{"id":100049,"date":"2026-06-25T19:54:25","date_gmt":"2026-06-25T19:54:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3474-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:54:25","modified_gmt":"2026-06-25T19:54:25","slug":"stc3474-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3474-2017\/","title":{"rendered":"STC3474-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3474-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00488-00  <\/span><\/p>\n

           (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Jos\u00e9 Manuel Abuchaibe Escolar contra el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Fabio Espitia Garz\u00f3n y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente frente al magistrado Orlando Mu\u00f1oz Neira, con ocasi\u00f3n de la causa penal seguida al Gobernador de La Guajira, Wilmer Gonz\u00e1lez Brito, por los delitos de cohecho, falsedad en documento p\u00fablico, corrupci\u00f3n al sufragante y fraude procesal.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y a \u201celegir y ser elegido\u201d, presuntamente lesionadas por los accionados.  <\/span><\/p>\n

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2.1. Por presuntas anomal\u00edas acontecidas en las elecciones at\u00edpicas celebradas en el Departamento de La Guajira el a\u00f1o pasado, la Fiscal\u00eda entutelada \u201cacus\u00f3\u201d al gobernador Wilmer Gonz\u00e1lez Brito, por la comisi\u00f3n de los delitos de cohecho, falsedad en documento p\u00fablico, corrupci\u00f3n al sufragante y fraude procesal.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, requiri\u00f3 a la Sala hoy accionada le impusiera al referido se\u00f1or medida de aseguramiento preventiva, pedimento zanjado favorablemente el 17 de febrero de 2017, tras inferirse que \u201c(\u2026) Gonz\u00e1lez Brito tiene la capacidad de interferir en la investigaci\u00f3n si permanece en libertad, por tanto, requiere ser recluido en un establecimiento carcelario (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Censura el ahora querellante la determinaci\u00f3n antelada, estimando insatisfechos los presupuestos exigidos por la ley penal para impartir esa disposici\u00f3n preliminar. Asimismo, refiere que se est\u00e1 desconociendo su \u201c(\u2026) derecho a elegir y a ser elegido, (\u2026) si se permite que el [citado se\u00f1or] (\u2026) permanezca detenido de forma irregular, lo que (\u2026) [le] impedir\u00eda continuar y terminar el per\u00edodo para el cual fue elegido democr\u00e1tica y legalmente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que esa causa surgi\u00f3 como resultado de una \u201cposible confabulaci\u00f3n de intereses centralistas para desestabilizar a La Guajira\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora ordenar invalidar el pronunciamiento criticado y remitir ese decurso  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) al Consejo Nacional Electoral para que se investiguen los posibles gastos no reportados y las cuentas presentadas por la campa\u00f1a de Wilmer Gonz\u00e1lez y se determine si existieron documentos falsos o un posible fraude procesal en la presentaci\u00f3n de las mismas, para que la Fiscal\u00eda adquiera entonces unas pruebas s\u00f3lidas en este caso, con la decisi\u00f3n administrativa correspondiente, teniendo en consideraci\u00f3n que debe verificarse si existi\u00f3 violaci\u00f3n de los topes de gastos (\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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La Sala Penal querellada realz\u00f3 la legalidad de su proceder en ese asunto.  <\/span><\/p>\n

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Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Jos\u00e9 Manuel Abuchaibe Escolar critica que dentro del comentado subex\u00e1mine se haya impuesto detenci\u00f3n preventiva al gobernador de La Guajira, Wilmer David Gonz\u00e1lez Brito.  <\/span><\/p>\n

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Para el gestor, esa determinaci\u00f3n quebranta su derecho \u201ca elegir y ser elegido\u201d, precisando que se est\u00e1 impidiendo ejercer la representaci\u00f3n del mencionado departamento a quien fue designado popularmente para ello.  <\/span><\/p>\n

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2. El aludido precepto iusfundamental se encuentra contenido en los numerales 1\u00b0 del canon 40 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica1 y 1\u00ba, literal b), de la regla 23 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2, su n\u00facleo esencial se concreta en la facultad otorgada a los ciudadanos de participar activamente en la democracia de sus pa\u00edses, bien sea postul\u00e1ndose como candidatos o votando en la designaci\u00f3n de sus representantes y l\u00edderes en los diferentes estamentos oficiales.  <\/span><\/p>\n

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Para lograr lo anterior, es indispensable que el procedimiento electoral se encuentre dotado de las garant\u00edas suficientes de igualdad, universalidad, transparencia e independencia, para eliminar cualquier asomo de manipulaci\u00f3n, constre\u00f1imiento o restricci\u00f3n injustificada a las personas en el ejercicio de tal potestad.  <\/span><\/p>\n

