{"id":100023,"date":"2026-06-25T19:50:58","date_gmt":"2026-06-25T19:50:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3420-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:50:58","modified_gmt":"2026-06-25T19:50:58","slug":"stc3420-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3420-2017\/","title":{"rendered":"STC3420-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3420-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02258-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diez   (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 24 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Gregorio Rey Riveros frente a la Fiscal\u00eda Ciento Seis Seccional de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Fiscal\u00eda Setenta y Uno Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la Unidad de Fiscal\u00edas Delegadas ante esa Corporaci\u00f3n y las partes e intervinientes dentro de la investigaci\u00f3n No. 83376.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El actor demand\u00f3 la salvaguarda del derecho fundamental a la \u00abreparaci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00aben [su] calidad de v\u00edctima del hecho punible de \u201cestafa agravada\u201d cometido por los se\u00f1ores JOS\u00c9 VICTOR STERLING NARANJO, MANUEL SEGURA y otros, tramit[\u00f3] ante la Fiscal\u00eda 106 seccional, de la Unidad Ley 600 de 2000, de Bogot\u00e1, con radicaci\u00f3n No. 833376, acci\u00f3n de restablecimiento de [sus] derechos, el 14 de octubre de 2016, en la que solicit[\u00f3] adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3 Que \u00abdentro del extenso material probatorio llevado y recaudado por la Fiscal\u00eda, se pudo entrar a demostrar y as\u00ed qued\u00f3 evidenciado dentro de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, que los se\u00f1ores Manuel Segura (representante legal de la empresa triturados viales ltda.) V\u00edctor Sterling, (representante legal de V & S y TRITTOR LTDA.) Yovanni Mayorga Mart\u00edn y Pablo Sterling, y otras personas plenamente identificadas dentro del proceso referido, desde sus inicios (2003) del contrato de trituraci\u00f3n de material roca en el Departamento de Cundinamarca Municipio de C\u00e1queza Vereda el Tabl\u00f3n, se asociaron y crearon unas sociedades ficticias para apropiarse de este proyecto en perjuicio del suscrito, como socio y gestor de este proyecto dej\u00e1ndome por fuera con ardides que perjudicaron mis intereses llev\u00e1ndome a la quiebra, pr\u00e1cticamente en la calle, pues esta ilicitud, se inici\u00f3 con la empresa V & S, luego con Trittor Ltda. y extra\u00f1amente se cre\u00f3 de manera il\u00edcita la empresa triturados viales ltda. (quien finalmente se qued\u00f3 con todo el negocio, siendo esta la fachada de las anteriores sociedades)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00abposteriormente mediante varios procesos de expropiaci\u00f3n llevados a cabo por el juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza Cundinamarca, e iniciado por la Agencia Nacional de Infraestructura Viales ltda contra la sociedad de triturados viales ltda, estos fueron despojados del sitio donde se desarrollaba el contrato de trituraci\u00f3n de materia de roca, la cual en contraprestaci\u00f3n de estos procesos, esta sociedad en la actualidad recibe indemnizaciones como consecuencia del despojo del sitio en el cual se estaba desarrollando el proyecto, por lo que se le solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda se embargaran estos dineros a lo cual el mencionado Juzgado de C\u00e1queza accedi\u00f3 y puso a disposici\u00f3n un dinero que hace parte de la sociedad que fue consignado en el Banco Agrario por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000), a ordenes de la Fiscal\u00eda 106 Seccional, Unidad ley 600 de 2000, de Bogot\u00e1, as\u00ed consta en el t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial No. 4311000020294, que obra en dicha acci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que \u00abel suscrito y \u00fanicamente el se\u00f1or Yovanni Mayorga Martin sindicado de ser coautor de dicha conducta il\u00edcita, \u201cy no los dem\u00e1s sindicados\u201d, llegamos a un acuerdo econ\u00f3mico y la Unidad de Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante resoluci\u00f3n ejecutoriada, en la que guard\u00f3 silencio sobre la entrega a la v\u00edctima de los DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000), orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso referenciado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Que \u00abmediante memorial radicado el 14 de octubre de 2016, solicit[\u00f3] a trav\u00e9s de [su] apoderado que: A) ordenara cancelar los contratos y sociedades conformados por los sindicados en las cuales se apropiaron del proyecto de trituraci\u00f3n y afectaron mi patrimonio econ\u00f3mico. B) se le informara esta determinaci\u00f3n a la Sra. Juez Civil del Circuito de C\u00e1queza Cundinamarca, para que tome la determinaci\u00f3n correspondiente a reconocerme, como socio del proyecto de explotaci\u00f3n de trituraci\u00f3n de materiales de roca ubicado en la vereda el Tabl\u00f3n, municipio de C\u00e1queza, Cundinamarca y liquidar y pagarme, los derechos que le corresponde, en proporci\u00f3n a mis aportes sociales, en el proyecto de explotaci\u00f3n de trituraci\u00f3n de material de roca mencionado, desde la fecha en que me retiraron o despojaron hasta el d\u00eda del pago de mis utilidades. C) ordenara la entrega del t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial No. 4311400000294, Banco Agrario por valor de $200.000.000 por ser socio gestor en la conformaci\u00f3n de la empresa que dio lugar a la explotaci\u00f3n de material de arrastre de la vereda el Tabl\u00f3n del Municipio de C\u00e1queza \u2013Cundinamarca seg\u00fan hechos ampliamente conocidos dentro del proceso referido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Que \u00abcon ocasi\u00f3n de la referida solicitud de restablecimiento de derechos, la Fiscal\u00eda 106 Seccional de esta ciudad, mediante resoluci\u00f3n fechada el d\u00eda 2 de noviembre de 2016, se abstuvo de resolver dicha petici\u00f3n, por cuanto hab\u00eda perdido competencia, con el argumento de que el proceso se hab\u00eda terminado por conciliaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Que \u00abla abstenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda accionada de resolverme favorablemente, la solicitud de ordenar la cancelaci\u00f3n de los contratos y sociedades conformadas por los sindicados en las cuales se apropiaron del proyecto de trituraci\u00f3n, y que afectaron mi patrimonio econ\u00f3mico; de informar esta determinaci\u00f3n a la se\u00f1ora Juez Civil del Circuito de C\u00e1queza Cundinamarca para que tome las determinaciones correspondientes a reconocerme como socio del proyecto de explotaci\u00f3n de trituraci\u00f3n de materiales de roca y liquidar y pagarme los derechos que me corresponden en proporci\u00f3n a mis aportes sociales debidamente identificados dentro del plenario, y de ordenar la entrega a mi favor de los DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000), mencionados, pone en inminente riesgo de vulneraci\u00f3n mi derecho fundamental a la \u201creparaci\u00f3n\u201d de los da\u00f1os y perjuicios ocasionados con el il\u00edcito\u00bb.       <\/span><\/p>\n

