{"id":100018,"date":"2026-06-25T19:50:22","date_gmt":"2026-06-25T19:50:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3410-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:50:22","modified_gmt":"2026-06-25T19:50:22","slug":"stc3410-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3410-2017\/","title":{"rendered":"STC3410-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3410-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diez   (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 10 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda In\u00e9s P\u00e9rez Molina en contra del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta ciudad, el Banco Davivienda y Sistemcobro, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Financobro y las partes e intervinientes del proceso ejecutivo hipotecario iniciado en su contra por la entidad financiera accionada (radicado 1997-04349-00).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y buen nombre, presuntamente vulnerados por los acusados.  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, los siguientes hechos:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00abla Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda hoy Banco Davivienda me otorg\u00f3 el cr\u00e9dito hipotecario, 0034386-3 del 25 de abril de 1988\u00bb el que fue concedido por un valor de $4.000.000, teniendo como intereses una tasa del 6.5 % anual \u00abde conformidad con la normatividad que para tal efecto contiene el C\u00f3digo Civil\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que \u00abseg\u00fan consta en los archivos de las entidades tuteladas, Banco Davivienda y SISTEMCOBRO, abon\u00e9 al cr\u00e9dito en cuotas aproximadamente dos millones de pesos ($2.000.000)\u00bb y \u00abdebido a una crisis econ\u00f3mica, [se] atr\u00e1s[\u00f3] en los pagos de las cuotas, motivo por el fue enviado [su] cr\u00e9dito a la divisi\u00f3n jur\u00eddica de DAVIVIENDA, viendo[se] precisada a pagar adem\u00e1s los arreglos efectuados con el abogado, los honorarios correspondientes a tasas alt\u00edsimas y desconsideradas por dem\u00e1s\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que \u00abluego de la mora a que se hizo menci\u00f3n, se efectuaron abonos por aproximadamente 10 millones de pesos ($10.000.000 m\/cte) de los cuales, como puede verse una m\u00ednima parte era abonada a capital y lo de m\u00e1s a intereses u honorarios de abogado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que \u00abpor causa de las constante moras en el pago, se inici\u00f3 proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario radicado n\u00famero 11001310302519970434901 de la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda DAVIVIENDA contra MARIA INES PEREZ\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que mediante sentencia de 19 de agosto de 2005 el despacho encartado resolvi\u00f3 \u00ab1. \u201cdecl\u00e1rese la nulidad de todo lo actuado dentro del presente proceso a partir de la actuaci\u00f3n subsiguiente a la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. 2. Decr\u00e9tese la terminaci\u00f3n del presente proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que en oportunidad promovi\u00f3 la Corporaci\u00f3n Colombiana de Ahorro y Vivienda DAVIVIENDA en contra de MARIA IGNACIA PEREZ MOLINA, con base en la causal a que se refiere el p\u00e1rrafo 3 del Art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 en concordancia con las sentencias C-955 de 2000, T-606 de 2003, T-701 de 2004, seg\u00fan la interpretaci\u00f3n contenida en la sentencia T-258 de 2005 de la Corte Constitucional 3. Ord\u00e9nese la cancelaci\u00f3n de las medidas de embargo y secuestro decretadas y practicadas sobre el bien hipotecado 4. Of\u00edciese tanto a la oficina de registro, como al secuestre para que haga efectiva la entrega del respectivo inmueble a la persona que lo detentaba en el momento de la pr\u00e1ctica del secuestro. Pero, de todas maneras t\u00e9ngase en cuenta los embargos de remanentes que pudieran existir para este momento 5. Ord\u00e9nese el desglose de los documentos que soportan la ejecuci\u00f3n, para ello obs\u00e9rvense las previsiones del art\u00edculo 117 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, advirtiendo que la obligaci\u00f3n est\u00e1 vigente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Que \u00abpor recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora, el proceso sube al Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el cual mediante sentencia proferida el 22 de febrero de 2006, resuelve confirmar en todo la sentencia antes mencionada, proferida por el Juzgado 25 Civil del Circuito de esta ciudad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Que \u00aba pesar de lo anterior, en ning\u00fan caso me fue entregado el pagar\u00e9 base de la obligaci\u00f3n y muy por el contrario, al parecer el juzgado lo entreg\u00f3 a la parte demandante, a juzgar por algunas conductas desplegadas puntualmente por la entidad tutelada SISTEMCOBRO\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Que \u00abal parecer, el Banco DAVIVIENDA, subrog\u00f3 los cr\u00e9ditos existentes a la entidad tutelada FINANCOBRO hecho del cual no tengo certeza pero que se deduce como se ha dicho de las actuaciones de la entidad anteriormente mencionada\u00bb.   <\/span><\/p>\n

