{"id":100025,"date":"2026-06-25T19:51:07","date_gmt":"2026-06-25T19:51:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3424-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:51:07","modified_gmt":"2026-06-25T19:51:07","slug":"stc3424-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3424-2017\/","title":{"rendered":"STC3424-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3424-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-22-03-000-2017-00190-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diez   (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Miguel Su\u00e1rez Acevedo frente a los Juzgados S\u00e9ptimo y Veintiuno Civil del Circuito de esta ciudad, con vinculaci\u00f3n de Guardas de Colombia-Guardacol Ltda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas, dentro del juicio de pertenencia que inici\u00f3 contra la sociedad convocada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, en sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que en el a\u00f1o 2010 present\u00f3 la aludida demanda alegando posesi\u00f3n sobre un local comercial; \u00abfinalmente   el d\u00eda 17 de septiembre de 2014 se notific\u00f3 a la parte demandada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que el 22 de enero de 2015, su contraparte contest\u00f3 y formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, \u00abhecho notoriamente extempor\u00e1neo\u00bb, por lo que debieron ser rechazadas, \u00absin embargo esto no ocurri\u00f3\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que el despacho encartado remiti\u00f3 el expediente a la Oficina de Reparto y \u00able correspondi\u00f3 a la Jueza Veintiuno Civil del Circuito\u00bb, quien en un principio no lo acept\u00f3, pero despu\u00e9s lo asumi\u00f3 y \u00ablo radic\u00f3 nuevamente mediante n\u00b0 2016-00167, esto quer\u00eda decir que est\u00e1bamos frente a un nuevo proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que la funcionaria veintiuno, censurada \u00abcit\u00f3 a audiencia de que trata el art\u00edculo 101 y, como no hubo asistencia decidi\u00f3 sancionar a la parte actora y su apoderada, olvidando que dicho art\u00edculo se encontraba derogado no s\u00f3lo por CGP, sino tambi\u00e9n por el art\u00edculo 49 de la Ley 640 de 2001, que adem\u00e1s el legislador consider\u00f3 que en materia de estos procesos la conciliaci\u00f3n no procede en asuntos en los cuales est\u00e1n involucrados derechos de terceras personas, como declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que el 16 de noviembre de 2016 solicit\u00f3 \u00abadecuar el proceso conforme la Ley 1561 de 2012, por tratarse de un predio de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica y que le correspond\u00eda a juez civil municipal y no de circuito\u00bb; tambi\u00e9n deprec\u00f3 \u00abla nulidad de la sanci\u00f3n\u00bb y suspender \u00abla diligencia programada para el 25 del mismo mes y a\u00f1os. Pero para sorpresa si la adelant\u00f3\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que en auto de 19 de diciembre \u00faltimo rechaz\u00f3 de plano su petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, ordenar el env\u00edo del proceso a \u00abreparto ante los jueces civiles municipales\u00bb, decretar \u00abla nulidad  de la demanda de reconvenci\u00f3n\u00bb y de la \u00absanci\u00f3n\u00bb, y no tener en cuenta los testimonios recibidos (fls. 15-20, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que entr\u00f3 en el sistema de oralidad por disposici\u00f3n del Acuerdo PSAA15-10373, que adem\u00e1s impuso la remisi\u00f3n de todos los procesos \u00abadelantados por el sistema escrito a los juzgados civiles del circuito de descongesti\u00f3n\u00bb. Por consiguiente, no estima pertinente \u00abemitir juicios de valor sobre la decisi\u00f3n que se debe adoptar en la causa (\u2026) estando el expediente en otro despacho judicial que lo tiene bajo conocimiento actual\u00bb (fls. 26-27, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado Veintiuno recriminado manifest\u00f3 que inicialmente recibi\u00f3 el referido proceso y lo devolvi\u00f3 a la Oficina de Reparto, dado que lo estaba tramitando su hom\u00f3logo, sin embargo, aquella oficina se lo devolvi\u00f3 el 1\u00b0 de agosto de 2016, \u00absin explicaci\u00f3n alguna, y para no hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de los usuarios (\u2026) asumi\u00f3 el conocimiento del asunto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez, precis\u00f3 que el quejoso \u00abse hizo presente en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, a pesar de que con anterioridad afirm\u00f3 que no podr\u00eda. Posteriormente, y despu\u00e9s de que se impusieran las sanciones y se decretaron y practicaron algunas pruebas, la apoderada de la [parte] actora present[\u00f3] escrito solicitando la nulidad, aduciendo, entre otras cosas, que la norma aplicable para el presente asunto era el C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta el \u00faltimo n\u00famero asignado, es decir, que por un tr\u00e1mite administrativo pretende desconocer las normas relativas a la competencia y tr\u00e1mite establecidas en el art. 625  de dicha codificaci\u00f3n y en el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, modificada por el art\u00edculo 624 del C.G.P.