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conceptuado sobre el tema:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El art\u00edculo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos p\u00fablicos, como elector a trav\u00e9s del voto o como servidor p\u00fablico, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designaci\u00f3n o nombramiento para ocupar un cargo p\u00fablico. Adem\u00e1s de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los dem\u00e1s derechos previstos en la Convenci\u00f3n que se reconocen a toda persona, el art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n no s\u00f3lo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el t\u00e9rmino \u201coportunidades\u201d. Esto \u00faltimo implica la obligaci\u00f3n de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos pol\u00edticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo se\u00f1alara este Tribunal anteriormente, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos \u00f3ptimos para que los derechos pol\u00edticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participaci\u00f3n pol\u00edtica. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representar\u00e1n en la toma de decisiones de los asuntos p\u00fablicos\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPor su parte, la participaci\u00f3n pol\u00edtica mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos p\u00fablicos sujetos a elecci\u00f3n si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.  <\/span><\/p>\n

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3. Con sustento en lo discurrido,  no se avizora afectaci\u00f3n a la precitada prerrogativa supralegal, pues la misma no implica, de ninguna manera, que las personas en ejercicio de cargos de elecci\u00f3n popular no sean sujetos justiciables ni tampoco la imposibilidad de, en virtud de mandato emitido por autoridad competente, suspenderlos, provisional o definitivamente, de sus funciones o de imponerles una medida preventiva.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este puntual t\u00f3pico, esta Sala de Casaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Resulta, por tanto, errado argumentar que (\u2026) los funcionarios de elecci\u00f3n popular no puedan ser separados de sus cargos, temporal o definitivamente, por medio de procedimientos judiciales, administrativos o disciplinarios distintos del juicio criminal, que cada Estado ha implementado en ejercicio de su soberan\u00eda y de su potestad punitiva (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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Tampoco es admisible que cualquier persona pretenda intervenir en procesos judiciales seguidos a servidores p\u00fablicos escogidos a trav\u00e9s del sufragio, para intentar, so pretexto de la violaci\u00f3n de la prerrogativa a \u201celegir y ser elegido\u201d, que tales funcionarios evadan las consecuencias derivadas de su actuar irregular.  <\/span><\/p>\n

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4. Esclarecido lo antelado, se despachar\u00e1 desfavorablemente la salvaguarda porque, de un lado, al interesado no se le ha quebrantado garant\u00eda alguna, y, de otro, si su cometido es propender por la defensa de Gonz\u00e1lez Brito, carece de legitimaci\u00f3n para ello, pues no arrim\u00f3 poder expresamente conferido por el precitado gobernador para representarlo ni tampoco manifest\u00f3 concurrir como agente oficioso del memorado se\u00f1or, por ende, no est\u00e1 facultado para actuar en esta tramitaci\u00f3n a favor del aludido funcionario.  <\/span><\/p>\n

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5. Reiteradamente esta Sala ha destacado que en el impulsor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en quienes conforman algunos de los extremos del asunto; excepcionalmente pueden poseerlo los terceros.  <\/span><\/p>\n

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Es menester indicar que el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si bien instituye: \u201c[l]a acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida [indistintamente por] cualquiera\u201d, el mismo canon supedita su legitimaci\u00f3n al individuo directamente \u201cvulnerad[o] o amenazad[o] en uno de sus derechos fundamentales\u201d, a su representante o a su agente oficioso, no a otras personas. La mencionada disposici\u00f3n normativa es desarrollo del precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, del cual se colige que a dicho auxilio solo est\u00e1 facultado para concurrir quien vea \u201cvulnerados o amenazados\u201d sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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En un auxilio de similares contornos, memor\u00f3 esta Sala:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d  aquellos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u201cdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii)        A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii)        Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u201ccuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u201d. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

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6. Por lo discurrido, el amparo deprecado ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jos\u00e9 Manuel Abuchaibe Escolar contra el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Fabio Espitia Garz\u00f3n y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente frente al magistrado Orlando Mu\u00f1oz Neira, con ocasi\u00f3n de la causa penal seguida al Gobernador de La Guajira, Wilmer Gonz\u00e1lez Brito, por los delitos de cohecho, falsedad en documento p\u00fablico, corrupci\u00f3n al sufragante y fraude procesal.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u201c(\u2026) Art. 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformaci\u00f3n, ejercicio y control del poder pol\u00edtico. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

2 \u201c(\u2026) Art. 23. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (\u2026) b) de votar y ser elegidos en votaciones p\u00fablicas aut\u00e9nticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresi\u00f3n de la voluntad de los electores (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

3 Corte IDH, Sentencia de 6 de agosto de 2008, Caso Casta\u00f1eda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. Civil, sentencia STC 7174 de 6 de junio de 2014, exp. 2014-00572-01.    <\/span><\/p>\n

5CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02.      <\/span><\/p>\n

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