{"id":100030,"date":"2026-06-25T19:51:47","date_gmt":"2026-06-25T19:51:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3438-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:51:47","modified_gmt":"2026-06-25T19:51:47","slug":"stc3438-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3438-2017\/","title":{"rendered":"STC3438-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3438-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n No. 11001-22-03-000-2017-00219-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C.,  diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Hern\u00e1ndez Leon contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medell\u00edn, vincul\u00e1ndose al Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, y a las personas que se inscribieron a la Convocatoria No. 324-2014 al cargo de Profesional Especializado C\u00f3digo 2028 Grado 12.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las entidades acusadas y el establecimiento educativo tambi\u00e9n recriminado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que particip\u00f3 en la Convocatoria No. 324-2014 que el Instituto cuestionado inici\u00f3, para proveer el cargo de \u00abProfesional Especializado C\u00f3digo 2028 Grado 12\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00ablas pruebas escritas de competencias b\u00e1sicas y funcionales para quienes fueron admitidos [\u2026] se realizaron en \u00fanica jornada el d\u00eda 24 de abril de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que el d\u00eda 20 de mayo siguiente, se publicaron los resultados de las pruebas y \u00absiendo aproximadamente las 4:00pm, ingres[\u00f3] al aplicativo de la p\u00e1gina de la CNSC a consultar los resultados [\u2026] donde obtuv[o] un resultado de 62.90, lo cual comport\u00f3 que super[\u00f3] el requisito establecido en la convocatoria para continuar en el proceso; resultado que corrobor[\u00f3] al d\u00eda siguiente, 21 de mayo, en consulta efectuada a las 11:52 am\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que el d\u00eda 21 del mismo mes y a\u00f1o, \u00absiendo aproximadamente las 2:27pm ingres[\u00f3] nuevamente al aplicativo de la CNSC, a efecto de socializar el resultado con algunos familiares, encontrando que el resultado obtenido [\u2026] hab\u00eda sido unilateral e ilegalmente modificado, [\u2026] reasign\u00e1ndo[le] una nueva puntuaci\u00f3n de 48.68 [\u2026] lo cual [le] genera un irremediable perjuicio por cuanto dicho resultado [lo] excluye del concurso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00abmediante correo electr\u00f3nico, calendado 26 de mayo [se] dirigi[\u00f3] a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, solicitando vigilancia especial sobre el concurso. [\u2026] en dicho correo anex[\u00f3] oficio de la misma fecha, en el que oficializ[\u00f3] [su] reclamaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que \u00abmediante oficio de fecha 17 de junio de 2016, recibi[\u00f3] respuesta a [su] solicitud [\u2026] sin que se diera [un pronunciamiento] de fondo y concreto a los hechos [\u2026] afirma que el \u00e1rea de sistemas procedi\u00f3 a hacer una revisi\u00f3n durante el periodo mencionado y que no encontraron ninguna modificaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Que por medio de \u00abcomunicaci\u00f3n de fecha 26 de junio de 2016, nuevamente la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, en respuesta a [su] reclamaci\u00f3n se limita a afirmar que no hubo alteraci\u00f3n o modificaci\u00f3n en la puntuaci\u00f3n y que no se evidencia alg\u00fan error en la calificaci\u00f3n, sin que se explique por qu\u00e9 el d\u00eda 20 de mayo contaba con una calificaci\u00f3n de 62.90 puntos y el d\u00eda 21 de mayo con tan solo 48.68\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, por consiguiente, se \u00abdeclare la nulidad y se deje sin efecto, la publicaci\u00f3n efectuada el d\u00eda 21 de mayo de 2016 en horas de la tarde del puntaje obtenido en la prueba realizada el d\u00eda 24 de abril y en su defecto se reconozca el resultado que fue inicialmente publicado el d\u00eda 20 y 21 de mayo en horas de la ma\u00f1ana\u00bb (fls. 17-25 C. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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El Instituto acusado, adujo que existe una \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, pues \u00abquien administra y desarrolla los concursos abiertos de m\u00e9rito, es la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, tal y como lo establece la Ley 909 de 2004\u00bb, y que adem\u00e1s \u00abpara que proceda la acci\u00f3n de tutela se exige la demostraci\u00f3n de la existencia de un perjuicio irremediable, personal, concreto, especifico y con evidente e irremediable repercusi\u00f3n sobre derechos fundamentales y no basta entonces con hacer un relato de hechos desligados unos con otros, sin que de los mismos se haya presentado prueba alguna que permita si quiera dudar sobre la imposibilidad de esperar las resultas de un proceso judicial en el que se pueda resolver la controversia que se pone en