanto la demanda no cumpli\u00f3 con los requisitos de especificidad, suficiencia y pertinencia, en raz\u00f3n de que parte de un presupuesto equivocado, cual es el de considerar que la Ley 1765 de 2015, por el solo hecho de regular materias relacionadas con la administraci\u00f3n de justicia, concretamente, en el escenario de la justicia penal militar, deb\u00eda tramitarse por el procedimiento especial de las leyes estatutarias. Reiter\u00f3 que la Justicia Penal Militar no forma parte de la estructura general de la Administraci\u00f3n de Justicia y por expresa habilitaci\u00f3n constitucional, el legislador ordinario est\u00e1 facultado para regular asuntos relacionados con la organizaci\u00f3n y funcionamiento de la jurisdicci\u00f3n castrense (art. 221 C.Po.). Desde una perspectiva general, la Ley 1765 de 2015 no tiene necesariamente categor\u00eda estatutaria. La aptitud de una demanda por este cargo, exig\u00eda estar dirigido de manera particular y concreta contra cada una de las normas de la citada ley. De igual modo, la Corte constat\u00f3 la ineptitud sustantiva del cargo planteado contra los art\u00edculos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015 por la presunta ampliaci\u00f3n indebida de la competencia de la Justicia Penal Militar para investigar y sancionar ciertos delitos, los cuales deber\u00edan ser investigados por la justicia penal ordinaria. El cargo carece de certeza porque del contenido de las normas demandadas (en la que se incluy\u00f3 equivocadamente el art. 7), no se deduce la acusaci\u00f3n formulada, toda vez que antes que determinar los delitos objeto de conocimiento de esa jurisdicci\u00f3n especial, sino que se ocupan de distribuir y asignar la competencia frente a la investigaci\u00f3n y juzgamiento de tales conductas entre los juzgados penales militares y policiales, que son los llamados a determinar cu\u00e1les delitos son de conocimiento de la justicia castrense. As\u00ed mismo, la corporaci\u00f3n estableci\u00f3 que el cargo formulado contra la totalidad de la Ley 1765 de 2015 por desconocimiento de los principios de independencia autonom\u00eda e imparcialidad de la administraci\u00f3n de justicia no cumpl\u00eda con los requisitos de procedibilidad previstos en el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 2067 de 1991, como quiera que la demanda no incluy\u00f3 todas las normas acusadas, ni un ejemplar de la publicaci\u00f3n oficial de la ley y no observ\u00f3 la exigencia de certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia, puesto que los demandante no formulan un cargo concreto de inconstitucionalidad contra uno de los art\u00edculos de la Ley 1765 de 2015 cuya constitucionalidad de cuestiona, ni las razones espec\u00edficas en que se fundamenta el presunto desconocimiento de los principios de autonom\u00eda, independencia e imparcialidad judicial."<\/font><\/i><\/td>\n<\/tr>\n\n| La Corte Constitucional se declara INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo acerca de los cargos de inconstitucional formulados contra este art\u00edculo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-260-16<\/a><\/b>, Mayo 18 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. "La Corte encontr\u00f3 que la demanda de inconstitucionalidad formulada en esta oportunidad en contra de varias disposiciones de la Ley 1765 de 2015, no cumpl\u00eda en debida forma, con los requisitos exigidos por el Decreto 2067 de 1991 y precisados por la jurisprudencia constitucional, para que se pueda abordar un estudio de fondo y proferir un fallo de m\u00e9rito sobre la constitucionalidad de los preceptos legales acusados. Si bien en un principio pod\u00eda pensarse que el cargo por el presunto desconocimiento de la reserva de ley estatutaria formulado por la demandante permit\u00eda un examen y decisi\u00f3n de fondo, lo cierto es que al momento de proceder a verificar la aptitud sustancial de la demanda y en particular, los argumentos que se exponen como fundamento del concepto de violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, la Sala Plena constat\u00f3 que adolec\u00eda de falencias que no permit\u00edan realizar un estudio de fondo sobre el cargo planteado. En efecto, la ciudadana que demanda formul\u00f3 un cargo gen\u00e9rico de inconstitucionalidad contra noventa y tres art\u00edculos de la Ley 1765 de 