{"id":100027,"date":"2026-06-25T19:51:24","date_gmt":"2026-06-25T19:51:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3433-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:51:24","modified_gmt":"2026-06-25T19:51:24","slug":"stc3433-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3433-2017\/","title":{"rendered":"STC3433-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3433-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b073001-22-13-000-2017-00020-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2107).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 30 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Giraldo Cuellar frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, con vinculaci\u00f3n del Juzgado Tercero Civil  Municipal de la misma capital, Pedro Nel S\u00e1enz Guasca y Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy.  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada   dentro del juicio ordinario por simulaci\u00f3n que inici\u00f3 contra los convocados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, en sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que demostr\u00f3 a cabalidad que la venta hecha por \u00e9l a Pedro Nel S\u00e1enz Guasca fue fingida, al punto que \u00e9ste desisti\u00f3 de su apelaci\u00f3n. Con esto acept\u00f3 las conclusiones del fallo de primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que existen inconsistencias sobre las fechas y el lugar de entrega de los dineros que presuntamente justifican esa negociaci\u00f3n, pues Pedro Nel S\u00e1enz Guasca dijo \u00aben interrogatorio de parte de abril 13 de 2015 que los pr\u00e9stamos de dinero que le hizo Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy van de 1999 a 2015, mientras que en diligencia de interrogatorio de febrero 25 de 2015 hab\u00eda dicho que fueron pr\u00e9stamos de los a\u00f1os 2006, 2007 y 2008\u00bb; adem\u00e1s, dijo que recibi\u00f3 los dineros \u00aben la residencia de Luis S\u00e1enz, en la Universidad Cooperativa de esta ciudad y en la residencia de Pedro S\u00e1enz\u00bb, pero \u00abLuis S\u00e1enz dijo: en la Universidad Cooperativa y en una licorera de propiedad de \u00e9ste\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que Supuestamente los pr\u00e9stamos de S\u00e1enz Monroy hacia su litisconsorte, con los que pretenden fundamentar el contrato, fueron por $55\u2019000.000, pero en la escritura figura un precio de s\u00f3lo $50\u2019000.000; de igual forma, ese instrumento es de 18 de abril de 2013, pero se dijo que las \u00abdeudas datan de 1999 a 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00aben primera instancia la buena fe pregonada por el se\u00f1or S\u00e1enz Monroy se desvirtu\u00f3, tal como se dijera en el fallo de instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que \u00aben segunda instancia, el se\u00f1or juez tercero civil del circuito de la ciudad, pregon\u00f3 en su decisi\u00f3n, que tal buena fe no se desvirtu\u00f3. Ello, de manera autom\u00e1tica, lo obligaba a abordar el an\u00e1lisis de la prueba que le sirvi\u00f3 de base a la falladora de primera instancia, para de esta forma dar sustento f\u00e1ctico a su decisi\u00f3n de revocar el fallo atacado, como para poder pregonar que cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n legal de motivar su decisi\u00f3n. Pero, tal cual se aprecia, ello no ocurri\u00f3. Dicho de otra forma, omiti\u00f3 su obligaci\u00f3n de examinar, criticar, valorar la prueba que tom\u00f3 en consideraci\u00f3n el a-quo, para deslegitimar su decisi\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Que el despacho acusado \u00abdebi\u00f3 empezar por auscultar si es cierto lo dicho por Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy al momento de interponer su alzada (\u2026) cuando dijo que hab\u00eda demostrado ser un tercero de buena fe. La pregunta es: abord\u00f3 el Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el estudio del material probatorio, como para tener sustento al respaldar el decir del apelante, en el sentido de haber acreditado su buena fe?\u00bb  <\/span><\/p>\n

