{"id":680,"date":"2020-11-24T18:19:12","date_gmt":"2020-11-24T18:19:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-610-de-2000\/"},"modified":"2020-11-24T18:19:12","modified_gmt":"2020-11-24T18:19:12","slug":"ley-610-de-2000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/2020\/11\/24\/ley-610-de-2000\/","title":{"rendered":"LEY 610 DE 2000"},"content":{"rendered":"

LEY 610 DE 2000 <\/a><\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/font><\/b> <\/p>\n

\n

 <\/p>\n

LEY 610 DE 2000<\/font> <\/b> <\/p>\n

 <\/p>\n

(agosto 15 de 2000)<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Por la cual se establece el tr\u00e1mite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralor\u00edas. <\/font><\/i> <\/p>\n

 <\/p>\n

EL CONGRESO DE COLOMBIA <\/font><\/b> <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

DECRETA: <\/font><\/b> <\/p>\n

 <\/p>\n

TITULO I<\/A><\/font><\/b><\/p>\n

ASPECTOS GENERALES<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 1\u00b0. Definici\u00f3n.<\/A><\/b> El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralor\u00edas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores p\u00fablicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gesti\u00f3n fiscal o con ocasi\u00f3n de \u00e9sta, causen por acci\u00f3n u omisi\u00f3n y en forma dolosa o culposa un da\u00f1o al patrimonio del Estado. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-840-01<\/a><\/b> de 9 de agosto de 2001. Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Renter\u00eda, "bajo el entendido de que los actos que la materialicen comporten una relaci\u00f3n de conexidad pr\u00f3xima y necesaria para con el desarrollo de la gesti\u00f3n fiscal". <\/font> <\/font> <\/TD><\/TR><\/TABLE>

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 2\u00b0.<\/A> Principios orientadores de la acci\u00f3n fiscal. <\/b>En el ejercicio de la acci\u00f3n de responsabilidad fiscal se garantizar\u00e1 el debido proceso y su tr\u00e1mite se adelantar\u00e1 con sujeci\u00f3n a los principios establecidos en los art\u00edculos 29 y 209 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a los contenidos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 3\u00b0.<\/A> Gesti\u00f3n fiscal.<\/b> Para los efectos de la presente ley, se entiende por gesti\u00f3n fiscal el conjunto de actividades econ\u00f3micas, jur\u00eddicas y tecnol\u00f3gicas, que realizan los servidores p\u00fablicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos p\u00fablicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisici\u00f3n, planeaci\u00f3n, conservaci\u00f3n, administraci\u00f3n, custodia, explotaci\u00f3n, enajenaci\u00f3n, consumo, adjudicaci\u00f3n, gasto, inversi\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes p\u00fablicos, as\u00ed como a la recaudaci\u00f3n, manejo e inversi\u00f3n de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeci\u00f3n a los principios de legalidad, eficiencia, econom\u00eda, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoraci\u00f3n de los costos ambientales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 4\u00b0. OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.<\/A> La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los da\u00f1os ocasionados al patrimonio p\u00fablico como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gesti\u00f3n fiscal mediante el pago de una indemnizaci\u00f3n pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-840-01<\/a><\/b> de 9 de agosto de 2001. Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Renter\u00eda. <\/font> <\/font> <\/TD><\/TR><\/TABLE> <\/p>\n

 <\/p>\n

Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendr\u00e1 en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funci\u00f3n administrativa y de la gesti\u00f3n fiscal. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 1\u00b0. La responsabilidad fiscal es aut\u00f3noma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0. *Inexequible* <\/i><\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-619-02<\/a><\/b> de 8 de agosto de 2002, Magistrados Ponentes Drs. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o y Rodrigo Escobar Gil.<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE><\/p>\n

 <\/p>\n

*Texto original de la Ley 610 de 2000*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0. El grado de culpa a partir del cual se podr\u00e1 establecer responsabilidad fiscal ser\u00e1 el de la culpa leve. <\/font> <\/font> <\/TD><\/TR> <\/TABLE>

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 5\u00b0.<\/A> Elementos de la responsabilidad fiscal.<\/b> La responsabilidad fiscal estar\u00e1 integrada por los siguientes elementos: <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

– Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gesti\u00f3n fiscal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

– Un da\u00f1o patrimonial al Estado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

– Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 6\u00b0.<\/A> Da\u00f1o patrimonial al estado.<\/b> Para efectos de esta ley se entiende por da\u00f1o patrimonial al Estado la lesi\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, representada en el menoscabo, disminuci\u00f3n, perjuicio, detrimento, p\u00e9rdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos p\u00fablicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gesti\u00f3n fiscal antiecon\u00f3mica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en t\u00e9rminos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralor\u00edas. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

Apartes tachados INEXEQUIBLES y subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340-07<\/a><\/b> de 9 de mayo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. 'Con base en las anteriores consideraciones, la Corte habr\u00e1 de declarar la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cuso indebido\u201d contenida en el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 610 de 2000, sin que, por otra aparte, ello implique que no se pueda derivar responsabilidad fiscal por el uso indebido de los bienes o recursos del Estado, porque, en la medida en que de tal uso se derive un da\u00f1o al patrimonio del Estado, entendido como la lesi\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, representada en el menoscabo, disminuci\u00f3n, perjuicio, detrimento, p\u00e9rdida o deterioro de los bienes o recursos p\u00fablicos o de los intereses patrimoniales del Estado, producida en los t\u00e9rminos de la Ley 610 de 2000, el agente ser\u00e1 fiscalmente responsable.'<\/i><\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE><\/p>\n

 <\/p>\n

Dicho da\u00f1o podr\u00e1 ocasionarse por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de los servidores p\u00fablicos o por la persona natural o jur\u00eddica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio p\u00fablico. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-840-01<\/a><\/b> de 9 de agosto de 2001. Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Renter\u00eda. <\/font> <\/TD><\/TR> <\/TABLE>

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 7\u00b0.<\/A> P\u00e9rdida, da\u00f1o o deterioro de bienes.<\/b> En los casos de p\u00e9rdida, da\u00f1o o deterioro por causas distintas al desgaste natural que sufren las cosas, de bienes en servicio o inservibles no dados de baja, \u00fanicamente proceder\u00e1 derivaci\u00f3n de responsabilidad fiscal cuando el hecho tenga relaci\u00f3n directa con el ejercicio de actos propios de la gesti\u00f3n fiscal por parte de los presuntos responsables. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

