{"id":100021,"date":"2026-06-25T19:50:45","date_gmt":"2026-06-25T19:50:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3418-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:50:45","modified_gmt":"2026-06-25T19:50:45","slug":"stc3418-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3418-2017\/","title":{"rendered":"STC3418-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3418-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02045-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez   (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 17 de noviembre 2016, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Brayan Camilo Galeano Brice\u00f1o y Jairo Galeano Supelano frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito, la Fiscal\u00eda Ciento Diecisiete Seccional y el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales, todos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes dentro del juicio seguido en su contra (radicado 2013-10242).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Los actores demandaron la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguyeron, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que la referida causa seguida en contra de los querellantes por el punible de porte, tr\u00e1fico y fabricaci\u00f3n de armas de fuego, accesorios y municiones se adelant\u00f3 \u00abhu\u00e9rfano de participaci\u00f3n activa de los imputados, a los que nunca se les notific\u00f3 una decisi\u00f3n resoluci\u00f3n o auto, adelant\u00e1ndoseles todo un proceso judicial donde se evacuaron m\u00e1s de 6 audiencias sin contar con su compa\u00f1\u00eda o anuencia, bien sea por registrar err\u00f3neamente la direcci\u00f3n de los imputados o por haber omitido comunicarles por cualquier otro medio m\u00e1s expedito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00abse les adelant\u00f3 todo el proceso, la acusaci\u00f3n el 3 de junio de 2014, la audiencia preparatoria el 11 de mayo de 2015 y juicio oral se inici\u00f3 el 13 de agosto de 2015 culmin\u00e1ndose el proceso el pasado 22 de septiembre de 2015 con sentencia condenatoria a 108 meses de prisi\u00f3n contra el se\u00f1or Jairo Galeano Supelano, su hijo fue absuelto, la cual fue apelada invoc\u00e1ndose una nulidad ante el Tribunal de Bta. Alzada que fue desatada el pasado 22 de febrero de 2016 desfavorable para el accionante, no qued\u00e1ndonos otro camino que acudir a la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00ab\u00bfC\u00f3mo es posible si ya se establecido (sic) el domicilio de los se\u00f1ores Galeano, al tenerlos asegurados conociendo donde viven a que se dedican y que lugares frecuentan no les hayan notificado ninguna citaci\u00f3n, decisi\u00f3n, auto, actuaci\u00f3n, resoluci\u00f3n o practica alguna dentro del proceso penal? \u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00abpor parte de la defensa t\u00e9cnica no se nos inform\u00f3 que nuestra comparecencia era obligatoria y menos necesaria, y considerando que como somos del campo, tanto yo como mi pap\u00e1, descolarizados, personas que hace poco nos acentuamos en Bogot\u00e1, provincianos, que desconocemos todos esos tr\u00e1mites, que se nos debi\u00f3 explicar claramente que el proceso continuar\u00eda y tendr\u00edamos que estar pendientes, sin perjuicio de que por ser un defensor p\u00fablico quien nos represent\u00f3 en la imputaci\u00f3n de cargos a este nada le interesaba nuestra suerte, cuando simple y llanamente se limit\u00f3 a asistir a las audiencias como convidado de piedra y sin terminar el proceso renunciar a la defensa para que asignaran a otro defensor p\u00fablico, cambio para el cual debi\u00f3 mediar la opini\u00f3n de nosotros, a quien ni siquiera nos llam\u00f3, nos busc\u00f3 o envi\u00f3 un comunicado; somos personas analfabetas provenientes de lo rural y desconocemos los procedimientos policiales y mucho m\u00e1s los judiciales, como se nos dej\u00f3 en libertad y por nunca haber tenido problemas con la justicia cre\u00edmos que ah\u00ed terminaba todo y no volvimos desentendidos confiados del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que \u00abresulta inoponible una sentencia cuando dentro del proceso se cirnio (sic) una nulidad enorme y fruto del mismo se condena a una persona habi\u00e9ndosele violado sus derechos fundamentales, cuando el abogado que buscamos para la lectura de la sentencia solicit\u00f3 y present\u00f3 una nulidad, la cual nunca le fue escuchada y recibida ni por el Juzgado 24 del Circuito ni por el Tribunal configur\u00e1ndose con ello una v\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Solicitaron, en consecuencia, que se \u00abdeclare la nulidad y se ordene que se rehaga la actuaci\u00f3n\u00bb y \u00abrevocar la sentencia tanto de primera como de segunda instancia en lo m\u00e1s conveniente sin perjuicio de fracturar los principios constitucionales de autonom\u00eda e independencia con los que act\u00faan los operadores judiciales\u00bb (Fls. 1-11).  <\/span><\/p>\n

