{"id":100028,"date":"2026-06-25T19:51:30","date_gmt":"2026-06-25T19:51:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3436-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:51:30","modified_gmt":"2026-06-25T19:51:30","slug":"stc3436-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3436-2017\/","title":{"rendered":"STC3436-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3436-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-22-10-000-2016-00832-01  <\/span><\/p>\n

               (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)          <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 17 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Adriana Guti\u00e9rrez Casta\u00f1eda, en representaci\u00f3n de sus hijas XX y YY1, frente al Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de esta ciudad, con vinculaci\u00f3n del Agente del Ministerio P\u00fablico y el Defensor de Familia adscritos a ese despacho, el Juzgado Noveno de Familia de esta urbe y la Fiscal\u00eda 227 Seccional de esta capital, y Daniel El\u00edas Aljure Echeverry.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, en sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que actualmente se investiga al progenitor, Daniel El\u00edas Aljure Echeverry, por un presunto \u00abacto sexual abusivo\u00bb el 12 de octubre de 2009 en la humanidad de la menor XX.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que en el Juzgado Noveno de Familia de esta ciudad cursa un proceso de privaci\u00f3n de la patria potestad contra aqu\u00e9l.   <\/span><\/p>\n

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2.3. Que el padre con posterioridad promovi\u00f3 la demanda de regulaci\u00f3n de visitas, notificada de la misma a trav\u00e9s de su apoderada puso en conocimiento los \u00abactos objeto de denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que fueron a su turno referidos por su hija [XX] como realizados por [el] padre\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que se acredit\u00f3, con el testimonio de un especialista, los efectos negativos, en el \u00abestado psicol\u00f3gico\u00bb de la peque\u00f1a, de la conducta del convocado y su constante asedio, \u00abquien ha actuado de esa forma en procura que ella no le atribuya los actos investigados, de ah\u00ed su mezquino inter\u00e9s de poder contar con la oportunidad de manipularla precisamente en el contexto de las referidas visitas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que, no obstante lo anterior, en prove\u00eddo del 15 de diciembre de 2016, el fallador acusado \u00abdispuso un r\u00e9gimen de visitas (\u2026) prevalido de que la trabajadora social en la entrevista inadecuada, carente de toda t\u00e9cnica cient\u00edfica ya que no es razonable la forma como se le pregunta a una ni\u00f1a de la edad de [XX] simplemente si quiere ver a su pap\u00e1\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que el acusado \u00abinfringi\u00f3 la garant\u00eda fundamental del debido proceso, cuando declara la prejudicialidad, pero antes decreta visitas provisionales, el cual es el objeto del proceso, puesto que no tiene sentido que se suspenda el proceso hasta que se tenga un fallo en el proceso penal pero que resuelva dar visitas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Que al \u00abhaber estudiado y analizado que en efecto este asunto era viable la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, el juez ya no ten\u00eda competencia para fallar y dar un r\u00e9gimen de visitas de car\u00e1cter provisional, porque (\u2026) es como si hubiese accedido a la pretensi\u00f3n objeto del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, \u00abtutelar todos los derechos fundamentales de las ni\u00f1as\u00bb (fls. 189-200, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El despacho convocado indic\u00f3 que la gestora \u00abpresent\u00f3 demanda de privaci\u00f3n de patria potestad contra el se\u00f1or Daniel El\u00edas Aljure Echeverry\u00bb, que est\u00e1 en la fase de notificaci\u00f3n (fl. 310, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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La Fiscal\u00eda 206 Seccional de apoyo de la 277 inform\u00f3 que adelanta una indagaci\u00f3n frente a \u00abDaniel El\u00edas Aljure Echeverry, por el punible de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, siendo denunciante Adriana Guti\u00e9rrez Casta\u00f1eda (fl. 315, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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El juzgador encartado dijo que accedi\u00f3 a la prejudicialidad alegada por la madre y suspendi\u00f3 el proceso mientras se define sobre el supuesto delito y \u00abla privaci\u00f3n de la patria potestad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte precis\u00f3, \u00aben cuanto a las inconformidades planteadas por la accionante respecto de la medida provisional aludida basta se\u00f1alar que sus planteamientos no son claros ni se\u00f1ala el error judicial que considera se dio, pues se limitaron a calificarla de contraria a derecho y vulnerar sus derechos fundamentales sin precisar la norma de