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3. Solicit\u00f3, en consecuencia, que se ordene \u00abque en el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) (sic) siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia (\u2026), proceda a entregar al suscrito representante judicial de la v\u00edctima, por tener facultad expresa para recibir, la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000), consignados por concepto de indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios\u00bb (Fls. 1-18).  <\/span><\/p>\n

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4. El presente asunto fue remitido a esta Corporaci\u00f3n por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 mediante auto de 7 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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La Fiscal Seccional acusada manifest\u00f3 que \u00abdespu\u00e9s de revisar nuevamente la acci\u00f3n del Sr. JOSE GREGORIO REY RIVEROS, de restablecimiento de sus derechos de v\u00edctima del il\u00edcito de \u201cestafa\u201d agravada, cometido por los se\u00f1ores JOSE VICTOR STERLING NARANJO, MANUEL SEGURA y otros, que la suscrita tramit\u00f3, considero que la decisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda accionada de abstenerse de resolver la solicitud del actor, de ordenar la devoluci\u00f3n a su favor del dinero embargado, puesto a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda accionada por el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza (Cund.), lesiona el derecho fundamental de \u201creparaci\u00f3n\u201d, y debe ser amparado como el actor lo solicita\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Estim\u00f3, que \u00abel actor tiene raz\u00f3n al solicitar el amparo de su derecho fundamental a la reparaci\u00f3n, por estar plenamente demostrado que es v\u00edctima del hecho punible de estafa cometido por sus antiguos socios y que dicho il\u00edcito le caus\u00f3 graves perjuicios econ\u00f3micos, perjuicios que deben ser reparados con la entrega a su favor de los DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) que el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza, (Cund.), puso a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda 106 Seccional, de Bogot\u00e1 D. C., a consecuencia de la medida cautelar de embargo de los mismos, ordenada a solicitud del actor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asever\u00f3, que \u00aben el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n, las partes informaron a ver (sic) llegado a un acuerdo sobre la indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios ocasionados al se\u00f1or REY RIVEROS, la segunda instancia orden\u00f3 la PRECLUSI\u00d3N de la investigaci\u00f3n, con base en el mencionado acuerdo, pero omiti\u00f3 pronunciarse con relaci\u00f3n a los $200.000.000 de pesos mencionados\u00bb pronunciamiento que \u00abfue el que la suscrita tuvo en cuenta, para abstenerse de resolver la solicitud que le hizo el actor, de entregar ese dinero, por considerar que esta Delegada perdi\u00f3 competencia desde el momento en que la segunda instancia dict\u00f3 la citada resoluci\u00f3n\u00bb sin embargo \u00abconsidera la suscrita accionada que ha debido resolver la solicitud de entrega de los dineros, porque ni siquiera la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n impide el restablecimiento de los derechos de la v\u00edctima del hecho punible\u00bb (Fls. 23-26).  <\/span><\/p>\n