En los dem\u00e1s eventos de p\u00e9rdida, da\u00f1o o deterioro de este tipo de bienes, el resarcimiento de los perjuicios causados al erario proceder\u00e1 como sanci\u00f3n accesoria a la principal que se imponga dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por tales conductas o como consecuencia civil derivada de la comisi\u00f3n de hechos punibles, seg\u00fan que los hechos que originaron su ocurrencia correspondan a las faltas que sobre guarda y custodia de los bienes estatales establece el C\u00f3digo Disciplinario \u00danico o a los delitos tipificados en la legislaci\u00f3n penal. <\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 8\u00b0.<\/A> Iniciaci\u00f3n del proceso.<\/b> El proceso de responsabilidad fiscal podr\u00e1 iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralor\u00edas, de la solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organizaci\u00f3n ciudadana, en especial por las veedur\u00edas ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n
\n

La Ley 563 de 2000 fue declarada INEXEQUIBLE por la  Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1338-00<\/a><\/b>, posteriormente, mediante la Ley 850 de 2013 se reglamentan las veedur\u00edas ciudadanas.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 9\u00b0.<\/A> Caducidad y prescripci\u00f3n.<\/b> La acci\u00f3n fiscal caducar\u00e1 si transcurridos cinco (5) a\u00f1os desde la ocurrencia del hecho generador del da\u00f1o al patrimonio p\u00fablico, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este t\u00e9rmino empezar\u00e1 a contarse para los hechos o actos instant\u00e1neos desde el d\u00eda de su realizaci\u00f3n, y para los complejos, de tracto sucesivo, de car\u00e1cter permanente o continuado desde la del \u00faltimo hecho o acto. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

La Corte Constitucional se declara INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda, mediante Sentencia C-423-16<\/a><\/b> de agosto 10 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio. "El actor se limit\u00f3 a sostener que la modificaci\u00f3n que introdujo la disposici\u00f3n demandada, al cambiar los t\u00e9rminos de caducidad y prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n fiscal resulta desproporcionada, ya que el r\u00e9gimen anterior se\u00f1alaba tan solo dos (2) a\u00f1os y en la actualidad se computan diez (10), lo cual vulnera garant\u00edas constitucionales, sin que exponga las razones en que sustenta tal afirmaci\u00f3n. El cuestionamiento se restringe a se\u00f1alar que el legislador ampli\u00f3 hasta por diez (10) a\u00f1os sin justificaci\u00f3n alguna, el t\u00e9rmino para fallar en firme los procesos de responsabilidad fiscal, pero sin explicar en d\u00f3nde su configurar\u00eda la desproporci\u00f3n, como tampoco, por qu\u00e9 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n deber\u00eda ser de cinco (5) a\u00f1os, como lo sostiene el demandante. Por el contrario, para la Corte, el replanteamiento de los t\u00e9rminos de caducidad para la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y de prescripci\u00f3n de tal proceso no responde a posiciones caprichosas del legislador sino a la necesidad de garantizar el derecho a la justicia que tiene la sociedad en materia fiscal y la protecci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico que se persigue con tales procesos. Esto justificar\u00eda el establecimiento de un t\u00e9rmino de cinco (5) que en todo caso goza de presunci\u00f3n de constitucionalidad y en principio corresponde al normal ejercicio de la potestad de configuraci\u00f3n del legislador en materia procesal, salvo que se demuestre lo contrario, que es justamente de lo que adolece la presente demanda. Adem\u00e1s, los cuestionamientos que se expusieron por el actor eran muy amplios y lac\u00f3nicos, al punto de limitarse a hacer referencias gen\u00e9ricas, globales e indeterminadas en relaci\u00f3n con la presunta vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n. Estos razonamientos vagos y abstractos impidieron un debate concreto en perspectiva constitucional, por cuanto la norma acusada no se enfrenta con el precepto superior invocado. En este sentido, la Corte observ\u00f3 que en ning\u00fan punto del libelo se puede establecer una relaci\u00f3n l\u00f3gica entre las alegaciones del actor y la norma constitucional que invoca como vulnerada. El ciudadano omiti\u00f3 explicar el alcance de la norma superior y ofrecer un hilo argumentativo que permitiera comprender adecuadamente el contenido y alcance de su reproche. Las falencias de la demanda, no le permitieron a la Corte realizar un examen de fondo y emitir un fallo de m\u00e9rito sobre la constitucionalidad del aparte impugnado del art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 610 de 2000."<\/i><\/font><\/TD><\/TR>
<\/p>\n

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por el cargo examinado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-836-13<\/a><\/b> de 20 de noviembre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo."Adem\u00e1s, el entendimiento que de la figura jur\u00eddica de la caducidad tiene la Corte no ser\u00eda completo si se dejara de destacar que, en forma reiterada, la Corporaci\u00f3n la ha diferenciado de la prescripci\u00f3n, al indicar, por ejemplo, que mientras la caducidad es \u201cun l\u00edmite temporal de orden p\u00fablico que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente\u201d, la prescripci\u00f3n, en su dimensi\u00f3n liberatoria permite dar \u201cpor extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado\u201d, por lo que, trat\u00e1ndose de la prescripci\u00f3n \u201cse tiene en cuenta la raz\u00f3n subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o supuesta del titular. Bastan estas referencias jurisprudenciales para concluir que, en contra de lo que cree el demandante, la caducidad no es fen\u00f3meno ajeno al proceso de responsabilidad fiscal, al punto que la propia Corte Constitucional as\u00ed lo estim\u00f3 cuando, ante el silencio de la Ley 42 de 1993 y en virtud de lo establecido en su art\u00edculo 89, que expresamente remit\u00eda a las disposiciones del C\u00f3digo Contencioso Administrativo, aplic\u00f3 el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os previsto en esa codificaci\u00f3n respecto de la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, dada su \u201cconcordancia y afinidad\u201d con el proceso de responsabilidad fiscal. Tambi\u00e9n resulta procedente concluir que la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del t\u00e9rmino de caducidad de dos a\u00f1os, para que la Contralor\u00eda pudiera \u201ciniciar el proceso de responsabilidad fiscal\u201d, se efectu\u00f3 bajo el entendimiento de las diferencias que median entre esta figura y la prescripci\u00f3n, distinci\u00f3n que, conforme se ha precisado, hace parte del desarrollo que en la jurisprudencia constitucional ha tenido el fen\u00f3meno de la caducidad."<\/i><\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE><\/p>\n

