{"id":100000,"date":"2026-06-25T19:48:10","date_gmt":"2026-06-25T19:48:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3332-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:48:10","modified_gmt":"2026-06-25T19:48:10","slug":"stc3332-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3332-2017\/","title":{"rendered":"STC3332-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3332-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-001-2017-00006-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 3 de febrero de 2017 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Maritza Zapata Pino contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora demanda el amparo de los derechos al m\u00ednimo vital, dignidad humana y petici\u00f3n, entre otros, presuntamente lesionados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su reparo, asevera que se \u201c(\u2026) encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 22 de marzo de 2011, [en] el cargo de escribiente (\u2026) en provisionalidad del Juzgado Promiscuo Municipal de La Salina \u2013 Casanare (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta ser v\u00edctima del conflicto armado y tener desde hace 2 a\u00f1os la \u201ccustodia y cuidado personal\u201d  de su hija Mar\u00eda \u00c1ngel Vargas Zapata, \u201c(\u2026) raz\u00f3n por la cual ostent[a] la condici\u00f3n de madre cabeza de familia, siendo [ella quien] cubre los gastos de manutenci\u00f3n [y] estudio (\u2026)\u201d de su descendiente, contando como \u201c\u00fanico sustento y m\u00ednimo vital\u201d, con el salario percibido como empleada de la Rama Judicial.  <\/span><\/p>\n

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Arguye estar en el registro de elegibles para el puesto de \u201ccitadora municipal\u201d del \u201c(\u2026) Concurso de M\u00e9ritos de la Convocatoria N\u00b03 [para] empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios Judiciales del Valle del Cauca (\u2026) sin que a la fecha se haya publicado la opci\u00f3n de sede (\u2026)\u201d de esa regional.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que como Edna Yalile Solano opt\u00f3 para posesionarse en propiedad en el cargo desempe\u00f1ado por la aqu\u00ed quejosa en la actualidad, present\u00f3 ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1, una petici\u00f3n de \u201csuspensi\u00f3n\u201d de dicho nombramiento, sin obtener ninguna respuesta.  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, en concreto, suspender  los efectos del acto administrativo que conform\u00f3 el listado de aspirantes para ocupar el cargo de escribiente del Juzgado Promiscuo Municipal de La Salina.  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta de los accionados    <\/span><\/p>\n

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a. El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, arguy\u00f3 no desconocer las condiciones especiales de la promotora y \u201c(\u2026) las consecuencias que pueda tener [aqu\u00e9lla ante] una eventual desvinculaci\u00f3n de la Rama Judicial (\u2026)\u201d; sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que \u201c(\u2026) es obligaci\u00f3n de esa entidad poner a deposici\u00f3n de los concursantes (\u2026), todas las vacantes definitivas de las cuales se tenga conocimiento (\u2026)\u201d (fls. 50 a 52).  <\/span><\/p>\n

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b. El Consejo Superior de la Judicatura, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por carecer de \u201clegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d (fls. 53 a 55).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la salvaguarda, por cuanto \u201c(\u2026) pretende la accionante que se amparen sus derechos cuando las acciones que podr\u00edan vulnerarlos ni siquiera se han producido o m\u00e1s a\u00fan, podr\u00e1n no producirse si quien tiene el derecho a ser nombrado en el cargo de escribiente del Juzgado de La Salina no acepta la eventual designaci\u00f3n. O si ella resulta nombrada con antelaci\u00f3n en el cargo de citadora para el cual concurs\u00f3 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

De otro lado, frente a la garant\u00eda de petici\u00f3n, desestim\u00f3 el quebranto denunciado porque, \u201c(\u2026) obra en las diligencias copia de la respuesta dada a la accionante, resolviendo de fondo y de manera clara sus inquietudes (\u2026)\u201d (fls. 62 a 64).  <\/span><\/p>\n

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La promotora impugn\u00f3 sin argumentar su inconformidad (fls. 65).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El presunto menoscabo deviene de los efectos que pueda conllevar el acto administrativo por el cual se conform\u00f3 el listado de aspirantes a ocupar el cargo  actualmente desempe\u00f1ado por la accionante dentro de la planta de personal del Juzgado Promiscuo Municipal de La Salina, por cuanto, se puede presentar su desvinculaci\u00f3n laboral en atenci\u00f3n a los nombramientos que provengan de aqu\u00e9l,  vulner\u00e1ndose as\u00ed sus prerrogativas fundamentales y las de su n\u00facleo familiar.  <\/span><\/p>\n