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El Fiscal Jefe de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00abla Fiscal\u00eda 71 Delegada ante esta Unidad, fue reubicada seg\u00fan Resoluci\u00f3n No. 0002539 del 22 de noviembre de 2016, emanada del Director Nacional de Apoyo a la Gesti\u00f3n (e)\u00bb as\u00ed mismo que \u00abla citada Fiscal\u00eda 71, recibi\u00f3 el proceso 833376 seguido en contra de JOS\u00c9 VICTOR STERLING NARANJO y otros, por el delito de estafa agravada, para conocer del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n proferida por la Fiscal\u00eda 106 seccional, en contra de los procesados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que \u00abestando el proceso en la mencionada delegada, el defensor de uno de los procesados, solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, por indemnizaci\u00f3n integral\u00bb y \u00abconforme lo solicitado por el defensor del proceso, con los documentos respectivos, la otrora Fiscal\u00eda 71 de la Unidad, profiri\u00f3 tres decisiones\u00bb (Fls. 40 y 41).  <\/span><\/p>\n

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Yovanni Mayorga Martin expuso que \u00ab1.el se\u00f1or JOSE GREGORIO REY RIVEROS fue socio y gestor del proyecto de trituraci\u00f3n y del cual fue despojado arbitrariamente, 2. Los se\u00f1ores de TRITURADOS VIALES LTDA y el se\u00f1or VICTOR MANUEL SEGURA, nunca fueron socios menos gestores y no aportaron nada para el proyecto de trituraci\u00f3n, pero en estos momentos est\u00e1n reclamando los dineros que por concepto de expropiaci\u00f3n est\u00e1 cancelando la AGENCIA NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA como indemnizaci\u00f3n del proyecto, dineros que no son de ellos, 3. Estos dineros le pertenecen a los socios y gestor encabezados por el se\u00f1or JOSE GREGORIO REY RIVEROS y 4. Por eso estoy de acuerdo que la fiscal\u00eda seccional 106 le restablezca los derechos al se\u00f1or JOSE GREGORIO REY RIVEROS como socio y gestor de dicho proyecto, para que pueda reclamar legalmente los dineros que reposan en la fiscal\u00eda seccional 106 y los dineros que por indemnizaci\u00f3n esta cancelando la AGENCIA ANCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA por medio del juzgado de C\u00e1queza Cundinamarca\u00bb (Fl. 61).  <\/span><\/p>\n

