{"id":100040,"date":"2026-06-25T19:53:34","date_gmt":"2026-06-25T19:53:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3451-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:53:34","modified_gmt":"2026-06-25T19:53:34","slug":"stc3451-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3451-2017\/","title":{"rendered":"STC3451-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3451-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2016-00298-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C.,  diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Martha neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la se\u00f1ora Luz Jenny Sarmiento Osorio en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa Urbe, vincul\u00e1ndose al se\u00f1or Efra\u00edn Coronado Molina y la Compa\u00f1\u00eda Gerenciamiento de Activos S.A.S en liquidaci\u00f3n y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.- La quejosa deprec\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la dignidad, vida y acceso a la administraci\u00f3n de justicia presuntamente vulnerados por la autoridad recriminada.  <\/span><\/p>\n

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2.- Arguy\u00f3, como sustento de sus reclamos, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.- Que \u00ab[l]a se\u00f1ora LUZ YENNY SARMIENTO OSORIO, mediante acto de compraventa de fecha 25 de junio del 2012, le compr\u00f3 al se\u00f1or EFRA\u00cdN CORONADO D\u00cdAZ el inmueble ubicado en la Carrera 4 No. 25-52 del corregimiento de Gaira\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.- Que \u00ab[e]l acto de compraventa queda registrado en debida forma en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Martha, documento que es id\u00f3neo para demostrar la situaci\u00f3n jur\u00eddica de cada inmueble\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.- Que \u00ab[d]espu\u00e9s de cierto tiempo la COMPA\u00d1\u00cdA DE GERENCIAMIENTO S.A.S., en liquidaci\u00f3n, presenta proceso ejecutivo mixto en contra del se\u00f1or EFRA\u00cdN CORONADO D\u00cdAZ y la se\u00f1ora LUZ YENNY SARMIENTO OSORIO, por cuant\u00eda de $ 73.453.842,92, proceso el cual se tramita hoy en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta con radicado 441\/2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.- Que \u00ab[d]icho ejecutivo mixto se da por que el se\u00f1or EFRA\u00cdN CORONADO MOLINA, suscribi\u00f3 a favor de COMPA\u00d1\u00cdA DE GERENCIAMIENTO S.A.S en liquidaci\u00f3n, el pagar\u00e9 No. 720010552 el d\u00eda 14 de agosto de 1997\u00bb. .  <\/span><\/p>\n

2.5.- Que \u00ab[p]ara garantizar dicha hipoteca el se\u00f1or EFRA\u00cdN CORONADO MOLINA, constituy\u00f3 hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda, a favor de CONCASA por medio de Escritura P\u00fablica No. 3.151 del 8 de agosto de 1997 de la Notar\u00eda Segunda del Circuito de Santa Marta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.- Que \u00ab\u2026al momento que la accionante compra el inmueble, sobre el mismo no reca\u00eda ning\u00fan gravamen o hipoteca, o no se encuentra registrado, apareciendo en el folio de matr\u00edcula No. 080-56057, con situaci\u00f3n jur\u00eddica normal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7.- Que el despacho encartado \u00ab\u2026fij\u00f3 fecha de remate para el d\u00eda 14 de diciembre de 2016 a las 4:00 de la tarde\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8.- Que \u00ab[la accionante] [es] una persona discapacitada, toda vez que desde [su] nacimiento [viene] presentando una enfermedad llamada polio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

2.9.- Que \u00ab\u2026present\u00f3 denuncia penal en contra del se\u00f1or, EFRA\u00cdN CORONADO MOLINA, por el presunto delito de estafa, el cual se [tramita] en la Fiscal\u00eda 10 Local de Santa Marta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.- Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al funcionario encartado \u00ab\u2026se abstenga de llevar a cabo la diligencia [de remate], teniendo en cuenta que soy una persona discapacitada\u2026\u00bb y, \u00absuspender el proceso civil hasta que no finalice el proceso penal por estafa\u00bb (Folios 1 a 5 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

