{"id":100065,"date":"2026-06-25T19:55:58","date_gmt":"2026-06-25T19:55:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3582-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:55:58","modified_gmt":"2026-06-25T19:55:58","slug":"stc3582-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3582-2017\/","title":{"rendered":"STC3582-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3582-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Isabel Prada contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los Magistrados Pablo Ignacio Villate Monroy, Juan Manuel D\u00famez Arias y Jaime Londo\u00f1o Salazar, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot, y citadas las partes e intervinientes en el recurso de revisi\u00f3n No. 2015-00254-00.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

1. La solicitante quien act\u00faa en su propio nombre, pide la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada con la sentencia de 25 de enero de 2017, que considera incursa en defectos factico y procedimental.   <\/span><\/p>\n

Pide que para reestablecerle las prerrogativas que reclama, (i) \u00abse proceda a REVOCAR el fallo de diciembre 10 de 2014 y en su lugar ANULAR O DEJAR SIN EFECTO el auto admisorio de la demanda dictado en el proceso N\u00b0 25307-40-03-002-2014-00127-00 DE UNICA INSTANCIA DE RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO DE HECTOR HERNANDEZ ALBARRACIN CONTRA MIGUEL ANTONIO HENAO que se tramita en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOT\u00bb, y (ii) \u00abSe condene al se\u00f1or HECTOR HERNANDEZ ALBARRACIN a pagar las indemnizaciones y costas se\u00f1aladas en al art. 25 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (sic) (ff. 1 y 2, may\u00fascula fija, y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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2. En sustento de la inconformidad aduce, que en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por H\u00e9ctor Hern\u00e1ndez Albarrac\u00edn en contra de Miguel Antonio Henao, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot debi\u00f3 notificarla del auto admisorio de 24 de marzo de 2014 porque ella, el 1o de diciembre de 2010 firm\u00f3 el contrato de arrendamiento del local comercial  junto con el demandado igualmente en calidad de arrendataria.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que como no fue vinculada al juicio en el que se dict\u00f3 sentencia de \u00fanica instancia el 10 de diciembre de 2014 que accedi\u00f3 a las pretensiones, y fue afectada por la decisi\u00f3n porque \u00abtengo inversiones superiores a los $20’000.000,oo en el inmueble arrendado\u00bb, promovi\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que declar\u00f3 infundado el Tribunal accionado \u00abcon el argumento de que si bien es cierto que no fui demandado en el proceso de RESTITUCUI\u00d3N DE INMUEBLE referido, dicha sentencia dictada all\u00ed surte efectos contra m\u00ed por ser solidaria en el contrato de arrendamiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que promueve el amparo porque, \u00abanalizados los efectos de la cosa juzgada, tenemos entonces Se\u00f1ores Magistrados, que \u00e9sta figura jur\u00eddica aplicable en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble donde se dict\u00f3 la sentencia del 10 de diciembre de 2014 por el Juez A-quo, sus efectos jur\u00eddicos sustanciales y procesales son INTERPARTES, porque solamente afectan a las personas que intervinieron all\u00ed y que fueron sujetos procesales como demandante y demandado,  (\u2026) m\u00e1s nunca surti\u00f3 efectos jur\u00eddicos con la hoy accionante en revisi\u00f3n se\u00f1ora ISABEL PRADA, porque nunca fue demandada, nunca fue notificada del auto admisorio de la demanda y tampoco fue sujeto procesal en dicho proceso\u00bb, y porque adem\u00e1s, al proceso de restituci\u00f3n de inmueble se le dio todo el tr\u00e1mite a la Ley 820 de 2003, como si se tratara \u00abque el contrato de arrendamiento suscrito (\u2026) fuera para vivienda o residencia, dej\u00e1ndose de aplicar LOS ART\u00cdCULOS 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 y 524 DEL C\u00d3DIGO DE COMERCIO POR CUANTO QUE EL LOCAL ARRENDADO ERA UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y NO DE VIVIENDA O RESIDENCIA\u00bb (ff. 1 a 5, may\u00fascula fija, negrilla y subraya en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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1. Los Magistrados integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n que profiri\u00f3 la providencia que neg\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n, manifestaron remitirse a las consideraciones de la misma puesto que all\u00ed expresaron las razones de hecho y de derecho que les llevaron a adoptarla, indicando que la decisi\u00f3n se ci\u00f1e al ordenamiento jur\u00eddico aplicable al asunto y por lo tanto no vulnera ning\u00fan derecho fundamental a la actora (f. 43).  <\/span><\/p>\n