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4. El presente asunto fue admitido a tr\u00e1mite el 10 de noviembre de 2016 y resuelto en providencia del d\u00eda 17 del mes y a\u00f1o referenciados, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el Jairo Galeano Supelano.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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La Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00ablas comunicaciones elaboradas por este Centro de Servicios dentro del proceso de la referencia, (\u2026) se realizaron conforme a la planilla de reporte de programaci\u00f3n de audiencias aportadas por el Juzgado de Conocimiento, como quiera que el proceso se encuentra en custodia del despacho, sin que este Centro de Servicios tenga acceso al mismo, las cuales una vez elaboradas, se imprime constancia de comunicaciones en la cual se consignan los n\u00fameros de telegramas emitidos junto a sus respectivos destinatarios y direcciones\u00bb por lo que \u00abpara los se\u00f1ores Jairo Galeano Supelano y Brayan Camilo Galeano Brice\u00f1o, se remitieron los respectivos telegramas a las direcciones Carrera 4 No. 53-47 sur y Carrera 4 A No. 53-47 sur, como consta en las planillas y constancias adjuntas dentro del proceso de la referencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo, que \u00abesta dependencia cumple funciones netamente administrativas, y de manera oportuna y diligente se remitieron las comunicaciones requeridas para las diferentes audiencias, por lo que solicito respetuosamente se desvincule al Centro de Servicios Judiciales de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb (Fl. 138).  <\/span><\/p>\n

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La Fiscal Ciento Diecisiete Seccional manifest\u00f3 que \u00abavoc\u00f3 el conocimiento de la investigaci\u00f3n en contra de los se\u00f1ores JAIRO GALEANO SUPELANO (\u2026) y BRAYAN CAMILO GALEANO BRICE\u00d1O (\u2026); el veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil quince (2015)  el Juzgado Veinticuatro (24) Penal del Circuito de Conocimiento, en audiencia de lectura de fallo condena a la pena principal de 108 meses de prisi\u00f3n al se\u00f1or JAIRO GALEANO SUPELANO y absuelve al se\u00f1or BRAYAN CAMILO GALEANO BRICE\u00d1O, siendo apelada por la defensa el fallo condenatorio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiri\u00f3, que \u00abel d\u00eda veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016) la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, confirma la sentencia proferida por el Juzgado (24) Penal del Circuito de Conocimiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, concluy\u00f3 que \u00ablos elementos materiales probatorios fueron entregados por parte de la Fiscal\u00eda 117 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito al Juzgado de conocimiento mencionado por lo tanto reposan en la carpeta de la judicatura; las citaciones a las diferentes audiencias corren por cuenta de la judicatura; adem\u00e1s los se\u00f1ores mencionados fueron aprehendidos en flagrancias y en la audiencia preliminar de formulaci\u00f3n de cargos los cuelas no fueron aceptados, les fue advertido por parte del Juez de Garant\u00edas que el proceso continuaba y deb\u00edan estar pendientes del mismo\u00bb (Fl. 147).  <\/span><\/p>\n