4.- Mediante auto de 15 de diciembre de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional. Y el 18 de enero de 2017 neg\u00f3 el amparo rogado, el que fue impugnado por la gestora (Fls 78 a 88 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El despacho censurado, inform\u00f3 que \u00ab\u2026se puede evidenciar que la accionante asumi\u00f3 una actitud pasiva, pues a pesar de haber sido notificada en legal forma no contest\u00f3 la demanda dentro del lapso que le fue concedido para ello, de all\u00ed que el despacho inicial haya resuelto seguir adelante la ejecuci\u00f3n y subastar el inmueble identificado con la matr\u00edcula No. 080-56057, y solo a partir de tal actuaci\u00f3n fue que quiso oponerse a las actuaciones judiciales, se debe resaltar que la accionante tuvo todas las oportunidades procesales dentro del lapso legal y no hizo uso de ellas, pretendiendo convertir el tr\u00e1mite de tutela en una nueva instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, refiri\u00f3 que \u00ab\u2026en el presente caso no se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de la actora, toda vez que el Despacho ha resuelto todas y cada una de las solicitudes que elev\u00f3 el abogado de la ejecutante e incluso las que fueron propuestas directamente por ella; adem\u00e1s de ello el asunto puesto a su consideraci\u00f3n lleg\u00f3 a esta instancia cuando ya contaba con sentencia, como bien se colige de todo lo narrado, limitando mi actuar a resolver las solicitudes planteadas por el accionante, y a llevar a cabo la petici\u00f3n de remate, la que en la actualidad se encuentra se\u00f1alada para el d\u00eda 2 de marzo de 2017, como bien qued\u00f3 consignado en el acta de remate del 14 de diciembre de 2016, la cual fue declarada desierta\u00bb (Folios 69 a 70 Vlto Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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El Registrador Principal de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Marta, pidi\u00f3 que \u00ab\u2026se desvincule a la entidad que represento en la acci\u00f3n de tutela, en virtud de que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Marta dio cumplimiento al registro de la orden de embargo que sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 080-56057 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, comunicado mediante oficio No. 005 de 30 de abril de 2012 y no ha violado derecho fundamental alguno\u00bb (Folios 62 a 64 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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La Fiscal\u00eda 10 Local de Santa Marta, anunci\u00f3 que \u00ab\u2026en esta delegada cursa la indagaci\u00f3n N. C. 47001600101920105005 por el presunto punible de estafa, en la que figura como denunciante LUZ JENNY SARMIENTO OSORIO y como indiciado el se\u00f1or EFRAIN CORONADO MOLINA Y YULAIMA FUENMAYOR VILLA, la cual se encuentra activa en estado de INDAGACI\u00d3N\u00bb (Folio 29 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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La entidad Gerenciamiento de Activos S.A., afirm\u00f3 que celebr\u00f3 un contrato de compraventa con la sociedad Central de Inversiones S.A., a trav\u00e9s del cual adquiri\u00f3 un paquete de activos, entre los que se incluye el cr\u00e9dito a cargo del se\u00f1or Efra\u00edn Coronado Molina, que debido al incumplimiento de \u00e9ste decidi\u00f3 formular la demanda ejecutiva en contra de Coronado Molina y Luz Jenny Sarmiento Osorio, por ser \u00e9sta la propietaria inscrita del predio hipotecado, para lograr el recaudo compulsivo del saldo insoluto de esa obligaci\u00f3n y, finalmente apunt\u00f3 que cedi\u00f3 esa acreencia en favor del Grupo Empresarial Aliados.  <\/span><\/p>\n

