{"id":100024,"date":"2026-06-25T19:51:02","date_gmt":"2026-06-25T19:51:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3421-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:51:02","modified_gmt":"2026-06-25T19:51:02","slug":"stc3421-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3421-2017\/","title":{"rendered":"STC3421-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3421-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2017-00086-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ferney Casallas Daza contra los Juzgados Penal del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 y Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, con vinculaci\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n y el \u00abprincipio de non bis in \u00eddem\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que incurri\u00f3 en un \u00abconcurso de conductas punibles\u00bb y se le imput\u00f3, adem\u00e1s de  secuestro simple, hurto agravado y calificado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que el funcionario de conocimiento, al dosificar la pena, \u00abse bas\u00f3 en las circunstancias de mayor punibilidad\u00bb y, respecto del secuestro, aplic\u00f3 una sanci\u00f3n m\u00e1s severa por la \u00abcoparticipaci\u00f3n criminal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que esa situaci\u00f3n ya hab\u00eda sido tenido en cuenta como agravante del otro tipo penal, desconoci\u00e9ndose la prohibici\u00f3n de \u00abdoble incriminaci\u00f3n\u00bb y lo previsto en la sentencia C-521 de 2009.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que debi\u00f3 ser condenado a un m\u00e1ximo de \u00ab17 a\u00f1os 1 mes y 20 d\u00edas de prisi\u00f3n\u00bb, pero se le impusieron \u00ab20a\u00f1os y 6 meses\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que ante ese despacho, el 14 de noviembre de 2016, elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n (\u2026) solicitando una correcci\u00f3n aritm\u00e9tica\u00bb, pero all\u00ed no se lo recibieron, afirmando que le corresponde al Juzgado de Ejecuci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, en consecuencia, \u00abque el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 (\u2026) resuelva el derecho de petici\u00f3n readecuando[le] la pena\u00bb (fls. 98-107, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El amparo le fue repartido inicialmente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el cual lo envi\u00f3 a su hom\u00f3loga de Tunja (fl. 108 ib\u00eddem), quien a su vez se lo dirigi\u00f3 a la de Manizales (fls. 116 y 117, \u00edb\u00edd.), Corporaci\u00f3n que finalmente lo remiti\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abpor ser un asunto de su competencia\u00bb (fls. 124 y 125, ib.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS E INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias indic\u00f3 que vigila la sanci\u00f3n impuesta al memorialista en fallo de 6 de noviembre de 2006, \u00abque lo declar\u00f3 responsable de la conducta punible de secuestro simple y hurto calificado y agravado\u00bb, quien \u00abigualmente fue condenado por [el] Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, seg\u00fan hechos sucedidos a mediados del a\u00f1o 2000, a la pena de 38 meses de prisi\u00f3n y multa de 1550 smlmv, en sentencia del 6 de octubre de 2015, por el delito de concierto para delinquir agravado, neg\u00e1ndole los subrogados penales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3 que \u00abesas dos penas fueron acumuladas por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la Dorada, fij\u00e1ndose como nueva pena 22 a\u00f1os y 1 [mes] de prisi\u00f3n y multa de 1550 smlnv, e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el t\u00e9rmino de 16 a\u00f1os y 7 meses\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que el accionante le solicit\u00f3 la redosificaci\u00f3n de la primera de esas condenas, pero mediante prove\u00eddo de 10 de noviembre de 2016 desestim\u00f3 esa petici\u00f3n \u00abde acuerdo a lo regulado en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 38 del C.P.P: y dando aplicaci\u00f3n de la sentencia C-521 de 2009\u00bb que dispone que la pretendida modificaci\u00f3n debe hacerla el operador judicial que fij\u00f3 la medida, \u00absin que contra ese pronunciamiento se haya interpuesto recurso alguno\u00bb (fls.142-144, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala Penal encartada inform\u00f3 que confirm\u00f3 la pena privativa de la libertad frente al quejoso \u00abpor los delitos de hurto calificado agravado y secuestro simple, en concurso\u00bb (fls. 168 y 218 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 sostuvo que la determinaci\u00f3n de dosificar el castigo la tom\u00f3 el extinto Juzgado Promiscuo del Circuito de esa ciudad, de modo que simplemente recibi\u00f3 el expediente respectivo (fls. 179-182 \u00edd.).