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El magistrado ponente del tribunal encartado relev\u00f3 que \u00abno hemos incurrido en ninguna v\u00eda de hecho y simplemente acuden los gestores a promover la acci\u00f3n de tutela para insistir en los mismos argumentos atendidos hace m\u00e1s de ocho meses, pese a lo imparcial y garantista que fue el procedimiento ordinario al punto que se absolvi\u00f3 a BRAYAN CAMILO y \u00e9ste no interpuso ning\u00fan recurso, por lo que no se entiende la intenci\u00f3n de revivir el debate a manera de tercera instancia o que se disponga que el juzgado de conocimiento vuelva a adelantar todo el tr\u00e1mite\u00bb por lo que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para alterar el procedimiento ordinario, pues los motivos esbozados en la tutela fueron aspectos dilucidados de modo amplio al interior del proceso penal, y una v\u00eda de hecho debe acreditarse\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo, que \u00abla tesis de apelaci\u00f3n propuesta por la defensa de GALEANO SUPELANO se concentr\u00f3 en plantear la nulidad de la actuaci\u00f3n por indebida notificaci\u00f3n del acusado\u00bb frente a lo cual \u00aben la decisi\u00f3n del Tribunal, se trat\u00f3 ampliamente el antelado argumento en el ac\u00e1pite considerativo correspondiente (Fols 6-9 de la sentencia del Tribunal), donde se expusieron las razones por las cuales no era viable decretar la nulidad, b\u00e1sicamente, porque los ahora accionantes ten\u00edan conocimiento del proceso penal, en tanto que fueron capturados en situaci\u00f3n de flagrancia y llevados ante un juez de garant\u00edas, por consiguiente era su deber asistir a las diligencias, pero, no suministraron datos de arraigo, luego daban distintas direcciones y su estrategia defensiva consisti\u00f3 en aislarse del procesamiento, lo que no trasciende a una vulneraci\u00f3n del debido proceso de los acusados que amerite el remedio de la nulidad, porque todo indica optaron por generar ausencia aun sabiendo de la acci\u00f3n penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, adujo que los accionantes \u00abten\u00edan a su alcance el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que seg\u00fan consta en el Sistema Siglo XXI no interpusieron\u00bb (Fls. 148-150).  <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s partes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abde la informaci\u00f3n que reposa en el presente tr\u00e1mite constitucional, se tiene que a los accionantes se les han brindado las garant\u00edas fundamentales previstas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, haci\u00e9ndose efectivo el proceso como es debido, y por ello, no puede predicarse la existencia de v\u00edas de hecho, \u00fanica posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de car\u00e1cter judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3, que \u00aben efecto, de la revisi\u00f3n del expediente de tutela se tiene demostrado que los argumentos expuestos por los aqu\u00ed demandantes, como sustento del cargo de nulidad contra toda la actuaci\u00f3n surtida al interior del proceso penal con radicaci\u00f3n 11-001-60-000-15-2013-10242, ya fueron objeto de estudio y resoluci\u00f3n, por parte de la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la sentencia del 22 de febrero de 2016 \u2013cuyos efectos pretende invalidarse\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Advirti\u00f3, que \u00abes evidente que los accionantes, en esencia, pretenden a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, y reabrir un debate que fue \u2013como qued\u00f3 ampliamente expuesto\u2013 resuelto, a juicio de esta Sala, de manera razonable y probatoriamente fundada, circunstancias que sin lugar a dudas, tornan en improcedente el amparo de tutela solicitado, porque el Constituyente no le otorg\u00f3 a esta acci\u00f3n el car\u00e1cter de tercera instancia o de mecanismo paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial, ni como una alternativa en caso de no haber hecho uso de los mismos en debida forma\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00absi la parte aqu\u00ed actora, o su defensor, no estaban de acuerdo con el fallo del Tribunal demandado o si consideraban que se hab\u00edan presentado irregularidades que afectaban sus derechos fundamentales, debieron aprovechar la oportunidad que ten\u00edan para interponer y sustentar en debida forma el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; sin embargo, como se constat\u00f3 en el paginario, no ejercieron el referido mecanismo, evitando que el Juez natural realizara la revisi\u00f3n que en derecho correspondiera frente a la cuesti\u00f3n planteada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 Jairo Galeano Supelano, con similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial y aduciendo particularmente, que \u00abel \u00faltimo recurso o posibilidad de remediar esta v\u00eda de hecho, era la casaci\u00f3n y se me dijo que este recurso era muy costoso, raz\u00f3n por la cual no pude pagarle m\u00e1s al abogado que contrate, pues no ten\u00eda suficiente dinero para los honorarios ni mucho menos presentar ese tipo de recursos de casaci\u00f3n que es por encima de mi presupuesto\u00bb (Fls. 181-185).