{"id":100041,"date":"2026-06-25T19:53:42","date_gmt":"2026-06-25T19:53:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3467-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:53:42","modified_gmt":"2026-06-25T19:53:42","slug":"stc3467-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3467-2017\/","title":{"rendered":"STC3467-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3467-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00062-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 8 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil  del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Alexi Armando Su\u00e1rez Pedraza contra el Ministerio de Defensa Nacional y la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y al buen nombre, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, al haberle negado el ascenso retroactivo al grado de \u00abintendente jefe\u00bb de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene a los entes atacados, \u00abreconocer[le] la antig\u00fcedad en el rango de intendente, a partir del 01 de septiembre de 2009 y que se cause el llamamiento para ascenso al grado de intendente jefe en t\u00e9rminos del Decreto 1791 de 2000\u00bb (fl. 8, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que contaba con el tiempo suficiente para ser llamado al curso de Intendente de la Polic\u00eda Nacional, cuando esta instituci\u00f3n mediante Resoluci\u00f3n No. 011 de 5 de marzo de 2008, dispuso su retiro \u00abhaciendo uso de la facultad discrecional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adujo que instaur\u00f3 acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto administrativo referido con el fin de obtener su reincorporaci\u00f3n; empero, en prove\u00eddo del 30 de septiembre de 2011, el Juzgado Sexto Administrativo de Cali desestim\u00f3 esa aspiraci\u00f3n, determinaci\u00f3n que apelada fue revocada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 21 de agosto de 2014, en el sentido de ordenar su reintegro \u00absin soluci\u00f3n de continuidad (\u2026) al cargo de subteniente que desempe\u00f1aba al momento de su retiro\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asegura que una vez incorporado a la fuerza castrense atacada, fue llamado a adelantar curso de ascenso de intendente por satisfacer los requisitos previstos en el Decreto 1791 de 2000, el cual aprob\u00f3, raz\u00f3n por la que fue promovido a dicho grado a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n No. 05523 de 29 de agosto de 2016, \u00abcon fecha fiscal 01 de septiembre de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que frente a lo anterior formul\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante la Polic\u00eda Nacional, solicitando que el ascenso al grado de intendente fuera \u00abcon fecha fiscal 01 de septiembre de 2009\u00bb, con fundamento en el art\u00edculo 52 del citado canon, y que lo convocaran a realizar el \u00abcurso de ascenso a intendente jefe\u00bb; no obstante, en oficio del 23 de noviembre pasado, esos pedimentos fueron denegados, porque supuestamente no cumpl\u00eda con el tiempo suficiente para su promoci\u00f3n, teniendo en cuenta su \u00ab\u00faltima fecha fiscal de ascenso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que la respuesta aludida vulnera las garant\u00edas invocadas, toda vez que i) desconoci\u00f3 lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues su reintegro a la Polic\u00eda Nacional se orden\u00f3 sin soluci\u00f3n de continuidad, esto es, afirma, como si su retiro \u00abnunca hubiese ocurrido\u00bb; y, adem\u00e1s, ii) se encuentra \u00absometido a una inferioridad injustificada\u00bb con respecto a sus compa\u00f1eros, quienes obtuvieron el grado de intendentes durante la \u00e9poca en que estuvo desvinculado de la fuerza castrense atacada, y actualmente est\u00e1n adelantando \u00abcurso de ascenso para el grado de intendente jefe\u00bb (fls. 1 a 27, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional adujo, que \u00abla no soluci\u00f3n de continuidad, no significa que necesariamente el actor hubiere logrado escalar los grados correspondientes al escalaf\u00f3n, pues nada garantiza que, en efecto, el uniformado hubiere ascendido sin ning\u00fan tropiezo, como seguramente ocurri\u00f3 con algunos de sus compa\u00f1eros, que no pudieron ascender al no satisfacer los requisitos necesarios para ser promocionados\u00bb. De otro lado dijo, que \u00ablos ascensos en la instituci\u00f3n policial no se dan por el simple cumplimiento de determinado tiempo de servicio, sino que se debe acreditar el cumplimiento de otras exigencias, consagradas