derecho sustancial que considera inaplicada, y a presentar argumentos que fueron atendidos en la providencia y otros que no alegaron en la actuaci\u00f3n, as\u00ed como probanzas no allegadas al proceso\u00bb   (fls. 317 y 318 cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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El padre, a trav\u00e9s de apoderada, adujo que \u00abjam\u00e1s existi\u00f3 para la \u00e9poca contemplada a\u00f1o 2009 al a\u00f1o 2012 tratamiento terap\u00e9utico permanente (\u2026) por presunto A.S., atendiendo el convencimiento que ten\u00eda la madre de su no ocurrencia. Lo que existi\u00f3 fue una escalada de diagn\u00f3sticos contratados unilateralmente por la progenitora\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Destac\u00f3 que su hija \u00abjam\u00e1s ha referido que haya sido v\u00edctima de abuso sexual y mucho menos por parte de su progenitor como lo se\u00f1alan los informes que aparecen aportados al expediente (\u2026) los profesionales contratados por la accionante s\u00f3lo han determinado que la menor presenta conductas sexualizadas, cuyo origen se desconoce\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala, adem\u00e1s, que \u00abla privaci\u00f3n de la patria potestad coincidencialmente tambi\u00e9n se radica ad portas de la definici\u00f3n del proceso de reglamentaci\u00f3n de visitas a finales de noviembre de 2016\u00bb y que todo obedece \u00aba una retaliaci\u00f3n de la madre ante la negativa del progenitor a firmar un permiso de salida  del pa\u00eds para las vacaciones de mitad de a\u00f1o 2015\u00bb (fls. 332-344, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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La Procuradur\u00eda tard\u00edamente se\u00f1al\u00f3 que el fallador denunciado resolvi\u00f3 \u00abcon elementos de juicio fundados, como lo fueron las entrevistas de las dos ni\u00f1as y adoptando las medidas respectivas como el seguimiento por parte del ICBF y los respectivos acompa\u00f1amientos del demandante (\u2026) tal horario provisional garantiza el derecho de las dos ni\u00f1as a tener una familia, la paterna como parte integrante de su identidad y a no ser separadas ni alienadas de ella, por causa del conflicto intrafamiliar entre los dos padres de las ni\u00f1as y al cual son ajenas\u00bb (fls. 480-485 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Los restantes involucrados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal accedi\u00f3 al amparo al considerar que \u00abla decisi\u00f3n censurada (\u2026) carece de una debida motivaci\u00f3n porque no analiz\u00f3 en concreto los diferentes elementos de convicci\u00f3n allegados a la actuaci\u00f3n, a fin de verificar la procedencia o no de conceder unas visitas provisionales, a pesar de mediar una denuncia penal en contra del padre, por unos eventuales actos abusivos, que se dice perpetr\u00f3 en la persona de la menor XX\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, refiri\u00f3 que se desconoci\u00f3 el concepto \u00abde la psic\u00f3loga Mar\u00eda Paola Franceschi Suescun, quien luego de la respectiva valoraci\u00f3n (\u2026) lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que la menor efectivamente fue v\u00edctima de violencia sexual por parte de su padre (\u2026) as\u00ed como el informe rendido por el m\u00e9dico terapeuta, doctor Fernando Jiovani Arias, ni la valoraci\u00f3n de la doctora \u00c1ngela Patricia Murcia, m\u00e9dica del Hospital Sim\u00f3n Bol\u00edvar, adem\u00e1s de algunos testimonios, para contrastarlos, si fuera el caso, con otros medios de prueba a fin de establecer la viabilidad de las visitas, de cara a la especial protecci\u00f3n de las hijas de las partes, dada su minoridad, con independencia de que pudiera llegar a la misma conclusi\u00f3n, luego del an\u00e1lisis ponderado de todos los medios de convicci\u00f3n relevantes y pertinentes, legalmente aducidos al proceso, para que, de esa manera sea dable entender que efect\u00faa una debida y suficiente motivaci\u00f3n\u00bb .  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, dej\u00f3 sin valor ni efecto el \u00abr\u00e9gimen de visitas provisional\u00bb, disponiendo que se vuelva decidir con fundamento en \u00abtodos los medios de prueba legalmente aducidos\u00bb (fls. 455-461, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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La promotora impugn\u00f3 sin expresar los motivos de su inconformidad (fl. 487, ib\u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, posteriormente pidi\u00f3 adicionar la sentencia \u00aben el sentido de hacer un pronunciamiento sobre la solicitud de prejudicialidad y nulidad que fueron resueltas en la audiencia\u00bb (fl. 489 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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El a-quo, en prove\u00eddo de 3 de febrero de 2017, no modific\u00f3 la decisi\u00f3n porque su an\u00e1lisis se limit\u00f3 al \u00abr\u00e9gimen provisional de visitas\u00bb, sin que se pueda \u00abincursionar en el fondo del asunto planteado por la accionante\u00bb (fl. 492 \u00edd).  <\/span><\/p>\n

