{"id":100005,"date":"2026-06-25T19:49:02","date_gmt":"2026-06-25T19:49:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3357-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:49:02","modified_gmt":"2026-06-25T19:49:02","slug":"stc3357-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3357-2017\/","title":{"rendered":"STC3357-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3357-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2017-00017-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Vicente P\u00e1ez Granados contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al rechazar su intervenci\u00f3n como litisconsorte necesario dentro del proceso reivindicatorio promovido por Famapan del Caribe Ltda en contra de los se\u00f1ores Rafael Arias Uribe y Sonia Torres Rivera.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por este especial mecanismo se \u00abrevo[quen] en todas sus partes los autos que niegan la integraci\u00f3n del litis consorcio necesario [por \u00e9l solicitada, as\u00ed como los que] niegan la suspensi\u00f3n del [referido] proceso (\u2026) por existir en contra de la Juez (\u2026) un[a investigaci\u00f3n] penal por [la] presunta [comisi\u00f3n del delito de] prevaricato por acci\u00f3n\u00bb, y, en general, que se \u00abdecret[e] la nulidad absoluta del auto admisorio de la demanda\u00bb por falta de competencia (fl. 45, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que mediante promesa de compraventa pura y simple del bien inmueble ubicado en la \u00abcarrera 28 No. 28-03 y 25-11 del Barrio San Roque de la ciudad de Barranquilla\u00bb e identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. \u00ab040-2106659, adquiri\u00f3 los derechos posesorios, de propiedad y de dominio que [ostentaba] el [promitente] vendedor Jos\u00e9 Leonardo Bonilla Botia\u00bb sobre el mismo, raz\u00f3n por la cual, con sustento en tal t\u00edtulo, posteriormente lo vendi\u00f3 a Rafael Arias Uribe.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que no obstante lo anterior, el se\u00f1or Bonilla Botia, \u00abactu[ando] de manera ma\u00f1osa y enga\u00f1osa\u00bb, formul\u00f3 demanda reivindicatoria de dominio contra el \u00faltimo poseedor del referido bien; empero, alega, la misma deb\u00eda involucrar \u00abobligatoriamente\u00bb a quienes sostuvieron la relaci\u00f3n comercial inicial, por lo que solicit\u00f3 al Juzgado del conocimiento, aqu\u00ed accionado, reconocer su intervenci\u00f3n como \u00ablitis consorte necesario\u00bb, la que fue denegada mediante providencia del 30 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente manifest\u00f3, que el citado tr\u00e1mite se encuentra afectado por diversos \u00abvicios procedimentales\u00bb que afectan su derecho fundamental al debido proceso, pues \u00abla figura del litis consorcio necesario, [no] es [s\u00f3lo] una f\u00f3rmula [apta] para el total esclarecimiento de los hechos\u00bb, sino tambi\u00e9n una \u00abnorma legal y constitucional de obligatorio cumplimiento\u00bb, raz\u00f3n por la cual, tras denunciar al funcionario judicial convocado por la presunta comisi\u00f3n del delito de prevaricato por acci\u00f3n, acude a este mecanismo excepcional a fin de que se salvaguarden sus intereses dentro del asunto en menci\u00f3n (fls. 1 a 8, cdno. 1).                       <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones judiciales desplegadas en el marco del juicio reivindicatorio por esta v\u00eda criticado, resalt\u00f3 que los hechos en que se sustent\u00f3 el escrito de tutela \u00abson infundados y difieren de la realidad procesal\u00bb, pues no obra prueba alguna que demuestre la vulneraci\u00f3n constitucional alegada (fls. 61 a 63, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b.  Jos\u00e9 Leonardo Bonilla Botia en su condici\u00f3n de representante legal de Famapan del Caribe Ltda, sociedad que funge como demandante dentro del proceso reivindicatorio censurado, tras pronunciarse frente a los hechos en que se fund\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional, solicit\u00f3 denegar el amparo reclamado, pues teniendo en cuenta que de conformidad con el C\u00f3digo Civil Colombiano, \u00abel proceso reivindicatorio fue establecido para [permitir al] due\u00f1o de una cosa (\u2026) reclamar la posesi\u00f3n de \u00e9sta en poder de otro\u00bb, raz\u00f3n por la que promovi\u00f3 la respectiva demanda \u00abcontra la persona que [a la fecha ten\u00eda] la posesi\u00f3n del bien inmueble [involucrado]\u00bb, sin