en los art\u00edculos 20 y 21 del Decreto 1791 de 2000\u00bb; y finalmente concluy\u00f3, que \u00abascender autom\u00e1ticamente al actor en las actuales condiciones en forma retroactiva, en el fundamento alegado de \u201cno soluci\u00f3n de continuidad\u201d, de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia que orden\u00f3 su reintegro, implicar\u00eda desconocer el derecho a la igualdad de sus compa\u00f1eros de promoci\u00f3n, que tuvieron que cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en la norma, entre estos, la asistencia a las capacitaciones y cursos\u00bb (fls. 100 a 127, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00abla accionada dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle, porque ya se produjo el reintegro al cargo de subintendente sin soluci\u00f3n de continuidad pues se efectuaron los pagos de todos los salarios, prestaciones sociales y dem\u00e1s emolumentos laborales dejados de percibir entre la fecha de desvinculaci\u00f3n y el momento en que sea efectivamente reintegrado, sobre lo cual no hay discusi\u00f3n. La orden judicial es clara y nada da para entender que se estuviere disponiendo el reintegro a la instituci\u00f3n en un cargo de mayor grado al que desempe\u00f1aba [el actor] al momento del retiro del accionante o a aquel grado en que estuvieren sus compa\u00f1eros de curso que hubieren logrado el ascenso a intendente y luego a intendente jefe.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y no solo eso, tambi\u00e9n se acredita dentro de la presente acci\u00f3n, que con posterioridad al reintegro, el accionante fue ascendido al grado de intendente mediante Resoluci\u00f3n de ascenso No. 05523 del 29 de agosto de 2016, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art\u00edculo 20 y 21 del Decreto ley 1791 de 2000, entre ellos el de tiempo m\u00ednimo de permanencia en el empleo, lo que deja ver que s\u00ed fue tenido en cuenta el tiempo de desvinculaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Ahora, lo que pretende el accionante es que dicho tiempo sea considerado para ascender en el escalaf\u00f3n al grado de intendente jefe, asunto que de manera alguna puede ser competencia del juez de tutela, pues a este s\u00f3lo le corresponde determinar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de hacer contenida en la orden judicial emitida para el caso por el Tribunal Administrativo del Valle, que como se dijo fue atacada en su integridad; y si lo que pretende el actor es cuestionar el ascenso denegado, se evidencia que ya existe una respuesta administrativa donde se exponen las razones de tal decisi\u00f3n, que est\u00e1 sujeta a los recursos de ley, sin que obre prueba de que se hayan agotado; adem\u00e1s, no se encuentra dentro de las facultades del juez constitucional pretermitir la exigencia de requisitos establecidos por la Ley para el ascenso dentro de una instituci\u00f3n como la Polic\u00eda que tiene un r\u00e9gimen especial de carrera \u2013Decreto ley 1791 \/2000- al que est\u00e1n sometidos todos los que ingresen y permanezcan en la misma, y que no fija como \u00fanico requisito de ascenso la antig\u00fcedad\u00bb (fls. 172 a 174 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 183 a 188, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Sin duda, en este caso el accionante acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n, para i) cuestionar el oficio No. S-2016-317628\/ADEHU-GRUAS-1.10 del 23 de noviembre de 2016, mediante el cual la Polic\u00eda Nacional le neg\u00f3 el ascenso retroactivo al grado de \u00abintendente jefe\u00bb, pues en su opini\u00f3n, dicha decisi\u00f3n desatiende la sentencia de 21 de agosto de 2014 emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en virtud del cual se dispuso su reintegro a la instituci\u00f3n sin soluci\u00f3n de continuidad; y, de otro lado, ii) porque asegura encontrarse en condici\u00f3n de \u00abinferioridad\u00bb respecto a sus compa\u00f1eros, quienes obtuvieron el grado de intendentes durante la \u00e9poca en que estuvo desvinculado de la fuerza castrense atacada, est\u00e1n en la actualidad adelantando \u00abcurso de ascenso para el grado de intendente jefe\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Bajo las anteriores premisas, la Sala estima que el presente reclamo resulta improcedente, como quiera que el gestor contaba o a\u00fan cuenta con la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa con el fin de procurar la defensa de sus garant\u00edas. Obs\u00e9rvese que Alexi Armando Su\u00e1rez Pedraza tiene o tuvo a su alcance la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, oportunidad