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda Segunda Seccional de esa ciudad manifest\u00f3 que \u00abno encontr\u00f3 anotaci\u00f3n alguna respecto al se\u00f1or Casallas Mazo (sic), ni con el nombre, ni con la c\u00e9dula, como tampoco el n\u00famero de la noticia criminal que se cita\u00bb (fl. 225 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la salvaguarda al considerar que el actor \u00abincumpli\u00f3 la condici\u00f3n de procedibilidad de la petici\u00f3n de tutela consistente en que empleara el recurso de casaci\u00f3n para la salvaguarda de sus intereses. En efecto, sin justificaci\u00f3n alguna dej\u00f3 de activar el medio extraordinario de defensa que ten\u00eda a su alcance para refutar la decisi\u00f3n proferida por el ad-quem, a trav\u00e9s de la cual fue ratificada la condena impuesta en su contra. Por intermedio de dicho instrumento, que se ofrece adecuado, pod\u00eda el memorialista esgrimir las argumentaciones que equ\u00edvocamente intenta plantear por la v\u00eda constitucional y propiciar un pronunciamiento al interior del cauce natural del diligenciamiento (\u2026) m\u00e1xime cuando caduc\u00f3 el t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n de ese recurso, pues, la sentencia atacada ha cobrado firmeza, al punto que el correspondiente juez ejecutor est\u00e1 vigilando la pena\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que, aun de haberse satisfecho esa exigencia de subsidiariedad, \u00abafirma la Sala, luego de revisar la dosificaci\u00f3n punitiva efectuada por el juez de primera instancia, que ning\u00fan yerro se advierte en el quantum de la pena impuesta\u00bb (fls. 227-235, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante sin expresar los motivos de su disenso (fl. 251, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.- Observada la inconformidad planteada, surge que el promotor discute que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo al ignorarse, en su sentir, el non bis in \u00eddem  por cuanto la tasaci\u00f3n de la pena involucr\u00f3 como criterio de mayor punibilidad la \u00abcoparticipaci\u00f3n criminal\u00bb, aspecto tenido en cuenta tambi\u00e9n como agravante del tipo penal de hurto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Del examen de las piezas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. Fallo de 2 de noviembre de 2006, del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, que conden\u00f3 al peticionario \u00aba la pena principal de veinte y medio (20,5) a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00bb como coautor \u00abde los delitos de secuestro y hurto agravado calificado cometidos en concurso\u00bb (fls. 179-197, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Providencia de 20 de mayo de 2009, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, que confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n (fls. 196-208, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3. Auto de 10 de noviembre de 2016, del Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, que deneg\u00f3 la solicitud de redosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n elevada por el interesado, en la cual se advirti\u00f3 que contra esa decisi\u00f3n  proced\u00edan \u00ablos recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u00bb (fls. 137-140, \u00edbid.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Este amparo deviene improcedente cuando no se impulsa dentro de un t\u00e9rmino razonable, comoquiera que es de esperar que el perjudicado obre con premura a fin de evitar la consolidaci\u00f3n del da\u00f1o, m\u00e1s a\u00fan si dice derivarlo de una providencia judicial, a partir de lo cual esta Sala ha forjado como par\u00e1metro, aunque no a manera de regla inamovible, que es necesario instaurarlo dentro de un lapso no mayor a seis (6) meses.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La forma en que ha de verificarse la tempestividad de las solicitudes de salvaguardia dirigidas, para el caso que nos ocupa, en frente de pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, es decir, a prop\u00f3sito del c\u00f3mputo del susodicho t\u00e9rmino jurisprudencial de seis (6) meses que est\u00e1 fijado como el l\u00edmite temporal razonable que ha de atenderse en pro de verificar si la petici\u00f3n de resguardo atiende al postulado de marras, esta Corporaci\u00f3n relev\u00f3, en CSJ STC2446-2015, 5 mar. rad. 00392-00, que \u00abmientras se aplic\u00f3 el criterio del \u201c\u00f3rgano l\u00edmite\u201d, ninguna posibilidad ten\u00eda el promotor de someter al escrutinio constitucional los pronunciamientos aqu\u00ed denunciados, independientemente del t\u00e9rmino que hubiere transcurrido entre su proferimiento y la formulaci\u00f3n del amparo, lapso que deber\u00e1 contarse s\u00f3lo a partir del cambio de jurisprudencia -4 de septiembre de 2014-\u00bb (se resalta).