conocimiento a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, supuesto este que a todas luces brill\u00f3 por su ausencia en el escrito presentado por el accionante, en donde solamente se encuentra un relato de hechos, sin que existan pruebas que lo soporten y de donde no se desprende la urgencia, la inminencia y la irremediabilidad del supuesto da\u00f1o que hace imposible acudir al mecanismo judicial existente para este tipo de situaciones\u00bb (fls. 41-47 C.1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Comisi\u00f3n querellada, refiri\u00f3 que \u00abse observa que la acci\u00f3n constitucional promovida de conformidad con los presupuestos contenidos en el Decreto 2591 de 1991 deviene en improcedente, ya que con la misma la parte accionante pretende contrarias los lineamientos establecidos en el acto administrativo que rige la Convocatoria No. 324 del 2014 del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, esto es, el Acuerdo No. 529 de 2014 por medio de los cuales se convoc\u00f3 al proceso de selecci\u00f3n, que resulta necesario indicar, es de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, siendo que surten efectos pues no han sido declarados nulos ni han sido suspendidos por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa; consideraciones por las cuales frente al caso de marras resulta evidente la improcedencia del presente tr\u00e1mite constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00abse evidencia que la acci\u00f3n de tutela instaurada es improcedente, ya que desconoce la posici\u00f3n que el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional ha fijado sobre el particular, la cual siempre ha sido en pro del car\u00e1cter excepcional de este mecanismo, pues el administrado cuenta en nuestro ordenamiento jur\u00eddico para defenderse frente a cualquier amenaza a una posible vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, como son los medios contenciosos de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, establecidos como un medio de control a la gesti\u00f3n que desarrolla la ministraci\u00f3n en la Ley 1437 de 2011-C\u00f3digo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, Agreg\u00f3 que \u00abesta Comisi\u00f3n, no ha infringido norma alguna, ni ha realizado modificaciones de cambios de resultados de valores en las pruebas de competencias b\u00e1sicas y funcionales en la p\u00e1gina web de la entidad, como consta en la certificaci\u00f3n expedida por la asesora de inform\u00e1tica, expedida el 16 de junio de 2016, fecha en la cual se atendi\u00f3 la reclamaci\u00f3n presentada por el accionante el 26 de mayo de 2016. Lo anterior y teniendo en cuenta que la CNSC publica los resultados definitivos de cada una de las etapas de los procesos de selecci\u00f3n (Convocatorias) bajo los principios de transparencia, oportunidad y debido proceso, no siendo admisible la manifestaci\u00f3n presentada por el accionante, dado que verificados y corroborados los sistemas de informaci\u00f3n no se evidencia ninguna irregularidad ni modificaci\u00f3n al resultado, esto es, que de haberse presentado modificaci\u00f3n alguna se habr\u00eda generado para el listado en general de todos los participantes y revisada la base de tutelas, no se tiene otra solicitud de modificaci\u00f3n de los resultados definitivos de la mencionada prueba de ning\u00fan otro aspirante\u00bb (fls. 54-57 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Universidad convocada, guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la salvaguarda, al considerar que \u00abresulta evidente que el presente mecanismo se propuso de manera extempor\u00e1nea, si en cuenta se tiene que la solicitud de tutela se present\u00f3 el 1\u00ba de febrero de 2017 y las respuestas dadas a la reclamaci\u00f3n presentada por el auspiciante fueron de 17 y 26 de junio de 2016; es decir, que el recurrente esper\u00f3 7 meses y 15 d\u00edas para debatir una decisi\u00f3n que presuntamente trasgrede sus derechos fundamentales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el gestor, diciendo que, \u00abSe considera en la decisi\u00f3n atacada que el suscrito no justifico su tardanza para interponer el amparo, justificaci\u00f3n        que-+ esta de manera clara y contundente en el mismo escrito en el que solicito la protecci\u00f3n a mis derechos, en los hechos que consign\u00e9 ,explique que a\u00fan me encuentro trabajando para la entidad .INSTITUTO AGROPECUARIO ICA, pero que en raz\u00f3n al resultado finalmente acogido de las pruebas realizadas por la UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, es inminente que en cualquier momento me quede sin trabajo, y es este el fondo real del objeto de esta acci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se ha violado el principio de inmediatez, toda vez que a la fecha todav\u00eda no se ha terminado el tr\u00e1mite de la convocatoria No. 324 de 2014, pero es evidente que el resultado final de la calificaci\u00f3n acogida por mi empleador tendr\u00eda como consecuencia, como ya lo he manifestado la vulneraci\u00f3n a mi derecho fundamental al trabajo y el