 <\/p>\n

La responsabilidad fiscal prescribir\u00e1 en cinco (5) a\u00f1os, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho t\u00e9rmino no se ha dictado providencia en firme que la declare.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

La Corte Constitucional se declara INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda, mediante Sentencia C-423-16<\/a><\/b> de agosto 10 de 2016; Magistrado Ponente Dr. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio. "El actor se limit\u00f3 a sostener que la modificaci\u00f3n que introdujo la disposici\u00f3n demandada, al cambiar los t\u00e9rminos de caducidad y prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n fiscal resulta desproporcionada, ya que el r\u00e9gimen anterior se\u00f1alaba tan solo dos (2) a\u00f1os y en la actualidad se computan diez (10), lo cual vulnera garant\u00edas constitucionales, sin que exponga las razones en que sustenta tal afirmaci\u00f3n. El cuestionamiento se restringe a se\u00f1alar que el legislador ampli\u00f3 hasta por diez (10) a\u00f1os sin justificaci\u00f3n alguna, el t\u00e9rmino para fallar en firme los procesos de responsabilidad fiscal, pero sin explicar en d\u00f3nde su configurar\u00eda la desproporci\u00f3n, como tampoco, por qu\u00e9 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n deber\u00eda ser de cinco (5) a\u00f1os, como lo sostiene el demandante. Por el contrario, para la Corte, el replanteamiento de los t\u00e9rminos de caducidad para la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y de prescripci\u00f3n de tal proceso no responde a posiciones caprichosas del legislador sino a la necesidad de garantizar el derecho a la justicia que tiene la sociedad en materia fiscal y la protecci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico que se persigue con tales procesos. Esto justificar\u00eda el establecimiento de un t\u00e9rmino de cinco (5) que en todo caso goza de presunci\u00f3n de constitucionalidad y en principio corresponde al normal ejercicio de la potestad de configuraci\u00f3n del legislador en materia procesal, salvo que se demuestre lo contrario, que es justamente de lo que adolece la presente demanda. Adem\u00e1s, los cuestionamientos que se expusieron por el actor eran muy amplios y lac\u00f3nicos, al punto de limitarse a hacer referencias gen\u00e9ricas, globales e indeterminadas en relaci\u00f3n con la presunta vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n. Estos razonamientos vagos y abstractos impidieron un debate concreto en perspectiva constitucional, por cuanto la norma acusada no se enfrenta con el precepto superior invocado. En este sentido, la Corte observ\u00f3 que en ning\u00fan punto del libelo se puede establecer una relaci\u00f3n l\u00f3gica entre las alegaciones del actor y la norma constitucional que invoca como vulnerada. El ciudadano omiti\u00f3 explicar el alcance de la norma superior y ofrecer un hilo argumentativo que permitiera comprender adecuadamente el contenido y alcance de su reproche. Las falencias de la demanda, no le permitieron a la Corte realizar un examen de fondo y emitir un fallo de m\u00e9rito sobre la constitucionalidad del aparte impugnado del art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 610 de 2000."<\/i><\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE><\/p>\n

 <\/p>\n

El vencimiento de los t\u00e9rminos establecidos en el presente art\u00edculo no impedir\u00e1 que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparaci\u00f3n de la totalidad del detrimento y dem\u00e1s perjuicios que haya sufrido la administraci\u00f3n, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n civil en el proceso penal, que podr\u00e1 ser ejercida por la contralor\u00eda correspondiente o por la respectiva entidad p\u00fablica. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 10.<\/A> Polic\u00eda Judicial.<\/b> Los servidores de las contralor\u00edas que realicen funciones de investigaci\u00f3n o de indagaci\u00f3n, o que est\u00e9n comisionados para la pr\u00e1ctica de pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, tienen el car\u00e1cter de autoridad de polic\u00eda judicial.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Para este efecto, adem\u00e1s de las funciones previstas en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, tendr\u00e1n las siguientes:<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

1. Adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que se requieran por hechos relacionados contra los intereses patrimoniales del Estado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

2. Coordinar sus actuaciones con las de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

3. Solicitar informaci\u00f3n a entidades oficiales o particulares en procura de datos que interesen para solicitar la iniciaci\u00f3n del proceso de responsabilidad fiscal o para las indagaciones o investigaciones en tr\u00e1mite, inclusive para lograr la identificaci\u00f3n de bienes de las personas comprometidas en los hechos generadores de da\u00f1o patrimonial al Estado, sin que al respecto les sea oponible reserva alguna.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

4. Denunciar bienes de los presuntos responsables ante las autoridades judiciales, para que se tomen las medidas cautelares correspondientes, sin necesidad de prestar cauci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

La Corte Constitucional se declar\u00f3 INHIBIDA de fallar respecto del aparte subrayado por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1115-04<\/a><\/b> de 9 de noviembre de 2004, Magistrado Ponente Dr.  Rodrigo Escobar Gil.<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE>  <\/p>\n

Par\u00e1grafo. En ejercicio de sus funciones, los servidores de los organismos de control fiscal a que se refiere este art\u00edculo podr\u00e1n exigir la colaboraci\u00f3n gratuita de las autoridades de todo orden. <\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 11.<\/A> Grupos interinstitucionales de investigaci\u00f3n.<\/b> Las Contralor\u00edas, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, las personer\u00edas y las entidades de control de la administraci\u00f3n, podr\u00e1n establecer con car\u00e1cter temporal y de manera conjunta, grupos especiales de trabajo para adelantar investigaciones que permitan realizar la vigilancia integral del manejo de los bienes y fondos p\u00fablicos, as\u00ed como las actuaciones de los servidores p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Las pruebas practicadas por estos grupos especiales de trabajo tendr\u00e1n plena validez para los respectivos procesos fiscales, penales, disciplinarios y administrativos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 12.<\/A> Medidas cautelares.<\/b> En cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal se podr\u00e1n decretar medidas cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente responsable de un detrimento al patrimonio p\u00fablico, por un monto suficiente para amparar el pago del posible desmedro al erario, sin que el funcionario que las ordene tenga que prestar cauci\u00f3n<\/i>. Este \u00faltimo responder\u00e1 por los perjuicios que se causen en el evento de haber obrado con temeridad o mala fe.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