2.9. Que \u00aba partir del momento de proferirse la sentencia, la cual dicho sea de paso se encuentra absolutamente en firme, he recibido constantes requerimientos por parte de SISTEMCOBRO, la cual afirma que DAVIVIENDA le vendi\u00f3 la cartera y que existe una obligaci\u00f3n insoluta entre la suscrita y el Banco Davivienda, hecho que en todo carece de verdad seg\u00fan se desprende de lo dicho en la prenombrada sentencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Que \u00abhan sido m\u00faltiples y constantes los requerimientos efectuados, hecho este que hace que [su] tranquilidad y sosiego domestico se vean interrumpidos sin raz\u00f3n, pues es lo claro que a juzgar por las sentencias tanto del juzgado 25 civil del circuito como por la confirmatoria del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, me encuentro a paz y salvo por todo concepto con esta entidad y no existe obligaci\u00f3n alguna pendiente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, que se ordene a \u00ablas entidades tuteladas, a saber BANCO DAVIVIENDA, ANTES CORPORACI\u00d3N DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA Y SISTEMCOBRO. Se sirvan expedir los paz y salvos correspondientes de conformidad con las sentencias proferidas por el juzgado 25 civil del circuito y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb, al juzgado encartado que \u00ab[le] sean entregados los t\u00edtulos base de la ejecuci\u00f3n en la medida en que el propio despacho junto con el H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se dispuso el desglose de los mismos\u00bb a la entidad Sistemcobro \u00abque deje de perturbar mi tranquilidad y sosiego dom\u00e9sticos junto con los de mi familia en la medida en que ya no hay motivo para hacerlo ya que no existe obligaci\u00f3n alguna pendiente\u00bb adem\u00e1s que \u00abse oficie a las centrales de riesgo a fin que se actualice mi informaci\u00f3n crediticia\u00bb y que \u00abse oficie a las entidades tuteladas (\u2026) a fin de eliminar mi nombre de la lista de deudores morosos y de paso sea inscrita mi obligaci\u00f3n como cancelada\u00bb (Fls. 21-25).  <\/span><\/p>\n

4. Mediante auto de 1\u00ba de febrero de 2017 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el asunto y, en fallo de 10 de febrero del a\u00f1o que avanza, neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, determinaci\u00f3n que fue impugnada por la accionante.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado querellado manifest\u00f3 que \u00abme remito a la actuaci\u00f3n surtida al interior del proceso ejecutivo No. 110013103025199704349 00 instaurado por el BANCO DAVIVIENDA contra MARIA IGNACIA PEREZ MOLINA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Inform\u00f3, que \u00abel expediente de ese proceso se encuentra en archivo central desde el mes de junio de 2011 y por lo tanto no es posible dar cumplimiento a lo dispuesto en su prove\u00eddo de fecha 1\u00ba de febrero del a\u00f1o en curso, respecto a la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional a las personas involucradas\u00bb (Fl. 48).  <\/span><\/p>\n

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Sistemcobro S. A. S., luego de pronunciarse frente a los hechos de la queja, sostuvo, en s\u00edntesis, que \u00abactualmente nos encontramos en tr\u00e1mite de restructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n ante la Superintendencia Financiera, lo anterior por cuanto la accionante no ha querido atender los llamados y requerimientos para que sea reestructurada su obligaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3, que \u00aben cuanto al reporte ante las Centrales de Informaci\u00f3n, nos permitimos indicar que las obligaciones 5700322000196279 y T5700322000196279 no est\u00e1n siendo reportadas ante las centrales de riesgo por parte de Sistemcobro S. A. S.\u00bb (Fls. 54-62).  <\/span><\/p>\n

La entidad Bancaria accionada, expuso que \u00abla pretensi\u00f3n de tutela, le es inoponible a DAVIVIENDA S. A., como quiera que no es acreedora, ni parte procesal, ni titular de derechos en el debate del proceso\u00bb (Fls. 113 y 114).  <\/span><\/p>\n