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2. De entrada se advierte la improsperidad de la salvaguarda porque el anterior reparo resulta meramente eventual, pues ninguna gesti\u00f3n se ha realizado tendiente a generar la situaci\u00f3n descrita, lo cual impide efectuar un pronunciamiento al respecto en este escenario residual y extraordinario.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corte en un caso similar, advirti\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) la demanda de amparo que concita la atenci\u00f3n de la Sala no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues estudiada la queja constitucional es claro que el accionante demanda la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n en un escenario en el que no existe la lesi\u00f3n o amenaza efectiva de los derechos fundamentales que invoca, pues de su relato surge claro que las autoridades acusadas no han realizado ninguna actuaci\u00f3n que vulnere o ponga en peligro real sus garant\u00edas constitucionales (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn efecto, es evidente que el sustento de la acci\u00f3n se encuentra en un supuesto consistente en que, en raz\u00f3n del concurso de m\u00e9ritos adelantado para la provisi\u00f3n de cargos de notarios, posiblemente se desvincular\u00e1 al accionante (\u2026) en consecuencia se quebrantar\u00e1n sus derechos al m\u00ednimo vital y a la seguridad social, hip\u00f3tesis que no puede dar lugar a la prosperidad de la tutela, puesto que no existe medio de convicci\u00f3n alguno que lleve a determinar que en forma inminente el actor va a ser relevado de su cargo, o que las autoridades accionadas no atender\u00e1n a la condici\u00f3n de \u2018pensionado\u2019 que aqu\u00ed esgrime (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn torno al motivo de improcedencia de la presente acci\u00f3n, es pertinente se\u00f1alar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha expresado que \u2018para que el juez de tutela conceda el amparo de los derechos fundamentales de una persona, se requiere demostrar o acreditar la amenaza o vulneraci\u00f3n de estos. De manera que si dentro del proceso no se revela ese desconocimiento, se impone la denegaci\u00f3n de la tutela (\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

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\u201c\u2018Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sobre la necesidad de acreditar la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental que se pretende proteger. Al respecto ha sostenido  la Corte que \u2018para que se amenace uno o varios derechos constitucionales fundamentales, es necesario un m\u00ednimo de evidencia f\u00e1ctica, de suerte que sea razonable pensar en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o o en el menoscabo material o moral\u2019. As\u00ed las cosas, si quien presenta acci\u00f3n de tutela no demuestra los supuestos f\u00e1cticos en que funda su pretensi\u00f3n o si dentro del proceso se demuestra que la alegada violaci\u00f3n o amenaza no existi\u00f3, la acci\u00f3n de tutela debe ser denegada\u2019 (Sentencia T- 431 de 2005) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDe manera que si la vulneraci\u00f3n enrostrada es meramente eventual y no hay prueba que lleve a determinar la existencia de una amenaza real de los derechos invocados, como ocurre en este asunto, tal circunstancia en s\u00ed misma conduce al fracaso de esta acci\u00f3n constitucional, pues lo cierto es que si se presentan efectivamente los hechos que el actor considera atentar\u00e1n contra sus derechos, \u00e9ste, en tal momento, podr\u00e1 acudir a las v\u00edas correspondientes para alegar lo que ahora, prematuramente, le ha planteado al juez constitucional (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora, la calidad de madre cabeza de familia tampoco conlleva, per s\u00e9, a la concesi\u00f3n del ruego, por cuanto, el debate gira entorno a prerrogativas adquiridas en la carrera judicial.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto,  la Corte Constitucional ha manifestado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Podr\u00eda pensarse que la calidad de madre cabeza de familia que alega tener la demandante, le otorgar\u00eda a esta una protecci\u00f3n reforzada que har\u00eda que su derecho \u2013es cierto que las madres cabeza de familia son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional- prevaleciera en la situaci\u00f3n concreta. No obstante, la anterior consideraci\u00f3n no puede ser hecha, en primer orden de ideas, porque esta Corte siempre ha defendido el pleno funcionamiento de la carrera administrativa, entendiendo que con la cabal aplicaci\u00f3n de \u00e9sta y el irrestricto respeto de los derechos que se derivan de la pertenencia a ella, se salvaguarda la funci\u00f3n p\u00fablica de cara al inter\u00e9s general; inter\u00e9s que, en el caso concreto se cristaliza en una simple consideraci\u00f3n: la se\u00f1ora Miranda Mart\u00ednez, al haber superado todas las etapas del concurso y al pertenecer a la carrera judicial, demostr\u00f3 objetivamente su idoneidad para el desempe\u00f1o del cargo, mientras que respecto de la persona que lo ocupaba en provisionalidad solamente contamos con su apreciaci\u00f3n subjetiva para evaluar dicha idoneidad (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) que acorde a los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional en los que se han discutido temas relacionados con la estabilidad laboral reforzada, se ha interpretado por este Consejo Seccional que aunque existe posibilidad de protecci\u00f3n ante la existencia de condici\u00f3n de debilidad manifiesta, madre cabeza de familia, enfermedad, discapacidad u otros, sus garant\u00edas resultan ser relativas o intermedias por encontrarse nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera judicial. La relativa protecci\u00f3n de sus derechos impide acceder a los requerimientos solicitados, pues se ha entendido que los derechos de las personas que se encuentren dentro del registro de elegibles prevalecen sobre los que est\u00e1n nombrados en provisionalidad a pesar de su precaria condici\u00f3n o estado de vulnerabilidad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Por lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare debe responder negativamente a su solicitud tendiente a eliminar de la publicaci\u00f3n de las opciones de sede, la vacante de escribiente Municipal del Juzgado Promiscuo Municipal de La Salina \u2013 Casanare (\u2026)\u201d (fl. 49).  <\/span><\/p>\n

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Refulge entonces que el requerimiento elevado fue satisfecho en el tr\u00e1mite del presente asunto. La informaci\u00f3n suministrada por el querellado es acertada, por cuanto resolvi\u00f3 de fondo el pedimento de la gestora, configur\u00e1ndose un hecho superado.  <\/span><\/p>\n

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En torno a la figura anotada, esta Sala ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(…) [l]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d3 .  <\/span><\/p>\n

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5. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1CSJ STC de 26 de marzo de 2012, exp. 54001-22-13-000-2012-00004-01.    <\/span><\/p>\n

2 Corte Constitucional T – 270 de 2008    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.      <\/span><\/p>\n

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