{"id":100043,"date":"2026-06-25T19:53:52","date_gmt":"2026-06-25T19:53:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3469-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:53:52","modified_gmt":"2026-06-25T19:53:52","slug":"stc3469-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3469-2017\/","title":{"rendered":"STC3469-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3469-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00875-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 8 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Carmela Amparo Jurado Bastidas contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Once Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de los juicios declarativos a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante a trav\u00e9s de apoderada judicial,  reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridades jurisdiccionales accionadas, al negarse a ordenar la entrega de un predio, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Santos Santissem Santacruz promovi\u00f3 en contra de Carlos Alberto Rojas Torres; y, dentro del litigio de declaraci\u00f3n de pertenencia que este \u00faltimo formul\u00f3 en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, aunque no elev\u00f3 una petici\u00f3n en concreto, se desprende del escrito inicial, que lo que la aqu\u00ed interesada pretende, es que se ordene a las autoridades judiciales convocadas, comisionar a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda respectiva, la entrega del bien de su propiedad (fls. 1 a 3, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en compendio, que es copropietaria del inmueble ubicado en \u00abla avenida 9\u00aa No. 15n \u2013 29\/ 15n-39\u00bb de la ciudad de Cali, el cual a trav\u00e9s de apoderado general, lo arrend\u00f3 a la sociedad Celac Ltda, representada legalmente por Carlos Alberto Rojas Torres.  <\/span><\/p>\n

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Indica que como quiera que la sociedad arrendataria incumpli\u00f3 con el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, por un error atribuible a su mandatario judicial, dice, promovi\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendando contra el citado ciudadano, raz\u00f3n por la cual, el Juzgado Once Civil Municipal de la citada ciudad, profiri\u00f3 sentencia contraria a sus intereses, pues declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque el Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la memorada urbe, hall\u00f3 culpable al mentado se\u00f1or Rojas Torres de los delitos de falsedad en documento y fraude procesal, por las conductas desarrolladas dentro del proceso de pertenencia que \u00e9ste promovi\u00f3 en su contra respecto del citado predio, y, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, las medidas cautelares y \u00abla entrega definitiva del bien inmueble a su leg\u00edtima propietaria\u00bb, el hom\u00f3logo Tercero Civil del Circuito de la referida ciudad, quien conoci\u00f3 de la controversia declarativa de usucapi\u00f3n, deneg\u00f3 la petici\u00f3n tendiente a que se comisionara la respectiva entrega, tras considerar que dicha solicitud deb\u00eda tramitarse era en el litigio de restituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aduce que en virtud de lo anterior, requiri\u00f3 a la autoridad al Despacho Once Civil Municipal para  que comisionara la  entrega del bien, en la medida que la controversia hab\u00eda terminado \u00abpor sentencia que esta[ba] debidamente ejecutoriada y que desestim\u00f3 las pretensiones de la demandante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Aduce, que el 3 de noviembre de 2015, el 26 de febrero y 26 de agosto de 2016, solicit\u00f3 nuevamente el cumplimiento de la orden dispensada; empero, el Juzgado Civil del Circuito aludido, la neg\u00f3, raz\u00f3n por la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, el cual fue rechazado por no estar enlistado en los supuestos de que trata el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente asegura, que las anteriores circunstancias, no solo desconocen una decisi\u00f3n judicial que result\u00f3 a su favor, sino que con dicho trasegar, la han llevado a \u00abenfrentar (\u2026) a un tenedor doloso que se ha querido adue\u00f1as de su previo\u00bb, lo que dice, vulnera los derechos fundamentales invocados (\u00edd.).       <\/span><\/p>\n

