"Esta norma, considera la Corte, en nada lesiona las disposiciones constitucionales. Se limita a desarrollar el art\u00edculo 34 de la Carta, reiterando el requisito de la sentencia judicial y precisando las causales de la extinci\u00f3n del dominio.<\/font><\/TD><\/TR> Era necesario que el legislador determinara, indicando las respectivas conductas, cu\u00e1l es el contenido de las razones excepcionales que en nuestro sistema, a la luz de la mencionada norma constitucional, dan lugar a esa extraordinaria medida.<\/font><\/TD><\/TR> No sobra anotar, sin embargo, que, como en esta sentencia se explica, la norma constitucional tiene una mayor amplitud material que el C\u00f3digo Penal, es decir, que la enunciaci\u00f3n del enriquecimiento il\u00edcito, del perjuicio del Tesoro P\u00fablico y del grave deterioro de la moral social abarca mucho m\u00e1s de lo que, en ejercicio de sus funciones, pueda el legislador se\u00f1alar como hechos punibles.<\/font><\/TD><\/TR> Para la Corte, es el legislador el llamado a concretar en qu\u00e9 consisten las aludidas causales constitucionales de la extinci\u00f3n del dominio, y evidentemente puede \u00e9l considerar que tengan car\u00e1cter de delictivas, pero sin que por definirlo as\u00ed en una determinada ley -la presente-, se agote su facultad de prever en el futuro otros comportamientos, no necesariamente calificados como delitos, que por causar da\u00f1o al Tesoro P\u00fablico o por afectar la moral colectiva, ocasionen el proceso judicial de car\u00e1cter patrimonial del que se trata.<\/font><\/TD><\/TR> No es necesario, entonces, en t\u00e9rminos estrictamente constitucionales, que se haya iniciado o que est\u00e9 en curso o haya habido un proceso penal para que la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del dominio pueda iniciarse ni tampoco para que prospere. Todo depende, pues, del cat\u00e1logo de conductas que el legislador haya se\u00f1alado como constitutivas de enriquecimiento il\u00edcito, grave deterioro de la moral social o perjuicio del Tesoro p\u00fablico. Bien puede \u00e9l incorporar comportamientos sancionados en la ley penal como delictivos, o aludir a actos u omisiones que, aunque no elevados a la categor\u00eda de punibles, o habi\u00e9ndola perdido, s\u00ed contrar\u00eden la moral o causen agravio al inter\u00e9s patrimonial del Estado.<\/font><\/TD><\/TR> Aunque el legislador habr\u00eda podido definir, como constitutivas de cualquiera de las causales constitucionales de extinci\u00f3n del dominio, actuaciones u omisiones no tipificadas en la ley como delitos, mientras no se produzca una ley que as\u00ed lo haga, el \u00fanico desarrollo legislativo al respecto es el contenido en el art\u00edculo 2 de la Ley 333 de 1996, luego complementado por el art\u00edculo 14 de la Ley 365 de 1997, por fuera de cuyos linderos no puede abrirse proceso alguno de extinci\u00f3n del dominio.<\/font><\/TD><\/TR> El legislador, entonces, no ha regulado todav\u00eda el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n del dominio en aquellos casos que, seg\u00fan la Constituci\u00f3n, ameritan la aplicaci\u00f3n de esa figura, pero que no implican necesariamente la comisi\u00f3n de un hecho punible.<\/font><\/TD><\/TR> En efecto, no hay duda de que el enriquecimiento il\u00edcito tiene hoy en nuestro sistema, y de manera aut\u00f3noma, el car\u00e1cter de delito; el perjuicio del Tesoro P\u00fablico se concreta normalmente en conductas que tienen asignada una sanci\u00f3n penal; y algunas formas de deterioro de la moral social constituyen a la vez delitos.<\/font><\/TD><\/TR> Pero, a juicio de la Corte, especialmente en lo que se refiere a la \u00faltima de las causales enunciadas, no toda conducta contraria a la moral social que la afecte gravemente tiene que configurar, a la vez, un comportamiento tipificado como delictivo.<\/font><\/TD><\/TR> Algunos de los actores han sostenido que ciertos delitos, espec\u00edficamente los pol\u00edticos, no pueden dar lugar a la extinci\u00f3n del dominio.