{"id":100022,"date":"2026-06-25T19:50:53","date_gmt":"2026-06-25T19:50:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3419-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:50:53","modified_gmt":"2026-06-25T19:50:53","slug":"stc3419-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3419-2017\/","title":{"rendered":"STC3419-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3419-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-005-2017-00003-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Florencia (Caquet\u00e1) neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Transportes Circular S.A.S. en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa municipalidad, vincul\u00e1ndose a Paula Andrea Garc\u00eda y Jenrry Medina Vel\u00e1squez y Edwin Perdomo.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1. La sociedad accionante, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u00abcomportamiento de las autoridades p\u00fablicas conforme a derechos inalienables\u00bb \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb propiedad y \u00abpatrimonio obtenido legalmente\u00bb que fueron presuntamente vulnerados por la autoridad recriminada, dentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual que le inici\u00f3 Paula Andrea Garc\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1. Que la se\u00f1ora \u00abPAULA ANDREA GALICIA ALVAREZ, instaur\u00f3 proceso ordinario de Responsabilidad Civil Extracontractual contra CIRCULAR FLORENCIA LTDA., JENRRY MEDINA VELASQUEZ y EDWIN ALBERTO PERDOMO MU\u00d1OZ, el cual correspondi\u00f3 por competencia al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia\u00bb con el fin de obtener la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os materiales e inmateriales sufridos con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito del 3 de junio de 2008.  <\/span><\/p>\n

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       2.2. Que el ente accionado en sentencia de 22 de septiembre de 2016 resolvi\u00f3 \u00aba.- PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA las excepciones de HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO, AUSENCIA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA RECLAMAR LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CIRCULAR FLORENCIA LTDA. [\u2026], b.- SEGUNDO: DECLARAR CIVIL, EXTRACONTRACTUAL Y SOLIDARIAMENTE responsable a CIRCULAR FLORENCIA LTDA., hoy TRANSPORTE CIRCULAR S.A.S., EDWIN ALBERTO PERDOMO MU\u00d1OZ, identificado con C.C. No.1.083.882.804 de Pitalito y JENRRY MEDINA VELASQUEZ, con C.C.No.83.181.477 de Acevedo Huila [\u2026], c.- TERCERO: ORDENAR a TRASNPORTES CIRCULAR SAS, EDWIN ALBERTO PERDOMO MU\u00d1OZ, identificado con C.C.No.1.083.882.804 de Pitalito y JENRRY MEDINA VELASQUEZ, con C.C.No..83.181.477 de Acevedo Huila indemnicen los perjuicios causados a la se\u00f1ora Paula Andrea Galicia \u00c1lvarez, en las siguientes cuant\u00edas: Da\u00f1o emergente: La suma de dos millones treinta y cinco mil, novecientos siete pesos ($2.037.907), suma que deber\u00e1 ser indexada o actualizada, desde su causaci\u00f3n al momento en que materialice el pago. Da\u00f1o Cesante, la suma de ocho millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cinco pesos ($8.866.665) [\u2026], Perjuicios Morales: 80 SMLMV [\u2026]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.3. Que \u00abIncurre el fallador en sendos errores garrafales e injustos y como dice la Corte Constitucional, groseros [\u2026], incurre en v\u00eda de hecho judicial [\u2026]. Falla ordenando a la entidad que represento a pagar una cuant\u00eda que no corresponde a los presuntos da\u00f1os morales ocasionados a la demandante, y que sobrepasan los valores establecidos en la tabla de tasaci\u00f3n del da\u00f1o moral y reparaci\u00f3n del da\u00f1o a la salud; por tanto, de una forma arbitraria judicial, desvirtuando la justicia, acoge un fallo desproporcionalizado e irracional y sobre todo injusto [\u2026]\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          2.4. Que \u00abno existe otro medio de defensa judicial para la adecuada protecci\u00f3n de los derechos fundamentales lesionados, He ah\u00ed la procedencia de esta tutela contra sentencias a la luz de la Doctrina de la v\u00eda de hecho judicial, aceptadas definitivamente por nuestra Corte Constitucional, en especial, La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, declar\u00f3: \u201cla inexequibilidad de los art\u00edculos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias judiciales, por considerar que contrariaban principios constitucionales de gran val\u00eda como la autonom\u00eda judicial, la desconcentraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia y la seguridad jur\u00eddica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, se \u00abdejen sin efectos las decisiones expuestas en la providencia de fecha 22 de septiembre de 2016 [\u2026], y, en su lugar, se ordene que se hagan los reconocimientos y tasaciones acorde a los criterios unificados para la reparaci\u00f3n de los perjuicios inmateriales determinados por el Consejo de Estado mediante Acta del 28 de Agosto de 2014\u00bb (fls. 1-11 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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4. Mediante auto de fecha 16 de enero de 2017, la Sala Civil del Tribunal Superior de Florencia admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional (fl. 43 ib\u00eddem) y el 23 de enero de esa anualidad deneg\u00f3 la salvaguarda impetrada (fls. 78-84 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1. El despacho encartado se\u00f1al\u00f3, que \u00abse profiri\u00f3 sentencia el 22 de septiembre de 2016, cual es la que ahora se pretende dejar sin efecto a trav\u00e9s de la tutela, providencia que fue debidamente notificada en los t\u00e9rminos de ley, a trav\u00e9s de edicto, dando as\u00ed cumplimiento a lo previsto por el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin que se interpusiera por las partes el recurso de apelaci\u00f3n cual es el procedente en los eventos de presentarse inconformidad alguna con la decisi\u00f3n, tal como lo advierte la constancia secretarial de fecha 6 de octubre de 2016\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Y, Refiri\u00f3 que \u00aben el presente asunto no resulta procedente la acci\u00f3n de tutela, pues no es este el medio para atacar decisiones judiciales que no fueron controvertidas a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios dispuestos por la ley para tal efecto, pues lo que se busca por parte de la empresa accionante, al parecer, es