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2.7. Que Pedro Nel S\u00e1enz Gasca desisti\u00f3 de su apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, que declar\u00f3 simulada la compraventa por la cual aparec\u00eda como propietario, con lo que acept\u00f3 que nunca fue due\u00f1o y no pod\u00eda venderle al otro demandado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Que el juzgador acusado plante\u00f3 como problema jur\u00eddico de la alzada si \u00ab\u00bfse puede cancelar la compraventa del subadquirente que no se le ha desvirtuado su presunci\u00f3n de buena fe \u00fanicamente por la declaratoria de simulaci\u00f3n del negocio por el cual adquiri\u00f3 el bien su enajenante?, pero no enfoc\u00f3 su an\u00e1lisis probatorio en esa direcci\u00f3n, ya que simplemente dijo que no se desvirtu\u00f3 la \u00abbuena fe\u00bb del adquirente.  <\/span><\/p>\n

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2.9. Que se ignor\u00f3 que dentro del proceso de \u00abentrega del tradente al adquirente\u00bb, formulado por Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy contra Pedro Nel S\u00e1enz Gasca, este \u00faltimo concurri\u00f3 voluntariamente sin estar notificado y asumi\u00f3 una \u00abconducta completamente pasiva\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, \u00abque se revoque la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de [esa] ciudad, dejando de esta forma inc\u00f3lume la decisi\u00f3n adoptada por la Juez Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 \u00bb (fls. 1-11, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El juzgado encartado afirm\u00f3 que \u00abse atiene a las actuaciones surtidas dentro del expediente\u00bb (fl. 28, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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El despacho convocado remiti\u00f3 el plenario respectivo (fl. 30 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Tard\u00edamente, Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy manifest\u00f3, en resumen, que el juzgador municipal, bajo la idea de que \u00ablo accesorio sigue a lo principal\u00bb, asumi\u00f3 que deb\u00eda anular su compra del citado inmueble s\u00f3lo porque la venta del promotor a S\u00e1enz Guasca fue simulada, desconociendo que su contrato no es \u00abaccesorio\u00bb respecto del anterior y, sobre todo, que es adquirente de buena fe, por lo que \u00abno [fue] vencido en juicio, vencieron a Pedro S\u00e1enz Guasca\u00bb. Por tanto, como el circuito s\u00ed valor\u00f3 las pruebas que \u00e9l aporto, acerca de la seriedad del contrato, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado y neg\u00f3 las pretensiones en su contra, ya que simplemente \u00abcompr\u00f3 un inmueble para recuperar una deuda\u00bb y cualquier \u00abcontra escritura\u00bb que hubiere firmado su antecesor con el demandante es inoponible.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, que es innegable la existencia de esa obligaci\u00f3n en su favor porque entabl\u00f3 \u00abun proceso ejecutivo singular contra Pedro Nel S\u00e1enz Guasca\u00bb, pero cancelaron su medida cautelar en virtud de otro embargo, pero hipotecario, aunque ese nuevo tr\u00e1mite despu\u00e9s \u00abfue terminado por desistimiento t\u00e1ctico\u00bb dada la \u00abnegligencia\u00bb del apoderado, que casualmente es el mismo del accionante.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3, que el deudor narr\u00f3 en su interrogatorio que \u00e9l \u00able ha prestado dineros entre el a\u00f1o 1999 y el a\u00f1o 2015, y habla tambi\u00e9n que en dos oportunidades le prest[\u00f3] quince millones de pesos y veinticinco millones tanto en el a\u00f1o 2007 y 2008 respectivamente y otras cantidades m\u00e1s de dinero que le facilit[\u00f3] en el transcurso de los a\u00f1os siguientes\u00bb, por lo cual le hizo suscribir la letra de cambio que propici\u00f3 el referido cobro. Aunque como no pudo proseguirlo, el obligado le indic\u00f3 \u00abque [le] pagaba con la casa y [procedieron] a elevar a escritura p\u00fablica dicha compraventa\u00bb el 23 de abril de 2013, pero despu\u00e9s continuaron sus negocios, lo que explica porque aqu\u00e9l expres\u00f3 que los pr\u00e9stamos fueron hasta 2015.  <\/span><\/p>\n