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Ante esta sede, la recurrente manifest\u00f3 que disiente de la determinaci\u00f3n de primer grado porque no se ocup\u00f3 de dilucidar dichas quejas, alusivas a la nulidad denegada y la prejudicialidad frente al proceso penal, cuya resoluci\u00f3n \u00abes presupuesto indispensable y sine quanon para la concesi\u00f3n de las visitas\u00bb (fls. 4 y 5, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Reiteradamente se ha explicado que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar las decisiones que se adopten y \u00fanicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observado el tr\u00e1mite del amparo, la inconformidad de la actora reside en la regulaci\u00f3n de visitas provisionales decretadas por el despacho encartado por considerar que se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y procedimental.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Concepto de 28 de octubre de 2009, de la psic\u00f3loga Mar\u00eda Paola Franceschi Suescun, indicativo de que \u00abla ni\u00f1a efectivamente fue v\u00edctima de violencia sexual por parte de su padre\u00bb (fls. 203-205, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Constancia de la Fiscal 206 Seccional en apoyo a la Fiscal\u00eda 227 Seccional, acerca de que cursa una investigaci\u00f3n penal contra \u00abDaniel El\u00edas Aljure Echeverry, por el punible de actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os que se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n\u00bb, siendo denunciante la actora, en representaci\u00f3n de su hija XX.  <\/span><\/p>\n

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3.3. \u00abInforme de acompa\u00f1amiento psicoterap\u00e9utico\u00bb, de 20 de agosto de 2016, rendido por Fernando Jiovani Arias, m\u00e9dico psicoterapeuta y magister en terapia familiar sist\u00e9mica, donde puntualmente se recomienda \u00abcesar de inmediato la presi\u00f3n que se ejerce sobre XXX a instancias del padre\u00bb (fls. 65-108, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.4. En audiencia celebrada el pasado 15 de diciembre, se recibi\u00f3 el testimonio del mismo profesional, quien cont\u00f3 que la menor \u00abacusa experiencias con el padre relacionas con que ella se toque la vagina y toque a otras personas (\u2026) que caben relacionar como experiencia intrusiva, con ciclos recurrentes de ansiedad con mucha culpa\u00bb; adem\u00e1s, que \u00abla ni\u00f1a refiere presi\u00f3n de parte del padre\u00bb, quien le dice que \u00abdiga la verdad\u00bb mientras la mam\u00e1 le dice que lo que \u00absienta en [su] coraz\u00f3n\u00bb  (registro 10:14:56-10:15:26, audio 2).  <\/span><\/p>\n