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La Empresa de Servicios Especializados en Cobro de Cartera de Entidades Financieras \u2013Financobros E. U.- expuso, de forma extempor\u00e1nea, que \u00aben ning\u00fan momento ha tenido ni tiene vinculo o relaci\u00f3n de ninguna naturaleza con la accionante MAR\u00cdA INES PEREZ MOLINA de la misma manera que tampoco con la entidad financiera accionada BANCO DAVIVIENDA a ning\u00fan t\u00edtulo\u00bb (Fl. 137).  <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abel yerro que se atribuye al fallador y, que permite al actual acreedor hipotecario adelantar gestiones de cobro o de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, e incluso, los reportes negativos en centrales de riesgo, tuvo origen, seg\u00fan afirma la se\u00f1ora P\u00e9rez Molina, el 19 de agosto de 2005 (fl. 22, c. 1), lo que ratifica el despacho accionado con el registro de actuaciones que acompa\u00f1a a su respuesta (fl. 52, ib\u00eddem), por lo cual, no aparece como razonable que pasados doce a\u00f1os de la entrega del t\u00edtulo a los ejecutantes, pretenda por v\u00eda de tutela plantear su inconformidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3, que \u00absi ello no fuese suficiente para descartar la vulneraci\u00f3n iusfundamental que arguye, lo cierto es que acude de manera directa a la queja constitucional, sin plantear su inconformidad al juez de conocimiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Resalt\u00f3, que \u00abdebe tener en cuenta la accionante que la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo no extingui\u00f3 la obligaci\u00f3n, pues de acuerdo con la cita que se hace en el mismo escrito de tutela, se orden\u00f3 el desglose del t\u00edtulo \u201cadvirtiendo que la obligaci\u00f3n est\u00e1 vigente\u201d (fl. 22, ibidem)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, concluy\u00f3, que \u00aben cualquier caso, si de lo expuesto por la agente en tutela se derivase la afectaci\u00f3n iusfundamental que alega, lo cierto es que el incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, hacen improcedente el amparo solicitado e impiden a este Tribunal analizar el fondo de la cuesti\u00f3n\u00bb y que \u00abrespecto a las entidades accionadas y vinculadas cabe decir que si la titular original del cr\u00e9dito hipotecario lo negoci\u00f3, y las posteriores, y actual adquirente han ejercido de manera legal su derecho al cobro, nada podr\u00eda reproch\u00e1rseles hasta tanto se obtenga la declaraci\u00f3n judicial de la extinci\u00f3n de dicho derecho por cualquiera de las causas establecidas en la misma ley. De manera que las actividades licitas encaminadas a obtener la satisfacci\u00f3n de la deuda por si solas no constituyen vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales que requieran la actuaci\u00f3n del juez de amparo\u00bb (Fls. 128-134).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la accionante refiriendo que \u00abes falso que solo hasta ahora se est\u00e9 intentando solucionar una problem\u00e1tica de 12 a\u00f1os como pretende hacerlo ver la parte tutelada, pues muy por el contrario, a pesar de no contar con conocimientos de derecho durante mucho tiempo he ejercido acciones tendientes a lograr la expedici\u00f3n del paz y salvo en la forma ordenada por el Juzgado 25 Civil del Circuito y ratificada en segunda instancia por el Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1, lo que sucede es que muy por el contrario, haciendo gala de un poder dominante inusitado y siempre estando claro que soy la parte m\u00e1s d\u00e9bil, la tutelada, ha ejecutado maniobras tendenciosas para hacer dilatar el proceso y en realidad no hacer efectivos los derecho que bien me corresponden\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo, que \u00abnunca he sido citada por la tutelada, que no han hecho esfuerzo alguno por ubicarme pues es lo claro que en los archivos de esta compa\u00f1\u00eda aparece mi direcci\u00f3n, la cual corresponde al bien hipotecado y que si hubiesen querido encontrarme con un telegrama o con una visita a mi domicilio muy seguramente tal cometido habr\u00eda sido logrado, luego entonces no es esta m\u00e1s que otra maniobra ejecutada para dar otro rumbo a las cosas y hacer ver que soy yo la causante de que no se haya solucionado el problema cuando en realidad esto pasa por la posici\u00f3n dominante de la entidad tutelada, como ya se ha dicho\u00bb (Fls. 151 y 152).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole legal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).    <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Pretende la gestora que por este excepcional tr\u00e1mite se ordene a las entidades crediticias \u00abexpedir los paz y salvos correspondientes de conformidad con las sentencias proferidas por el Juzgado 25 civil del circuito y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb, al juzgado encartado que \u00ab[le] sean entregados los t\u00edtulos base de la ejecuci\u00f3n\u00bb a la entidad Sistemcobro \u00abque deje de perturbar mi tranquilidad y sosiego dom\u00e9sticos junto con los de mi familia en la medida en que ya no hay motivo para hacerlo ya que no existe obligaci\u00f3n alguna pendiente\u00bb adem\u00e1s que \u00abse oficie a las centrales de riesgo a fin que se actualice mi informaci\u00f3n crediticia\u00bb y que \u00abse oficie a las entidades tuteladas (\u2026) a fin de eliminar mi nombre de la lista de deudores morosos y de paso sea inscrita mi obligaci\u00f3n como cancelada\u00bb, por supuestamente incurrir, la autoridad judicial accionada, en defecto procedimental.  <\/span><\/p>\n