en la que pudo o podr\u00e1 debatir los motivos por los cuales considera que tiene derecho a que lo promuevan al grado de intendente jefe de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha considerado que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[E]n principio las controversias en torno de la legalidad de los \u2018Actos Legislativos\u2019 y \u2018actos administrativos\u2019, como lo son, ya los preparatorios ora los de ejecuci\u00f3n (\u2026), deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, sin que sea viable pretender sustituirlos por este mecanismo especial de protecci\u00f3n de las garant\u00edas inherentes a las personas, lo cual desnaturaliza la s\u00faplica tutelar que, en modo alguno, puede servir de medio para ventilar disconformidades que no se han puesto previamente en conocimiento de los acusados, habida cuenta de su car\u00e1cter subsidiario\u00bb (ver entre otras, en STC5357-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.  As\u00ed las cosas, es evidente la premura del promotor en el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, ante la existencia de mecanismos a su alcance para la defensa de sus prerrogativas esenciales, por lo que la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, en armon\u00eda con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

3.2.  En un caso que guarda similitud, la Sala consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abal juez constitucional le est\u00e1 vedado arrogarse facultades que no le corresponden, como aqu\u00ed acontece, pues es indiscutible que el petente, a fin de obtener el ascenso, enfila su inconformidad, frente a la respuesta que le fue extendida por el Ej\u00e9rcito Nacional el  14 de octubre de 2015 (fls.90-91) en el cual se le inform\u00f3 con base en los argumentos normativos sobre la no procedencia del ascenso solicitado es un \u00abacto administrativo\u00bb, en tal virtud debi\u00f3 acudir a interponer las acciones de que tratan los art\u00edculos 137 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; por consiguiente, y en varias ocasiones lo ha destacado esta Corporaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la herramienta constitucional no es posible debatir actos administrativos, por cuanto, como se sabe, estos se sujetan a una serie de presupuestos que determinan su validez, por tanto, el Estado ha instituido medios de control que quedan al alcance de los ciudadanos, los cuales pueden desplegar, ante las instancias competentes\u00bb (STC4941-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.   Ahora bien, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa, salvo que aqu\u00e9lla se formule para evitar un perjuicio irremediable; sin embargo, en el sub examine el accionante no prob\u00f3 un detrimento de tal magnitud que torne viable otorgar el presente reclamo, a\u00fan como mecanismo transitorio. Sobre el tema la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, STC15617-2014 y STC15970-2016, entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Finalmente, en cuanto a lo que ata\u00f1e con el derecho a la igualdad, cabe resaltar que no basta con la simple enunciaci\u00f3n, sino que es necesario que el actor compruebe que otras personas, en circunstancias equivalentes a las suyas, hubiesen sido ascendidos al grado de intendente jefe y, as\u00ed poder efectuar el estudio pertinente con el fin de establecer el presunto trato discriminatorio. Entonces, no basta con se\u00f1alar que el personal relacionado en el escrito de tutela ocupaba el mismo escalaf\u00f3n al del actor, al momento de su retiro, si no que resulta necesario acreditar que para obtener su ascenso, en id\u00e9ntica fecha, cumpl\u00eda los mismos requisitos que les fueron exigidos a los dem\u00e1s para ser promovidos a superior grado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el tema, la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En ese orden de ideas, las razones consignadas se estiman suficientes para ratificar el fallo de tutela de primera instancia.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3467-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00062-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100041","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100041","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100041"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100041\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100041"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100041"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100041"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}