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El experto precis\u00f3, adem\u00e1s, que la ni\u00f1a enfrente mucho estr\u00e9s por \u00ablas presiones expuestas particularmente del padre que ella se desdiga de sus afirmaciones para que ella afirme que todo es producto de una fantas\u00eda. Es una ni\u00f1a que quiere a su padre y se siente terriblemente culpable de coas que ella en su imaginario relaciona con la posibilidad de que su padre vaya a la c\u00e1rcel, la posibilidad de que deje de quererla, la posibilidad de que no lo pueda ver m\u00e1s\u00bb, al grado que ha manifestado \u00abque no quiere existir\u00bb (registro10:16:45-10:17:13, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.5. A su vez, el funcionario encartado decidi\u00f3 que \u00abde acuerdo con la totalidad del material probatorio recaudado y aportado por una y otra parte (\u2026) es viable decretar las  visitas temporales\u00bb, aunque limitadas a un s\u00e1bado cada quince d\u00edas (registro 16:25:36-16:26:11, audio 3).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.6. Seguidamente orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, porque aunque el juicio de \u00abprivaci\u00f3n de patria potestad que se est\u00e1 tramitando entre las mismas partes, aun cuando guarda relaci\u00f3n con el aspecto sustancial aqu\u00ed debatido, no se constituye en un obst\u00e1culo para que el proceso judicial pueda ser fallado. En relaci\u00f3n a la prejudicialidad penal (\u2026) como en el presente caso se encuentran envueltos derechos de menores de edad que son de car\u00e1cter preferente, incluso sobre las leyes procedimentales, ante una denuncia como la que se acredit\u00f3 formulada, debe esperarse hasta que la autoridad competente de la investigaci\u00f3n se pronuncie al menos sobre el m\u00e9rito de la denuncia\u00bb (registro 16:30:13-16:31:39, audio 3).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.7. All\u00ed mismo interpuso reposici\u00f3n la accionante, en resumen dado que las visitas hacen parte del derecho al \u00abdesarrollo a la personalidad del ni\u00f1o y su identidad\u00bb, as\u00ed como a pertenecer a una familia, prerrogativa que opera en \u00abdoble v\u00eda\u00bb tanto para los hijos como para los padres y dem\u00e1s parientes (registro 16:35:25-17:22:45 ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.8. Luego formul\u00f3 \u00abincidente de nulidad\u00bb (sic) formulado por la decisi\u00f3n de conceder las \u00abvisitas temporales\u00bb, debido a que una vez recibidos los alegatos s\u00f3lo pod\u00eda dictarse sentencia o decretarse la prejudicialidad, de modo que el proceso se adelant\u00f3 despu\u00e9s de ocurrida la causal de suspensi\u00f3n (registro 17:30:40-17:31:21, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.9. Se \u00abrechaz\u00f3 de plano el incidente\u00bb porque en esta clase de juicios no son admisibles esos tr\u00e1mites, de acuerdo con el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo general del Proceso (registro 17:42:51-17:43:20, audio 3). Inconforme, repuso la misma, rectificando que no es \u00abincidente sino petici\u00f3n de nulidad\u00bb (registro 17:43:27 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3.10. Se mantuvo la determinaci\u00f3n toda vez que las \u00abdecisiones que se tomaron [sobre las visitas] son anteriores a la suspensi\u00f3n del proceso\u00bb (registro 17:44:57-17:45:13 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, coincide la Sala con el Tribunal constitucional de primer grado, al advertir que en efecto, el fallador querellado adopt\u00f3 la decisi\u00f3n de \u00abvisitas temporales\u00bb, sin expresar las razones f\u00e1cticas en que sustent\u00f3 la decisi\u00f3n, ni precisar qu\u00e9 conclusiones extrajo de las pruebas aportadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, el operador judicial \u00fanicamente mencion\u00f3 que \u00abde acuerdo con la totalidad del material probatorio recaudado y aportado por una y otra parte (\u2026) es viable decretar las  visitas temporales\u00bb (registro 16:25:36-16:26:11, audio 3). Esto no suple el deber de motivaci\u00f3n de la providencia, puesto que esa simple afirmaci\u00f3n no revela ning\u00fan an\u00e1lisis concreto de las pruebas allegadas. El deber de sustentar las decisiones, en relaci\u00f3n al examen de los medios demostrativos, exige que el juez  los valore en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto ha dicho la Sala:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas.  La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u2019 sentencia de 22 de mayo de 2003, Exp. 00526-01\u00bb (CSJ STC, 3 nov. 2011, Rad. 02274-00; reiterada entre otros en STC, 26 jul. 2012, Rad. 001544-00, STC3341-2016 y STC8378-2016).  <\/span><\/p>\n