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que los querellantes solicitaron que se \u00abdeclare la nulidad y se ordene que se rehaga la actuaci\u00f3n\u00bb y se revoquen los fallos de primera y segunda instancia, pues consideran que se incurri\u00f3 en defecto \u00abprocedimental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Sentencia proferida el 22 de septiembre de 2015 por el juzgado encartado que conden\u00f3 a Jairo Galeano Supelano a la pena de prisi\u00f3n de 9 a\u00f1os por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y absolvi\u00f3 a Brayan Camilo Galeano Brice\u00f1o, contra la que el primero interpuso recurso de apelaci\u00f3n (Fls. 24-40).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Fallo de 22 de febrero de 2016 que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n anteriormente referenciada, la que no fue objeto de recurso de casaci\u00f3n seg\u00fan inform\u00f3 el magistrado ponente de la Colegiatura querellada, determinaci\u00f3n en la que se resolvi\u00f3 la nulidad alegada por indebida notificaci\u00f3n (Fls. 112-121).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, toda vez que ha trascurrido un holgado lapso desde cuando el Colegiado acusado profiri\u00f3 la sentencia que confirm\u00f3 la de primera instancia (22 de febrero de 2016), dado que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 4 de noviembre de 2016 evidenci\u00e1ndose as\u00ed que se super\u00f3 el t\u00e9rmino que se ha consagrado para acudir a este mecanismo excepcional de amparo de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el principio de inmediatez la Sala tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[S]i bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (Sentencia T-797\/02 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante…\u201d (CSJ STC 2 Ago. 2007, Rad. 00188 -01, reiterada, entre otros, en STC7139-2015 5 Jun. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Al margen de lo anterior, es del caso destacar que tambi\u00e9n concurre la causal de improcedencia de la subsidiariedad, pues, el peticionario no interpuso el recurso de casaci\u00f3n contra la resoluci\u00f3n pronunciada por el ad quem, por lo que en esa ocasi\u00f3n tuvo la oportunidad de intervenir en procura de sus intereses y no lo hizo, sino que dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal para que fuera revisado su desconcierto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tales condiciones, mal podr\u00eda el Juez Constitucional auscultar el proceder del Tribunal encartado, cuando lo cierto es que el quejoso no obr\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias de las determinaciones adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n, ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

la protecci\u00f3n tambi\u00e9n deviene inviable, si se tiene en cuenta que el interesado no formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la providencia de segunda instancia\u2026, luego no puede acudir a esta acci\u00f3n para suplir las fallas en que incurri\u00f3, pues jurisprudencialmente se ha decantado que, en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica \u2018vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales\u2019, si goz\u00f3 de la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa y no lo hizo, siendo palmario, por dem\u00e1s, que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado para tratar de rescatar las oportunidades perdidas\u2026\u201d (CSJ STC, 28 mar. 2011, rad. 00407-01, reiterada, entre otras, el 13 sep. 2012, rad. 01695-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       6. De otra parte, es del caso precisar que, luego de dilapidarse los medios procesales dispuestos en la ley dado su car\u00e1cter esencialmente residual, no hay lugar a acogerse a esta acci\u00f3n, sin que pueda servir de pretexto la presunta falta a los deberes profesionales de su mandatario, pues como lo tiene asentado la jurisprudencia de la Corte:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