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Justifica el enteramiento informal de Pedro Nel S\u00e1enz Guasca, del juicio de \u00abentrega del tradente al adquirente\u00bb, en que \u00e9ste es abogado, siendo posible que tuviere noticia por \u00abel trasegar diario de las locaciones jur\u00eddicas\u00bb, as\u00ed que el hecho de hubiere \u00abcomparecido al juzgado no es indicio de mala fe\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, resalt\u00f3, que s\u00ed entreg\u00f3 dineros en la licorera que funciona en su residencia, as\u00ed que no existe la inconsistencia se\u00f1alada por el actor; aclar\u00f3 que siguiendo la costumbre de colocar apenas un poco m\u00e1s del valor catastral, la escritura aparece por $50\u2019000.000, menos de los $55\u2019000.000 que figura en la letra, pero en todo caso \u00abs\u00ed fue cierto que quedaba  un saldo de cinco millones de pesos a [su] favor, saldo este que cancel\u00f3 de manera dineraria el se\u00f1or Pedro Nel S\u00e1enz Guasca\u00bb (fls. 34-64, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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Pedro Nel S\u00e1enz Guasca extempor\u00e1neamente manifest\u00f3 que si bien desisti\u00f3 de su alzada, esto no significa que la determinaci\u00f3n quedase en firme para el otro demandado, quien persisti\u00f3 en la apelaci\u00f3n discutiendo sus propios intereses. Defendi\u00f3 el veredicto del denunciado, porque \u00abfue libre de apremio (\u2026) basado en derecho y aplic\u00f3 las reglas de la l\u00f3gica y la sana cr\u00edtica\u00bb, y no se  evidencian \u00abfallas muy claras y sustanciales en la decisi\u00f3n\u00bb. Tambi\u00e9n critic\u00f3 al municipal a-quo por asumir que en este caso aplicaba la regla de que \u00ablo accesorio sigue a lo principal\u00bb, pues \u00abno se tuvo en cuenta que para que un contrato sea accesorio de uno principal debe este depender directamente para que nazca a la vida jur\u00eddica\u00bb (fls. 70-75 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional a-quo deneg\u00f3 al considerar que \u00abel despacho judicial encartado, luego de escuchar a las partes respecto de su alegato en segunda instancia, identific\u00f3 de manera clara el problema jur\u00eddico, precisando que \u00e9ste se concretaba a determinar si \u2018se puede cancelar la compraventa del subadquierente (sic) que no se le ha desvirtuado su presunci\u00f3n de buena fe, \u00fanicamente por la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n del negocio por el cual adquiri\u00f3 el bien su enajenante?\u2019, llegando, luego de una extensa valoraci\u00f3n de los hechos, el contenido de la sentencia apelada y las pruebas recaudadas, a la conclusi\u00f3n de que la respuesta para tal interrogante era negativa, sustentando incluso su decisi\u00f3n de manera coherente y con el suficiente soporte legal, constitucional y jurisprudencial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que, como \u00ablos embates de la parte accionante, a decir verdad, se orientan al prop\u00f3sito de que por esta v\u00eda se deje de lado la ponderaci\u00f3n probatoria hecha por el juez natural (\u2026) s\u00f3lo si el escrutinio de las pruebas fuera arbitrario y contraevidente, se habilitar\u00eda la intervenci\u00f3n del juez de tutela, porque indiscutiblemente ello configurar\u00eda una v\u00eda de hecho, pero sucede que ese no es el caso de ahora, pues la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se opugna viene precedida, como se dej\u00f3 establecido y se aprecia de la providencia atacada, de un estudio integral fundado y respetable de los elementos de convicci\u00f3n que obraban en el expediente\u00bb (fls. 76-83, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el apoderado del quejoso insistiendo en que \u00abno se hizo