{"id":100033,"date":"2026-06-25T19:52:12","date_gmt":"2026-06-25T19:52:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3444-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:52:12","modified_gmt":"2026-06-25T19:52:12","slug":"stc3444-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3444-2017\/","title":{"rendered":"STC3444-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3444-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 110001-22-03-000-2017-00174-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Antonio Leguizam\u00f3n G\u00f3mez contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Treinta y uno Civil Municipal de Descongesti\u00f3n (hoy al parecer 20 Civil Municipal de Descongesti\u00f3n), de esta urbe.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, vivienda y libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro del proceso de Restituci\u00f3n de Inmueble Arrendado, que le inici\u00f3 Mar\u00eda Cecilia Mojocoa (radicado No. 2013-00744).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00abel d\u00eda 21 de Junio de 2003, GUILLERMO ANTONIO LEGUIZAMON GOMEZ, LUIS ALBERTO ACERO GARCIA y RICARDO JULIAN BEJARANO         DIAZ celebra[ron] un contrato de arrendamiento, en el cual actuaba[n] en calidad de arrendatarios, con la        Se\u00f1ora LUZ MARINA ALDANA SANDOVAL, quien actu\u00f3 en su condici\u00f3n de arrendadora\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

2.2. Que se inici\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado el 19 de junio de 2013, por mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, en virtud de \u00abla cesi\u00f3n del mencionado contrato\u00bb, efectuada por la primigenia arrendadora a la demandante, a lo que se opuso aduciendo, entre otras que \u00abnunca ha tenido conocimiento de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento de la inicial arrendadora a favor de la demandante, al punto que no hay constancia de la notificaci\u00f3n que exige la ley todo por cuanto en la comunicaci\u00f3n de correo que se aporta con la demanda, en el no aparece ni firma de recibido, ni mucho menos corresponde a la [suya]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que \u00abse aleg\u00f3 como excepci\u00f3n que la demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, lo mismo que el suscrito de legitimaci\u00f3n por pasiva, por carencia de la relaci\u00f3n de arrendamiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00abesta circunstancia generaba que la acci\u00f3n de restituci\u00f3n que debi\u00f3 adelantarse no es la consagrada en el art\u00edculo 424 del C. de P.C., sino la posesoria o reivindicatoria, que tiene una connotaci\u00f3n procesal diferente, por las normas aplicables, las oportunidades de las instancias y de las etapas procesales respectivas\u00bb y que \u00abel juzgado accionado nunca tuvo en cuenta esta circunstancia, y cohonestando esa irregularidad en la actuaci\u00f3n de la parte actora, sin miramientos de la contestaci\u00f3n de la demanda y de sus excepciones, procedi\u00f3 en forma anti procesal a denegar o\u00edrme, aplicando una norma que disque le sirve de sustento, sin ser aplicable al caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00abel Juzgado 31 Civil Municipal de Descongesti\u00f3n ha incumplido con adelantar el derecho en debida forma vulnerando el debido proceso. Dicto sentencia anticipada sin permitir alegatos de conclusi\u00f3n tal como lo hab\u00eda ordenada el Juzgado de origen, de la misma forma desconoci\u00f3 que hubo proposici\u00f3n de excepciones, luego dicto sentencia sin decidir sobre las mismas y por esas circunstancias era un proceso de SEGUNDA INSTANCIA y sin embargo neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de APELACION que en su oportunidad y dentro del t\u00e9rmino legal interpuse\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que dicho Despacho, \u00abcomision\u00f3 al Juzgado 12 Civil Municipal de Descongesti\u00f3n y medidas Cautelares para llevar acabo la restituci\u00f3n del inmueble. Por cierre de este Juzgado y por reparto correspondi\u00f3 dicha diligencia al Juzgado 3\u00ba Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 para tal fin [\u2026] y haciendo caso omiso de mi oposici\u00f3n llev\u00f3 a cabo la diligencia de restituci\u00f3n desconociendo mis derechos que tengo como poseedor del inmueble objeto de la Litis\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abse revoque la decisi\u00f3n del Juzgado accionado que         DECLARARO INADMISIBLE el recurso de apelaci\u00f3n interpuesta          por el suscrito y que se restablezca el derecho que ostento como POSEEDOR DE BUENA FE que tengo dentro del inmueble objeto de este proceso\u00bb (fls. 15-23 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS.  <\/span><\/p>\n

