{"id":100026,"date":"2026-06-25T19:51:12","date_gmt":"2026-06-25T19:51:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3430-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:51:12","modified_gmt":"2026-06-25T19:51:12","slug":"stc3430-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3430-2017\/","title":{"rendered":"STC3430-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3430-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b054001-22-13-000-2017-00013-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 31 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Yolanda Arias Carvajal, en representaci\u00f3n de los menores XX y YY1  <\/span><\/p>\n

,  frente a los Juzgados Civil del Circuito de los Patios, Primero Promiscuo Municipal de Villa del Rosario, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de ese mismo municipio, Ana Viany Lizeth Espinel Rinc\u00f3n y Roberto Giraldo Osorio, con vinculaci\u00f3n de Ladimiro Montenegro Rojas.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, en sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que dicho tr\u00e1mite culmin\u00f3 con sentencia estimatoria, confirmada por el superior, pero se surti\u00f3 \u00fanicamente contra los referidos demandados, sin que ella fuere citada como parte.   <\/span><\/p>\n

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2.2. Que s\u00f3lo hasta el 25 de noviembre de 2016 se enter\u00f3 \u00abque pr\u00e1cticamente han perdido la casa\u00bb, cuando en su habitaci\u00f3n encontr\u00f3 \u00abunos papeles que dec\u00edan juzgado\u00bb y empez\u00f3 a indagar, verificando que \u00abhay una notificaci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda en donde se solicita el desalojo o entrega del inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que le requiri\u00f3 explicaciones a su pareja y \u00e9ste \u00fanicamente le contest\u00f3 que no coment\u00f3 nada porque \u00abno quer\u00eda preocuparla\u00bb y pens\u00f3 que saldr\u00eda adelante de esa situaci\u00f3n sin que se supiera.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que el n\u00facleo familiar est\u00e1 compuesto, adem\u00e1s de los compa\u00f1eros y sus tres hijos, dos de ellos menores, por el abuelo paterno.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, \u00abanular la sentencia de primera [instancia] de 24 de septiembre de 2015 (\u2026) y la sentencia de segunda instancia (\u2026) de 28 de marzo de 2016\u00bb; en subsidio, \u00abordenar  las  pruebas  que  resulten   pertinentes para modificar la  <\/span><\/p>\n

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sentencia\u00bb o \u00abdeclarar la nulidad  de lo actuado dentro del proceso reivindicatorio\u00bb y disponer \u00abintegrar al contradictorio (\u2026) a todas las personas que se vean afectadas con las resultas del proceso\u00bb (fls. 1-17, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El ad-quem censurado indic\u00f3 sucintamente que a la quejosa \u00abno se le ha violado el debido proceso ni el principio de inmediaci\u00f3n en  el tr\u00e1mite adelantado\u00bb (fl. 55, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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El a-quo encartado inform\u00f3 que aunque conoci\u00f3 del pleito en cuesti\u00f3n, lo fall\u00f3 un despacho de descongesti\u00f3n \u00abhoy extinto\u00bb; aun as\u00ed, recalc\u00f3 que siempre acata el debido proceso por lo que \u00abcada una de la etapas y actividades realizadas son puestas en conocimiento de los interesados a trav\u00e9s de los mecanismos de notificaci\u00f3n ordenados por el legislador\u00bb (fl. 56 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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Ana Viany Lizeth Espinel Rinc\u00f3n manifest\u00f3 que mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 1.381 de 23 de junio de 2006 que le vendi\u00f3 a Ladimiro Montenegro Rojas el inmueble litigado, que hac\u00eda parte de otro de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abJuncalito\u00bb y que le fue adjudicado en la sucesi\u00f3n de su padre, por lo cual desde un comienzo aleg\u00f3 que \u00abno ten\u00eda la posesi\u00f3n material del predio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que el reivindicante compr\u00f3 unos terrenos en 2009, despu\u00e9s de la compraventa con el convocado, quien tiene un t\u00edtulo m\u00e1s antiguo, y  sin m\u00e1s asumi\u00f3  \u00abque  este  lote  <\/span><\/p>\n

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donde se encontraba ubicado el se\u00f1or Ladimiro Montenegro Rojas era de su propiedad sin antes haber realizado procedimiento de deslinde y amojonamiento y\/o determinar los linderos del inmueble adquirido\u00bb (fls. 58-60, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda acusada, se\u00f1al\u00f3 que recibi\u00f3 un despacho comisorio para la diligencia de entrega y de \u00abcom\u00fan acuerdo con el demandante y su apoderado y el demandado Ladimiro Montenegro Rojas, quien gozaba en ese momento de su defensor (\u2026) de una manera amigable y para evitar el lanzamiento y hacer m\u00e1s f\u00e1cil las diligencias, se convino aceptar la entrega con el se\u00f1or el d\u00eda 25 de enero de 2017\u00bb, pero llegada esa fecha aqu\u00e9l \u00abno entreg\u00f3 voluntariamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que devolver\u00e1 los documentos al comitente, pues con la entrada en vigencia del nuevo C\u00f3digo de Polic\u00eda ya no puede realizar ese tipo de diligencias (fls. 62 y 63, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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El vinculado guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal no accedi\u00f3 a la salvaguarda al considerar que dentro del susodicho proceso declarativo no era viable citar a la compa\u00f1era permanente del demandado, \u00abpues la acci\u00f3n reivindicatoria, es una acci\u00f3n real, que nace de un derecho que tiene este car\u00e1cter, el dominio, el cual le permite exigir el reconocimiento de ese derecho, y consecuentemente  la restituci\u00f3n de la cosa por el tercero que la posea. Siendo as\u00ed, no era dable la integraci\u00f3n con el n\u00facleo familiar del poseedor Ladimiro Montengro  <\/span><\/p>\n