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2. El demandado Miguel Antonio Henao manifest\u00f3 allanarse a la acci\u00f3n de tutela con similares argumentos a los de la accionante y solicit\u00f3 la prosperidad de la misma, en tanto que: \u00abse aplic\u00f3 equivocada y err\u00f3neamente el art. 7\u00ba de la Ley 820 de julio 10 de 2003 cuando los operadores judiciales deb\u00edan haber aplicado en debida forma el C\u00f3digo de Comercio Art\u00edculos 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 y 524, por cuanto que el contrato de arrendamiento de marras era para un local comercial y su objeto era la de venta de licores, cerveza, tintos, juegos de billar, de cartas, ajedrez, etc. etc., m\u00e1s nunca fue arrendado para vivienda\u00bb, y adem\u00e1s, porque, como \u00abla se\u00f1ora ISABEL PRADA nunca fue demandada, ni notificada de la demanda, ni vinculada en litis consorcio, es decir, no fue sujeto procesal (\u2026) los operadores judiciales aqu\u00ed involucrados le desconocieron a ISABEL PRADA el art\u00edculo 29 DE LA CONSTITUCI\u00d3N NACIONAL, por haberse aplicado en indebida forma el Art. 7o de la Ley 820 de 2003\u00bb (ff. 10 y 11).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, citada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.  Las pruebas allegadas al tr\u00e1mite dejan ver a la Corte que H\u00e9ctor Hern\u00e1ndez Albarrac\u00edn, formul\u00f3 demanda en contra de Miguel Antonio Henao a fin de obtener la restituci\u00f3n del inmueble arrendado situado en la calle 16 No. 11-70\/72 de Girardot, proceso del que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad, quien en sentencia de 10 de diciembre de 2014, accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble arrendado.  <\/span><\/p>\n

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La se\u00f1ora Isabel Prada con apoyo en las causales descritas en los numerales 7 y 8 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, interpuso ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca recurso extraordinario de revisi\u00f3n, para solicitar la invalidez del fallo referido y en su lugar se declarara la nulidad de todo el proceso, argumentando que se estructuraron en el hecho de que como firm\u00f3 como arrendataria el contrato que sirvi\u00f3 de fundamento a la restituci\u00f3n de inmueble arrendado debi\u00f3 haber sido convocada en el juicio citado, pero en el mismo, \u00abno fue incluida como demandada, ni se le notific\u00f3 el auto admisorio de la demanda ni fue emplazada para ello, como tampoco fue llamada a integrar el litisconsorcio\u00bb, por tanto se le priv\u00f3 del derecho de defensa en el tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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El recurso lo declar\u00f3 infundado la Corporaci\u00f3n accionada mediante sentencia de 25 de enero de 2017, y para llegar a la aludida determinaci\u00f3n sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa revisi\u00f3n del expediente contentivo del proceso de restituci\u00f3n en que se profiri\u00f3 la sentencia motivo del recurso de revisi\u00f3n, evidencia que ciertamente la se\u00f1ora ISABEL PRADA, firm\u00f3 como arrendataria el documento que recoge el clausulado que gobern\u00f3 el contrato de arrendamiento celebrado por el tambi\u00e9n arrendatario MIGUEL ANTONIO HENAO con el se\u00f1or H\u00c9CTOR HERN\u00c1NDEZ ALBARRAC\u00cdN, respecto del inmueble situado en la calle 16 No. 11-70\/72 de Girardot (Fls. 1 a 4 C-1). Igualmente advierte el paginado, que ciertamente dicha arrendataria, no fue demandada y por tanto, tampoco fue convocada como pasiva a la referida litis, la que culmin\u00f3 con sentencia favorable a las aspiraciones del demandante, adiada 10 de diciembre de 2014.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, a pesar de la veracidad de tales hechos, no por ello puede concluirse que la recurrente era litisconsorte necesaria y que deb\u00eda ser llamada de manera obligatoria como parte pasiva del litigio, como quiera que atendiendo la naturaleza del contrato, vale decir, de arrendamiento, existe solidaridad entre los arrendatarios, y como consecuencia de ello, la acci\u00f3n restitutoria pod\u00eda ser adelantada contra cualquiera de los arrendatarios sin afectar la validez ni la integraci\u00f3n del proceso\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 a continuaci\u00f3n, \u00abLa Ley 820 de 2003, expidi\u00f3 el r\u00e9gimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictaron \u00abotras disposiciones\u00bb, entre ellas, normas que ata\u00f1en al procedimiento aplicable a los procesos de restituci\u00f3n d\u00e9 inmueble arrendado, sin importar la destinaci\u00f3n del inmueble.  <\/span><\/p>\n