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El ad-quem cuestionado, refiri\u00f3 que \u00abcomo quiera que la decisi\u00f3n atacada por v\u00eda de tutela, esto es, la de 20 de octubre de 2016, no fue proferida por esta juzgadora, y el proceso fue devuelto al Juzgado de primera instancia desde el 23 de noviembre de 2016, mediante el oficio No. 4056 de 21 de noviembre de 2016, no puedo pronunciarme expresamente sobre los hechos que se\u00f1ala el tutelante, no obstante lo que se advierte es que ante la improsperidad tanto del recurso de alzada, como el de queja, la parte accionante pretende cuestionar la interpretaci\u00f3n jur\u00eddica y la valoraci\u00f3n probatoria que el Juzgado realiz\u00f3 de las probanzas obrantes al proceso a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional, t\u00f3pico que no es atacable en sede de tutela, y menos a\u00fan, sirve para solicitar la declaratoria de ilegalidad de una decisi\u00f3n que no acogi\u00f3 sus pretensiones\u00bb (fl. 27 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a-quo encartado, manifest\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n adoptada por esta titular de no o\u00edr al accionante se encuentra ajustada al numeral 2 del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 424 del C. de P.C. como tambi\u00e9n a los diversos pronunciamientos de la Alta Corporaci\u00f3n, pues el accionante hace hincapi\u00e9 en la inexistencia del contrato de arrendamiento con el fin de traer a colaci\u00f3n las excepciones planteadas por el Tribunal Constitucional frente al art\u00edculo precitado, palmario que la relaci\u00f3n contractual no se extingui\u00f3 sino se cedi\u00f3 en los t\u00e9rminos de los art\u00edculo 1959 al 1966 del C.C. y se trajo como base de acci\u00f3n judicial, contrato de arrendamiento debidamente suscrito por las partes, en otras palabras, no emergieron dudas de la relaci\u00f3n contractual y la calidad del accionante dentro del proceso en menci\u00f3n, por lo tanto en atenci\u00f3n al estatuto Procesal Civil dispuso el Juzgado 67 Civil Municipal de Bogot\u00e1, como condici\u00f3n de ser o\u00eddo dentro de la Litis acreditar el pago de los c\u00e1nones en mora\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, que \u00absumado a lo anterior el proceso es de \u00fanica instancia, y se itera que, pese a que el demandado contest\u00f3 la demanda esta no se tuvo en cuenta como quiera que no acredit\u00f3 el cumplimiento del requisito a que hace referencia el numeral 2\u00ba del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 424 del C. de P.C., circunstancia que fue debatida en sede de tutela inicialmente en el Juzgado 28 Civil Circuito de esta ciudad y en impugnaci\u00f3n ante el H. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Civil H. Magistrado Oscar Humberto Ram\u00edrez Cardona, quien deneg\u00f3 la solicitud de amparo\u00bb (fls. 29-31 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00absi   bien   el   accionante promovi\u00f3  oportunamente la  presente acci\u00f3n frente al auto de 20 de octubre  de  2016,   lo  cierto  es  que  no  se  evidencia   que  con  la decisi\u00f3n all\u00ed proferida se hubiese incurrido en alguna de las causales especiales  de procedibilidad establecidas  por la Corte Constitucional para  la  procedencia   de  la  acci\u00f3n  de  tutela  contra   providencias judiciales\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Advirti\u00f3 que, \u00ab el Juez  de segunda  instancia  de entonces se\u00f1al\u00f3 que el proceso  se deb\u00eda tramitar en \u00fanica instancia,  no s\u00f3lo por haberse  fundamentado la pretensi\u00f3n  restitutoria  exclusivamente \u201cen la mora en el pago  de los c\u00e1nones de arrendamiento\u201d, sino en \u201cla m\u00ednima cuant\u00eda  calculada con base  en la renta  mensual por el periodo  de 12 meses\u201d, siendo \u00e9ste \u00faltimo un motivo m\u00e1s que suficiente para considerarse razonable  la decisi\u00f3n  que profiri\u00f3  el mencionado  funcionario,  en el sentido  de declarar  inadmisible  el recurso  de apelaci\u00f3n  interpuesto por el accionante  contra la decisi\u00f3n  de rechazar  la oposici\u00f3n  por \u00e9l formulada  en la diligencia  de entrega  \u201cllevada a cabo  el 14 de diciembre de 2015\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, \u00ab M\u00e1s a\u00fan, si