               <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        La titular del Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Cali, luego de memorar las actuaciones que conoci\u00f3 dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que se acusa, puntualiz\u00f3 que \u00abno accedi\u00f3 a la entrega del bien inmueble (\u2026), por la pot\u00edsima raz\u00f3n de haberse proferido la sentencia de instancia en contra de las pretensiones de la parte demandante, por una parte y por otra, que al haberse proferido la sentencia mediante la cual aqu\u00e9lla solicita la entrega en ciernes, dentro del sistema Penal Oral Acusatorio, dentro de esa estirpe de procedimiento, la ley contempla el restablecimiento de los derechos de las v\u00edctimas, merced a lo cual, en ejercicio de esa instituci\u00f3n, la peticionaria pod\u00eda obtener la tanta veces mencionada entrega\u00bb (fls. 59 y 61, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.        La Juez Tercera Civil del Circuito de la misma ciudad, quien conoci\u00f3 de la controversia declarativa de usucapi\u00f3n que fue incoada en contra de la aqu\u00ed accionante, precis\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna  a \u00e9sta, pues dentro del citado litigio \u00abno es viable ordenar la comisi\u00f3n para la entrega, en virtud de la naturaleza del proceso de pertenencia, en el que tan solo existi\u00f3 como medida cautelar la de inscripci\u00f3n de la demanda, misma que fue debidamente levantada\u00bb (fls. 68 y 69, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, por incumplir con el requisito de la inmediatez, pues dentro de los procesos civiles que se censuran, las primeras peticiones elevadas en torno a la entrega del inmueble fueron resueltas el 7 de mayo de 2014 y el 9 de octubre de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo refiri\u00f3, que \u00abla orden de entrega contenida en la sentencia de car\u00e1cter penal, no es susceptible de aplicaci\u00f3n dentro del proceso ordinario de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva del dominio (\u2026), pues, el Juzgado (\u2026) como \u00fanica medi[d]a que (\u2026) adopt[\u00f3] es la inscripci\u00f3n de la demanda, m\u00e1s no la de embargo y secuestro del bien\u00bb (fls. 133 a 136, ib\u00eddem.)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fl. 147, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto se observa, que la pretensi\u00f3n de la se\u00f1ora Carmela Jurado Bastidas, sin duda, va encaminada a que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, comisionar la diligencia de entrega del inmueble ubicado en \u00abla avenida 9\u00aa No. 15n \u2013 29\/ 15n-39\u00bb de la citada localidad,  en el marco del proceso de pertenencia que sigue en su contra el se\u00f1or Carlos Alberto Rojas Torres, pues en su criterio, no se han acatado en su totalidad las \u00f3rdenes proferidas por el Juzgado Once penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, dentro de la acci\u00f3n penal en la que result\u00f3 condenado el citado ciudadano.  <\/span><\/p>\n

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3.        De la revisi\u00f3n de los documentos adosados al expediente, en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, la Sala extrae lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1.          La se\u00f1ora Elizabeth Rodr\u00edguez Torres, como \u00abadministradora\u00bb de la aqu\u00ed accionante, celebr\u00f3 contrato de arrendamiento respecto del predio memorado en l\u00edneas anteriores, con la sociedad Cenalc Ltda; ante el incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones, se promovi\u00f3 ante el Juzgado Once Civil Municipal de Cali, proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra el se\u00f1or Carlos Alberto Rojas Torres, quien figuraba como representante legal de la citada compa\u00f1\u00eda; empero, dicha autoridad mediante fallo del 1\u00ba de diciembre de 2006, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva (fls. 6 a 11, cdno. 1).     <\/span><\/p>\n

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3.2.           El citado se\u00f1or Rojas Torres el 26 de abril de 2005, incoo proceso declarativo de pertenencia contra la aqu\u00ed accionante y otros, tr\u00e1mite judicial en el que la inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio pretendido en usucapi\u00f3n (fls. 3 a 5, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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3.3.          Por otra parte, con ocasi\u00f3n de las conductas delictivas desarrolladas en el litigio referido en l\u00edneas anteriores, mediante prove\u00eddo del 13 de septiembre de 2011, el Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma urbe, hall\u00f3 culpable de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, al mentado se\u00f1or Rojas Torres; de este modo, en la citada providencia se resolvi\u00f3, por una parte, \u00abDeclarar falso el Documento privado (Contrato de cesi\u00f3n de derecho posesorio) suscrito por los se\u00f1ores CARLOS ALBERTO ROJAS TORRES y EMILIO ENRIQUE FIAT MAYOR con fecha 31 de octubre de 1997\u00bb; y por la otra, como restablecimiento de los derechos de la v\u00edctima \u2013aqu\u00ed tutelante, se dispuso  <\/span><\/p>\n

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\u00abORDENAR la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda de declaraci\u00f3n de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio dispuesta por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, (\u2026), a fin de que el mencionado Despacho Judicial, dentro del \u00e1mbito de su competencia, adopte las decisiones relativas al levamiento de las medidas cautelares que existen sobre el bien inmueble ya especificado (\u2026) y proceda como consecuencia necesaria, a ordenar la entrega definitiva del bien inmueble a su leg\u00edtima propietaria la se\u00f1ora Carmela Amparo Jurado Bastidas. Of\u00edciese en tal sentido con los insertos del caso al mencionado Despacho Judicial\u00bb  (fls. 14 a 30, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.4.          En atenci\u00f3n de lo anterior, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la mentada ciudad, por auto del 5 de marzo de 2014, resolvi\u00f3 cancelar la medida cautelar decretada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, pero el 7 de mayo siguiente deneg\u00f3 la solicitud elevada por la apoderada judicial de la aqu\u00ed accionante en torno a la entrega material del citado predio, tras considerar lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abtoda vez que el contexto de un proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia lo que se puede solicitar de llegar a prosperar la pretensi\u00f3n es la inscripci\u00f3n de la sentencia por ser una acci\u00f3n meramente declarativa; la restituci\u00f3n podr\u00eda solicitarse en el escenario de un proceso reivindicatorio, a condici\u00f3n de que prospere la demanda. Aqu\u00ed lo uno ni lo otro por cuanto la demanda fue rechazada.  <\/span><\/p>\n

