{"id":100001,"date":"2026-06-25T19:48:19","date_gmt":"2026-06-25T19:48:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3347-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:48:19","modified_gmt":"2026-06-25T19:48:19","slug":"stc3347-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3347-2017\/","title":{"rendered":"STC3347-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3347-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00020-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Yeison Alejandro Rangel Alarc\u00f3n contra el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de la ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, al m\u00ednimo vital y a la \u00abposibilidad de hacer[s]e terapias\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no emitir respuesta a la petici\u00f3n que elev\u00f3 dentro del proceso de alimentos que Ver\u00f3nica Andrea Le\u00f3n Rivera actuando en nombre de su menor hijo Kleyner Matthyas Rangel Le\u00f3n, promovi\u00f3 en su contra.     <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, aunque no elev\u00f3 una solicitud concreta, se advierte que lo que se pretende por esta v\u00eda es que se ordene al Juzgado Tercero de familia de Oralidad de C\u00facuta, emitir la respuesta correspondiente a su solicitud (fls. 1 a 11, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en compendio, que pese a que dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, \u00ab[d]entro del t\u00e9rmino de ley proced[i\u00f3] a contestar la demanda\u00bb e inform\u00f3 al Secretario del Despacho citado, que para cualquier actuaci\u00f3n ten\u00eda que estar \u00abACOMPA\u00d1ADO DE [SU] (\u2026) PROGENITORA\u00bb dados sus problemas de salud, al \u00abpunto que [s]e encuentr[a] incapacitado\u00bb, el Juez no tuvo en cuenta las pruebas aportadas y acept\u00f3 la conciliaci\u00f3n respecto de la cuota de alimentos, la cual, dice, no le permite continuar con sus \u00abTERAPIAS\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque por las anteriores circunstancias solicit\u00f3 mediante derecho de petici\u00f3n, la nulidad de la citada diligencia, hasta la fecha, el Juzgado convocado \u00abNO [L]E HA RESPONDIDO\u00bb, lo que asegura, vulnera los derechos fundamentales invocados (Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        La titular del Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de C\u00facuta, luego de memorar las actuaciones que conoci\u00f3 dentro de la controversia por alimentos que se cuestiona, puntualiz\u00f3 que \u00e9sta termin\u00f3 el 1\u00ba de diciembre pasado mediante audiencia de conciliaci\u00f3n judicial, en la que las partes \u00abllegaron a un acuerdo sobre los alimentos, la custodia, y cuidados personales y la reglamentaci\u00f3n de visitas\u00bb respecto de su hijo en com\u00fan; agreg\u00f3 adem\u00e1s, de cara a la nulidad deprecada por el actor, que el 31 de enero anterior se pronunci\u00f3 negando la misma (fls. 24 a 26, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b.        La Defensora de Familia de Instituto Colombiano de Bienestar Familia I.C.B.F., precis\u00f3 que en el litigio que se censura no se ha lesionado prerrogativa superior alguna del inconforme, pues no solo ya se resolvi\u00f3 sobre la nulidad alegada por \u00e9ste, sino que para modificar la cuota de alimentos fijada, el actor dispone de otro tipo de proceso ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria (fl. 29, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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c.        La Procuradora 11 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, adujo en lo fundamental, que el presente mecanismo no es id\u00f3neo para debatir sobre la fijaci\u00f3n de la citada obligaci\u00f3n alimentaria, pues el interesado dispone de otro tipo de herramientas (fls. 30 y 31, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, tras considerar que la afirmaci\u00f3n del actor, en punto de la falta de respuesta a su petici\u00f3n \u00abno e[ra] cierta\u00bb, en la medida que la Juez convocada \u00abinform\u00f3 y demostr\u00f3 que en prove\u00eddo de 31 de enero pasado\u00bb resolvi\u00f3 sobre la nulidad invocada, raz\u00f3n por la cual la vulneraci\u00f3n alegada, resultaba inexistente (fls. 33 a 36, ib\u00eddem.)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando de cara a la nulidad que invoc\u00f3, que \u00abNUNCA- y es nunca (\u2026) se [l]e notific\u00f3, en el plenario de la referencia y en la providencia NO DEMOSTR\u00d3 QUE SE [L]E HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE\u00bb; agregando adem\u00e1s, que el a quo constitucional nada dijo de cara al porcentaje de la cuota alimentaria fijada y lo que ello le causa frente a sus terapias m\u00e9dicas (fls. 42 a 43, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, (ii) respuesta de fondo, (iii) notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado.  <\/span><\/p>\n