<\/font><\/TD><\/TR> En el sentir de la Corte, tal aseveraci\u00f3n no coincide con los mandatos constitucionales, si se tiene en cuenta que es el legislador el encargado de dar desarrollo al precepto constitucional y por cuanto, adem\u00e1s del grave da\u00f1o que tales comportamientos causan a la sociedad, en ellos ni siquiera la amnist\u00eda y el indulto, una vez concedidos por el Congreso, excluyen la responsabilidad civil de los autores del delito ni la indemnizaci\u00f3n a la que tienen derecho las v\u00edctimas por raz\u00f3n del mismo (art\u00edculos 150, numeral 17, y 201, inciso 2).<\/font><\/TD><\/TR> Es verdad que el Estado, seg\u00fan las reglas del art\u00edculo 150, numeral 17, puede eximir a los favorecidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, pero, obviamente, tal decisi\u00f3n est\u00e1 justamente en cabeza del Congreso, que no viola la Carta Pol\u00edtica si se abstiene de hacerlo.<\/font><\/TD><\/TR> Entonces, habiendo separado el Constituyente los efectos estrictamente penales de los civiles y patrimoniales de los delitos pol\u00edticos, y siendo claro que la rebeli\u00f3n, la sedici\u00f3n y la asonada pueden implicar un perjuicio para el Tesoro P\u00fablico, o grave deterioro de la moral social, la figura de la extinci\u00f3n del dominio sobre los bienes que puedan haberse adquirido en el curso de los actos correspondientes es perfectamente aplicable.<\/font><\/TD><\/TR> Tambi\u00e9n se cuestiona por algunos de los demandantes e intervinientes el que se haya incluido, dentro de las figuras delictivas que propician la extinci\u00f3n del dominio, la modalidad culposa de las conductas enumeradas.<\/font><\/TD><\/TR> Uno de los impugnantes llega al extremo de considerar inconstitucional la normatividad demandada por no haber excluido de sus reglas las formas culposas de los delitos de narcotr\u00e1fico, inter\u00e9s il\u00edcito en la celebraci\u00f3n de contratos y peculado.<\/font><\/TD><\/TR> Ante todo, un cargo de inconstitucionalidad no puede fundarse en lo que el actor cree que ha debido decir la ley, sino en lo que ella en efecto establece y puede contrariar la Constituci\u00f3n.<\/font><\/TD><\/TR> La Corte reitera:<\/font><\/TD><\/TR> "Para que la Corte Constitucional pueda establecer, con fuerza de verdad jur\u00eddica, la inexequibilidad que ante ella se solicita, es indispensable que la demanda recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o impl\u00edcito.<\/font><\/TD><\/TR> Es verdad que la Corte, al efectuar el cotejo de una norma con la Constituci\u00f3n puede introducir en ella distinciones, para declarar la exequibilidad condicionada, excluyendo del ordenamiento jur\u00eddico determinado alcance del precepto objeto de su fallo.<\/font><\/TD><\/TR> Es decir, puede la Corte, en ejercicio de sus atribuciones, al analizar una norma que ante ella se demanda, o que debe revisar oficiosamente, diferenciar entre varios sentidos posibles del precepto admitiendo aqu\u00e9llos que se avienen a la Constituci\u00f3n y desechando los que la contradicen.<\/font><\/TD><\/TR> La misma funci\u00f3n del control constitucional, para que sea efectiva, exige que la autoridad encargada de ejercerla pueda condicionar en casos excepcionales la decisi\u00f3n de exequibilidad, cuando de la propia disposici\u00f3n enjuiciada pueden surgir efectos jur\u00eddicos diversos o equ\u00edvocos, por lo cual se requiere que el juez de constitucionalidad defina hasta d\u00f3nde llega el precepto en su ajuste a la Constituci\u00f3n, y donde y porqu\u00e9 principia a quebrantarla.<\/font><\/TD><\/TR> Pero esa t\u00e9cnica de control difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden. Esta es la circunstancia del caso en estudio, en el cual los demandantes piden que no se declare inexequible ninguna parte de la norma vigente sino una hip\u00f3tesis arbitrariamente inferida de ella.