Dice por su parte el art\u00edculo 7o de la citada ley que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abART\u00cdCULO 7o. SOLIDARIDAD. Los derechos y las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento son solidarias, tanto entre arrendadores como entre arrendatarios. En consecuencia, la restituci\u00f3n del inmueble y las obligaciones econ\u00f3micas derivadas del contrato, pueden ser exigidas o cumplidas por todos o cualquiera de los arrendadores a todos o cualquiera de los arrendatarios, o viceversa.  <\/span><\/p>\n

Los arrendadores que no hayan demandado y ‘los arrendatarios que no hayan sido demandados, podr\u00e1n ser tenidos en cuenta como intervinientes litisconsorciales, en los t\u00e9rminos del inciso tercero del art\u00edculo 52 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Dicha regulaci\u00f3n es de car\u00e1cter procesal y como tal es de aplicaci\u00f3n a todos los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado dado que la norma no hace salvedad alguna, por lo cual ha de entenderse que trat\u00e1ndose de procesos de restituci\u00f3n de inmuebles dados en arrendamiento, cualquiera que sea la destinaci\u00f3n del inmueble, \u00abla restituci\u00f3n del inmueble y las obligaciones econ\u00f3micas derivadas del contrato, pueden ser exigidas o cumplidas por todos o cualquiera de los arrendadores a todos o cualquiera de los arrendatarios, o viceversa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Cabe destacar que el pre\u00e1mbulo de la Ley 820 de 2003, se\u00f1al\u00f3 que a trav\u00e9s de ella \u00abse expide el r\u00e9gimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones\u00bb. Es decir, el prop\u00f3sito de la ley no se circunscribi\u00f3 a expedir el nuevo r\u00e9gimen de arrendamiento de vivienda urbana, sino que adicionalmente introdujo una serie de modificaciones que se hicieron extensivas al procedimiento aplicable a los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendando, sin hacer diferencia en la clase de contrato a que se refiere, vale decir, si es comercial o de vivienda.  <\/span><\/p>\n

Concluyendo de lo explicado: \u00abEn este orden de ideas, si el arrendador opt\u00f3 por dirigir la demanda solo contra uno de los arrendatarios y as\u00ed transcurri\u00f3 el proceso hasta su finalizaci\u00f3n, aspecto que ha no dudarlo es de car\u00e1cter procesal, nada de irregular puede atribuirse al tr\u00e1mite del proceso de restituci\u00f3n, pues ello encuentra abrigo tanto en el art\u00edculo 7o de la Ley 820 de 2003, como en el desarrollo jurisprudencial atr\u00e1s visto. Por manera que si la recurrente en revisi\u00f3n consideraba necesario acudir a dicho proceso, pudo haberlo hecho con arreglo al inciso segundo de la citada norma, que dispone: \u00abLos arrendadores que no hayan demandado y los arrendatarios que no hayan sido demandados, podr\u00e1n ser tenidos en cuenta como intervinientes litisconsorciales, en los t\u00e9rminos del Inciso tercero del art\u00edculo 52 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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No hay duda entonces, que la recurrente pudo hacer uso de la facultad que le otorga la norma y acudir al proceso como litisconsorte del demandado en procura de defender sus eventuales derechos. Pero si no opt\u00f3 por el ejercicio de ese derecho, ning\u00fan vicio se deriva de no haber participado en el litigio, como quiera que dirigir la demanda contra ambos o uno de los arrendatarios, era igualmente una facultad del demandante, legalmente reconocida, conforme se precis\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores.  <\/span><\/p>\n