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3. De las pruebas aportadas al presente tr\u00e1mite, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) Auto de 19 de agosto de 2005 proferido por el juez querellado a trav\u00e9s del cual declar\u00f3 la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Davivienda contra Mar\u00eda In\u00e9s P\u00e9rez Molina (aqu\u00ed accionante) y en consecuencia decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del mismo, lo anterior de conformidad con el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y las sentencias C-955 de 2000, T-606 de 2003, T-701 de 2004 y T-258 de 2005, disponiendo el levantamiento de las medidas cautelares y el desglose de los documentos base de la ejecuci\u00f3n y en el que se advirti\u00f3 que \u00abla obligaci\u00f3n est\u00e1 vigente\u00bb, decisi\u00f3n que fue apelada por la entidad financiera demandante (Fls. 123-125).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Determinaci\u00f3n de 24 de febrero de 2006 que confirm\u00f3 el referido prove\u00eddo (Fls. 14-20).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anterior, advierte la Sala que el amparo resulta improcedente, habida cuenta que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que comparada la fecha en que la el juzgado acusado profiri\u00f3 la providencia que termin\u00f3 el proceso ejecutivo hipotecario y dispuso el desglose de los documentos base de la ejecuci\u00f3n (19 de agosto de 2005), confirmada el 24 de febrero de 2006, con la de la presentaci\u00f3n de la tutela (30 de enero de 2017), supera el t\u00e9rmino que la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para la protecci\u00f3n inmediata y eficaz de las garant\u00edas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Es por eso que la actora no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n r\u00e1pida de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

(…) si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (Sentencia T-797\/02 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n,  de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(…) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante…\u201d (CSJ STC 2 Ago. 2007, Rad. 00188 -01, reiterada, entre otros, en CSJ STC 22 Abr. 2008, Rad. 00373 -01, 3 Sep. 2009, Rad. 00302-00,  14 Dic. 2010, Rad. 02470-01, 13 Jun. 2011, Rad. 00893-01, 16 Feb. 2012, Rad. 00006-01 y 12 Dic. 2012, Rad. 02527 -01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De otra parte, en relaci\u00f3n con las quejas tendientes a que la autoridad judicial le entregue los documentos base de la ejecuci\u00f3n, que las entidades crediticias se abstengan de efectuarle cobro alguno y que se actualice su informaci\u00f3n en las centrales de riesgo, observa la Sala que la peticionaria ninguna solicitud ha elevado a las encartadas; por tanto, la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que la querellante acudi\u00f3 de manera directa ante este excepcional estrado constitucional, cuando la presunta irregularidad que por esta v\u00eda expone, debi\u00f3 ponerla en conocimiento del juez natural y de las querelladas por ser ese el escenario dispuesto por el legislador para tal fin, con miras a que estas se pronuncien al respecto y as\u00ed conocer su postura sobre el particular, decisiones que bien pueden serle favorables o adversas lo cual, it\u00e9rase, no se hizo, dej\u00e1ndose en evidencia que conforme al postulado de la subsidiariedad mal puede deprecarse la protecci\u00f3n instada, debido a la dejaci\u00f3n hasta ahora demostrada al interior de la aludida actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. La Corte, al manifestarse en un asunto que guarda simetr\u00eda con el actualmente abordado, sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) la protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama, situaci\u00f3n corroborada por los accionados en el escrito de respuesta la protecci\u00f3n demandada, (folios 30 a 33 y 58 a 59), afirmaci\u00f3n que por ser rendida bajo juramento, merece credibilidad seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. 2. Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo porque en la circunstancia anotada, no se le puede endilgar a la entidad demandada, indolencia, ni silencio, frente a la solicitud que presuntamente le ha sido formulada, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende, lo que excluye la posibilidad de que se le pueda atribuir el quebranto denunciado (CSJ STC, 5 Feb. 2013 rad. n\u00b0 00928-01, reiterada el 20 Feb. 2014, rad, n\u00b0 2013-00666-01).  <\/span><\/p>\n

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7. Adicionalmente, cabe se\u00f1alar que la peticionaria no demostr\u00f3 circunstancias que evidencien un da\u00f1o tal que amerite la inaplazable intervenci\u00f3n del funcionario constitucional, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia; por lo que la custodia no es procedente, ni siquiera como mecanismo transitorio.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sala se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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[N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional (CSJ STC 11 may. 2010, rad. 00249-01 reiterada en STC10782-2014).  <\/span><\/p>\n

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8. De conformidad con lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo objeto de la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONZALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC3410-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1 D. C., diez   (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100018","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100018","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100018"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100018\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100018"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100018"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100018"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}