La Corte Constitucional se declar\u00f3 INHIBIDA de fallar respecto del aparte en letra it\u00e1lica por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1115-04<\/a><\/b> de 9 de noviembre de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.<\/font><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-840-01<\/a><\/b> de 9 de agosto de 2001. Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Renter\u00eda, "por los cargos analizados en esta sentencia.  Aclarando que, en todo caso, el respectivo funcionario responder\u00e1 siempre que obre con dolo o culpa grave". <\/i><\/font> <\/TD><\/TR> <\/TABLE> <\/p>\n

Las medidas cautelares decretadas se extender\u00e1n y tendr\u00e1n vigencia hasta la culminaci\u00f3n del proceso de cobro coactivo, en el evento de emitirse fallo con responsabilidad fiscal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Se ordenar\u00e1 el desembargo de bienes cuando habiendo sido decretada la medida cautelar se profiera auto de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal, caso en el cual la Contralor\u00eda proceder\u00e1 a ordenarlo en la misma providencia. Tambi\u00e9n se podr\u00e1 solicitar el desembargo al \u00f3rgano fiscalizador, en cualquier momento del proceso o cuando el acto que estableci\u00f3 la responsabilidad se encuentre demandado ante el tribunal competente, siempre que exista previa constituci\u00f3n de garant\u00eda real, bancaria o expedida por una compa\u00f1\u00eda de seguros, suficiente para amparar el pago del presunto detrimento y aprobada por quien decret\u00f3 la medida.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares dentro del proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva y el deudor demuestre que se ha admitido demanda y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, aquellas no podr\u00e1n ser levantadas hasta tanto no se preste garant\u00eda bancaria o de compa\u00f1\u00eda de seguros, por el valor adeudado m\u00e1s los intereses moratorios.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 13.<\/A> Suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos.<\/b> El c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos previstos en la presente ley se suspender\u00e1 en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o por la tramitaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n de impedimento o recusaci\u00f3n. En tales casos, tanto la suspensi\u00f3n como la reanudaci\u00f3n de los t\u00e9rminos se ordenar\u00e1 mediante auto de tr\u00e1mite, que se notificar\u00e1 por estado al d\u00eda siguiente y contra el cual no procede recurso alguno.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 14.<\/A> Unidad procesal y conexidad.<\/b> Por cada hecho generador de responsabilidad fiscal se adelantar\u00e1 una sola actuaci\u00f3n procesal, cualquiera sea el n\u00famero de implicados; si se estuviere adelantando m\u00e1s de una actuaci\u00f3n por el mismo asunto, se dispondr\u00e1 mediante auto de tr\u00e1mite la agregaci\u00f3n de las diligencias a aquellas que se encuentren m\u00e1s adelantadas. Los hechos conexos se investigar\u00e1n y decidir\u00e1n conjuntamente.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 15.<\/A> Acumulaci\u00f3n de procesos.<\/b> Habr\u00e1 lugar a la acumulaci\u00f3n de procesos a partir de la notificaci\u00f3n del auto de imputaci\u00f3n de responsabilidad fiscal y siempre que no se haya proferido fallo de primera o \u00fanica instancia, de oficio o a solicitud del sujeto procesal, cuando contra una misma persona se estuvieren adelantando dos o m\u00e1s procesos, aunque en ellos figuren otros implicados y siempre que se trate de la misma entidad afectada, o cuando se trate de dos o m\u00e1s procesos por hechos conexos que no se hubieren investigado conjuntamente.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Contra la decisi\u00f3n de negar la acumulaci\u00f3n procede el recurso de reposici\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 16.<\/A> Cesaci\u00f3n de la acci\u00f3n fiscal.<\/b> En cualquier estado de la indagaci\u00f3n preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, proceder\u00e1 el archivo del expediente cuando se establezca que la acci\u00f3n fiscal no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripci\u00f3n, cuando se demuestre que el hecho no existi\u00f3 o que no es constitutivo de da\u00f1o patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gesti\u00f3n fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que el da\u00f1o investigado ha sido resarcido totalmente.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 17.<\/A> Reapertura.<\/b> Cuando despu\u00e9s de proferido el auto de archivo del expediente en la indagaci\u00f3n preliminar o en el proceso de responsabilidad fiscal, aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que acrediten la existencia de un da\u00f1o patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal, o se demostrare que la decisi\u00f3n se bas\u00f3 en prueba falsa, proceder\u00e1 la reapertura de la indagaci\u00f3n o del proceso.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Sin embargo, no proceder\u00e1 la reapertura si despu\u00e9s de proferido el auto de archivo, ha operado la caducidad de la acci\u00f3n o la prescripci\u00f3n de la responsabilidad fiscal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

*Nota de Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/font><\/p>\n\n\n\n
\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/td>\n<\/tr>\n

\n

Articulo  declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-382-08<\/a><\/b> abril 22 de 2008; Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/DIV> <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 18.<\/A> Grado de consulta.<\/b>Se establece el grado de consulta en defensa del inter\u00e9s p\u00fablico, del ordenamiento jur\u00eddico y de los derechos y garant\u00edas fundamentales. Proceder\u00e1 la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisi\u00f3n, deber\u00e1 enviar el expediente dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su superior funcional o jer\u00e1rquico, seg\u00fan la estructura y manual de funciones de cada \u00f3rgano fiscalizador.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Si transcurrido un mes de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedar\u00e1 en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 19.<\/A> Muerte del implicado y emplazamiento a herederos.<\/b> En el evento en que sobrevenga la muerte del presunto responsable fiscal antes de proferirse fallo con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado, se citar\u00e1n y emplazar\u00e1n a sus herederos con quienes se seguir\u00e1 el tr\u00e1mite del proceso y quienes responder\u00e1n hasta concurrencia con su participaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-131-03<\/a><\/b> de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa.<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE> <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 20.<\/A> Reserva y expedici\u00f3n de copias.<\/b> Las actuaciones adelantadas durante la indagaci\u00f3n preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal son reservadas hasta su culminaci\u00f3n. En consecuencia, hasta no terminarse el proceso de responsabilidad fiscal, ning\u00fan funcionario podr\u00e1 suministrar informaci\u00f3n, ni expedir copias de piezas procesales, salvo que las solicite autoridad competente para conocer asuntos judiciales, disciplinarios o administrativos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El incumplimiento de esta obligaci\u00f3n constituye falta disciplinaria, la cual ser\u00e1 sancionada por la autoridad competente con multa de cinco (5) a diez (10) salarios m\u00ednimos mensuales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los sujetos procesales tendr\u00e1n derecho a obtener copia de la actuaci\u00f3n para su uso exclusivo y el ejercicio de sus derechos, con la obligaci\u00f3n de guardar reserva sin necesidad de diligencia especial.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-477-01<\/a><\/b> dmayo 9 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, "bajo el entendido que la reserva a que se refiere deber\u00e1 levantarse tan pronto se practiquen efectivamente las pruebas a que haya lugar y, en todo caso, una vez expire el t\u00e9rmino general fijado por la ley para su pr\u00e1ctica", salvo los apartes tachados declarados INEXEQUIBLES. <\/font> <\/TD><\/TR><\/TABLE>