revivir oportunidades procesales que se dejaron vencer en silencio al no haber hecho uso de un mecanismo de defensa judicial legalmente establecido, que le habr\u00eda permitido plantear los argumentos contra la decisi\u00f3n que ahora cuestiona[r] por v\u00eda de tutela\u00bb (fls. 51-52 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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La se\u00f1ora Paula Andrea Galicia (convocada) pidi\u00f3 \u00abse rechace por improcedente la acci\u00f3n de tutela propuesta por TRANSPORTES CIRCULAR S.A.S., teniendo en cuenta que como lo ha dicho en m\u00faltiples ocasiones la Corte Constitucional, la acci\u00f3n de tutela \u201cno puede utilizarse para reemplazar otros medios de defensa, para adicionarse coet\u00e1neamente a ellos, como instancia posterior cuando han sido utilizados, como recurso contra providencias de otros procesos, o como recurso para resucitar t\u00e9rminos procesales prescritos o caducados\u201d. En el caso que nos ocupa se\u00f1or Magistrado, el hoy accionante se hizo parte en el proceso y tuvo la oportunidad legal de controvertir la sentencia que hoy pretende impugnar por v\u00eda de tutela, pero dej\u00f3 vencer en silencio los t\u00e9rminos pretendiendo revivirlos a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional y subsidiario\u00bb (fls. 54-76 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil del Tribunal Superior de Florencia neg\u00f3 el amparo por considerar que \u00abno se evidenci\u00f3 el agotamiento de todos los medios ordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, n\u00f3tese que proferida la sentencia cuestionada, y notificada en legal forma a las partes, no se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la aqu\u00ed actora para ventilar ante el Superior alguna inconformidad espec\u00edfica frente a los t\u00e9rminos consignados en la providencia, tampoco se cumple con el presupuesto de la inmediatez, pues la acci\u00f3n de tutela se interpuso luego de transcurridos tres meses de haber sido notificada la decisi\u00f3n judicial, menos a\u00fan se sustenta o evidencia la configuraci\u00f3n de laguna de las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, en este tipo de eventos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, adujo que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica para reactivar t\u00e9rminos precluidos en procesos ordinarios, ni para patrocinar la desidia de los abogados de las partes que no est\u00e1n pendientes del curso de las actuaciones surtidas en los procesos judiciales que asumen, lo que en manera alguna puede considerarse de estirpe constitucional o equipararse a situaciones l\u00edmite de humanidad que pudieran poner en peligro derechos fundamentales de Primera Generaci\u00f3n\u00bb (fls. 78-84 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el apoderado de la parte actora sin exponer los motivos de su inconformidad (fl. 92 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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          1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Pretende la gestora se \u00abdeje sin efectos las decisiones expuestas en la providencia de fecha 22 de septiembre de 2016\u00bb, pues considera se incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. El 22 de septiembre de 2016, el funcionario judicial encartado profiri\u00f3 sentencia concediendo las pretensiones de Paula Andrea Galicia y condenando a Circular Florencia Ltda (aqu\u00ed accionante) al pago de da\u00f1o emergente, lucro cesante, perjuicios morales y da\u00f1o inmaterial en modalidad de da\u00f1o fisiol\u00f3gico, al encontrarlo responsable de los menoscabos causados en la humanidad de la all\u00ed demandante.   <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anterior, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, pues se desconoce el principio general de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, toda vez que la peticionaria omiti\u00f3 proponer el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb contra el fallo proferido por el ad-quem acusado el 22 de septiembre de 2016, providencia mediante la cual se declar\u00f3 civilmente responsables a la quejosa junto a Edwin Alberto Perdomo Mu\u00f1oz y Jerry Medina Vel\u00e1squez, por los hechos del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el d\u00eda 3 de junio de 2008, en la v\u00eda que de San Jos\u00e9 del Fragua conduce a Albania, donde result\u00f3 lesionada la se\u00f1ora Paula Andrea Galicia \u00c1lvarez.      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 320 y ss del C.G.P. consagra la posibilidad de hacer uso de este medio de defensa y, de acuerdo a la realidad f\u00e1ctica y la normatividad citada, la querellante tuvo la oportunidad de intervenir en defensa de sus intereses y no lo hizo,  por el contrario, dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n, ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) resulta evidente la improcedencia de la presente acci\u00f3n, toda vez que [\u2026] la interesada no obstante haber podido interponer el medio expedito de defensa dentro del proceso\u2026omiti\u00f3 formularlo, de modo que si incurri\u00f3 en pigricia y lo desperdici\u00f3, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrirla por v\u00eda del mecanismo constitucional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales o de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para recuperar t\u00e9rminos y oportunidades procesales derrochados, pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales\u00bb (CSJ STC, 23 Ene de 2009, rad, n\u00b0 00540-01, reiterada 11 Sep.  2013, rad, n\u00b0. 01351-01 y 3 Feb. 2015, rad, n\u00b0 2014-00337-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En tales condiciones, mal podr\u00eda el Juez Constitucional auscultar la actuaci\u00f3n del Tribunal  encartado, cuando lo cierto es, que la actora no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeta, entonces, a las consecuencias de las determinaciones que le fueron adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d (CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada entre otras, el 25  Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22  May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                        STC3419-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-005-2017-00003-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100022","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100022"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100022\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}