{"id":100062,"date":"2026-06-25T19:55:37","date_gmt":"2026-06-25T19:55:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3579-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:55:37","modified_gmt":"2026-06-25T19:55:37","slug":"stc3579-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3579-2017\/","title":{"rendered":"STC3579-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3579-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2016-03521-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mis diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Robinson Rodr\u00edguez Oviedo contra el Congreso de la Rep\u00fablica y la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

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1.        Sin formular petici\u00f3n concreta, el promotor, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdoble instancia y el principio de favorabilidad en la ley penal\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de sus pretensiones la accionante expuso, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        En su contra se adelant\u00f3 un proceso penal por el delito de \u00abfalsedad material y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico\u00bb, en el que, mediante sentencia del 11 de septiembre de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garz\u00f3n (Huila), declar\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n penal al momento en que qued\u00f3 ejecutoriada la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n proferida por la Fiscal\u00eda Seccional 11 de Neiva se encuentra prescrita. En consecuencia, se declara la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u2026\u00bb, decisi\u00f3n que fue impugnada por el ente acusador y otros sujetos procesales.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        El 28 de junio de 2016, el Tribunal criticado modific\u00f3 el fallo de primera instancia y conden\u00f3 a Robinson Rodr\u00edguez Oviedo \u00abpor primera vez, en segunda instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Adujo el quejoso que contra ese fallo interpuso \u00abrecurso de APELACI\u00d3N fundado en los art\u00edculos 29 y 31 de la Constituci\u00f3n, y la sentencia C-792 de 2014\u00bb de la Corte Constitucional, medio de impugnaci\u00f3n que rechaz\u00f3 el Tribunal, con auto del 17 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Frente a esa determinaci\u00f3n formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, desestimado \u00e9ste, recurri\u00f3 en queja ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la que, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 26 de octubre de 2016, \u00abse abstuvo de dar[le] tr\u00e1mite\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Se\u00f1al\u00f3 que en la mencionada sentencia C-792 de 2014 la Corte Constitucional exhort\u00f3 al Congreso de la Rep\u00fablica para que, en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, regulara \u00abintegralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias\u00bb, plazo que \u00abse cumpli\u00f3 el 24 de abril de 2016 sin que el CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA (\u2026) diera cumplimiento\u00bb a dicho mandato.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Seguidamente, destac\u00f3 que en sentencia SU-2015 de 2016, se precis\u00f3 que \u00abla resoluci\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014 solo es aplicable a los casos que re\u00fanan tres condiciones: (i) que se trate de condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, (ii) en procesos penales ordinarios regulados por la Ley 906 de 2004, (iii) y respecto de providencias que no se encuentren ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016\u00bb, pero que dicha providencia \u00abfue objeto de varios salvamentos\u00bb, entre ellos, por parte del Magistrado Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio, quien manifest\u00f3 que \u00abel derecho a impugnar una decisi\u00f3n condenatoria es una caracter\u00edstica que se da con independencia de si se trata de la Ley 600 de 2000 o 906 de 2004\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        En acatamiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en Auto 077 de 2017, mediante el cual orden\u00f3 a esta Sala \u00abasumir el conocimiento de [esta] acci\u00f3n de tutela\u00bb, se admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 3 de marzo de 2017, limitando su competencia a la queja interpuesta contra el Congreso de la Rep\u00fablica y la Corte Constitucional, orden\u00f3 librar las comu  nicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.         El Juzgado Primero Penal del Circuito de Garz\u00f3n (Huila), expres\u00f3 que \u00abno tiene ning\u00fan pronunciamiento que hacer sobre el particular, pues los hechos de la queja no se refieren directamente con la actuaci\u00f3n proferida en esta instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, tras rese\u00f1ar las actuaciones adelantadas en el proceso penal objeto de reproche, indic\u00f3 que \u00abno le ha vulnerado ni amenaza vulnerar los derechos fundamentales invocados por el se\u00f1or Robinson Rodr\u00edguez Oviedo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Divisi\u00f3n Jur\u00eddica del Senado de la Rep\u00fablica expres\u00f3 que \u00abel hecho de no legislar en esa materia (\u2026) no es propio de una acci\u00f3n de tutela, sino que podr\u00eda intentarse mediante una acci\u00f3n de cumplimiento\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.        La Corte Constitucional manifest\u00f3 que \u00abno ha incurrido en afectaci\u00f3n iusfundamental alguna\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5.        La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia solicit\u00f3 \u00abnegar la presente demanda en lo que pueda vincular a esta Sala\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        Inicialmente, relevante es precisar que la queja que elev\u00f3 el promotor del amparo contra las autoridades convocadas se restringi\u00f3 a la omisi\u00f3n que, en su concepto, existe sobre la reglamentaci\u00f3n de la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, conforme lo orden\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-792 de 2014.  <\/span><\/p>\n

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3.        En este orden de ideas, no desconoce la Corte que el Congreso de la Rep\u00fablica no ha acatado el exhorto efectuado en la prenotada providencia de constitucionalidad, conforme al cual deb\u00eda proceder a regular \u00abintegralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias\u00bb. No obstante, dicha contingencia no tiene la virtualidad de comprometer los derechos fundamentales que invoc\u00f3 el querellante, habida cuenta que lo dispuesto en tal providencia C-792 de 2014, no resulta aplicable a su caso concreto.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, ha de resaltarse que la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de su fallo SU-215 de 2016, precis\u00f3 que \u00ab[l]a interpretaci\u00f3n razonable de la sentencia C-792 de 2014 indica que all\u00ed se pretendi\u00f3 algo distinto, y fue precaver una soluci\u00f3n para las personas a las cuales el ordenamiento legal no les dispensa un medio de impugnaci\u00f3n integral, contra la sentencia que por primera vez en un proceso regido por la Ley 906 de 2004, se impone una condena penal en instancia\u00bb (negrillas y subrayas por la Corte).  <\/span><\/p>\n

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Entonces, atendiendo que la condena que fue impuesta al gestor del amparo se profiri\u00f3 en el marco de la ley 600 de 2000, conforme el mismo lo reconoce en su demanda de tutela (folio 3, cuaderno 1 de la Corte), la omisi\u00f3n que se atribuye a las accionadas, es un yerro que, para este asunto concreto, resulta intrascendente.  <\/span><\/p>\n

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4.        Cabe a\u00f1adir que no desconoce la Sala que, en algunos de los salvamentos de voto planteados frente a la providencia SU-215 de 2016, se esboz\u00f3 la posibilidad de aplicar lo dispuesto en el tantas veces mencionado fallo C-792 de 2014, a las sentencias dictadas bajo el imperio de la ley 600 de 2000. Sin embargo, advi\u00e9rtase que lo que resulta vinculante es la decisi\u00f3n mayoritaria, la que predic\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la referida providencia de constitucionalidad a los casos regidos por la prenombrada ley 600.  <\/span><\/p>\n

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5.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, niega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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(Comisi\u00f3n de Servicios)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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