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 21.<\/A> Traslado a otras autoridades. <\/b>Si con ocasi\u00f3n del adelantamiento de los procesos de que trata la presente ley se advierte la comisi\u00f3n de hechos punibles o faltas disciplinarias, el funcionario competente deber\u00e1 dar aviso en forma inmediata a las autoridades correspondientes. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

TITULO II<\/A><\/font><\/b><\/p>\n

ACTUACI\u00d3N PROCESAL<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Cap\u00edtulo I<\/A><\/font><\/b><\/p>\n

Pruebas<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 22.<\/A> Necesidad de la prueba. <\/b>Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 23.<\/A> Prueba para responsabilizar.<\/b> El fallo con responsabilidad fiscal s\u00f3lo proceder\u00e1 cuando obre prueba que conduzca a la certeza del da\u00f1o patrimonial y de la responsabilidad del investigado. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 24.<\/A> Petici\u00f3n de pruebas.<\/b> El investigado o quien haya rendido exposici\u00f3n libre y espont\u00e1nea podr\u00e1 pedir la pr\u00e1ctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

La denegaci\u00f3n total o parcial de las solicitadas o allegadas deber\u00e1 ser motivada y notificarse al peticionario, decisi\u00f3n contra la cual proceden los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 25.<\/A> Libertad de pruebas.<\/b> El da\u00f1o patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podr\u00e1n demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 26.<\/A> Apreciaci\u00f3n integral de las pruebas.<\/b> Las pruebas deber\u00e1n apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y la persuasi\u00f3n racional.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 27.<\/A> Comisi\u00f3n para la practica de pruebas.<\/b> El funcionario competente podr\u00e1 comisionar para la pr\u00e1ctica de pruebas a otro funcionario id\u00f3neo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 28.<\/A> Pruebas trasladadas. L<\/b>as pruebas obrantes v\u00e1lidamente en un proceso judicial, de responsabilidad fiscal, administrativo o disciplinario, podr\u00e1n trasladarse en copia o fotocopia al proceso de responsabilidad fiscal y se apreciar\u00e1n de acuerdo con las reglas preexistentes, seg\u00fan la naturaleza de cada medio probatorio.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los hallazgos encontrados en las auditorias fiscales tendr\u00e1n validez probatoria dentro del proceso de responsabilidad fiscal, siempre que sean recaudados con el lleno de los requisitos sustanciales de ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 29.<\/A> Aseguramiento de las pruebas.<\/b> El funcionario de la Contralor\u00eda en ejercicio de las facultades de polic\u00eda judicial tomar\u00e1 las medidas que sean necesarias para asegurar que los elementos de prueba no sean alterados, ocultados o destruidos. Con tal fin podr\u00e1 ordenar entre otras las siguientes medidas: disponer vigilancia especial de las personas, de los muebles o inmuebles, el sellamiento de \u00e9stos, la retenci\u00f3n de medios de transporte, la incautaci\u00f3n de papeles, libros, documentos o cualquier otro texto inform\u00e1tico o magn\u00e9tico. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 30.<\/A> Pruebas inexistentes.<\/b> Las pruebas recaudadas sin el lleno de las formalidades sustanciales o en forma tal que afecten los derechos fundamentales del investigado, se tendr\u00e1n como inexistentes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 31.<\/A> Visitas especiales. <\/b>En la pr\u00e1ctica de visitas especiales, el funcionario investigador proceder\u00e1 a examinar y reconocer los documentos, hechos y dem\u00e1s circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y simult\u00e1neamente ir\u00e1 extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotar\u00e1 pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas que intervengan en la diligencia.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Cuando lo estime necesario, el investigador podr\u00e1 tomar declaraciones juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos autenticados, seg\u00fan los casos, para incorporarlos al informativo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 32.<\/A> Oportunidad para controvertir las pruebas. <\/b>El investigado podr\u00e1 controvertir las pruebas a partir de la exposici\u00f3n espont\u00e1nea en la indagaci\u00f3n preliminar, o a partir de la notificaci\u00f3n del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Cap\u00edtulo II<\/A><\/font><\/b><\/p>\n

Impedimentos y recusaciones<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 33.<\/A> Declaraci\u00f3n de impedimentos.<\/b> Los servidores p\u00fablicos que conozcan de procesos de responsabilidad fiscal en quienes concurra alguna causal de recusaci\u00f3n, deber\u00e1n declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de la misma.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 34.<\/A> Causales de impedimento y reacusaci\u00f3n.<\/b> Son causales de impedimento y recusaci\u00f3n para los servidores p\u00fablicos que ejercen la acci\u00f3n de responsabilidad fiscal, las establecidas en los C\u00f3digos Contencioso Administrativo, de Procedimiento Civil y Procedimiento Penal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Vigencia*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n\n\n
\n

Tener en cuenta lo dispuesto en el art\u00edculo1437<\/a> de 2011. Mientras entra en vigencia la Ley 109<\/a> de la Ley 1474 de 2011, ubicado dentro de la Subsecci\u00f3n II Modificaciones a la regulaci\u00f3n del procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal-; el cual establece: La solicitud de nulidad podr\u00e1 formularse hasta antes de proferirse la decisi\u00f3n final, la cual se resolver\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha de su presentaci\u00f3n. Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad proceder\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n, que se surtir\u00e1 ante el superior del funcionario que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n.<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n