la contingente incuria de los apoderados judiciales (\u2026) en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u201c…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u201d (ver, entre otras, STC 9 jun. 2004, rad. 00448; 26 jul 2005, rad. 00097; 27 en. 2006, rad. 00014; 18 ago. 2010, rad. 00045-01; 10 jul. 2012, rad. 00216-01 y 5 feb. 2013, rad. 00132-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De cara a lo afirmado por los accionantes respecto a que \u00ab[son] personas analfabetas provenientes de lo rural que desconoce[n] los procedimientos policiales y mucho m\u00e1s los judiciales, como se [les] dej\u00f3 en libertad y por nunca haber tenido problemas con la justicia cre[yeron] que ah\u00ed terminaba todo y no volvi[eron] desentendidos confiados del proceso\u00bb, se destaca que, a m\u00e1s de que en la actuaci\u00f3n penal estuvieron representados por abogado, profesional que se presume conoce las herramientas procesales de defensa, \u00abdesconocer los mandatos legales no exime a las personas de observarlos, as\u00ed como tampoco los habilita para acudir a este mecanismo (\u2026) cuando por dicha ignorancia no han hecho uso de las herramientas que el ordenamiento (\u2026) les otorga\u00bb, toda vez que \u00ab[a]s\u00ed lo establece el art\u00edculo 9 del C\u00f3digo Civil, cuando en su art\u00edculo 9 indica que \u201cla ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u201d\u00bb, por lo que \u00abel argumento o justificaci\u00f3n esgrimido (\u2026) para no agotar el citado medio de defensa, no resulta admisible en tanto (\u2026) la ignorancia de la ley no sirve de excusa para revivir oportunidades desperdiciadas por las partes\u00bb (CSJ STC, 10 ago. 2009, rad. 2009-00360-01, reiterada, entre otras, en STC, 17 mar. 2011, rad. 2010-02595-01; STC, 9 nov. 2011, rad. 2011-00297-01 y STC, 17 sep. 2012, rad. 2012-00202-01).  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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Dicho lo anterior, cabe denotar que en el caso en estudio resulta evidente la improcedencia del amparo impetrado, puesto que el peticionario, en cuanto a la afirmaci\u00f3n elevada de que fue condenado con base en \u201ctestimonios\u201d falaces, si lo estima del caso, en aras de demostrar su inocencia, y de considerar que se configuran algunas causales consagradas en el art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 2000, tiene a su alcance la potestad de entablar la acci\u00f3n de revisi\u00f3n en defensa de sus intereses, prop\u00f3sito para el cual puede acudir a la posibilidad de asistencia legal establecida para garantizar el derecho a la defensa de quienes no cuenten con recursos econ\u00f3micos para sufragar los honorarios de un abogado, para lo cual el Estado les brinda la posibilidad de solicitar a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n de un profesional que los represente sin contraprestaci\u00f3n alguna, en los t\u00e9rminos estipulados en los art\u00edculos 2\u00ba  y 27 de la Ley 941 de 2005 (CSJ STC2531-2014 3 mar. 2014, rad. 2014-00134-01).  <\/span><\/p>\n

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9. Finalmente, en relaci\u00f3n con la presunta violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, se observa que no basta con la simple enunciaci\u00f3n sino que debi\u00f3 demostrar que a una persona, en id\u00e9nticas condiciones, la autoridad acusada le hubiese dado un trato diferente al que se le dio a \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema, la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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[\u2026] Finalmente, en cuanto al derecho a la igualdad, no se cuenta con sustentos ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, debido a que el actor no demostr\u00f3 un tratamiento distinto o preferente al que a \u00e9l se le prodig\u00f3 en alg\u00fan caso similar al suyo, requisito indispensable para efectuar el parang\u00f3n correspondiente\u00bb. (CSJ STC, 14 May. 2012, rad. No. 00082-01, reiterado, entre otras, en  CSJ STC, 9 May. 2014, rad. No. 00159-01). CSJ STC, 30 sep. 2015, rad, 2015-00514-01.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3418-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02045-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1, D. C., diez   (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100021","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100021","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100021"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100021\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100021"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100021"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100021"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}