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Y, enfatiz\u00f3 que \u00ab[conforme] [a] lo dispuesto por el art\u00edculo 2440 del C\u00f3digo Civil, el propietario del inmueble gravado con hipoteca no tiene mayores limitaciones frente al ejercicio de su derecho de propiedad y dem\u00e1s relacionados con el bien, pues los actos de disposici\u00f3n de la cosa se encuentran plenamente permitidos de forma tal que puede enajenarla o hipotecarla en segundo grado, en raz\u00f3n a que el legislador ha previsto privilegios especiales que garantizan los derechos del acreedor, sean ellos los atributos de persecuci\u00f3n y preferencia. Por lo anterior, la existencia de este gravamen en ning\u00fan caso vulnera los derechos de la se\u00f1ora Luz Jenny Sarmiento Osorio\u00bb (Folios 47 a 49 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil-Familia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, neg\u00f3 el amparo por considerar que \u00ab\u2026de cara a la orden de apremio que se libr\u00f3 en su contra, do\u00f1a Luz Jenny contaba con la posibilidad de interponer excepciones de m\u00e9rito. Sin embargo, de acuerdo con lo que se plasma en el informe rendido por la titular de la agencia judicial encartada, se abstuvo de hacerlo en el momento procesal oportuno, cercenando de ese modo la posibilidad que ten\u00eda, en el escenario id\u00f3neo, de discutir todas aqu\u00e9llas aristas que hoy le generan inconformismo y que no son del resorte del Juez constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, anot\u00f3 que \u00ab\u2026es bueno precisar que en trat\u00e1ndose de asuntos de mediana o alta complejidad, para los que la legislaci\u00f3n adjetiva tiene reserva una senda procesal, la jurisprudencia constitucional ha advertido que la tutela no puede ser empleada, ni aun transitoriamente, ya que los muy cortos plazos en que se le da tr\u00e1mite a esta acci\u00f3n muchas veces no permiten controvertir con suficiencia los aspectos sustanciales de la cuesti\u00f3n, ni siquiera en este caso se abrir\u00eda paso triunfal como mecanismo transitorio ante la actualidad o inminencia de un perjuicio irremediable, comoquiera que no se avizora en el plenario probanza alguna que indique que as\u00ed est\u00e9 ocurriendo\u00bb (Fls. 78 a 88 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la promotora manifestando que \u00ab\u2026cabe manifestar que le entregue poder al abogado Alfredo de Jes\u00fas Pe\u00f1aranda Alvarado, para que mediante apoderado, contestar\u00e1 y presentar\u00e1 las excepciones con referencia al caso, pero el mismo decidi\u00f3 no contestar la demanda dejando vencer dicho t\u00e9rmino procesal, teniendo en cuenta su proceder decid\u00ed interponer una denuncia penal y una queja en el Consejo Superior de la Judicatura de Santa Marta [\u2026], dado que yo deje en sus manos mi proceso, y es por esta raz\u00f3n que no se contest\u00f3 la demanda, dejando a un lado mis derechos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, enfatiz\u00f3 que \u00ab\u2026[es] una persona discapacitada, toda vez que desde [su] nacimiento [viene] presentando una enfermedad de polio y al estado depresivo que [presenta] \u00ab[l]a junta de calificaci\u00f3n de invalidez de Caldas, estableci\u00f3 [una] p\u00e9rdida de capacidad laboral del 50.30%, debido a la enfermedad de polio y al estado depresivo que [presenta], [que] [e]n la actualidad lo \u00fanico que [tiene] es el inmueble antes relacionado y una pensi\u00f3n de la cual [es] beneficiaria por parte de [su] madre, por estas razones acudo por la v\u00eda de la tutela para que sea usted quien proteja [sus] derechos, si se remata el inmueble, me quedar\u00eda sin vivienda o lugar donde vivir\u2026\u00bb (Folios 96 a 98 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales:   \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. – Observada la inconformidad planteada, surge que el gestor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila sus reproches contra la providencia de 9 de noviembre de 2016, en la que se \u00ab[se\u00f1al\u00f3] el d\u00eda catorce (14) de diciembre de dos mil diecis\u00e9is (2016), para llevar a cabo la diligencia de remate en p\u00fablica subasta del bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado en este proceso\u00bb, pues considera que incurri\u00f3 en causal espec\u00edfica de procedibilidad por \u00abdefecto factico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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a).- Auto de 30 de abril de 2012, en la que el funcionario querellado, orden\u00f3 \u00ablibrar mandamiento de pago por la v\u00eda ejecutiva MIXTA de MAYOR cuant\u00eda a favor del demandante en contra de los se\u00f1ores LUZ JENNY SARMIENTO OSORIO Y EFRA\u00cdN CORONADO D\u00cdAZ\u2026\u00bb (Folio 14 Vlto Cdno Corte).  <\/span><\/p>\n