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V\u00edctor Manuel Segura Rodr\u00edguez refiri\u00f3 que \u00abla preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n se dio en raz\u00f3n a que uno de los investigados dentro del sumario No. 833376, se\u00f1or JUAN SEBASTIAN STERLIN FRANCO, INDEMNIZ\u00d3 INTEGRALMENTE al denunciante JOS\u00c9 GREGORIO REY RIVEROS, como causal para la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb determinaci\u00f3n frente a la cual \u00abno se interpuso recurso alguno, quedando dicha providencia debidamente ejecutoriada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3 que \u00aben la tutela se invocan hechos ajenos a la realidad, toda vez que fue el se\u00f1or JUAN SEBASTIAN STERLIN FRANCO, quien de acuerdo a la providencia de preclusi\u00f3n mencionada, INDEMNIZ\u00d3 INTEGRALMENTE al denunciante JOSE GREGORIO REY RIVEROS, m\u00e1s no es cierto que la indemnizaci\u00f3n la haya hecho el se\u00f1or YOBANY MAYORGA MARTIN\u00bb. Solicit\u00f3 que se deniegue el amparo impetrado (Fls. 65-68).    <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s partes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3, que \u00abno es cierto que la autoridad accionada haya vulnerado sus derechos fundamentales al no haberse pronunciado en torno a los perjuicios causados con la conducta punible: como la v\u00edctima desisti\u00f3 de la acci\u00f3n penal y civil, dado que en raz\u00f3n de la mencionada transacci\u00f3n le fueron resarcidos todos y cada uno de los perjuicios ocasionados con la estafa investigada, no era posible continuar con la investigaci\u00f3n, mucho menos, adoptar medidas tendientes a reparar a la v\u00edctima, pues fue precisamente esa situaci\u00f3n la que gener\u00f3 la terminaci\u00f3n legal del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Advirti\u00f3, que \u00abahora bien, tanto la fiscal\u00eda como el accionante manifiestan que al interior de la investigaci\u00f3n se orden\u00f3 el embargo de $200.000.000, los cuales fueron puestos a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda 106 Seccional de Bogot\u00e1, sobre los cuales no se pronunci\u00f3 la autoridad que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la actuaci\u00f3n. Sin embargo, sin perjuicio de los pronunciamientos que sobre el particular deban hacerse, la Sala observa que las eventuales medidas cautelares que se decretaron durante la fase investigativa, ten\u00edan como objetivo proteger de manera provisional, y mientras duraba la indagaci\u00f3n, la integridad de los derechos de los perjudicados con el delito, con el fin de garantizar que la eventual decisi\u00f3n que se adoptara pudiera ser materialmente ejecutada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3, que \u00abde modo que terminado anticipadamente el proceso y reparada integralmente la v\u00edctima, no tiene raz\u00f3n de ser el mantenimiento de medidas que buscaran el cumplimiento de la sentencia o la reparaci\u00f3n integral de los perjuicios, mucho menos que de ellas se pretenda obtener alg\u00fan beneficio restaurativo, pues en lo que ata\u00f1e al proceso penal adelantado por el delito de estafa, se insiste, el accionante fue debidamente indemnizado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, finalmente, concluy\u00f3 que \u00absin perjuicio de las medidas que deban adoptarse en relaci\u00f3n con el t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial de $200.000.000, -que seg\u00fan lo informado por el accionante es producto de la sociedad a la que pertenece-, es evidente que el actor no est\u00e1 legitimado para solicitar ese dinero a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n con ocasi\u00f3n del proceso penal referido, pues ello implicar\u00eda una doble reparaci\u00f3n por los perjuicios causados con el delito y la materializaci\u00f3n de unas medidas cautelares que perdieron su raz\u00f3n de ser\u00bb (Fls. 86-95).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el actor aduciendo que \u00abdentro del an\u00e1lisis concreto del fallo, la Honorable Sala de Decisi\u00f3n, solamente se enfoc\u00f3 en la reclamaci\u00f3n de los Doscientos Millones de Pesos ($200.000.000), pero no se manifest\u00f3 en los dem\u00e1s derechos constitucionales vulnerados y negados por la Fiscal\u00eda 106 seccional, con el argumento que no era competente para tomar esas decisiones y por eso fue que el suscrito inici\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela con la esperanza que estos fueran reconocidos y protegidos por el juez de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adujo, que \u00abconsidero respetuosamente que la Fiscal\u00eda 106 seccional ley 600 de 2000, no deb\u00eda de declararse incompetente para resolverme en derecho de ser reconocido como socio y gestor del proyecto de trituraci\u00f3n como tampoco de haberse manifestado en la cancelaci\u00f3n de los contratos y sociedades creadas ficticiamente, para que los sindicados se hubiesen apropiado de manera ilegal de mi contrato de asociaci\u00f3n, luego considero que con este fallo los Honorable Magistrados no me han resuelto \u00edntegramente mi petici\u00f3n de restablecimiento de derechos en la tutela referida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, \u00abse sirvan manifestarse de los otros puntos que considero no fueron tenidos en cuenta en el fallo de tutela, pues estoy seguro que me asiste la raz\u00f3n para pedir que me sean protegidos los derechos fundamentales alegados en la respectiva tutela. Si bien es cierto que se lleg\u00f3 a un arreglo econ\u00f3mico a manera de indemnizaci\u00f3n tambi\u00e9n lo es que tengo derecho a que se me restablezcan mis derechos como socio y gestor en la conformaci\u00f3n de la empresa que dio lugar a la explotaci\u00f3n de materia de arrastre de la Vereda el Tabl\u00f3n del Municipio de C\u00e1queza \u2013Cundinamarca, como tambi\u00e9n que se cancelen los contratos y las sociedades creadas ficticiamente seg\u00fan los hechos probados y conocidos ampliamente dentro del proceso llevado a cabo por la Fiscal\u00eda 106 seccional ley 600 de 2000 de esta ciudad bajo el radicado 833376\u00bb (Fls. 108 y 109).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que el querellante solicit\u00f3 que \u00aben el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) (sic) siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia (\u2026), proceda a entregar al suscrito representante judicial de la v\u00edctima, por tener facultad expresa para recibir, la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000), consignados por concepto de indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Decisi\u00f3n de 5 de septiembre anterior que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por indemnizaci\u00f3n integral, como causal para la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, a favor de los procesados\u00bb disponiendo como consecuencia que \u00abpor conducto de la primera instancia, se libren los oficios a las entidades a donde se comunic\u00f3 sobre las medidas cautelares\u00bb, determinaci\u00f3n frente a la cual no se interpuso ning\u00fan reparo, seg\u00fan lo certific\u00f3 la fiscal seccional encartada (Fls. 45-49 cuaderno 1 y Fl. 6 cuaderno 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Petici\u00f3n elevada por el se\u00f1or Jos\u00e9 Gregorio Rey Riveros ante la seccional querellada solicitando, entre otros, \u00abordenar la entrega del t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial No. 431140000020294 Banco Agrario por valor de $200.000.000 por ser socio gestor en la conformaci\u00f3n de la empresa que dio lugar a la explotaci\u00f3n de material de arrastre de la vereda el Tabl\u00f3n del Municipio de C\u00e1queza-Cundinamarca seg\u00fan los hechos ampliamente conocidos dentro del proceso referido\u00bb (Fls.3 y 4 cuaderno 2).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizado lo anterior, y en lo atinente a la queja enfilada contra la Fiscal\u00eda Setenta y Uno Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, advierte la Sala que el reclamo constitucional resulta improcedente por el incumplimiento del principio de subsidiaridad, toda vez que el accionante no interpuso recurso de reposici\u00f3n frente al auto de 5 de septiembre de 2016, que declar\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, por lo que se observa que el accionante desperdici\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer los reclamos que ahora invoca por este mecanismo excepcional, por lo tanto, desde\u00f1\u00f3 la ocasi\u00f3n de intervenir en defensa de sus intereses dejando fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto.  <\/span><\/p>\n