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Rojas, dado que \u00e9ste adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n de manos de Maritza Elena, Ana Viany Lizeth Espinel Rinc\u00f3n y Yolanda Rinc\u00f3n Espinel, conforme se observa en la anotaci\u00f3n n\u00b0 2 del certificado de libertad y tradici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3 que \u00abconforme los art\u00edculos 946, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil, la acci\u00f3n reivindicatoria debe dirigirse por el propietario de una cosa singular o de una cuota determinada de ella, contra su actual poseedor, por ser \u00e9ste el \u00fanico con aptitud jur\u00eddica y material para disputarle al actor el derecho de dominio, en cuanto no s\u00f3lo llega al proceso amparado de la presunci\u00f3n de propietario, sino porque en su momento dado su situaci\u00f3n de hecho le permitir\u00eda consolidar un derecho cierto de propiedad, ganado por el modo de prescripci\u00f3n adquisitiva\u00bb (fls. 68-78, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso la abogada de la promotora, insistiendo en que \u00abno hubo una debida notificaci\u00f3n o vinculaci\u00f3n al contradictorio de todas las personas que se pod\u00edan afectar con las decisiones tomadas en primera y segunda instancia en el proceso reivindicatorio\u00bb, m\u00e1xime si \u00abpara la \u00e9poca en que se inicia la demanda ya conviv\u00eda con el se\u00f1or Ladimiro y era su compa\u00f1era permanente, por lo tanto, era tan poseedora del inmueble objeto del litigio\u00bb como aquel, y \u00abno pierde esta calidad porque no aparezca en el certificado de libertad y tradici\u00f3n\u00bb (fls. 100-110, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Reiteradamente se ha explicado que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar las decisiones que se adopten y \u00fanicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Observado el tr\u00e1mite del amparo, la inconformidad de la actora surge de no hab\u00e9rsele vinculado al proceso reivindicatorio adelantado contra su compa\u00f1ero, con lo cual estima se incurri\u00f3 en defectos \u00abf\u00e1ctico y procedimental\u00bb puesto que ella tambi\u00e9n es poseedora.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Copia del expediente del proceso reivindicatorio de Roberto Giraldo Osorio contra Ana Viany Lizeth Espinel Rinc\u00f3n  y Ladimiro Montenegro Rojas, donde consta que la actora no ha elevado ninguna petici\u00f3n, ni intervenido de alguna forma (cuadernos 2 y 3).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Sentencia de 24 de septiembre de 2015, del Juzgado Promiscuo Municipal de Descongesti\u00f3n de Villa del Rosario, que orden\u00f3 al poseedor restituirle al propietario el bien disputado junto con los frutos civiles (fls. 356-369, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Providencia de 28 de marzo de 2016, del ad-quem, que    revoc\u00f3 la condena  en  frutos  y  en lo dem\u00e1s confirm\u00f3  <\/span><\/p>\n

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aqu\u00e9lla determinaci\u00f3n (fls. 40-45, cdno. 3).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, la tutela en efecto debe negarse pues, ante todo, la interesada no le ha planteado al fallador de conocimiento los reproches que aqu\u00ed trae alrededor de la necesidad de su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite declarativo y la eventual nulidad por no haberla llamado. Es claro que esas presuntas irregularidades las debe expresar al interior del litigio, e incluso puede hacerlo en la diligencia de entrega; adicionalmente, tambi\u00e9n podr\u00eda exponerlas mediante el recurso de revisi\u00f3n, si es que antes no tuvo oportunidad (art\u00edculos 133 y 134 del C\u00f3digo General del Proceso).  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, es evidente que en este asunto no se cumple con el principio de subsidiariedad, dado que existen otros mecanismos legales id\u00f3neos y eficaces para ventilar los cuestionamientos que recoge la petici\u00f3n de amparo, que la hacen abiertamente improcedente, puesto que no fue ideada para reemplazar los medios ordinarios de defensa (num. 1\u00b0 art. 6 Decreto 2591 de 1991).  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que el proceso judicial es el mejor y m\u00e1s garantista escenario para la salvaguarda de los derechos, puesto que en \u00e9l existe un amplio elenco de medios adecuados para proteger las prerrogativas de los justiciables, tanto m\u00e1s cuando proceder de otra forma implicar\u00eda que el  juzgador constitucional, precipitadamente, adopte  una  posici\u00f3n  que  comprometer\u00eda  el  juicio  de  los  <\/span><\/p>\n

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En este sentido ha dicho la Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) este camino no fue creado para revisar de forma paralela o anticipada las decisiones judiciales, por lo tanto, antes de acudir al amparo, las personas deben agotar los instrumentos establecidos en la ley (\u2026) As\u00ed lo expuso esta Sala cuando indic\u00f3 que \u2018\u2026Sobre las inconformidades que surgen dentro de las causas, (\u2026) corresponde a los interesados exponerlas ante el funcionario de conocimiento, a trav\u00e9s de los mecanismos dispuestos al efecto, y, si ya se acudi\u00f3 a ellos, es necesario esperar un pronunciamiento que defina lo cuestionado, pues, de lo contrario el amparo se torna presuroso\u2019\u00bb (CSJ 28 ago 2013, rad. 01250-01, reiterada en STC424-2015, 28 en., rad. 2014-02468-01 y m\u00e1s recientemente en STC2213-2017, 21 feb., rad. 2016-00705-01).  <\/span><\/p>\n

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5. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 En virtud del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7\u00ba de la Ley 1581 de 2012, se omiten los nombres de las menores.      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3430-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b054001-22-13-000-2017-00013-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100026","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100026","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100026"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100026\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100026"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100026"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100026"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}