el m\u00e1s m\u00ednimo esfuerzo valorativo de las pruebas, tendientes a demostrar la existencia de buena o mala fe, en cabeza del se\u00f1or S\u00e1enz Monroy\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que demostr\u00f3 la simulaci\u00f3n de la compraventa celebrada por los demandados, pues \u00abse plante\u00f3 desde la \u00f3ptica de la prueba indiciaria\u00bb que hay una \u00abserie de inconsistencias, dudas, contradichos, existentes entre S\u00e1enz Guasca y S\u00e1enz Monroy, todos alrededor de las supuestas sumas de dinero que el primero adeudaba al segundo y que fueron justamente la causa de la escrituraci\u00f3n que le hiciera\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, anot\u00f3 que el acusado \u00abno abord\u00f3 el an\u00e1lisis de la prueba en cuanto se refiere a la buena o mala fe de Saenz Monroy\u00bb, por lo que hay \u00abausencia total de valoraci\u00f3n\u00bb (fls. 90-97, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Reiteradamente se ha explicado que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar las decisiones que se adopten y \u00fanicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, el promotor discute que el ad-quem encartado desconoci\u00f3 el material probatorio, espec\u00edficamente los indicios, que desvirtuaban la buena fe del tercero adquirente del bien inmueble objeto de debate, con lo cual se incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. Certificado de tradici\u00f3n del predio disputado donde consta la anotaci\u00f3n 10, donde se inscribi\u00f3 la compraventa del actor en favor de Pedro Nel S\u00e1enz Guasca, contenida en la escritura n\u00b0 3971 de 21 de septiembre de 2007 (fl. 8, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Anotaci\u00f3n en el registro p\u00fablico del \u00abembargo ejecutivo con acci\u00f3n personal\u00bb de Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy contra el propietario, de 22 de abril de 2009 (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3. Cancelaci\u00f3n de esa medida cautelar, por cuenta de la inscripci\u00f3n de \u00abun embargo ejecutivo con acci\u00f3n real\u00bb frente a Pedro Nel S\u00e1enz Guasca, de 18 de septiembre del mismo a\u00f1o (\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.4. Copia de la escritura n\u00b0 877 de 18 de abril de 2013, por la cual Pedro Nel Guasca le vende a Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy el inmueble objeto de la controversia por un precio de $50\u2019000.000, la cual qued\u00f3 debidamente registrada en el folio de matr\u00edcula (fls. 3-6 y 9, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

3.6. Interrogatorio rendido en el declarativo de simulaci\u00f3n  por Pedro Nel S\u00e1enz Guasca, quien, en referencia al pr\u00e9stamo que posteriormente motiv\u00f3 la venta del inmueble al codemandado,  dijo que \u00abLuis Mar\u00eda [le] entreg\u00f3 los dineros en diferentes sitios y en diferentes fechas, en los a\u00f1os 2006, 2007 y 2008 los cuales llegaron a la suma de $55\u2019000.000. Los sitios fueron en su momento en su residencia de la \u00e9poca en el barrio Bel\u00e9n, en la Universidad Cooperativa Facultad de Derecho y en m\u00ed residencia\u00bb (fls. 12-13 ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.7. Declaraci\u00f3n de parte de Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy, donde manifest\u00f3 que su litisconsorte le deb\u00eda $55\u2019000.00 que no recuerda bien en qu\u00e9 fecha entreg\u00f3, pero s\u00ed que lo hizo parcialmente \u00aben varias oportunidades (\u2026) en la Universidad Cooperativa y en otras en una licorera que [\u00e9l] ten\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Explic\u00f3, adem\u00e1s, que trat\u00f3 de realizar el cobro ejecutivo y, cuando fracas\u00f3, acept\u00f3 una propuesta de venta del deudor, por lo que compr\u00f3 el bien para \u00abrecuperar su dinero\u00bb, luego de lo cual inici\u00f3 gestiones para hacerse con la tenencia del bien, requiriendo al arrendatario y a la copropiedad, e incluso a trav\u00e9s de un juicio