m\u00ednimo vital propio y el de mi familia, y son estos los derechos inalienables los que solicito me sean protegidos, ya que se evidencia en el presente caso, con claridad meridiana         que est\u00e1n siendo amenazados por la acci\u00f3n de las entidades accionadas\u00bb (fls. 60-65 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Se ha dicho que la acci\u00f3n de tutela fue instituida como una herramienta extraordinaria para el resguardo inmediato de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o de los particulares en aquellos eventos previstos en la ley; del mismo modo, ha se\u00f1alado que \u00absi bien la misma tiene un car\u00e1cter breve y sumario, no por eso pueden obviar quienes a ella acuden la debida demostraci\u00f3n de los hechos que invocan como generadores de la afectaci\u00f3n que alegan padecer, ya que a estos les incumbe esa comprobaci\u00f3n so pena de que decaiga el reclamo elevado por sustracci\u00f3n de materia\u00bb (CSJ STC, 9 dic 2011, rad. 02372-01, reiterada el 18 dic. 2013, rad. 00986-01).  <\/span><\/p>\n

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2. Observada la inconformidad planteada, pretende el actor a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, atacar por esta v\u00eda la publicaci\u00f3n del puntaje obtenido 48.68, cuando el que revis\u00f3 en la p\u00e1gina web de la accionada fue 62.90 y, pese haber reclamado el resultado que consider\u00f3 desfavorable fue mantenido.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas, en lo concerniente con la queja constitucional, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Captura de pantalla de fecha 21 de mayo de 2016, en el que se avizoran los puntajes de \u00ab62.90\u00bb y \u00ab48.68\u00bb correspondientes a la \u00abPrueba Competencias B\u00e1sicas y Funcionales\u00bb (fl. 1 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Reclamaci\u00f3n realizada por el gestor a la Comisi\u00f3n querellada, donde solicit\u00f3 \u00absuspender el concurso en cita hasta tanto se ordene a la Universidad de Medell\u00edn tener como resultados definitivos de la prueba de Competencias B\u00e1sicas y Funcionales el puntaje de 62.90 puntos [\u2026]\u00bb adem\u00e1s que \u00abse revoque la ilegal modificaci\u00f3n introducida a dicha calificaci\u00f3n con posterioridad a la fecha de publicaci\u00f3n de los resultados, esto es, 21 de mayo de 2016, en las horas de la tarde, donde aparezco con una calificaci\u00f3n sustancialmente inferior y diferente a la inicialmente publicada (48.68) la cual, adem\u00e1s de haberse consolidado por fuera de los t\u00e9rminos establecidos en la convocatoria, modifica sin ninguna consideraci\u00f3n ni fundamento la calificaci\u00f3n inicialmente publicada, ignorando las situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas consolidadas a mi favor\u00bb (fls. 5-7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Respuesta de 17 de junio de 2016, en la que la Comisi\u00f3n censurada adujo que \u00abel \u00e1rea de sistemas ha procedido a hacer una revisi\u00f3n durante el periodo en que usted menciona que se cambiaron los puntajes de su prueba (entre las 11:00a.m. y las 4:00 p.m. del d\u00eda 21 de mayo de 2016), encontrando que no existi\u00f3 modificaci\u00f3n alguna del puntaje final obtenido de 48.68 sobre 100 de la prueba presentada el d\u00eda 24 de abril de 2016. El resultado es que en el aplicativo siempre estuvo cargada la puntuaci\u00f3n de 48.68. En conclusi\u00f3n, no es posible acceder a su petici\u00f3n de suspender la Convocatoria No. 324 de 2016, por cuanto el resultado t\u00e9cnico de la revisi\u00f3n no arroj\u00f3 alg\u00fan yerro del aplicativo que permitiera alg\u00fan tipo de cambio en el consolidado final de la prueba sobre competencias b\u00e1sicas y funcionales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, que, \u00absi usted realiz\u00f3 su reclamaci\u00f3n dentro de la oportunidad, deber\u00e1 esperar a que la Universidad de Medell\u00edn, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato No. 311 de 2015, revise y resuelva su petici\u00f3n. Si, adem\u00e1s usted solicit\u00f3 el acceso a los cuadernillos de preguntas y respuestas, deber\u00e1 proceder conforme con el protocolo y los avisos y citaciones que se han enviado y publicado en el aplicativo\u00bb (fls. 9-10 Ib.).  <\/span><\/p>\n

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d) Contestaci\u00f3n de 26 de junio siguiente, por medio de la cual el Coordinador General y la Coordinadora de pruebas de la Convocatoria 324 de 2014-ICA, manifestaron que \u00abverificados los antecedentes del caso concreto y teniendo presente el comunicado emitido por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil CNSC, con fecha 17 de junio del a\u00f1o en curso, con radicado PQR201605260040, nos permitimos informarle que se confirma la calificaci\u00f3n obtenida de CUARENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y OCHO PUNTOS (48.68 pts.) toda vez que, como indic\u00f3 el Comisionado JOS\u00c9 E. ACOSTA R., no fue posible verificar que en el lapso de tiempo por usted indicado se haya alterado o modificado la puntuaci\u00f3n obtenida\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abde cara a lo anterior, se procede a someter a segunda revisi\u00f3n la hoja de respuestas de su prueba, teni\u00e9ndose como resultado la confirmaci\u00f3n de su puntuaci\u00f3n, es decir, no se evidencia la existencia de alg\u00fan error en la calificaci\u00f3n por lo que no procede cambio alguno de su puntuaci\u00f3n.