{"id":100019,"date":"2026-06-25T19:50:31","date_gmt":"2026-06-25T19:50:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3411-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:50:31","modified_gmt":"2026-06-25T19:50:31","slug":"stc3411-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3411-2017\/","title":{"rendered":"STC3411-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3411-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2017-00016-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diez   (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Alcald\u00eda de Pereira, el Banco de Occidente, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambos de la regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en breve escrito, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que present\u00f3 la acci\u00f3n popular No. 2015-00057 en la que el despacho judicial censurado \u00abniega mi alzada, pese a ser mi acci\u00f3n constitucional, desconociendo art. 5 ley 472\/98 y desconociendo que en la A popular 2015-201 concede mi alzada y NO me exigi\u00f3 copias para conceder mi apelaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se ordene \u00aba la tutelada que conceda mi alzada en mi A P 2015-57 y me garantice seguridad jur\u00eddica una sola vez\u00bb (Fl. 1 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

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4. Mediante auto de 27 de enero de 2017 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira admiti\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n y el d\u00eda 10 de febrero siguiente neg\u00f3 el amparo rogado el que fue impugnado por el actor.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El despacho judicial encartado inform\u00f3 las partes que intervienen en el proceso objeto de la queja y remiti\u00f3 copias del mismo (Fl 28).  <\/span><\/p>\n

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La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regional Risaralda expuso que \u00aben virtud de las acciones populares presentadas por el se\u00f1or antes referido, a esta Agencia del Ministerio P\u00fablico, se ha comunicado de los autos que admiten las respectivas acciones populares y como consecuencia de lo anterior, se ha designado a los diferentes profesionales de la Procuradur\u00eda Regional Risaralda y Provincial de Pereira, para dar cumplimiento al art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Resalt\u00f3 que \u00abpara el caso que nos ocupa las acciones populares referenciadas no fueron promovidas por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Procuradur\u00eda Regional Risaralda, y por ello se nos ha comunicado el auto que admite la misma por parte del respectivo juzgado de conocimiento, para que intervengamos en aquellos procesos que consideramos conveniente, donde se reitera se viene efectuando el respectivo reparto de las acciones populares entre los profesionales adscritos a la Procuradur\u00eda Regional Risaralda y Provincial Pereira\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Relev\u00f3 que la situaci\u00f3n expuesta por el querellante es \u00abajena a esta Agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que nuestra intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e inter\u00e9s colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb (Fl. 40 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

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El Banco de Occidente, luego de pronunciarse frente a los hechos de la queja y hacer un recuento de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n popular, sostuvo que \u00abel accionante, por los hechos aqu\u00ed discutidos, obtuvo fallo de tutela el pasado 19 de enero de 2017 dentro del radicado 2016-1298 emitido por el Dr. Duberney Grisales, Honorable Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el que se declar\u00f3 como IMPROCEDENTE la acci\u00f3n por considerar que no cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad exigido por la ley. As\u00ed mismo, se encuentra pendiente por resolverse la impugnaci\u00f3n presentada por el se\u00f1or Arias y que ser\u00e1 surtida ante la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan lo comunicado mediante auto de fecha 27 de enero de 2017\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00absea evaluado el proceder temerario ejercido por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga al proponer en menos de un mes dos acciones de tutela por los mismos hechos y partes, m\u00e1xime cuando en la acci\u00f3n 2016-1298 no se ha proferido decisi\u00f3n acerca de la impugnaci\u00f3n concedida\u00bb (Fls.43 y 44).  <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abaunque es evidente que se presentaron dos acciones de tutela con sustento en unos mismos hechos y en las que elevaron las mismas pretensiones, no puede deducirse que el promotor del proceso haya actuado de mala fe, m\u00e1s bien su proceder se puede atribuir a alg\u00fan tipo de descuido, a lo que pudo ser llevado por el gran c\u00famulo de acciones de amparo que ha  interpuesto ante este Tribunal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3 que \u00aben esas condiciones, aunque no puede predicarse temeridad de su parte, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de amparo porque no resulta posible decidir la situaci\u00f3n por segunda vez, de acuerdo con el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (folios 58-61).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el querellante manifestando que \u00abla tutelada ha solicitado copias para conceder mi alzada, empero en otras acciones populares no lo ha hecho\u00bb refiri\u00f3 que \u00abse debe conceder la alzada en mi acci\u00f3n popular sin pedir copia alguna, seg\u00fan lo manda la ley especial 472 de 1998\u00bb (Fl. 64).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Examinados los fundamentos de la queja planteada y las pruebas allegadas, observa la Corte, que respecto a la petici\u00f3n que aqu\u00ed se trata, concurre la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, puesto que con anterioridad se instaur\u00f3 otra en contra del mismo accionado, soportada en iguales hechos y con id\u00e9ntica pretensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En efecto, el promotor de este amparo formul\u00f3 una solicitud ante el a quo constitucional basada en que la autoridad judicial querellada,  neg\u00f3 la alzada que present\u00f3 porque dej\u00f3 de pagar las copias requeridas, reclamando que se conceda la apelaci\u00f3n por \u00e9l formulada, la cual fue negada con fallo de 19 de enero de 2017 al considerar que \u00abel accionante pretermiti\u00f3 agotar el recurso de reposici\u00f3n (Art. 36, Ley 472), frente al proveido que declar\u00f3 desierta la alzada, cuando ese era el mecanismo ordinario y expedito que ten\u00eda para procurar que el estrado judicial reconsiderara aquella determinaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Resultando evidente \u00abla falta de agotamiento del supuesto de subsidiariedad, como ha explicado la Corte Constitucional, que reiteradamente ha referido que la acci\u00f3n de tutela mal puede implementarse como medio para sustituir los mecanismos ordinarios de defensa, cuando por negligencia, descuido o incuria no fueron utilizados\u00bb (folios 43-50 cuaderno tribunal).  <\/span><\/p>\n

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3. El 21 de febrero del presente a\u00f1o esta Sala resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n confirmando la providencia censurada en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el principio de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, teniendo en cuenta, que el querellante no recurri\u00f3 el proveido que \u201cdeclar\u00f3 desierta\u201d la alzada, por lo tanto, en esa ocasi\u00f3n tuvo la oportunidad de intervenir en defensa de sus intereses y no lo hizo, dejando fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto (CSJ STC2220-2017 21 feb. 2017 rad. 2016-01298-01).  <\/span><\/p>\n

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4. As\u00ed las cosas, observa la Corte, que el peticionario acudi\u00f3 nuevamente a este medio excepcional, conducta que raya en un eventual abuso del ejercicio de la salvaguarda impetrada, por lo que se EXHORTAR\u00c1 al accionante para que previamente a acudir a este mecanismo constitucional verifique las circunstancias del caso particular y de esta manera evite un comportamiento como el aqu\u00ed evidenciado.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, ha precisado la Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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cuando ocurre la temeridad en la norma antes citada, [debe examinarse] si la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial (ver entre otras, CSJ STC 20 en. 2011, rad. 2010-02154-00).  <\/span><\/p>\n

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5. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y exh\u00f3rtese al querellante para que d\u00e9 cumplimiento a lo ordenado en el numeral 4\u00b0 de la parte motiva de esta providencia.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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