de \u00abentrega del tradente al adquirente\u00bb que fue decidido en su favor, aunque nunca logr\u00f3 efectivizar la orden judicial (fls. 13-14, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.8. Testimonio de Jos\u00e9 Nahir Ortiz, quien narr\u00f3 que le hizo una remodelaci\u00f3n general a la vivienda, pagada por el demandante (fl. 17, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.9. Declaraci\u00f3n de la testigo Sandra Liliana Rubio Garc\u00eda, quien promovi\u00f3 el ejecutivo hipotecario contra Pedro Nel S\u00e1enz Guasca en relaci\u00f3n con el predio litigado, y explic\u00f3 que todo se origin\u00f3 porque el accionante le solicit\u00f3 \u00abun cr\u00e9dito por $30\u2019000.000 dej\u00e1ndo[le]  como garant\u00eda el bien inmueble que seg\u00fan \u00e9l era de su propiedad y lo ten\u00eda a nombre del se\u00f1or Pedro Nel S\u00e1enz, por lo cual exigi[\u00f3] que los dos firmaran los pagar\u00e9s de dicho pr\u00e9stamo\u00bb; aclar\u00f3 que \u00e9ste ultim\u00f3, en el trascurso de las negociaciones, \u00aben ning\u00fan momento neg\u00f3 que el inmueble fuera del se\u00f1or Guillermo Giraldo\u00bb (fl. 18 ib.).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.10. Testimonio de Jairo Alberto Dur\u00e1n Ortiz, otrora abogado del gestor, donde relat\u00f3 que la compraventa en favor de Pedro Nel S\u00e1enz Guasca fue una operaci\u00f3n simulada, dise\u00f1ada y asesorada por \u00e9l, con el objeto de \u00absalvar la casa de los acreedores\u00bb, y precis\u00f3 que \u00e9sta sigue siendo habitada por la hija del promotor, el cual de esa forma preserva la \u00abposesi\u00f3n\u00bb (fls. 19 y 20, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.11. Providencia de 26 de julio de 2016, del a-quo convocado, que declar\u00f3 la simulaci\u00f3n de la compraventa de Guillermo Giraldo Cuellar a Pedro Nel S\u00e1enz Guasca, solemnizada en la escritura n\u00b0 3971 de 21 de septiembre de 2007; y aunque deneg\u00f3 la misma s\u00faplica respecto de la venta en favor de Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy, orden\u00f3 cancelar el registro de dicho negocio jur\u00eddico sosteniendo \u00abque lo accesorio sigue a lo principal\u00bb (registro 40:45 a 41:40, audio 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.12. Audiencia del pasado 2 de diciembre, en la que el ad-quem encartado, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de cancelar el \u00faltimo contrato de compraventa entre Pedro Nel S\u00e1enz Guasca y Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy asumiendo que deb\u00eda responderse negativamente \u00abel problema jur\u00eddico que es: se puede cancelar la compraventa del subadquirente que no se le ha desvirtuado su buena fe \u00fanicamente con la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n del negocio por el cual adquiri\u00f3 el bien su enajenante\u00bb (registro 6:21-6:47 audio 3), por las siguientes premisas:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

i) La regla de que lo accesorio sigue a lo principal no puede aplicarse en este caso, ya que no se trata de extinci\u00f3n de obligaciones, donde s\u00ed opera ese principio, sino de dos contratos \u00abprincipales, independientes y aut\u00f3nomos\u00bb, puesto que \u00abpor el solo hecho de quedar sin efecto el primer contrato necesariamente no afecta al segundo por no ser un contrato accesorio el uno del otro, no se trata de una garant\u00eda, no se trata de un contrato realmente accesorio, son dos contratos principales, incluso dos contratos que difieren en el tiempo, uno es de 2007 el otro de 2013\u00bb  (registro 22:12 a 23:19, audio 3).