se memora que tanto el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (art. 351) como el C\u00f3digo  General  del Proceso (art.  321)  claramente disponen que  \u00fanicamente  \u201cSon  apelables  las sentencias  de  primera  instancia,  salvo  las  que  se  dicten  en  equidad\u201d,   as\u00ed como  los autos enlistados en los citados  estatutos procesales, y que igualmente hubieren sido  \u201cproferidos  en primera instancia\u201d, caso  que no es  el de  la  decisi\u00f3n apelada por  el  aqu\u00ed  accionante, pues,  por  el contrario,  fue   dictado   en   un  proceso  de   restituci\u00f3n  de   m\u00ednima cuant\u00eda   y,  por  ende,  de  \u00fanica  instancia, como  as\u00ed  fue  admitida  a tr\u00e1mite  la demanda en dicho litigio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, por \u00faltimo, anot\u00f3 que \u00absobre  la posesi\u00f3n alegada, as\u00ed como  respecto de la decisi\u00f3n de no o\u00edr al arrendatario, ya  se  pronunci\u00f3 la  Sala  de  Restituci\u00f3n de  tierras  de este  Tribunal, cuando   al  negar  una  anterior   acci\u00f3n  de  tutela  por aqu\u00e9l    promovida   se\u00f1al\u00f3,    mediante   la   sentencia   de   segunda instancia de  20  de  marzo  de  2015,  que  \u201cno  se  aprecia  incertidumbre respecto   de  la  existencia   del  contrato   de  arrendamiento\u201d,   pues,   por  el contrario,   \u201cel   hecho   de   argumentar    la   interversi\u00f3n    del   t\u00edtulo   en   las circunstancias  propias del caso implican reconocer la existencia del contrato del cual se deriv\u00f3 la condici\u00f3n  inicial de tenedor que luego se desconoce\u201d,  y en esas  condiciones, ((Conforme la norma legal y sustancial,  lo que debi\u00f3 hacer el demandado  fue cancelar los c\u00e1nones para poder ejercer su defensa, sin que ello,  para nada  afectara  la presunta  posesi\u00f3n  alegada\u00bb  (fls.  217  a 227 de copias)\u00bb (fls. 39-45 C.1).  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el quejoso, alegando que \u00abel Tribunal se equivoca al considerar que el proceso de restituci\u00f3n adelantado es de \u00fanica instancia, no es de \u00fanica instancia por cuanto el C. de P.C., que reg\u00eda para ese proceso, en esa norma establec\u00eda que todo proceso abreviado es de doble instancia\u00bb adem\u00e1s que \u00ablo que era objeto de apelaci\u00f3n que fue negada por el Juzgado 5\u00ba Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no era del tema concreto de la orden de restituci\u00f3n, sino de un acto de oposici\u00f3n que el suscrito present\u00f3 en el momento de hacer la entrega del inmueble objeto de la restituci\u00f3n. La oposici\u00f3n ten\u00eda como base, que el suscrito ejerc\u00eda posesi\u00f3n sobre el inmueble desde el a\u00f1o 2008, lo que imped\u00eda la entrega, e incluso se evidenci\u00f3 que el suscrito ya hab\u00eda presentado la respectiva demanda de acci\u00f3n de PERTENENCIA, lo que  fue desconocido por el Juzgado comisionado\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que \u00abno se entiende como el Tribunal argumenta que el proceso era de \u00fanica instancia, si se trataba de un proceso abreviado y todo proceso de esa naturaleza tiene segunda instancia\u00bb (fls. 53-55 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente caso, pretende el gestor se revoque la decisi\u00f3n de 20 de octubre de 2016, que declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n del auto dictado el 14 de diciembre de 2015, por medio del cual se rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n presentada, y en consecuencia se admita la alzada, por considerar que se incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico, procedimental y sustantivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Obran en el plenario las siguientes pruebas, en relaci\u00f3n con la solicitud de amparo:  <\/span><\/p>\n