<\/DIV> <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Cap\u00edtulo IV<\/A><\/font><\/b><\/p>\n

Tr\u00e1mite del proceso<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 39.<\/A> Indagaci\u00f3n preliminar.<\/b> Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causaci\u00f3n del da\u00f1o patrimonial con ocasi\u00f3n de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinaci\u00f3n de los presuntos responsables, podr\u00e1 ordenarse indagaci\u00f3n preliminar por un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente proceder\u00e1 el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

La indagaci\u00f3n preliminar tendr\u00e1 por objeto verificar la competencia del \u00f3rgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectaci\u00f3n al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores p\u00fablicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a \u00e9l.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 40.<\/A> Apertura del proceso de responsabilidad fiscal.<\/b> Cuando de la indagaci\u00f3n preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acci\u00f3n de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un da\u00f1o patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenar\u00e1 la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

En el evento en que se haya identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, deber\u00e1 notific\u00e1rseles el auto de tr\u00e1mite que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no procede recurso alguno.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. Si con posterioridad a la pr\u00e1ctica de cualquier sistema de control fiscal cuyos resultados arrojaren dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con la gesti\u00f3n fiscal analizada, se desatender\u00e1 el dictamen emitido y se iniciar\u00e1 el proceso de responsabilidad fiscal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 41.<\/A> Requisitos del auto de apertura.<\/b> El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal deber\u00e1 contener lo siguiente:<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

1. Competencia del funcionario de conocimiento.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

2. Fundamentos de hecho.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

3. Fundamentos de derecho.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

4. Identificaci\u00f3n de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

5. Determinaci\u00f3n del da\u00f1o patrimonial al Estado y estimaci\u00f3n de su cuant\u00eda.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deber\u00e1n hacerse efectivas antes de la notificaci\u00f3n del auto de apertura a los presuntos responsables.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-840-01<\/a><\/b> de 9 de agosto de 2001. Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Renter\u00eda, "solamente por los cargos analizados en esta sentencia". <\/font> <\/TD><\/TR><\/TABLE> <\/p>\n

 <\/p>\n

8. Solicitud a la entidad donde el servidor p\u00fablico est\u00e9 o haya estado vinculado, para que \u00e9sta informe sobre el salario devengado para la \u00e9poca de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su \u00faltima direcci\u00f3n conocida o registrada; e igualmente para enterarla del inicio de las diligencias fiscales.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decisi\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 42.<\/A> Garant\u00eda de defensa del implicado.<\/b> Quien tenga conocimiento de la existencia de indagaci\u00f3n preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de imputaci\u00f3n de responsabilidad fiscal, podr\u00e1 solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposici\u00f3n libre y espont\u00e1nea, para cuya diligencia podr\u00e1 designar un apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y as\u00ed se le har\u00e1 saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-131-02<\/a><\/b> de 26 de febrero de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o.<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE> <\/p>\n

 <\/p>\n

En todo caso, no podr\u00e1 dictarse auto de imputaci\u00f3n de responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposici\u00f3n libre y espont\u00e1nea o no est\u00e1 representado por un apoderado de oficio si no compareci\u00f3 a la diligencia o no pudo ser localizado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 43.<\/A> Nombramiento de apoderado de oficio.<\/b> Si el implicado no puede ser localizado o citado no comparece a rendir la versi\u00f3n, se le nombrar\u00e1 apoderado de oficio con quien se continuar\u00e1 el tr\u00e1mite del proceso.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Para este efecto podr\u00e1n designarse miembros de los consultorios jur\u00eddicos de las Facultades de Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la justicia conforme a la ley, quienes no podr\u00e1n negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir en las sanciones legales correspondientes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 44.<\/A> Vinculaci\u00f3n de garante.<\/b> Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una p\u00f3liza, se vincular\u00e1 al proceso a la compa\u00f1\u00eda de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendr\u00e1 los mismos derechos y facultades del principal implicado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

La vinculaci\u00f3n se surtir\u00e1 mediante la comunicaci\u00f3n del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por \u00e9ste, con la indicaci\u00f3n del motivo de procedencia de aquella.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-735-03<\/a><\/b> de 26 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-648-02<\/a><\/b>"por la supuesta vulneraci\u00f3n del principio de separaci\u00f3n de las ramas y \u00f3rganos del poder p\u00fablico, as\u00ed como del debido proceso"<\/i>.<\/font><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, \u00fanicamente por los cargos formulados en la demanda, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-648-02<\/a><\/b> de 13 de de agosto de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o.<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE> <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 45.<\/A> Termino.<\/b> El t\u00e9rmino para adelantar estas diligencias ser\u00e1 de tres (3) meses, prorrogables hasta por dos (2) meses m\u00e1s, cuando las circunstancias lo ameriten, mediante auto debidamente motivado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 46.<\/A> Decisi\u00f3n. <\/b>Vencido el t\u00e9rmino anterior, se proceder\u00e1 al archivo del proceso o a dictar auto de imputaci\u00f3n de responsabilidad fiscal, mediante providencia motivada, seg\u00fan sea el caso.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 47.<\/A> Auto de archivo.<\/b> Habr\u00e1 lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existi\u00f3, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gesti\u00f3n fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acci\u00f3n no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripci\u00f3n de la misma.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 48.<\/A> Auto de imputaci\u00f3n de responsabilidad fiscal.<\/b> El funcionario competente proferir\u00e1 auto de imputaci\u00f3n de responsabilidad fiscal cuando est\u00e9 demostrado objetivamente el da\u00f1o o detrimento al patrimonio econ\u00f3mico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritaci\u00f3n o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El auto de imputaci\u00f3n deber\u00e1 contener:<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

1. La identificaci\u00f3n plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compa\u00f1\u00eda aseguradora, del n\u00famero de p\u00f3liza y del valor asegurado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