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ii) Seg\u00fan la ley sustancial y procesal (arts.1776 C.C. y 254 C.G.P.), las contraescrituras y los pactos privados no son oponibles a los \u00abterceros adquirentes de buena fe\u00bb, es decir, aquellos que \u00abdesconocen el concierto simulatorio\u00bb de sus antecesores, pues, seg\u00fan la jurisprudencia (CSJ, SC 2 feb. 2009), \u00abla simulaci\u00f3n de unos delos negocios que conforman la cadena de traspasos de que ha sido objeto un bien, no significa indefectiblemente, de una parte, la irrealidad de los actos subsiguientes en la medida que \u00e9stos guarden autonom\u00eda e independencia frente a aqu\u00e9l, y de otra parte, no est\u00e1 llamada a alterar el derecho aqu\u00ed transferido, en tanto el tercero subadquirente hubiere actuado de buena fe, esto es, con desconocimiento o ignorancia sobre el concierto simulatorio convenido por sus antecesores\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Puesto que, \u00abser\u00eda injusto que quienes contrataron con el propietario aparente, cubiertos por el velo de la ignorancia sobre el acto oculto y gobernado por la apariencia, padecieran los efectos del designio de los contratantes que s\u00f3lo ver\u00eda la luz como resultado de la sentencia que declara la simulaci\u00f3n\u00bb (registro 15:30 a 22:47 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

iii) Con los medios de prueba \u00abno se desvirtu\u00f3 que [Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy] sea adquirente de buena fe, por lo tanto no le es oponible la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n que afecta la primera compraventa \u00bb (registro 24:25 a 24:47 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que el amparo invocado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que el fallador constitucional no est\u00e1 llamado a revisar las determinaciones proferidas por las autoridades naturales, premisa bajo la cual s\u00f3lo se permite su intervenci\u00f3n para corregir pronunciamientos que sean caprichosos o abiertamente contraevidentes, comoquiera que esta salvaguarda no es una instancia adicional o una oportunidad para reabrir las discusiones dirimidas por los sentenciadores competentes mientras sus determinaciones no resulten abiertamente contraevidentes o contrarias al ordenamiento positivo.  <\/span><\/p>\n

5. En este caso el juzgador reprochado, luego de especificar que el debate deb\u00eda girar en torno a verificar si el \u00abtercero era un adquirente de buena fe\u00bb que ignoraba la farsa de los anteriores propietarios, precis\u00f3 que el demandante no se hab\u00eda ocupado de desacreditar, justamente, la \u00abpresunci\u00f3n de buena fe\u00bb, para lo cual se\u00f1alo que ning\u00fan elemento probatorio la desvirtuaba.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esto, sobre el particular ha dicho la Sala:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) cuando un tercero ha adquirido el derecho de dominio sobre un inmueble de manos de un sujeto de derecho que ha sido participe de una relaci\u00f3n negocial simulada, el ordenamiento positivo le brinda protecci\u00f3n, al disponer el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil que \u201clas escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en la escritura p\u00fablica, no producir\u00e1n efectos contra terceros\u201d, pues los terceros de buena fe que depositaron su confianza en la veracidad de una apariencia negocial que en un futuro resulte desvirtuada, no pueden ser asaltados en ese principio fundamental (el de la buena fe)\u00bb (CSJ, STC12 dic. 2005, rad. 1997-20853-02).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunque en este aspecto el actor extra\u00f1a una valoraci\u00f3n pormenorizada de los medios demostrativos en los que \u00e9l supone anidan los indicios claros de que el segundo contrato tambi\u00e9n es ficticio, la realidad es que el operador judicial censurado no ten\u00eda como llevar a cabo tal labor\u00edo, pues, como viene de verse, el promotor \u00fanicamente enfoc\u00f3 sus esfuerzos en demeritar el contrato que celebr\u00f3 con Pedro Nel S\u00e1enz Guasca, quiz\u00e1 persuadido de que con esto bastaba para \u00abdejar sin base\u00bb la posterior negociaci\u00f3n, como lo expres\u00f3 en sus alegatos en segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En realidad, el gestor no aport\u00f3 ninguna evidencia de que S\u00e1enz Monroy conoc\u00eda del verdadero entramado ocult\u00f3 en la tradici\u00f3n de su antecesor, tampoco se ocup\u00f3 de comprobar que la subsiguiente compraventa no fuere  sincera.  <\/span><\/p>\n