\u00bb. Aclar\u00f3 que rechaz\u00f3 de plano la nulidad, ante lo cual \u00abse interpuso un recurso, pero en forma extempor\u00e1nea, el cual el despacho se abstuvo de resolver, mediante auto de 26 de enero de 2017\u00bb (fls. 31-33, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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La empresa Guardacol Ltda., adujo que  su contendiente \u00fanicamente busca que \u00abel juez constitucional ordene al juez natural a la toma de decisiones que son propias de su competencia, sin que alguna de las decisiones pueda ser cuestionada en sede constitucional por comportar la configuraci\u00f3n de una causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (fls. 116 y 117, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal no accedi\u00f3 a la salvaguarda al considerar que \u00ablo atinente a la admisi\u00f3n de la demanda en reconvenci\u00f3n no es susceptible de reexaminarse por esta v\u00eda, en la medida en que tal asunto se resolvi\u00f3 por auto calendado 10 de marzo de 2015, y desde entonces a la fecha de presentaci\u00f3n del escrito de amparo, es decir, 31 de enero de 2017, han transcurrido, por mucho, m\u00e1s de los seis (6) meses que la doctrina constitucional estima como lapso razonable para controvertir una decisi\u00f3n judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, el interesado no recurri\u00f3 aquella determinaci\u00f3n, ni la de 23 de septiembre de 2016, que fij\u00f3 la multa a su cargo por no concurrir a la audiencia, y tard\u00edamente trat\u00f3 de discutir el prove\u00eddo del pasado 16 de diciembre, que rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n de nulidad incoada \u00abcon pretensiones id\u00e9nticas a las hoy se ventilan\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, refiri\u00f3 que \u00ablas declaraciones de las que se duele, debi\u00f3 el demandante dentro del proceso ordinario, tacharlas de falsas y\/o refutarlas, pero no provocar un pronunciamiento del juez de tutela, previo al del juez a cargo de aqu\u00e9l\u00bb (fls. 118-121, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el promotor en similares t\u00e9rminos del escrito inicial, agregando que, como las irregularidades del proceso subsisten, no cabe reprochar la \u00abfalta de requisito de inmediatez\u00bb, m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n prev\u00e9 que este resguardo \u00abpuede ejercerse en todo momento y lugar\u00bb (fls. 129-131 cdno.1, y 4-8, cdno. 2).   <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Reiteradamente se ha explicado que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar las decisiones que se adopten y \u00fanicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Observado el tr\u00e1mite del amparo, la inconformidad del actor reside en que i) el \u00abrequisito de inmediatez no tiene aplicaci\u00f3n\u00bb, ii) se dio tr\u00e1mite a la demanda de reconvenci\u00f3n que estima extempor\u00e1nea, iii) la sanci\u00f3n deriva de una \u00abnorma derogada\u00bb y iv) debi\u00f3 adecuarse el proceso de pertenencia a lo previsto en la Ley 1561 de 2012, con lo cual se incurri\u00f3 en defectos \u00abf\u00e1ctico y procedimental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Auto de 10 de marzo de 2015 que admiti\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n y qued\u00f3 ejecutoriado, seg\u00fan consta en el Sistema de Informaci\u00f3n Judicial Siglo XXI (fl. 112 vlto., cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Prove\u00eddo de 4 de agosto de 2016 que fij\u00f3 fecha para la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con la salvedad de que, como \u00abno se ha proferido auto que decreta pruebas, el proceso se seguir\u00e1 tramitando conforme a la legislaci\u00f3n anterior\u00bb, decisi\u00f3n contra la que no interpuso recurso alguno (fl. 79, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Acta diligencia de 13 de septiembre siguiente, donde se hizo constar que \u00abel demandante en la demanda principal y demandado en reconvenci\u00f3n no se hizo presente\u00bb (fl. 86 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.4. Determinaci\u00f3n del pasado 23 de septiembre, por la cual se sancion\u00f3 al se\u00f1or Jos\u00e9 Miguel Su\u00e1rez Acevedo (aqu\u00ed accionante) y a su abogada dada su inasistencia a la precitada audiencia, determinaci\u00f3n que tampoco fue objeto de reproche (fl. 88, \u00edb.).  <\/span><\/p>\n

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3.5. Petici\u00f3n de nulidad de lo actuado respecto del libelo de reconvenci\u00f3n y la referida multa, incoada por el gestor alegando \u00abfalta de competencia funcional\u00bb y \u00abtr\u00e1mite inadecuado\u00bb, pues en su sentir su contraparte present\u00f3 la demanda extempor\u00e1nea y el pleito deb\u00eda tramitarse conforme las previsiones de la Ley 1561 de 2012 y la (fls. 91-96, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.6. Interlocutorio de 16 de diciembre \u00faltimo, que rechaz\u00f3 de plano esa solicitud porque sus fundamentos \u00abno encuadran dentro de ninguna de las causales que taxativamente se\u00f1ala el art\u00edculo 140 del C. de P.C.