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b).- Providencia de 14 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, en la que el despacho civil municipal cuestionado, dispuso \u00abseguir adelante la ejecuci\u00f3n dentro del presente proceso ejecutivo mixto, en la forma como fue dispuesto en el auto de mandamiento de pago\u2026 \u00bb (Fl. 15 Vlto ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c).- Determinaci\u00f3n de 25 de abril de 2013, que \u00ab[aprob\u00f3] la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte demandante\u00bb (Folio 16 Vlto \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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d).- Decisi\u00f3n de 9 de noviembre de 2016, en la que se \u00ab[se\u00f1al\u00f3] el d\u00eda catorce (14) de diciembre de dos mil diecis\u00e9is (2016), para llevar a cabo la diligencia de remate en p\u00fablica subasta del bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado en este proceso\u00bb (Folio 17 Cdno Corte).  <\/span><\/p>\n

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4.- Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que la salvaguarda invocada resulta improcedente, pues la actora no recurri\u00f3 el auto de 9 de noviembre de 2016, en se fij\u00f3 fecha para el remate, denotando as\u00ed su incuria, comoquiera que lo propio era, para estos \u00faltimos casos, ejercitar el recurso de reposici\u00f3n, a fin de que se volviera a analizar sobre el asunto en cuesti\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, es evidente que esa omisi\u00f3n da pie para pregonar que por cuenta de la querellante hubo desperdicio de las v\u00edas ordinarias de defensa que legalmente tuvo a su alcance para lograr el prop\u00f3sito que ahora persigue por medio de esta excepcional v\u00eda, ya que la presente acci\u00f3n no est\u00e1 prevista para rectificar fallas de gesti\u00f3n procesal ni para revivir oportunidades legales fenecidas, dado el car\u00e1cter subsidiario de este instrumento  (numeral 1\u00b0, del inciso 1\u00b0, del Decreto 2591 de 1991).  <\/span><\/p>\n

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     Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) resulta evidente la improcedencia de la presente acci\u00f3n, toda vez que [\u2026] la interesada no obstante haber podido interponer el medio expedito de defensa dentro del proceso\u2026omiti\u00f3 formularlo, de modo que si incurri\u00f3 en pigricia y lo desperdici\u00f3, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrirla por v\u00eda del mecanismo constitucional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales o de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para recuperar t\u00e9rminos y oportunidades procesales derrochados, pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales\u00bb (CSJ STC, 23 Ene de 2009, rad, n\u00b0 00540-01, reiterada 11 Sep.  2013, rad, n\u00b0. 01351-01 y 3 Feb. 2015, rad, n\u00b0 2014-00337-01).  <\/span><\/p>\n

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Acerca de la val\u00eda del recurso horizontal en aras de resguardar los intereses de las partes procesales, esta Sala ha se\u00f1alado reiteradamente que:  <\/span><\/p>\n

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       \u00ab[D]e conformidad con el art\u00edculo 348 del C. de P. Civil era perfectamente viable formular la queja que ahora plantea a trav\u00e9s de ese recurso ordinario, de modo que al omitir su interposici\u00f3n no es conducente que acuda despu\u00e9s a este tr\u00e1mite extraordinario, breve y sumario para suplir su incuria.  <\/span><\/p>\n

Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 3 ago. 2011, rad. 00741-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Asimismo, sobre la dejaci\u00f3n de los mecanismos de defensa al interior del proceso, tiene dicho esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 199 (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en CSJ STC, 9 mar. 2012, rad. 00427-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.- Por lo tanto, la gestora perdi\u00f3 la oportunidad para que el Juez natural revisara las inconformidades que ha expuesto, no siendo el Juez Constitucional el id\u00f3neo para auscultar la actuaci\u00f3n de la autoridad acusada, cuando lo cierto es que la interesada no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeta, entonces, a las consecuencias de las determinaciones que le fueron adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.- Adicionalmente, la Sala advierte que la gestora no despleg\u00f3 actividad procesal alguna, en aras de la defensa de sus prerrogativas al interior del proceso de ejecuci\u00f3n seguido en su contra, comoquiera que como ella misma lo admite en su escrito de impugnaci\u00f3n, no formul\u00f3 ning\u00fan medio exceptivo, pese a que ten\u00eda conocimiento de la orden de pago librada en su contra, y dispuso por tanto, de todas las garant\u00edas para hacer efectivos sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7.- De otra parte, cabe destacar que se observa de los documentos aportados al expediente, que la promotora figura en el certificado de tradici\u00f3n correspondiente a la matr\u00edcula inmobiliaria No. 080-56057, como propietaria inscrita del inmueble gravado con la garant\u00eda hipotecaria a favor del cr\u00e9dito reclamado ejecutivamente, es por ello que su vinculaci\u00f3n a ese litigio se encuentra justificada, dado que por la naturaleza de esa garant\u00eda de estirpe real, el acreedor se encuentra facultado para perseguir el predio de manos de qui\u00e9n se encuentre (art\u00edculo 2452 del C\u00f3digo Civil) y en raz\u00f3n a ello la norma adjetiva impone que se dirija la demanda contra el due\u00f1o del bien hipotecado, en aras de garantizarle a ese \u00abdominus\u00bb su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, como efectivamente aconteci\u00f3 en autos.  <\/span><\/p>\n

Con todo, en lo que se refiere a la dolencia fincada en no haberse decretado la suspensi\u00f3n del proceso civil hasta que culmine la causa penal con ocasi\u00f3n de la denuncia presentada por la gestora, conviene anotar que esa petici\u00f3n no fue atendida por la c\u00e9lula judicial encartada, por medio de auto de 25 de abril de 2013, no siendo esa decisi\u00f3n impugnada por la quejosa, lo que denota su incuria, am\u00e9n que esa determinaci\u00f3n no es arbitraria debido a que esa solicitud fue deprecada despu\u00e9s de haberse dictado sentencia de primera instancia, lo que impide que esa prejudicialidad sea decretada, por haber precluido la oportunidad procesal para ello.   <\/span><\/p>\n

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8.- Por lo dem\u00e1s, en lo que respecta a las quejas y a la responsabilidad otorgada por la quejosa al apoderado que la represent\u00f3 en el sub j\u00fadice la Sala no le haya raz\u00f3n a la dolencia expuesta, toda vez que conociendo la existencia del juicio, nada le imped\u00eda estar pendiente del resultado del mismo, para reclamar oportunamente, sus inconformidades, \u00abtodo esto sin dejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del mandatario de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (CSJ STC, 14 Abr. 2011, rad. 00589 -00 reiterado el 5 Oct. 2012, rad. 01698-01).  <\/span><\/p>\n

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Sobre este t\u00f3pico est\u00e1 Corporaci\u00f3n ha puntualizado que:  <\/span><\/p>\n

\u00abTampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u201d\u00bb (CSJ STC, 9 Jun. 2004, rad. 00448, reiterada, entre otras, el 5 Ago. 2008,  27 May. 2011 y 21 Ago. 2012, rads. 01217-01, 0024-01 y  0187-01 respectivamente y 22 May. 2013, rad. 00206).  <\/span><\/p>\n

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9.- De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, conforme a las razones expuestas en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMAR la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                        STC3451-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2016-00298-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C.,  diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100040","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100040"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100040\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100040"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}