{"id":100056,"date":"2026-06-25T19:55:08","date_gmt":"2026-06-25T19:55:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3569-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:55:08","modified_gmt":"2026-06-25T19:55:08","slug":"stc3569-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3569-2017\/","title":{"rendered":"STC3569-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3569-2017  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00567-00  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela impetrada por Raduan Mamnah Osman frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario adelantado por Central de Inversiones S.A. a Miladys Margarita Cha\u00edn Donado, en el cual funge como cesionario del cr\u00e9dito el aqu\u00ed quejoso.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama el amparo de las garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por las autoridades querelladas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de su reparo acota, en s\u00edntesis, que dentro del pleito materia de este ruego, desarrollado el rito pertinente se dict\u00f3 sentencia de seguir con el coercitivo, la cual fue confirmada el 8 de mayo de 2011 por el Tribunal tutelado, quien en ese momento resalt\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) \u2018el d\u00eda 13 de marzo de 2007 se present\u00f3 esta nueva demanda ejecutiva, pues a voces del ejecutante, la demandada ha continuado incumpliendo la obligaci\u00f3n, a la que no se le puede aplicar como supuesto de exigibilidad del t\u00edtulo la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a la que ata\u00f1e la sentencia SU 813 de 2007, en consideraci\u00f3n a que los lineamientos establecidos en esa providencia no tienen efectos retroactivos y, por tanto no se le pod\u00eda exigir al actor que cumpliera con unos presupuestos que ni la ley ni la jurisprudencia hab\u00edan sentado con claridad\u2019 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que pese a lo anterior, el 30 de septiembre de 2015 el a quo resolvi\u00f3 terminar la citada litis por no cumplir el requisito de \u201creestructuraci\u00f3n\u201d, pronunciamiento ratificado por el ad quem el 8 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Indica que en esas dos \u00faltimas determinaciones se pretirieron los fallos emitidos por las altas Cortes respecto a la inviabilidad de finiquitar litigios como el comentado cuando \u201cexistan embargos de remanente\u201d, y en el caso concreto \u201c(\u2026) hab\u00eda constancia de que la medida de embargo [decretada en el mismo] no hab\u00eda podido ser materializada por existir embargo por jurisdicci\u00f3n coactiva por parte del distrito\u201d de Barranquilla.  <\/span><\/p>\n

Asevera que los funcionarios querellados quebrantaron el principio de cosa juzgada al pasar por alto la sentencia de segunda instancia dictada dentro del asunto, donde el Tribunal se \u201cpronunci[\u00f3] sobre la mencionada reliquidaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que al no llegar Miladys Margarita Cha\u00edn Donado a un acuerdo \u201c(\u2026) de pago con el banco y al no pagar los impuestos de[l] (\u2026) predi[o] est\u00e1 demostrado que no ten\u00eda la capacidad financiera\u201d para saldar la obligacion crediticia.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que en la actualidad los jueces no revisan los casos a la luz de la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, en aras de verificar si es viable o no decretar la terminaci\u00f3n de los ejecutivos hipotecarios por la no reestructuraci\u00f3n del pr\u00e9stamo cobrado v\u00eda judicial, descuido que genera \u201c(\u2026) un perjuicio enorme a los acreedores adem\u00e1s de una violaci\u00f3n flagrante del principio de econom\u00eda procesal (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3.        Tras reiterar lo ya descrito, pide, entre otras cosas, disponer la continuaci\u00f3n del se\u00f1alado juicio compulsivo.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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El ad quem se opuso a esta protecci\u00f3n por cuanto su decisi\u00f3n se ajust\u00f3 a los precedentes emitidos por \u201clas Altas Cortes\u201d, y por incumplir la exigencia de formulaci\u00f3n oportuna si se tiene en cuenta la data en la cual se expidi\u00f3 el auto confutado.  <\/span><\/p>\n

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La titular del estrado de primer grado expres\u00f3 que la determinaci\u00f3n por ella expedida se ci\u00f1\u00f3 \u201ca los presupuestos sustanciales y jurisprudenciales del caso\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Raduan Mamnah Osman cuestiona las providencias finiquitorias del aludido ejecutivo dictadas el 30 de septiembre de 2015 y el 9 de agosto de 2016 por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla y la Sala Civil Familia del Tribunal de la misma ciudad, respectivamente; sin embargo, la demanda de amparo deprecada el 2 de marzo de 2017 no cumple con el presupuesto de inmediatez, por cuanto, como se aprecia, no se plante\u00f3 dentro de los seis meses siguientes al proferimiento del segundo de los pronunciamientos criticados, tardanza que, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad de este resguardo, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C.P.).  <\/span><\/p>\n