(fls. 12-16, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, se advierte que el resguardo constitucional solicitado no es procedente por cuanto, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, en l\u00ednea de principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, ya sean generales, impersonales y abstractos, ora particulares y concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los instrumentos legales para ello dispuestos, donde el accionante tuvo la oportunidad exponer los argumentos acerca de las presuntas irregularidades en la publicaci\u00f3n del  \u00abpuntaje\u00bb del 20 y 21 de mayo pasados, sin que esta herramienta de protecci\u00f3n supralegal pueda convertirse en una senda paralela a la normativamente reglada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Incluso, al interior del proceso contencioso administrativo pudo solicitar la suspensi\u00f3n de los actos administrativos que estimaba lesivos, siendo esa una medida eficaz para conjurar cualquier eventual perjuicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al efecto, en casos similares la Corte ha definido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1, (\u2026) la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u00bb (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 2011-00330-01; reiterada, entre otras, en fallos de 24 may. 2013, rad. 2013-00069-01; 1\u00ba oct. 2013, rad. 2013-00339-01; y 18 oct. 2013, rad. 2013-01488-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es m\u00e1s, ante el juez natural pudo expresar todas las excusas que aqu\u00ed trae sobre su omisi\u00f3n o tardanza en el ejercicio de los mecanismos de defensa judiciales previstos en la legislaci\u00f3n, pues a los funcionarios competentes, no a los del amparo, les corresponde ponderar qu\u00e9 tanta justificaci\u00f3n tiene en realidad el proceder del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, repetidamente sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes (arts. 238 C. P. y 152 C.C.A.)\u00bb (CSJ STC, 5 Oct. 2010, Rad. 00087-01; citada, entre otras, en CSJ STC, 20 Sep. 2013, Rad. 00371-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De acuerdo a lo anterior, al juez constitucional le est\u00e1 vedado arrogarse facultades asignadas a otros falladores, de ah\u00ed que sea indiscutible que el objetivo que primordialmente persigue el petente, que no es otro sino la invalidaci\u00f3n de unos actos administrativos que se presumen legales, en los que se resolvi\u00f3 la petici\u00f3n elevada, de fecha 17 y 26 de junio de 2016, e inclusive la publicaci\u00f3n de los \u00abresultados de la prueba competencias b\u00e1sicas y funcionales\u00bb de 20 de mayo del mismo a\u00f1o, como consecuencia de la convocatoria 324 de 2014-ICA, no lo puede alcanzar a trav\u00e9s de este instrumento extraordinario, de \u00edndole netamente residual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por ende, ha de colegirse que la salvaguarda deviene improcedente por el incumplimiento del presupuesto de subsidiaridad, pues, como reiteradamente lo ha dicho la Sala, \u00ablas inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2013, rad. 2012-00100-01, citada en STC5740-2016), que es el escenario natural donde \u00abes posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que la actora discuta el derecho que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 abr. 2012, rad. 00257-01, reiterado CSJ STC5296-2016, 28 abr., rad. 00081-00).  <\/span><\/p>\n

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6. Aun as\u00ed, cabe se\u00f1alar que el simple hecho de participar en un concurso de m\u00e9ritos de ninguna manera genera un derecho consolidado al cargo, sino que constituye una mera expectativa que, mientras se concreta, sigue supeditada a las reglas de la respectiva convocatoria, que son de obligatorio cumplimiento y a las cuales permanece sujeto el concursante desde la inscripci\u00f3n (criterio reiterado recientemente en CSJ, STC1975-2016, entre muchas otras).  <\/span><\/p>\n

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7. Consecuentemente con lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo objeto de la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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IMPEDIDO  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3438-2017   Radicaci\u00f3n No. 11001-22-03-000-2017-00219-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C.,  diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100030","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100030"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100030\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}