{"id":100031,"date":"2026-06-25T19:51:51","date_gmt":"2026-06-25T19:51:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3441-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:51:51","modified_gmt":"2026-06-25T19:51:51","slug":"stc3441-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3441-2017\/","title":{"rendered":"STC3441-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3441-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00034-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 las acciones de tutela promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, vincul\u00e1ndose a la Alcald\u00eda de esa urbe, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n de Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada dentro de las acciones populares Nos. 2016-00468 y 2016-00466.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1. Que \u00abel Juez tutelado pretende exigirme requisitos no contemplados en el art. 18 de la Ley 472 de 1998 y desconoce abiertamente lo ordenado en tutela por la H. Corte Suprema de Justicia SCC-rad. 66001-22-13-000-2016-00878 donde ampara la tutela y consigna entre otros que es notorio el abuso del juzgador\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2. Que \u00abse niega el tutelado a conceder mi alzada, apelaci\u00f3n, frente al auto que rechaza mi acci\u00f3n popular, desconociendo lo decidido en la Sala Plena, por el H. Consejo de Estado, en sentencia de n\u00famero 25000-23-24-000-2001-02188-01- Sala Plena MP. Maria Elena Giraldo. Actor Luis D\u00edaz Herrera\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, que \u00abse ordene aplicar la tutela de la H. Corte Suprema de Justicia y de la Sala Plena del H. Consejo de Estado que refi[ri\u00f3] en los hechos. Se ordene admitir inmediatamente mi[s] acci\u00f3n[es] popular[es] o se ordene conceder la alzada\u00bb (fls. 1-5 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS.  <\/span><\/p>\n

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El despacho 2\u00ba querellado, refiri\u00f3 que \u00abcon auto del 16 de enero de 2017, se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el actor popular en contra del auto que inadmiti\u00f3 la demanda, as\u00ed como tambi\u00e9n declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n, e indic\u00f3 que notificada dicha providencia continuaba corriendo el t\u00e9rmino para subsanar la demanda. El t\u00e9rmino transcurri\u00f3 sin que el accionante subsanar[a] la demanda. Por lo que, el proceso se encuentra para ingresar al despacho para resolver lo correspondiente\u00bb (fl. 10 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la Alcald\u00eda convocada, sostuvo que, \u00abla presente tutela va dirigida contra el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO, en raz\u00f3n a las exigencias del se\u00f1or JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA conforme a los art\u00edculos 5, 22 y 84 de la Ley 472 de 1998; motivo por el que como apoderado judicial del Municipio de Pereira solicito al Honorable Tribunal de Distrito-Sala Civil Familia- negar las pretensiones del amparo constitucional solicitado por el accionante respecto del Municipio de Pereira, ya que la presunta violaci\u00f3n de los derechos invocados lo es solo atribuible al Juzgado Segundo Civil del Circuito\u00bb (fls. 22-25 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Procuradur\u00eda Regional Risaralda adujo que esta entidad es ajena a lo solicitado por el quejoso, por lo cual requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (fl. 33 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abse advierte la improcedencia de los amparos constitucionales, por ausencia del requisito de subsidiariedad que contempla la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, toda vez que, como se pudo constatar, para cuando se promovi\u00f3 la presente acci\u00f3n -25 de enero de 2017-, el tr\u00e1mite de las demandas populares a\u00fan se estaba surtiendo, como quiera que est\u00e1 pendiente el pronunciamiento que debe proferirse luego del t\u00e9rmino que se concedi\u00f3 para corregirlas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que, \u00ablo anterior, en virtud de que el tutelante bien puede interponer recurso de reposici\u00f3n frente a la decisi\u00f3n que se emita. Por esta misma raz\u00f3n, es improcedente solicitar que se conceda una apelaci\u00f3n respecto de una providencia que a\u00fan no se ha proferido\u00bb (fls. 37-39 C.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el quejoso, aduciendo que \u00abapelo. Solicito amparar mi acci\u00f3n\u00bb (fl. 41 Ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente caso, pretende el gestor que se le ordene a la autoridad acusada admitir las acciones populares que formul\u00f3, refiriendo que incurri\u00f3 en defecto sustancial, por desconocer las normas aplicables.  <\/span><\/p>\n