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a) Auto admisorio de la demanda sub ex\u00e1mine de 19 de junio de 2013, en el que se invoc\u00f3 como \u00abcausal la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb y demanda en la que se estableci\u00f3 que la cuant\u00eda era \u00abinferior a 40 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes\u00bb (fls. 82-90 Copias expediente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Sentencia de 27 de octubre de 2014, que resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO: DECLARAR terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre MAR\u00cdA CECILIA MOJOCOA DE PE\u00d1A como cesionaria de LUZ MARINA ALDANA SANDOVAL en calidad de arrendadora y GUILLERMO ANTONIO LEGUIZAM\u00d3N G\u00d3MEZ, LUIS ALBERTO ACERO GARC\u00cdA Y RICARDO JULI\u00c1N BEJARANO D\u00cdAS en calidad de arrendatarios. SEGUNDO: DECRETAR la restituci\u00f3n y entrega del inmueble ubicado en la carrera 64 No. 71-89 Piso 3 (direcci\u00f3n antigua) de esta ciudad, a favor de la parte actora y a cargo de los demandados. TERCERO: COMISIONAR para la pr\u00e1ctica de esta diligencia al se\u00f1or JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTI\u00d3N de esta ciudad o INSPECTOR DE POLIC\u00cdA DE LA ZONA RESPECTIVA\u00bb (fls. 157 y 158 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Diligencia de entrega efectuada el 14 de diciembre de 2015, en la que el accionante manifest\u00f3 que \u00abinterpongo oposici\u00f3n no como arrendatario sino como poseedor de buena fe porque llevo m\u00e1s de ocho a\u00f1os en este inmueble como se\u00f1or  y due\u00f1o, en primer lugar por tal determinaci\u00f3n del predio estoy obligado a restituir el inmueble porque no est\u00e1 determinado el bien a restituir es que ya lo hab\u00eda advertido en memorial anterior que el juzgado ha omitido decidir en el sentido de que en este caso no se identifica a plenitud el predio objeto a restituir, de un lado ni en la demanda inicial ni en pieza procesal alguna ni con el contrato de arrendamiento se aport\u00f3 la prueba real de identificaci\u00f3n del inmueble a restituir porque no concuerda con la exhibida del inmueble\u00bb, a lo que el comisionado resolvi\u00f3 \u00aben cuanto al tercer \u00edtem, referido a la calidad de poseedor se le pone de presente que el numeral primero del par\u00e1grafo primero del art. 338 del C. de P.C., es claro en se\u00f1alar que el juez rechazar\u00e1 de plano la oposici\u00f3n a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia, y quien atiende la diligencia y se opone, es el mismo proceso de restituci\u00f3n, en cuanto a la reclamaci\u00f3n de derechos aducidos en el proceso de pertenencia ante el juzgado 41 Civil Municipal de Bogot\u00e1, bajo el radicado No. 2015-00921, es ante esa autoridad competente donde debe alegar sus derechos qued\u00e1ndole claro al demandado que este estrado judicial solo tiene facultad en lo que respecta a la orden proferida y si en verdad es conocedor de las actuaciones procesales de un asunto, debe tener en cuenta cual es la oportunidad procesal legal para realizar la petici\u00f3n, por todo lo anteriormente expuesto se RECHAZA DE PLANO LA OPOSICI\u00d3N planteada en esta diligencia por parte del mismo demandado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Contra la decisi\u00f3n anterior, el opositor interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, frente a lo que el despacho resolvi\u00f3 mantener su decisi\u00f3n y conceder la alzada \u00abde conformidad con lo previsto en el art. 34 del C. de P. C.\u00bb (fls. 5-9 C. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Auto de 20 de octubre de 2016, proferido por el a-quem encartado, que declar\u00f3 inadmisible la impugnaci\u00f3n, por considerar que esa c\u00e9lula judicial hab\u00eda conocido en otra ocasi\u00f3n sobre recurso de queja por haberse denegado el recurso vertical contra la decisi\u00f3n de \u00abno o\u00edr al mencionado demandado\u00bb, frente a lo que este declar\u00f3 \u00abbien denegado el recurso de apelaci\u00f3n impetrado en contra de aquel que dispuso NO OIR al demandado. Este Juzgado hizo \u00e9nfasis que en el asunto se presentaban dos condiciones objetivas para que el proceso se tramitara en \u00fanica instancia, a saber, la causal exclusiva para restituci\u00f3n fundada en la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, y la m\u00ednima cuant\u00eda calculada con base en la renta mensual por el per\u00edodo de 12 meses\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abmediante sentencia de tutela de 20 de marzo de 2015 proferida por el Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, se aval\u00f3 la postura del juez de conocimiento de la restituci\u00f3n en el sentido de NO OIR al demandado por encontrarse en mora del pago de los c\u00e1nones de arrendamiento [\u2026] por lo tanto, no queda duda que el asunto de la restituci\u00f3n es de \u00fanica instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, que \u00abel evento de que el se\u00f1or GUILLERMO ANTONIO LEGUIZAM\u00d3N G\u00d3MEZ haya iniciado un proceso de pertenencia que cursa ante el Juzgado 41 Civil Municipal de la ciudad y que no se acredita que se haya proferido una sentencia en firme contrario, no