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6.1. N\u00f3tese que los testimonios recibidos hablan de la retenci\u00f3n de la posesi\u00f3n por parte del accionante y de que este segu\u00eda siendo el verdadero due\u00f1o. Sin embargo, ninguna de esas narraciones da pie para creer que el actual propietario era consciente de esa situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.2. Las copias del proceso de \u00abentrega del tradente al adquirente\u00bb, aunque indican que el all\u00ed demandado, Pedro Nel S\u00e1enz, no resisti\u00f3 las pretensiones, de ninguna forma apuntan a que el \u00faltimo comprador sab\u00eda de la simulaci\u00f3n anterior.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.3. De las supuestas contradicciones entre las versiones de los demandados, la \u00fanica que se detecta no reviste la gravedad que el accionante imagina. Porque si bien Pedro Nel S\u00e1enz afirm\u00f3 que recibi\u00f3 dineros del pr\u00e9stamo que le hizo Luis Mar\u00eda S\u00e1enz Monroy en la Universidad Cooperativa y en las residencias de ambos, al tiempo que este \u00faltimo refiri\u00f3 que entreg\u00f3 parte del capital en su licorera, ello en ning\u00fan momento basta para creer que el nuevo propietario conoc\u00eda de la puesta en escena desplegada por sus antecesores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.4. Y contrario a lo dicho, los dos coincidieron en que el monto del empr\u00e9stito fue de $55\u2019000.000, al tiempo que en los interrogatorios s\u00f3lo el vendedor, S\u00e1enz Guasca, mencion\u00f3 fechas, por lo que existe el contrasentido que denuncia el quejoso, el cual, por dem\u00e1s, tampoco tendr\u00eda la trascendencia necesaria para convertir en desacertadas las conclusiones del sentenciador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Por tanto, como lo concluy\u00f3 el Tribunal a-quo, debe negarse el amparo, puesto que la determinaci\u00f3n del acusado no se refleja arbitraria, a la luz de las pruebas recopiladas y las normas aplicables, lo que descarta la intromisi\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n constitucional en sus criterios, dada su autonom\u00eda, tambi\u00e9n consagrada en el texto Superior (art\u00edculo 230 de la Carta Pol\u00edtica).  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema ha enfatizado la Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d\u00bb (CSJ; STC 20 sep. 2012, rad. 00245-01, citada en STC139-2017, 19 en., rad. 2016-01985-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como ha dicho insistentemente la Sala, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado examinar si los funcionarios realizaron la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues, tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ, STC2713-2015, 12 mar., rad.00502-00, citada en STC1946-2016, 18 feb., rad. 2015-03001-01). M\u00e1xime cuando se busca discutir la valoraci\u00f3n probatoria, dado que en ese aspecto es a\u00fan m\u00e1s notoria la independencia del juzgador de instancia.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab (\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ SC 24 Jun. 2004, rad. 00142-01; 27 Jun. 2007, rad. 00911-00; 3 Nov. 2009, rad. 01371-01; 16 Jun. 2011, rad. 01192-00; 25 Ene. 2012, rad. 00001-00, y m\u00e1s recientemente en STC7572-2016, 9 jun., rad. 00358-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo censurado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3433-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b073001-22-13-000-2017-00020-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2107).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 30 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100027","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100027"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100027\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}