<\/font><\/TD><\/TR> No resulta posible resolver sobre cada uno de los casos particulares hipot\u00e9ticamente cobijados por un precepto legal, introduciendo comparaciones con otros casos igualmente particulares no previstos en \u00e9l.<\/font><\/TD><\/TR> Para llegar a la declaraci\u00f3n de inexequibilidad total o parcial de una disposici\u00f3n de la ley es menester definir si existe una oposici\u00f3n objetiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constituci\u00f3n". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-504-95<\/A> del 9 de noviembre de 1995)<\/font><\/TD><\/TR> Por otra parte, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no establece distinci\u00f3n en cuanto a los motivos que dan lugar a la extinci\u00f3n del dominio y, m\u00e1s todav\u00eda, seg\u00fan lo ya expuesto, a la luz del segundo inciso de su art\u00edculo 34, podr\u00eda aplicarse tal figura a conductas no necesariamente delictivas que ocasionaran los efectos all\u00ed indicados.<\/font><\/TD><\/TR> Y es que el car\u00e1cter de la extinci\u00f3n del dominio es exclusivamente patrimonial y constituye una consecuencia no penal sino econ\u00f3mica de los actos imputables a una persona. Estos, por tanto, no exigen necesariamente el dolo para merecer sanci\u00f3n, aunque no puede olvidarse que la culpa grave, de acuerdo con nuestra ley civil, se asimila al dolo.<\/font><\/TD><\/TR> Otros demandantes piden que se declare inexequible la referencia al inter\u00e9s il\u00edcito en la celebraci\u00f3n de contratos administrativos y a los contratos celebrados sin requisitos legales, como delitos constitutivos del perjuicio del Tesoro P\u00fablico.<\/font><\/TD><\/TR> La Corte no puede admitir que tal inclusi\u00f3n en la norma vulnere la Carta Pol\u00edtica, pues ello implicar\u00eda aceptar que la corrupci\u00f3n administrativa, tan extendida entre nosotros, puede ser fuente del derecho de propiedad.<\/font><\/TD><\/TR> Desde luego, la extinci\u00f3n del dominio que en tales casos se decrete tan s\u00f3lo puede referirse al monto del provecho il\u00edcito.<\/font><\/TD><\/TR> Uno de los demandantes afirma que la norma crea confusi\u00f3n y por tanto viola el debido proceso, pues desconoce las herramientas que la ley penal consagra para evitar la constituci\u00f3n de patrimonios il\u00edcitos. En efecto -seg\u00fan afirma-, la disposici\u00f3n genera dudas "acerca de si el comiso o la acci\u00f3n de restituci\u00f3n contin\u00faan vigentes, o si s\u00f3lo se aplican a las conductas se\u00f1aladas taxativamente por la ley acusada".<\/font><\/TD><\/TR> As\u00ed mismo -agrega- se viola el principio de igualdad, ya que los bienes objeto de decomiso o incautaci\u00f3n no son susceptibles de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del dominio.<\/font><\/TD><\/TR> No se aceptan tales argumentos, pues, seg\u00fan lo expuesto, la figura de la extinci\u00f3n del dominio prevista en el inciso 2 del art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n, no corresponde a una "constitucionalizaci\u00f3n" de los institutos legales conocidos como comiso e incautaci\u00f3n de bienes, los cuales, sin perjuicio de aqu\u00e9lla, siguen cumpliendo, respecto de todo proceso penal, el objetivo que les es propio, tanto para la investigaci\u00f3n correspondiente como en lo relacionado con el v\u00ednculo existente entre el il\u00edcito y la destinaci\u00f3n a \u00e9l de cierto bien, o entre el delito y el provecho ileg\u00edtimo que de \u00e9l podr\u00eda derivarse.<\/font><\/TD><\/TR> | No se olvide que la extinci\u00f3n del dominio, seg\u00fan acaba de advertirse, no cobija toda clase de delitos, al paso que el decomiso y la incautaci\u00f3n de bienes son aplicables en t\u00e9rminos generales, como lo contemplan las normas procesales pertinentes, a un c\u00famulo de hechos punibles que escapan a la excepcional medida contemplada por el art\u00edculo 34, inciso 2, de la Constituci\u00f3n.<\/font><\/TD><\/TR> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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