le resta ejecutividad a la orden emanada de la sentencia dictada en el asunto de re4stituci\u00f3n la cual se encuentra en firme, y se itera, la misma produjo efectos en su contra. Por lo tanto, es claro el estatuto adjetivo en el sentido que las partes se someten a las reglas del proceso, que para el presente caso, se trata de un asunto de \u00fanica instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, adem\u00e1s que \u00abes menester poner de relieve que la regla prevista en el numeral 1\u00ba del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 338 del C. de P.C. sobre la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n en el efecto devolutivo cuando se rechaza de plano la oposici\u00f3n es aplicable s\u00f3lo cuando se trate de procesos acogidos a la doble instancia. La subregla que se ha abierto paso por v\u00eda de jurisprudencia constitucional sobre la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n en procesos de restituci\u00f3n de bien inmueble que se tramiten en \u00fanica instancia, es de beneficio exclusivo para el tercero opositor, enti\u00e9ndase, aquel que es ajeno al proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como corolario, que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n impetrado en la diligencia de entrega no debi\u00f3 concederse y por tanto, este Despacho lo declarar\u00e1 inadmisible y dispondr\u00e1 la devoluci\u00f3n inmediata de la actuaci\u00f3n al juzgado de origen\u00bb (fls. 8 y 9. Copias expediente Cdno. 4).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, advierte la Sala que en la providencia cuestionada (20 de octubre de 2016), mediante la cual el ad-quem censurado estim\u00f3 declarar inadmisible la alzada propuesta, no se observa proceder constitutivo de defecto \u00abf\u00e1ctico, procedimental o sustantivo\u00bb que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb por cuanto los argumentos all\u00ed plasmados, tienen sustento en las particularidades del caso y un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan la materia, descartando un actuar caprichoso o antojadizo.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

En efecto, el juez atacado, tras hacer un recuento de las actuaciones del proceso, reafirm\u00f3 que el mencionado juicio era uno de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb, con fundamento tanto por lo resuelto en sentencia de tutela de 20 de marzo de 2015, como por las condiciones objetivas del proceso, que fueron \u00abla causal exclusiva para restituci\u00f3n fundada en la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, y la m\u00ednima cuant\u00eda calculada con base en la renta mensual por el per\u00edodo de 12 meses\u00bb; a su vez, puso de relieve el numeral 1\u00ba del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 338 del C. de P.C. sobre la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n cuando se rechaza de plano la oposici\u00f3n, y aclar\u00f3 que \u00absolo es aplicable cuando se trate de procesos acogidos a la doble instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Agregase a lo anterior, que cuando se sometan las discrepancias a la jurisdicci\u00f3n, estas deber\u00e1n ce\u00f1irse a las formas propias de cada litis o proceso, y estos son aspectos que la ley reserva, son de su exclusivo resorte, lo que implica que solo ella gobierna en los t\u00e9rminos que considere la forma  de rituarse  esas disputas; y, salvo que la propia normatividad lo autorice, el funcionario judicial no puede variar las etapas se\u00f1aladas ni los mecanismos de censura a las decisiones que profiera.  <\/span><\/p>\n

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Frente a la libertad de configuraci\u00f3n normativa del legislador en materia de doble instancia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) La Sentencia C-046 de 2006 es enf\u00e1tica en reiterar que la regulaci\u00f3n de los diversos procedimientos judiciales, corresponde al legislador en ejercicio de su  amplia potestad de configuraci\u00f3n.  