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3. Obran en el plenario las siguientes pruebas, en relaci\u00f3n con la solicitud de amparo:  <\/span><\/p>\n

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a) Autos que inadmiten las acciones populares de 21 de noviembre de 2016, promovidas por Javier El\u00edas Arias (aqu\u00ed accionante) contra Audifarma, para que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas corrigiera lo siguiente \u00ab [\u2026] allegar la prueba del domicilio de la parte demandada [\u2026] 2. [\u2026] indicar cual derecho colectivo ha sido violado [\u2026] o quien o quienes podr\u00edan ser los perjudicados con tales vulneraciones [\u2026] 3. [\u2026] presentar prueba de los supuestos f\u00e1cticos que sustentan la pretensi\u00f3n [\u2026]\u00bb (fls. 13 y 18 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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b) Prove\u00eddos de 16 de enero de 2017, en los que se resolvi\u00f3 no reponer y declarar improcedente el recurso apelaci\u00f3n, para lo cual dijo que \u00abson varias las razones del porque este Despacho inadmite la demanda tal como se aprecia en el folio 3 del expediente sin que estos requerimientos sean caprichosos o se obstruya el acceso a la justicia, sino que se cumple lo consagrado en la Ley 472 de 1998; el recurrente \u00fanicamente present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n manifestando que \u201ccumple con lo que le ordena el art 18 de ley 472 de 1998\u00bb y, refiri\u00f3 que \u00aben cuanto concederse el recurso de apelaci\u00f3n, se tiene que al leer el contenido del art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, es claro al se\u00f1alar que en el tr\u00e1mite especial de la ACCI\u00d3N POPULAR es posible el recurso de apelaci\u00f3n para las sentencias, y para las dem\u00e1s actuaciones del Juzgado el recurso de reposici\u00f3n art\u00edculo 36 de la misma ley, motivo por el cual, contra el auto que inadmite la demanda procede \u00fanicamente el recurso de reposici\u00f3n\u00bb (fls. 14 y 19 \u00cddem.).  <\/span><\/p>\n

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d) Interlocutorios de 6 de febrero del a\u00f1o en curso, que resolvieron \u00abRECHAZAR la demanda, por no haber subsanado\u00bb, comoquiera que el demandante dej\u00f3 transcurrir el t\u00e9rmino concedido sin corregir la demanda (fls. 3 y 4 C. Corte).  <\/span><\/p>\n

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e) Constancia de registro de procesos del sistema Siglo XXI, en el que se observa que el accionante no interpuso recurso contra el auto que rechaz\u00f3 la demanda (fl. 5 Ib\u00eddem.)  <\/span><\/p>\n

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4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado y en lo que tiene que ver con la queja enfilada frente al Juzgado acusado, advierte la Sala  que el amparo invocado no atiende el referido presupuesto de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito de la salvaguarda impetrada, teniendo en cuenta que el convocante no hizo uso de los mecanismos propios que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 para que le fuera revisado su descontento, esto es, no recurri\u00f3 los autos de 6 de febrero de 2017 que rechazaron las demandas objeto de debate y que fueron proferidos estando en curso la protecci\u00f3n que nos ocupa; por lo tanto, la acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en un medio para prescindir de las v\u00edas naturales y ordinarias para resolver sus reclamos, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican esta herramienta supralegal.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ STC, rad. 2007-00379-01, reiterada, entre otros, STC5371-2015, 5 may, 2015 rad. 00003-02).  <\/span><\/p>\n

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En tales condiciones, mal podr\u00eda el \u00abJuez Constitucional\u00bb auscultar la actuaci\u00f3n del funcionario censurado, cuando lo cierto, es que el gestor no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias de los prove\u00eddos que le fueron adversos, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con lo precedente, esta corporaci\u00f3n ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada entre otras, el 25  Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22  May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

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5. De otra parte, en relaci\u00f3n con los pedimentos del actor, respecto a que se le \u00abconceda la alzada\u00bb, hay que decir que los art\u00edculos 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, prev\u00e9n que \u00abcontra los autos  dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n\u00bb, y  que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia\u00bb, entonces la ley especial que regula el tr\u00e1mite en esta clase de procesos, no estableci\u00f3 el recurso vertical para los autos que se profieran dentro del tr\u00e1mite las acciones populares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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