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No sobra finalmente se\u00f1alar que la demandante ISABEL PRADA en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 durante la etapa probatoria dentro del presente recurso de revisi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que el se\u00f1or MIGUEL ANTONIO HENAO, demandado dentro del proceso de restituci\u00f3n motivo del presente recurso, es su esposo, quien le inform\u00f3 sobre la existencia de dicho proceso, pese a lo cual no concurri\u00f3 a \u00e9l, como litisconsorte del demandado\u00bb (ff. 13 a 21, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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3.  El recuento de la actuaci\u00f3n referida en precedencia, permite advertir que el amparo propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en la medida en que, no obran las circunstancias estructurantes de un abierto, ostensible y patente yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la pretensi\u00f3n tutelar, en tanto que, independientemente que la Corte la proh\u00edje por cuanto este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, de la transcripci\u00f3n antes vista proviene que se efectu\u00f3 una razonada exposici\u00f3n de los motivos decisorios que fundaron la resoluci\u00f3n adoptada, hermen\u00e9utica que desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con lo anterior, de manera uniforme la jurisprudencia constitucional ha sostenido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso.  De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto  configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Ahora en cuanto a la alegaci\u00f3n tanto de la accionante como del coadyuvante, referente a que en el proceso por tratarse de un local comercial se debi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a las normas del C\u00f3digo de Comercio y no a la Ley 820 de 2003, basta decir que esta Sala de tiempo atr\u00e1s estableci\u00f3 que la misma es aplicable no solamente en alquiler de vivienda urbana sino de locales comerciales, bajo el entendido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa Corte Constitucional en sentencia C-670 de 2004, revis\u00f3 la constitucionalidad de la referida legislaci\u00f3n y concluy\u00f3: En efecto, la Ley 820 de 2003 se titula \u201cpara la cual se expide el r\u00e9gimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones\u201d, por lo que no s\u00f3lo regula el contrato de arrendamiento de vivienda urbana sino que se dictan otras disposiciones, entre ellas algunas de tipo procesal aplicables por supuesto a \u201ctodos los procesos de restituci\u00f3n de tenencia por arrendamiento\u201d, dado que el legislador ha consagrado un solo procedimiento para tramitar la restituci\u00f3n del inmueble arrendado independientemente de la destinaci\u00f3n del bien objeto de arrendamiento  (\u2026) De manera que, en el proceso abreviado promovido por la tutelante aduciendo como causal exclusiva de restituci\u00f3n la mora en el pago del canon de arrendamiento respecto de un contrato de arrendamiento con fines comerciales \u2013que no sobre un inmueble destinado para vivienda urbana-, la destinaci\u00f3n del bien no es \u00f3bice para aplicar los preceptos procesales de la Ley 820 de 2003 (\u2026) (subraya del texto), (STC2261-2015, y STC5872-2015, 14 may. rad. 00632-01).  <\/span><\/p>\n

5. Finalmente y en relaci\u00f3n con la violaci\u00f3n del debido proceso a la se\u00f1ora Isabel Prada, que alega Miguel Antonio Henao en el escrito en el que coadyuva la acci\u00f3n de tutela, observa la Sala que no se encuentra facultado para reclamar tal protecci\u00f3n en nombre de \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

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6. Por las razones anotadas, el amparo deprecado ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC3582-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Isabel Prada contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100065","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100065","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100065"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100065\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100065"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100065"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100065"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}