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La entrega anticipada se puede solicitar al interior del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado de reunir los requisitos que trata la ley 820 de 2003\u00bb (fl. 6, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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  3.5.           Finalmente mediante prove\u00eddo de 9 de septiembre de 2016, el mentado Despacho neg\u00f3 nuevamente la comisi\u00f3n deprecada, decisi\u00f3n contra la cual la interesada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el que fue rechazado por improcedente (fls. 38 a 40, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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4.        Visto lo anterior, la Sala estima que en efecto la aludida autoridad judicial incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo que amerita la intervenci\u00f3n excepcional del Juez Constitucional, en la medida en que no analiz\u00f3 como correspond\u00eda la tem\u00e1tica puntual relacionada con la entrega del inmueble antes referido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.1.   Ciertamente, se arriba a tal conclusi\u00f3n, teniendo en cuenta que no solo, y sin lugar a dudas, no se trata de una simple petici\u00f3n elevada por la propietaria del bien, demandada en el proceso de usucapi\u00f3n y denunciante en la acci\u00f3n penal, sino que la entrega del tan referido inmueble fue ordenada en la sentencia proferida por el Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de conocimiento de la ciudad de Cali; decisi\u00f3n que no solo se profiri\u00f3 a t\u00edtulo de restablecimiento de los derechos de la v\u00edctima \u2013aqu\u00ed promotora, sino que se encuentra debidamente ejecutoriada, resultando, entonces, de obligatorio cumplimiento, ello en prescindencia, en el caso en particular, que dentro de la controversia civil como medida cautelar solamente se haya ordenado la inscripci\u00f3n de la demanda en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria, pues adem\u00e1s que se desconoci\u00f3 dicha sentencia, se impidi\u00f3 el derecho real del disfrute del bien y su libre disposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4.2.  Por otra parte, y toda vez que de los documentos obrantes en el plenario y los propios hechos expuestos en el libelo genitor de la tutela, se extrae que existe un contrato de arrendamiento respecto del citado bien celebrado con la sociedad Centro Educacional y de Capacitaci\u00f3n Comercial Ltda., -Cenalc, en concepto de la Sala, si bien, se itera, resulta procedente la entrega del inmueble, lo cierto es que \u00e9sta debe ser formal m\u00e1s no material, pues obrar en sentido contrario, desconocer\u00eda los derechos de un tercero, que por una parte, fue ajeno a la controversia y por tanto, le es oponible la orden judicial; y por la otra, en la acci\u00f3n penal como se rese\u00f1\u00f3 en l\u00edneas anteriores, lo que se declar\u00f3 fue la falsedad del contrato de compraventa de posesi\u00f3n suscrito entre los condenados; luego entonces, la relaci\u00f3n contractual respecto de la tenencia del inmueble en cabeza de la memorada entidad persiste hasta la fecha, lo que inexorablemente conlleva no solo a respetar sus derechos, sino a que la persona jur\u00eddica tenga el deber de cumplir tambi\u00e9n con las obligaci\u00f3n contractuales adquiridas frente a la due\u00f1a del bien y arrendadora, quedando en cabeza de esta \u00faltima las acciones pertinentes en caso de incumplimiento u otras motivos de adelantar los procesos judiciales pertinentes con el fin de restituir materialmente el tan referido bien.    <\/span><\/p>\n

5.   En asuntos similares al presente, esta Sala de vieja data ha considerado, que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n.  La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas.  La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u2019 sentencia de 22 de mayo de 2003, Exp. 00526-01\u00bb (citada entre otras, en CSJ STC14277-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       6.        As\u00ed las cosas, como para la Corte es claro que la labor efectuada por la autoridad convocada dentro del litigio tantas veces mencionado luce defectuosa, raz\u00f3n por la que se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela para restablecer el derecho fundamental conculcado, aunque no se cumpla con el presupuesto b\u00e1sico de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       De este modo, el Despacho del Circuito convocado deber\u00e1, tras invalidar lo necesarios, proceder a emitir nuevamente la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, teniendo en cuenta que se debe llevar a cabo la respectiva diligencia de entrega, en la que una vez identificados los linderos del predio, se deber\u00e1 notificar a la citada instituci\u00f3n educativa en cabeza de su representante legal o quien haga sus veces, respecto del aludido restablecimiento de derechos y las obligaciones contractuales que  nuevamente tiene con la se\u00f1ora Jurado Bastidas como propietaria y arrendadora del inmueble, ello teniendo en cuenta tambi\u00e9n las previsiones del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 8 de febrero de 2017 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para en su lugar, CONCEDE el amparo invocado por la se\u00f1ora Carmela Amparo Jurado Bastidas contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, por vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la citada ciudad, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dejar sin valor y efecto los prove\u00eddos de 7 de mayo de 2014 y 9 de septiembre de 2016, para que proceda a estudiar nuevamente la solicitud de entrega del inmueble aqu\u00ed referida, conforme a lo establecido en la parte motiva la presente providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3469-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00875-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100043","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100043","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100043"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100043\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100043"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100043"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100043"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}