2. La indicaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

3. La acreditaci\u00f3n de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda del da\u00f1o al patrimonio del Estado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 49.<\/A> Notificaci\u00f3n del auto de imputaci\u00f3n de responsabilidad fiscal. <\/b>El auto de imputaci\u00f3n de responsabilidad fiscal se notificar\u00e1 a los presuntos responsables o a sus apoderados si los tuvieren y a la compa\u00f1\u00eda de seguros si la hubiere, en la forma y t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados que no est\u00e9n representados por apoderado, surtida la notificaci\u00f3n por edicto se les designar\u00e1 apoderado de oficio, con quien se continuar\u00e1 el tr\u00e1mite del proceso. Para estos efectos, se aplicar\u00e1 lo dispuesto en el art\u00edculo 43.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 50.<\/A> Traslado.<\/b> Los presuntos responsables fiscales dispondr\u00e1n de un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n personal del auto de imputaci\u00f3n o de la desfijaci\u00f3n del edicto para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. Durante este t\u00e9rmino el expediente permanecer\u00e1 disponible en la Secretar\u00eda.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 51.<\/A> Decreto y practica de pruebas.<\/b> Vencido el t\u00e9rmino anterior, el funcionario competente ordenar\u00e1 mediante auto la pr\u00e1ctica de las pruebas solicitadas o decretar\u00e1 de oficio las que considere pertinentes y conducentes, por un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de treinta (30) d\u00edas. El auto que decrete o rechace las pruebas deber\u00e1 notificarse por estado al d\u00eda siguiente de su expedici\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Contra el auto que rechace la solicitud de pruebas proceder\u00e1n los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; esta \u00faltima se conceder\u00e1 en el efecto diferido. Los recursos deber\u00e1n interponerse dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, en la forma prevista en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 52.<\/A> Termino para proferir fallo.<\/b> Vencido el t\u00e9rmino de traslado y practicadas las pruebas pertinentes, el funcionario competente proferir\u00e1 decisi\u00f3n de fondo, denominada fallo con o sin responsabilidad fiscal, seg\u00fan el caso, dentro del t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 53.<\/A> Fallo con responsabilidad fiscal. <\/b>El funcionario competente proferir\u00e1 fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del da\u00f1o al patrimonio p\u00fablico y de su cuantificaci\u00f3n, de la individualizaci\u00f3n y actuaci\u00f3n cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relaci\u00f3n de causalidad entre el comportamiento del agente y el da\u00f1o ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligaci\u00f3n de pagar una suma l\u00edquida de dinero a cargo del responsable.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-619-02<\/a><\/b> de 8 de agosto de 2002, Magistrados Ponentes Drs. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o y Rodrigo Escobar Gil.<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE> <\/p>\n

 <\/p>\n

Los fallos con responsabilidad deber\u00e1n determinar en forma precisa la cuant\u00eda del da\u00f1o causado, actualiz\u00e1ndolo a valor presente al momento de la decisi\u00f3n, seg\u00fan los \u00edndices de precios al consumidor certificados por el DANE para los per\u00edodos correspondientes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 54.<\/A> Fallo sin responsabilidad fiscal.<\/b> El funcionario competente proferir\u00e1 fallo sin responsabilidad fiscal, cuando en el proceso se desvirt\u00faen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 55.<\/A> Not\u00edficaci\u00f3n del fallo.<\/b> La providencia que decida el proceso de responsabilidad fiscal se notificar\u00e1 en la forma y t\u00e9rminos que establece el C\u00f3digo Contencioso Administrativo y contra ella proceden los recursos all\u00ed se\u00f1alados, interpuestos y debidamente sustentados por quienes tengan inter\u00e9s jur\u00eddico, ante los funcionarios competentes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencia*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Mediante Sentencia C-183-02<\/a><\/b> de 13 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o, la Corte Constitucional  se declar\u00f3 INHIBIDA de fallar sobre este art\u00edculo. <\/font> <\/TD><\/TR> <\/TABLE>

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 56.<\/A> Ejecutoriedad de las providencias.<\/b> Las providencias quedar\u00e1n ejecutoriadas:<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

1. Cuando contra ellas no proceda ning\u00fan recurso.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

2. Cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de la \u00faltima notificaci\u00f3n, cuando no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 57.<\/A> Segunda instancia.<\/b> Recibido el proceso, el funcionario de segunda instancia deber\u00e1 decidir dentro de los veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles siguientes.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El funcionario de segunda instancia podr\u00e1 decretar de oficio la pr\u00e1ctica de las pruebas que considere necesarias para decidir la apelaci\u00f3n, por un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, libres de distancia, pudiendo comisionar para su pr\u00e1ctica.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

TITULO III. <\/A><\/font><\/b><\/p>\n

CONSECUENCIAS DE LA DECLARACI\u00d3N DE RESPONSABILIDAD FISCAL<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 58.<\/A> Merito ejecutivo.<\/b> Una vez en firme el fallo con responsabilidad fiscal, prestar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo contra los responsables fiscales y sus garantes, el cual se har\u00e1 efectivo a trav\u00e9s de la jurisdicci\u00f3n coactiva de las Contralor\u00edas.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 59.<\/A> Impugnaci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo.<\/b> En materia del proceso de responsabilidad fiscal, solamente ser\u00e1 demandable ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo el Acto Administrativo con el cual termina el proceso, una vez se encuentre en firme.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-557-01<\/a><\/b> de 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa. <\/font> <\/TD><\/TR> <\/TABLE>

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 60.<\/A> Bolet\u00edn de responsables fiscales. <\/b>La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica publicar\u00e1 con periodicidad trimestral un bolet\u00edn que contendr\u00e1 los nombres de las personas naturales o jur\u00eddicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligaci\u00f3n contenida en \u00e9l.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Para efecto de lo anterior, las contralor\u00edas territoriales deber\u00e1n informar a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, en la forma y t\u00e9rminos que esta establezca, la relaci\u00f3n de las personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, as\u00ed como de las que hubieren acreditado el pago correspondiente, de los fallos que hubieren sido anulados por la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo y de las revocaciones directas que hayan proferido, para incluir o retirar sus nombres del bolet\u00edn, seg\u00fan el caso. El incumplimiento de esta obligaci\u00f3n ser\u00e1 causal de mala conducta.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Los representantes legales, as\u00ed como los nominadores y dem\u00e1s funcionarios competentes, deber\u00e1n abstenerse de nombrar, dar posesi\u00f3n o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el bolet\u00edn de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 6<\/A>o. de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligaci\u00f3n, en el evento de no contar con esta publicaci\u00f3n, los servidores p\u00fablicos consultar\u00e1n a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica sobre la inclusi\u00f3n de los futuros funcionarios o contratistas en el bolet\u00edn.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