\u00bb, ya que incluso \u00aben el hipot\u00e9tico caso de configurarse la causal de nulidad contemplada en el numeral 2\u00b0 del art. 140 ib\u00eddem, la misma no puede ser planteada en esta etapa del proceso por quien haya actuado en el proceso despu\u00e9s de ocurrida la respectiva causal sin proponerla\u00bb (fl. 98 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.7. Prove\u00eddo de 26 de enero de 2017 que desestim\u00f3 por extempor\u00e1neo el recurso de reposici\u00f3n que el inconforme instaur\u00f3 contra la aludida resoluci\u00f3n judicial (fl. 106, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, coincide la Sala con el Tribunal constitucional de primer grado, al advertir que en efecto el promotor no obr\u00f3 con diligencia dentro del asunto que se revisa, ya que omiti\u00f3 formular el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb respecto de las siguientes providencias: i) 4 de agosto de 2016, donde se fij\u00f3 fecha para la audiencia prevista en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y ii) 23 de septiembre siguiente, mediante la cual se le impuso una sanci\u00f3n por su inasistencia dicha diligencia.  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo anterior, por fuera del t\u00e9rmino legal present\u00f3 el mismo medio de impugnaci\u00f3n contra el auto del pasado 16 de diciembre, que rechaz\u00f3 de plano su solicitud de nulidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De esa manera, con su actuar displicente desperdici\u00f3 las oportunidades procesales precisas para proponer la discusi\u00f3n que ahora busca revivir en sede constitucional. Aqu\u00e9l, y no \u00e9ste, era el espacio propicio para plantear todos sus reparos acerca de la tempestividad de la demanda de reconvenci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, circunstancia que le impide atacar esas determinaciones a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, dado su car\u00e1cter residual, pues no est\u00e1 instituido para reemplazar los conductos regulares.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, en casos similares, ha dicho esta Sala:   <\/span><\/p>\n

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\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 3 ago. 2011, rad. 00741-01, reiterada en CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00050-01, STC5341-2014, STC, 27 ago. 2015 rad. 00507-01 y STC5737-2016, 5 may. rad. 00147-02, STC6903-2016 y, STC7368-2016, 3 jun. rad. 00201-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En definitiva, el gestor no est\u00e1 habilitado para acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, en la medida que si las partes dejan de emplear los medios previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las secuelas de las providencias que le sean adversas, que ser\u00edan, en \u00faltimas, fruto de su desidia, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta constitucional le est\u00e1 vedado injerir en las determinaciones o instrucciones del juez natural, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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6. Por otra parte, la pol\u00e9mica acerca de si la demanda de reconvenci\u00f3n se inco\u00f3 tempestivamente tampoco satisface el \u00abprincipio de inmediatez\u00bb, puesto que esa situaci\u00f3n qued\u00f3 consolidada desde la ejecutoria del auto de 10 de marzo de 2015 que admiti\u00f3 dicho libelo. Es claro, siguiendo las pautas de esta Corte, que el amparo debe ser promovido dentro de un plazo prudente, en general no mayor a seis (6) meses, contados desde la decisi\u00f3n que se censura. En este caso se interpuso veintid\u00f3s (22) meses despu\u00e9s, el 31 de enero de 2017 (fl. 21, cdno. 1)  y ni siquiera se aleg\u00f3 alguna excusa para tal demora.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) si bien no se ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 de ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada en STC3451-2016, 17 mar., rad. 2015-03185-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, vano resulta en este escenario detenerse a estudiar aquella situaci\u00f3n, toda vez que la efectividad del resguardo reside en la protecci\u00f3n actual e \u00abinmediata\u00bb del bien jur\u00eddico en riesgo (art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica), por lo que debe impetrarse con prontitud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esto implica que no le es dable al  gestor acudir tard\u00edamente a este mecanismo extraordinario para reprochar eventuales anomal\u00edas que se hayan suscitado en relaci\u00f3n con los t\u00f3picos antedichos, pues su inercia prolongada se traduce en impl\u00edcita aceptaci\u00f3n de lo actuado en el enjuiciamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3424-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-22-03-000-2017-00190-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diez   (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100025","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100025","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100025"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100025\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100025"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100025"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100025"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}