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5. En el sub-j\u00fadice, en cambio, pese a que a lo largo del juicio se recopil\u00f3 informaci\u00f3n importante que puede ayudar a establecer la forma en que deben permitirse las visitas, con cu\u00e1les compa\u00f1\u00edas, en qu\u00e9 espacios y en qu\u00e9 tiempos, el juzgador no se refiri\u00f3 a esos elementos de convicci\u00f3n, ni exterioriz\u00f3 c\u00f3mo resultaron apoyando su determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por ejemplo, en sus fundamentos no recoge ninguna apreciaci\u00f3n acerca del testimonio t\u00e9cnico, donde el experto el  refiri\u00f3 que \u00abla menor ha sido expuesta a una presi\u00f3n extrema por parte de su padre para que modifique versi\u00f3n\u00bb (registro 40:33, audio 1), y que \u00aba la ni\u00f1a se le tiene que evitar a toda costa esta interferencia\u00bb (registro 1:40:07, audio 1), concluyendo, frente a la pregunta realizada por el propio fallador,  que las menores s\u00ed deben compartir con el padre \u00absi se garantiza que la ni\u00f1a no sea interferida, no sea presionada, y eso se hace en un contexto que en realidad garantice esas variables\u00bb (registro 3:27:32-3:27:45, audio 1).  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, al margen del cr\u00e9dito que eventualmente tenga el concepto de aquel profesional y de que se acoja o no, pues es s\u00f3lo un criterio m\u00e1s para informar el criterio del sentenciador, lo cierto es que \u00e9ste debi\u00f3 valorar esas afirmaciones, as\u00ed como las que se extraen de los dem\u00e1s medios de prueba, para poder definir con precisi\u00f3n la manera en que deben realizarse las visitas.  <\/span><\/p>\n

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6. Adicionalmente, es cierto que tanto el padre y sus parientes, como las propias ni\u00f1as, tienen derecho a las visitas, pues ello va impl\u00edcito en la garant\u00eda constitucional de las menores a tener una familia y no ser separado de ella (art\u00edculo 44 de la Carta Pol\u00edtica),  pero el funcionario judicial tampoco reflej\u00f3 en su decisi\u00f3n c\u00f3mo dirimi\u00f3 las tensiones entre esas prerrogativas tomando todas las precauciones necesarias para evitar cualquier posible afectaci\u00f3n al bienestar de las peque\u00f1as, teniendo en cuenta la prevalencia del inter\u00e9s superior, principio que, en su consagraci\u00f3n positiva, implica:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) [e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de \u00e9stos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb (art\u00edculo 9\u00b0 Ley 1098 de 2006).  <\/span><\/p>\n

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Esto por cuanto el \u00abinter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u00bb constituye un \u00abimperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb (art\u00edculo 8\u00b0 C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia). Por tanto, en todas las medidas concernientes a los ni\u00f1os, las instituciones p\u00fablicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los \u00f3rganos legislativos, deben asegurarle al menor \u00abla protecci\u00f3n y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de \u00e9l ante la ley\u00bb (art\u00edculo 3\u00b0 Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o).  <\/span><\/p>\n

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7. En cuanto a la queja de la gestora alusiva a que no hubo pronunciamiento frente a sus reproches acerca de la \u00abprejudicialidad\u00bb y la \u00abnulidad\u00bb, lo cierto es que las previsiones adoptadas por el Tribunal a-quo constitucional satisfacen esos reparos, pues se dej\u00f3 sin efecto la resoluci\u00f3n sobre el \u00abr\u00e9gimen provisional de visitas\u00bb (fl. 461, ib\u00eddem), que era justamente lo que ella, por uno y otro medio, persegu\u00eda. De ah\u00ed que su inconformidad sea infundada.  <\/span><\/p>\n

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8. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 En virtud del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7\u00ba de la Ley 1581 de 2012, se omiten los nombres de las menores.      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3436-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-22-10-000-2016-00832-01                  (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)              Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100028","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100028"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100028\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}