En ese sentido, la Corte ha se\u00f1alado  que con fundamento en sus atribuciones constitucionales,  es el legislador el llamado a establecer en las diversas actuaciones judiciales los procedimientos que han de surtirse, las acciones, los t\u00e9rminos, los recursos y en general todos los aspectos propios de cada proceso atendiendo su naturaleza, a fin de establecer las reglas que han de observarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud de esta atribuci\u00f3n puede preceptuar diferentes medios de impugnaci\u00f3n de las decisiones judiciales, como, por ejemplo, recursos ordinarios y extraordinarios, las circunstancias y condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para interponerlos y decidirlos, e incluso definir cu\u00e1ndo no procede ning\u00fan recurso. En ese sentido es preciso recordar la sentencia C-005 de 1994, en la que la Corte expres\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u201cAs\u00ed, pues, si el legislador decide consagrar un recurso en relaci\u00f3n con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo seg\u00fan su evaluaci\u00f3n acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinci\u00f3n, pues ello corresponde a la funci\u00f3n que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. M\u00e1s todav\u00eda, puede, con la misma limitaci\u00f3n, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el s\u00f3lo hecho de hacerlo, vulnere la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, se ha precisado por esta Corporaci\u00f3n que si bien el legislador en ejercicio de su facultad constitucional de hacer las leyes y expedir c\u00f3digos en las distintas ramas del Derecho a que alude el art\u00edculo 150 superior, cuenta con una amplia potestad de configuraci\u00f3n, dicha potestad no es absoluta pues ella encuentra sus l\u00edmites en los principios y valores consagrados en el ordenamiento constitucional, que en materia de procedimientos particularmente  imponen el respeto  de  los derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso e igualdad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con el principio de la doble instancia, como ya se se\u00f1alaba, \u00e9ste tiene un v\u00ednculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca la protecci\u00f3n de los derechos de quienes acuden al Estado en busca de justicia. Sin embargo,  como lo ha puesto de presente reiteradamente la  Corte, dicho principio no hace parte del contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa en todos los campos, pues la propia Constituci\u00f3n, en su art\u00edculo 31, establece que el Legislador podr\u00e1 consagrar excepciones al principio general, seg\u00fan el cual toda sentencia es apelable o consultable. (ver entre otras SCC C-788 de 2002, C-1091 de 2003, C-561 de 2004, C-1233 de 2005, C-005 de 1996, C-095 de 2003, C-040 de 2002 y C-900 de 2003).  <\/span><\/p>\n

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\u00abAs\u00ed pues, como el asunto de la \u00aboposici\u00f3n\u00bb se desarroll\u00f3 dentro del sub j\u00fadice que, valga reiterarlo, por ser de \u00fanica instancia no es susceptible de \u00abapelaci\u00f3n\u00bb, aquella se deber\u00e1 ventilar con prescindencia de los recursos verticales, toda vez que, en palabras del tribunal a-quo, lo \u00abadjetivo sigue la suerte de lo principal\u00bb, esto es, que no puede ser plausible desde el punto de vista judicial que la actuaci\u00f3n emprendida, siendo de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb, pueda tener tr\u00e1mites que si puedan ser revisados por el superior, en tanto que por principio de coherencia procesal esa disonancia no puede tener cabida, ya que ello romper\u00eda la unidad a que se hizo alusi\u00f3n anteriormente\u00bb. (CSJ. STC10979-2014. 19 Ago. 2014. Rad. 2014-01102-01, STC 3598-2014. 21 Mar. 2014. Rad. 2014-00014-01)  <\/span><\/p>\n

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En conclusi\u00f3n, si por mandato legal la restituci\u00f3n de un predio dado en arrendamiento, cuando la causal invocada para ello es la mora, su tr\u00e1mite es de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb, lo que comporta que, tambi\u00e9n, lo ser\u00e1n las cuestiones \u00abadjuntas\u00bb que en \u00e9l se adelanten.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De tales elucidaciones, se observa que la autoridad acusada, profiri\u00f3 la providencia censurada con sustento en el en la normatividad aplicable a la materia, sin que de tal proceder se detecte ilegalidad o abuso alguno de sus funciones y menos aun incurriendo en los defectos \u00abf\u00e1ctico, procedimental y sustantivo\u00bb, por cuanto no se percibe que se apartara de los hechos debidamente probados, ni de las normas que regulan la cuesti\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC3444-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 110001-22-03-000-2017-00174-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100033","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100033"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100033\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}