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2. Sin embargo, en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; reiterada e STC3402-2016).  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido, se ha precisado que   <\/span><\/p>\n

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\u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC3402-2016).  <\/span><\/p>\n

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Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto observa la Corte, que el accionante se\u00f1ala que el 5 de diciembre pasado, radic\u00f3 \u00abPETICI\u00d3N DE NULIDAD\u00bb ante el Juzgado Tercero de Familia de  Oralidad de C\u00facuta, con el fin de \u00abDeclarar la nulidad de la diligencia de FECHA 01 de diciembre DEL 2016  AUDIENCIA 250 DE CONCILIACI\u00d3N, Y en su defecto se emita pronunciamiento frente a [su] DERECHO de defensa impetrado con fecha 28 de octubre de 2016\u00bb, en el marco del proceso de alimentos que promovi\u00f3 en su contra Ver\u00f3nica Andrea Le\u00f3n Rivera en representaci\u00f3n de su menor hijo.  <\/span><\/p>\n

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4.   No obstante, se observa que tal asunto, sin lugar a dudas, se refiere a temas propios del tr\u00e1mite judicial que conoci\u00f3 el Juzgado convocado en pret\u00e9rita oportunidad, raz\u00f3n por la cual, m\u00e1s all\u00e1 de que el tutelante reclamara aquellas inconformidades por v\u00eda de derecho de petici\u00f3n, es totalmente il\u00f3gico, como se indic\u00f3 en l\u00edneas anteriores, pretender que a esa solicitud deba d\u00e1rsele tr\u00e1mite alguno y por dem\u00e1s fuera resuelta bajo la perspectiva del derecho de petici\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, el amparo deprecado resulta improcedente, respecto de la puntual tem\u00e1tica.  <\/span><\/p>\n

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5.        Sin embargo, al margen de lo expuesto, de acuerdo con lo informado por la titular del Despacho accionado, se extrae que la memorada solicitud ya fue por auto del 31 de enero del a\u00f1o en curso, el que fue notificado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 294 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, por estados, denegando la nulidad deprecada por el inconforme, y aunque como ya se explic\u00f3, no corresponde a esta jurisdicci\u00f3n examinar la procedencia y contenido de la respuesta advertida, es evidente que con esa actuaci\u00f3n se descarta que haya existido cualquier quebrantamiento superior al promotor.  <\/span><\/p>\n

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6.        Y aun cuando bastar\u00edan los anteriores argumentos para concluir la improcedencia de lo pretendido, la Corte pone en evidencia que la parte aqu\u00ed interesada puede promover, si sus condiciones econ\u00f3micas siguen variando, un proceso de regulaci\u00f3n de cuota alimentaria, toda vez que la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 respecto de los alimentos de su menor hijo al interior de la audiencia en la que, por dem\u00e1s, aqu\u00e9l no mostr\u00f3 inconformidad alguna y mucho menos acredit\u00f3 los supuesto de incapacidad absoluta o relativa de que trata el art\u00edculo 1504 del C\u00f3digo Civil, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, sino meramente formal, circunstancia contemplada como causal de improcedencia del amparo en el inciso 3\u00ba del art. 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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7.        Finalmente t\u00e9ngase en cuenta, que el promotor del resguardo no acredit\u00f3 la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio, en raz\u00f3n a que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, STC5535-2015; reiterado en STC9557-2016).  <\/span><\/p>\n

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8.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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