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Dicho de otra manera, pretorianamente qued\u00f3 establecido que \u00abel d\u00eda hito desde el cual se ha de principiar el c\u00e1lculo del per\u00edodo de \u201cinmediatez\u201d, en los restrictivos asuntos que connotan la naturaleza del ahora auscultado, no es otro distinto que la fecha del 4 de septiembre de 2014, data que se yergue coto a considerar derivado del cambio doctrinal adoptado sobre el concreto tema actualmente abordado\u00bb (CSJ STC, 30 abr. 2015, rad. 00875-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este caso, contando desde entonces, tard\u00f3 m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os y cuatro (4) meses en denunciar la presunta infracci\u00f3n ius-fundamental,  por lo que es claro que no se cumple con el comentado requisito, lo que descarta la conducencia de esta herramienta jur\u00eddica, ideada por el constituyente para \u00abprotecci\u00f3n inmediata\u00bb de las garant\u00edas esenciales (art\u00edculo 86 Superior).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Es, en ese orden de ideas, que el reclamante no puede acudir a este excepcional\u00edsimo medio de protecci\u00f3n para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, ya que, como reiteradamente ha sido referido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abPese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la acci\u00f3n de tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso\u00bb (CSJ STC, 9 dic. 2010, rad. 00376-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta senda ius fundamental, en que necesariamente ha de repararse, la Sala puntualiz\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en STC, 8 may. 2013, rad. 00148-01 y STC5826.2015, 14 may. rad 00954-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Adicionalmente, en general esta salvaguarda tampoco opera si dejaron de utilizarse los medios procesales id\u00f3neos para plantear la inconformidad, pues, adem\u00e1s de que esa pasividad debe interpretarse como  una aceptaci\u00f3n impl\u00edcita de lo resuelto por el fallador, lo cierto es que este mecanismo no permite revivir o rescatar las posibilidades perdidas dentro del litigio, dado su car\u00e1cter residual.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto,  teniendo en cuenta que el peticionario omiti\u00f3 proponer el \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb contra el fallo proferido por el ad-quem acusado el 20 de mayo de 2009, que confirm\u00f3 la condena en su contra, el gestor no aprovech\u00f3 la oportunidad de intervenir en defensa de sus intereses,  por el contrario, dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n, ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) otro aspecto que da sustento a la negativa tiene que ver con la subsidiariedad, pues, siendo la tutela un mecanismo extraordinario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, es improcedente cuando se acude a ella sin haber agotado todos los medios ordinarios de defensa pertinentes para remediar la situaci\u00f3n que se denuncia, como sucede en este caso, en donde el impugnante no interpuso oportunamente el recurso de casaci\u00f3n\u2026 [que ten\u00eda] a su alcance\u201d (CSJ STC, 29 ago 2012, rad. 01574-01, reiterada entre otras el 10 Oct 2013, rad. 02296-00 y 16 Jul. 2014, rad. 01508-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por ende, el desinter\u00e9s del gestor, latente al desperdiciar la posibilidad de recurrir en casaci\u00f3n, no permite estudiar desde esta perspectiva el criterio de los funcionarios competentes alrededor de las pruebas obrantes en el litigio. Ciertamente, es notorio que todos los reproches que se hacen ahora debieron manifestarse por esa  v\u00eda, establecida por el legislador justamente con el fin de cuestionar el enjuiciamiento de los operadores judiciales. Por tanto, en vista de su car\u00e1cter residual, el amparo no puede suplir ese medio de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Consecuentemente con lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo objeto de la opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3421-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2017-00086-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100024","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100024","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100024"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100024\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100024"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100024"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100024"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}