ser necesario entonces \u00abintegrar litis consorcio alguno con quien [no ostenta tal calidad]\u00bb (fls. 69 a 72, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c. Rafael Arias Uribe, demandado en el juicio declarativo referenciado, suplic\u00f3 despachar favorablemente las pretensiones elevadas por el accionante, en raz\u00f3n a las \u00abv\u00edas de hecho en las que ha incurrido la Juzgadora de la causa\u00bb (fls. 74 a 77, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Tribunal constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que el gestor incurri\u00f3 en un actuar incurioso, al no haber agotado dentro del tr\u00e1mite cuestionado los mecanismos ordinarios procedentes, pues no aparece demostrado que hubiere formulado los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que, seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso, ten\u00eda a su alcance para cuestionar la providencia aqu\u00ed censurada, esto es, aquella en virtud de la cual el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla neg\u00f3 su intervenci\u00f3n litisconsorcial (fls. 78 a 81, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El promotor impugn\u00f3 el anterior fallo, aduciendo en suma, los mismos argumentos en que sustent\u00f3 el escrito de tutela, a m\u00e1s de agregar, que \u00ablos administradores de justicia en este caso en particular han desconocido por completo los actos delictivos cometidos por el profesional del derecho que se ha empe\u00f1ado en mal asesorar a un ciudadano [que] desconoc[e] el marco legal [aplicable]\u00bb (fls. 92 a 97, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que se somete a examen, se advierte que la censura del se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente P\u00e1ez Granados est\u00e1 encaminada, puntualmente, contra la providencia dictada el 30 de noviembre de 2016 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del juicio reivindicatorio promovido por Farmapan del Caribe Ltda contra los se\u00f1ores Rafael Arias Uribe y Sonia Torres Rivera, a trav\u00e9s de la cual se resolvi\u00f3 \u00abrechazar la solicitud de intervenci\u00f3n litisconsorcial [por aqu\u00e9l] presentada\u00bb, ello de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 62 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00abpodr\u00e1n intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de \u00e9sta, quienes sean titulares de una determinada relaci\u00f3n sustancial a la cual se extiendan los efectos jur\u00eddicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados\u00bb, supuestos que, a juicio del convocado, no se satisfac\u00edan en el caso materia de estudio (fls. 22 y 23, cdno. 1); pues el  reconocimiento de su intervenci\u00f3n en tal calidad, a la luz de la legislaci\u00f3n aplicable, asegura, resultaba obligatoria.   <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, tal y como lo estableci\u00f3 el a quo constitucional, para la Sala surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez de tutela, toda vez que de acuerdo a los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, aunque el promotor del amparo tuvo a su alcance la posibilidad de exponer las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas ante el Juzgado accionado a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo de General del Proceso, vigentes para el momento en que fue dictada la determinaci\u00f3n criticada, en un acto constitutivo de incuria guard\u00f3 silencio, cerrando con ello toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a este mecanismo especial\u00edsimo, que lejos est\u00e1 de tener como objeto revivir oportunidades perdidas dentro del proceso, en tanto que no es el escenario natural para debatir las diferentes discrepancias alegadas.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras, en STC1626-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.    Finalmente, aunque el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, permite excepcionalmente la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela ante la existencia de otros mecanismos para evitar un perjuicio irremediable, lo cierto es que en este caso la parte aqu\u00ed interesada no acredit\u00f3 la ocurrencia de un detrimento apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (ver entre otras, en STC4653-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.         Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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