2015, que regulan las m\u00e1s diversas materias, fundado en el desconocimiento de los art\u00edculos 152 y 153 de la Constituci\u00f3n, por haberse omitido el tr\u00e1mite de ley estatutaria, exigido, a juicio de la accionante, para toda regulaci\u00f3n concerniente a la estructura de la administraci\u00f3n de la justicia. Sin embargo, no expuso las razones espec\u00edficas por las cuales cada norma en concreto, deb\u00eda haber sido tramitada como ley estatutaria, teniendo en cuenta que las disposiciones acusadas legislan acerca de distintas cuestiones atinentes a la Justicia Penal Militar y Policial, tales como (i) \u00f3rganos que la integran, competencias a cargo de los mismos, requisitos para el desempe\u00f1o de los cargos de esta justicia especial; (ii) estructura, competencia, funciones y requisitos de los servidores p\u00fablicos que conforman la Fiscal\u00eda General Penal Militar; (iii) composici\u00f3n, funciones y requisitos del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n de la Justicia Penal Militar y Policial; (iv) administraci\u00f3n, gesti\u00f3n y control de la JPMP; (v) Escuela de Justicia Penal Militar; y (vi) disposiciones que garantizan la independencia y autonom\u00eda de la justicia penal militar y policial. La demandante no tuvo en cuenta que, de tiempo atr\u00e1s (Sentencia C-037\/96), la Corte Constitucional estableci\u00f3 que la justicia penal militar no hace parte de la rama judicial, ni es una jurisdicci\u00f3n especial adscrita a esta rama (Sentencia C-407\/03) por cuanto, si bien es cierto que seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n dicha jurisdicci\u00f3n administra justicia, lo hace de manera restringida, no s\u00f3lo por los sujetos llamados a juzgar, sino por los asuntos de los cuales conoce. Advirti\u00f3, que la menci\u00f3n que se hace en el texto constitucional a la justicia penal militar obedece al se\u00f1alamiento por el constituyente de quienes administran justicia en Colombia, pero no la incluye entre los \u00f3rganos que integran la rama judicial. La circunstancia de que la ley le haya atribuido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento en casaci\u00f3n de las sentencias proferidas por la justicia penal militar, no significa por ese solo hecho, que ella haga parte de la rama judicial, toda vez que se trata de una relaci\u00f3n funcional que en nada compromete la estructura org\u00e1nica de esta rama del poder p\u00fablico. Por este motivo, fue que la Corte declar\u00f3 inexequible el literal f) del art\u00edculo 11 del proyecto de ley estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia que inclu\u00eda a la justicia penal militar como parte de la rama judicial. A lo anterior se agrega, que la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha determinado que no toda cuesti\u00f3n relacionada con la administraci\u00f3n de justicia (vgr. los c\u00f3digos que regulan procedimientos ante los jueces y tribunales, la estructura y concursos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n), tiene la categor\u00eda de norma estatutaria. La necesidad de mantener la armon\u00eda entre el ejercicio de la funci\u00f3n legislativa en el \u00e1mbito propio de las leyes estatutarias y el ejercicio de esa funci\u00f3n en el \u00e1mbito inherente a las leyes ordinarias, ha conducido a esta Corporaci\u00f3n a circunscribir aquellas a las materias espec\u00edficamente indicadas por el constituyente y a realizar de \u00e9stas una interpretaci\u00f3n restrictiva (Sentencias C-662\/00, C-676\/01, C-178\/02, C-162\/03, C-368\/11, entre otras). Por esta raz\u00f3n, es indispensable que cuando se demande la inconstitucionalidad de una disposici\u00f3n legal por haber infringido la reserva de ley estatutaria en materia de administraci\u00f3n de justicia, el ciudadano indique de manera clara, expresa, cierta, espec\u00edfica y suficiente, porqu\u00e9 las disposiciones legales que impugna tienen la categor\u00eda estatutaria y por tanto requer\u00eda someterse al procedimiento especial previsto en el art\u00edculo 153 de la Constituci\u00f3n. Al no haberse expuesto dichos argumentos en la presente demanda, lo procedente era que la Corte se inhibiera de proferir un fallo de fondo."<\/i><\/font> <\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n <\/p>\n |
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