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En no pocas ocasiones, esta Corte ha adoctrinado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Si el interesado se demor\u00f3 para presentar esta acci\u00f3n, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de desatinos achacables a los querellados y con repercusi\u00f3n directa en garant\u00edas iusfundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2. Si se omitiera la anterior falencia, el amparo de todos modos fracasar\u00eda, porque no es posible acudir v\u00e1lidamente a esta justicia cuando se han derrochado las herramientas ordinarias y extraordinarias de salvaguarda establecidas en el compendio procesal civil, por cuanto la tutela no puede utilizarse a voluntad del presunto afectado en forma alternativa de dichos medios.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, si Raduan Mamnah Osman estaba en desacuerdo con el auto mediante el cual se clausur\u00f3 el referenciado ejecutivo hipotecario por ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pretiriendo el juzgador a quo el embargo decretado por el distrito de Barranquilla respecto del inmueble inmiscuido en aqu\u00e9l coercitivo donde el tutelante funge como cesionario, debi\u00f3 exponer esa inconformidad en la respectiva oportunidad y a trav\u00e9s de los recursos ordinarios de defensa establecidos por el legislador para el efecto.  <\/span><\/p>\n

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Importa precisar que si bien el petente del ruego propuso apelaci\u00f3n contra ese prove\u00eddo finiquitorio, no apoy\u00f3 eso mecanismo en el particular aspecto antes comentado.  <\/span><\/p>\n

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Es evidente, el impulsor de esta salvaguarda no expuso ante el ad quem el argumento relacionado con el embargo proveniente de la administraci\u00f3n de  Barranquilla (fls. 48 a 53), aun cuando era el competente para pronunciarse frente al mismo y establecer si le asist\u00eda o no raz\u00f3n al promotor en cuanto a la vigencia de esa cautela y la imposibilidad de finalizar el pleito, por, precisamente, la existencia de tal medida.  <\/span><\/p>\n

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La omisi\u00f3n del interesado es imposible de subsanar por esta v\u00eda, por cuanto se opone a su car\u00e1cter netamente residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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Se concluye, el ac\u00e1 petente tuvo a su alcance la herramienta id\u00f3nea a trav\u00e9s de la cual hubiese podido cuestionar la falencia denunciada; empero, voluntariamente resolvi\u00f3 desecharla. Ante descuidos como el comentado, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al aseverar:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Vale recordar, el instrumento consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no fue instituido para reemplazar o sustituir los mecanismos de defensa que dentro de los procesos judiciales tienen quienes intervienen en ellos, ya sea como parte o como simples terceros; y que la no utilizaci\u00f3n de los mismos, le frustra el \u00e9xito a la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

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3. Es menester aclarar que si bien en casos similares, esta Sala de Casaci\u00f3n ha concedido el amparo reclamado3 cuando los juzgadores han finiquitado ejecutivos como el ahora comentado por ausencia de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, sin reparar en los embargos decretados en otros juicios afectando el inmueble objeto de garant\u00eda real, ello ha acontecido porque esos funcionarios han pasado por alto lo alegado oportunamente por los perjudicados, en su mayor\u00eda los acreedores o sus cesionarios, sobre la improcedencia de clausurar la tramitaci\u00f3n por la vigencia de dichas cautelas, circunstancia no verificada en el presente caso, por cuanto, como ya se explic\u00f3, Raduan Mamnah Osman nada dijo sobre ese particular en el memorado coercitivo.  <\/span><\/p>\n

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4. No sobra resaltar que el mismo accionante admite al citar apartes del fallo expedido por el Tribunal dentro del ejecutivo materia de esta protecci\u00f3n, que no erraron los juzgadores al aseverar la inexistencia de la citada reestructuraci\u00f3n, por consiguiente, tampoco se equivocaron al clausurar el compulsivo por esa falencia, por el contrario, ajustaron su proceder a la reiterada jurisprudencia dictada por esta Sala de Casaci\u00f3n sobre ese aspecto.  <\/span><\/p>\n

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5. Sin m\u00e1s argumentos se desestimara el ruego deprecado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Raduan Mamnah Osman frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario adelantado por Central de Inversiones S.A. a Miladys Margarita Cha\u00edn Donado, en el cual funge como cesionario del cr\u00e9dito el aqu\u00ed quejoso.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ STC de 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ STC, de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ STC, de 7 de diciembre de 2016, exp.: 2016-03462-00.      <\/span><\/p>\n

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