La Corte Constitucional se declar\u00f3 INHIBIDA de fallar sobre el inciso 3\u00b0  por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-651-06<\/a><\/b> de 9 de agosto de 2006, Magistrada Ponente Dra. Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez.<\/font><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-877-05<\/a><\/b> de 23 de agosto de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o.<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE>

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 61.<\/A> Caducidad del contrato estatal.<\/b> Cuando en un proceso de responsabilidad fiscal un contratista sea declarado responsable, las contralor\u00edas solicitar\u00e1n a la autoridad administrativa correspondiente que declare la caducidad del contrato, siempre que no haya expirado el plazo para su ejecuci\u00f3n y no se encuentre liquidado.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Nota Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE, \u00fanicamente por los cargos formulados en la demanda, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-648-02<\/a><\/b> de 13 de de agosto de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o.<\/font><\/TD><\/TR> <\/TABLE><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

TITULO IV<\/A><\/font><\/b><\/p>\n

DISPOSICIONES FINALES<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Art\u00edculo 62.<\/A> Aplicaci\u00f3n extensiva.<\/b> El procedimiento establecido en la presente ley para el tr\u00e1mite de los procesos de responsabilidad fiscal, le ser\u00e1 aplicable a la Auditoria General de la Rep\u00fablica. <\/font> <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 63.<\/A> Control fiscal excepcional.<\/b> La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica tiene competencia prevalente para adelantar hasta su culminaci\u00f3n los procesos de responsabilidad fiscal que se originen como consecuencia del ejercicio de la facultad excepcional de control establecida en el art\u00edculo 267<\/A> de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Mediante Sentencia C-366-01<\/a><\/b> de 2 de abril de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltr\u00e1n Sierra, la Corte Constitucional  declar\u00f3 est\u00e9se a lo resuelto en la Sentencia C-364-01<\/a><\/b>.<\/font><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Art\u00edculo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-364-01<\/a><\/b> de 2 de abril de 2000, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett. <\/font> <\/TD><\/TR><\/TABLE>

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 64.<\/A> Delegaci\u00f3n.<\/b> Para establecer la responsabilidad que se derive de la gesti\u00f3n fiscal, los contralores podr\u00e1n delegar esta atribuci\u00f3n en las dependencias que, de acuerdo con la organizaci\u00f3n y funcionamiento de la entidad, existan, se creen o se modifiquen, para tal efecto. En todo caso, los contralores podr\u00e1n conocer de los recursos de apelaci\u00f3n que se interpongan contra los actos de los delegatarios.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 65.<\/A> Constituci\u00f3n en parte civil.<\/b> Los contralores, por s\u00ed mismos o por intermedio de sus apoderados, podr\u00e1n constituirse en parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos que atenten contra intereses patrimoniales del Estado, tales como enriquecimiento il\u00edcito de servidores p\u00fablicos, peculado, inter\u00e9s il\u00edcito en la celebraci\u00f3n de contratos, contrato celebrado sin requisitos legales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, siempre y cuando la entidad directamente afectada no cumpliere con esta obligaci\u00f3n, seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 36<\/A> de la Ley 190 de 1995.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Las entidades que se constituyan en parte civil deber\u00e1n informar a las contralor\u00edas respectivas de su gesti\u00f3n y resultados.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

Par\u00e1grafo. La parte civil al solicitar el embargo de bienes como medida preventiva no prestar\u00e1 cauci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 66.<\/A> Remisi\u00f3n a otras fuentes normativas.<\/b> En los aspectos no previstos en la presente ley se aplicar\u00e1n, en su orden, las disposiciones del C\u00f3digo Contencioso Administrativo, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

En materia de polic\u00eda judicial, se aplicar\u00e1n las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 67.<\/A> Actuaciones en tramite.<\/b> En los procesos de responsabilidad fiscal, que al entrar en vigencia la presente ley, se hubiere proferido auto de apertura a juicio fiscal o se encuentren en la etapa de juicio fiscal, continuar\u00e1n su tr\u00e1mite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento regulado en la Ley 42 de 1993. En los dem\u00e1s procesos, el tr\u00e1mite se adecuar\u00e1 a lo previsto en la presente ley.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

*Notas Jurisprudencial*<\/font><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/p>\n

Corte Constitucional<\/font><\/b><\/TD><\/TR>

<\/p>\n

Inciso 1\u00b0 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-619-01<\/a><\/b> de 14 de junio de 2001, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. <\/font> <\/TD><\/TR><\/TABLE> <\/p>\n

 <\/p>\n

En todo caso, los t\u00e9rminos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren en curso, se regir\u00e1n por la ley vigente al tiempo de su iniciaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 68.<\/A> Derogatoria.<\/b> Der\u00f3ganse los art\u00edculos 72 a 89 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 95 de la Ley 42 de 1993. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/DIV> <\/p>\n

Art\u00edculo 69.<\/A> Vigencia. <\/b>La presente ley rige a partir de su publicaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Presidente del honorable Senado de la Rep\u00fablica<\/font><\/p>\n

Miguel Pinedo Vidal <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

El Secretario General del honorable Senado de la Rep\u00fablica<\/font><\/p>\n

Manuel Enr\u00edquez Rosero<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

La Presidenta de la honorable C\u00e1mara de Representantes<\/font><\/p>\n

Nancy Patricia Guti\u00e9rrez Casta\u00f1eda<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

El Secretario General de la honorable C\u00e1mara de Representantes, <\/font> <\/p>\n

Gustavo Bustamante Moratto<\/font><\/p>\n

 <\/p>\n

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

Publ\u00edquese y ejec\u00fatese. <\/font> <\/p>\n

Dada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D. C., a 15 de agosto de 2000. <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

ANDR\u00c9S PASTRANA ARANGO <\/font> <\/p>\n

 <\/p>\n

El Ministro del Interior, <\/font> <\/p>\n

Humberto de la Calle Lombana<\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LEY 610 DE 2000     LEY 610 DE 2000   (agosto 15 de 2000)   Por la cual se establece el tr\u00e1mite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralor\u00edas.   EL CONGRESO DE COLOMBIA     DECRETA:   TITULO I ASPECTOS GENERALES   Art\u00edculo 1\u00b0. Definici\u00f3n. El proceso de responsabilidad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-680","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-leyes-2000"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/680","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=680"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/680\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=680"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=680"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/legislacion\/leyes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=680"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}