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Frente al tema la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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[E]xaminado el contenido de la citada determinaci\u00f3n y los alegatos plasmados en el libelo genitor de tutela, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, la Corte advierte que el amparo deviene improcedente, pues como de vieja data esta Corporaci\u00f3n ha precisado y lo destac\u00f3 el a quo, las puntuales acusaciones que estructuran la acci\u00f3n materia de estudio desembocan en el terreno del motivo de improcedencia previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues los errores de linaje legal presuntamente cometidos por las autoridades  convocadas, pueden ser, pues as\u00ed lo establece el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, corregidos por el propio funcionario a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico (v. gr. el instituto de las nulidades o los recursos ordinarios o extraordinarios), siendo entonces, por mandato normativo, otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente a las supuestas anormalidades acaecidas en las decisiones que se censuran, en la acci\u00f3n penal que se adelanta contra el se\u00f1or Zabaleta Rodr\u00edguez (CSJ STC16012-2015 20 nov. 2015 rad. 2015-01888-01).  <\/span><\/p>\n

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5. De otra parte, en lo atinente a la queja enfilada contra la fiscal\u00eda seccional, basta se\u00f1alar que en lo referente a las medidas cautelares ordenadas en la investigaci\u00f3n penal y que fueron levantadas por la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 se libraron los oficios respectivos y, en el preciso punto del t\u00edtulo, por valor de $200.000.000, que fuere puesto a disposici\u00f3n de la querellada por parte del Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza, se dispuso la devoluci\u00f3n del mismo a dicho despacho, situaci\u00f3n que releva a la Corte de efectuar alg\u00fan pronunciamiento al respecto.  <\/span><\/p>\n

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6. Con todo, y teniendo en cuenta lo rese\u00f1ado, se observa que el gestor, de considerarlo pertinente, puede acudir ante el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza en procura de lograr la \u00abreparaci\u00f3n\u00bb a la que alude tener derecho con ocasi\u00f3n de las conductas que reprocha de sus socios, por cuanto aquella dependencia judicial tendr\u00e1 a su disposici\u00f3n los dineros reclamados en esta instancia por el se\u00f1or Jos\u00e9 Gregorio Rey Riveros (aqu\u00ed accionante) en virtud de los procesos de expropiaci\u00f3n promovidos en contra de la Sociedad Triturados Viales S.A.  <\/span><\/p>\n

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7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3420-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02258-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1, D. C., diez   (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100023","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100023","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100023"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100023\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}