{"id":100066,"date":"2026-06-25T19:56:03","date_gmt":"2026-06-25T19:56:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3583-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:56:03","modified_gmt":"2026-06-25T19:56:03","slug":"stc3583-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3583-2017\/","title":{"rendered":"STC3583-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3583-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00268-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Ordo\u00f1ez Hurtado, contra la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente frente al Magistrado Marco Antonio Rueda Soto.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El interesado actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, y en sustento asever\u00f3 que como la Doctora Jenny Escobar Alzate, una vez posesionada como conjuez, no fue \u00abjuramentada\u00bb para que ejerciera tales funciones con los Magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima que profirieron pliego de cargos en su contra en calidad de Juez Promiscuo de Familia de El Guamo, la denunciada no pod\u00eda ejercer sus funciones de conjuez, pues nunca tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo, raz\u00f3n por la cual instaur\u00f3 denuncia penal de la que correspondi\u00f3 conocer a la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, quien la archiv\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que en desacuerdo con esa decisi\u00f3n, solicit\u00f3 el desarchivo de la indagaci\u00f3n y el Magistrado accionado quien fungi\u00f3 como Juez de Control de Garant\u00edas lo declar\u00f3 improcedente destacando que \u00abel se\u00f1or Fiscal Delegado, en su tarea investigativa, a trav\u00e9s de la Polic\u00eda Judicial escuch\u00f3 en entrevista al funcionario competente para recibir el juramento de la abogada denunciada, el que argument\u00f3, que, por olvido, muy posiblemente no hab\u00eda suscrito el folio al que se quiere dar valor de acta de posesi\u00f3n, pero que s\u00ed hab\u00eda tomado el juramento\u00bb, lo que le llev\u00f3 a instaurar la acci\u00f3n de tutela en contra del Magistrado nombrado (ff. 24 a 27).  <\/span><\/p>\n

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2. Mediante auto de 7 de febrero de 2017, se dispuso remitir las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal al observar que el reclamo se dirig\u00eda exclusivamente contra el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (f. 29), y en providencia de 15 de febrero siguiente, la Sala de Decisi\u00f3n de tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal orden\u00f3 enviar el expediente a esta Sala Especializada al considerar que el actor igualmente dirig\u00eda su queja en contra de la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (ff. 32 a 34).  <\/span><\/p>\n

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Frente a lo anterior, en prove\u00eddo de 24 de febrero de 2017, se dispuso solicitar al accionante que de manera concreta se\u00f1alara \u00absi censura alguna actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y de ser as\u00ed, precise su queja y pretensiones en relaci\u00f3n con la misma. Lo anterior, por ser dicha Entidad la que determina la competencia de esta Sala para conocer del asunto\u00bb (f. 39), y en respuesta manifest\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Reprocha de la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, \u00abel incumplimiento del debido proceso, consistente en que el archivo de la actuaci\u00f3n debe ser por una atipicidad objetiva, (Inc. 1 del art\u00edculo 79 de la ley 906 de 2004) m\u00e1s no subjetiva, (competencia del Juez Penal de conocimiento) como lo esgrimi\u00f3 en su determinaci\u00f3n. La objetividad de los hechos, est\u00e1 demostrada, a trav\u00e9s de la actuaci\u00f3n de una abogada quien se arrog\u00f3 la calidad de conjuez en lo disciplinario, por cuanto no estaba legalmente posesionada, como est\u00e1 plenamente demostrado, con el folio al que se quiere asumir como acta de posesi\u00f3n, folio no firmado por quien debi\u00f3 tomarle el juramento (Inc. 2 del art\u00edculo 122 de la C.N.)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Igualmente afirm\u00f3 \u00abconsidero que el se\u00f1or Magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, quien actu\u00f3 con funciones de Control de Garant\u00edas, tambi\u00e9n vulner\u00f3 el debido proceso, al se\u00f1alar en la audiencia por \u00e9l presidida, que contra su determinaci\u00f3n solo proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n, negando ilegalmente el recurso de apelaci\u00f3n en subsidio procedente, igualmente es accionado\u00bb (ff. 43 y 44).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Fiscal D\u00e9cimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia se opuso al amparo y para ello manifest\u00f3 que el accionante no demostr\u00f3 de qu\u00e9 manera esa Fiscal\u00eda Delegada y el Magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que fungi\u00f3 como Juez de Control de Garant\u00edas, incurrieron en una v\u00eda de hecho al archivar la indagaci\u00f3n preliminar y negar su desarchivo respectivamente, al \u00abpredicar que la conducta es at\u00edpica desde el punto de vista objetivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que lo que pretende el accionante, es reabrir, con los mismos argumentos planteados en diferentes oportunidades, el debate sobre un asunto que ya fue decido por funcionarios competentes, quienes de acuerdo con el an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n de los elementos probatorios aportados a la indagaci\u00f3n, determinaron \u00abde manera objetiva que los hechos denunciados no configuran delito alguno, en particular, el de usurpaci\u00f3n de funciones p\u00fablicas, por cuanto, en l\u00edneas generales, la falta de firma que reprocha el denunciante del acta de posesi\u00f3n de la conjuez, no es suficiente para afirmar que el hecho que soporta el documento no haya existido, pues ese hecho, el de la posesi\u00f3n se corrobor\u00f3 por otros medios como la entrevista del funcionario que deb\u00eda tomar formalmente el acto y con la actuaci\u00f3n posterior de la funcionaria en el tr\u00e1mite del proceso disciplinario que estuvo avalada por quienes precisamente participaron en su elecci\u00f3n\u00bb (f. 68).  <\/span><\/p>\n

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2. La Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, puso en conocimiento otras denuncias penales formuladas por el aqu\u00ed accionante, en contra de otros funcionarios (ff. 70 y 71).  <\/span><\/p>\n

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3.  El Auxiliar Judicial I del Despacho del Magistrado accionado, inform\u00f3 que consultado el sistema de gesti\u00f3n y los archivos tanto f\u00edsicos como electr\u00f3nicos de ese Despacho, se estableci\u00f3 que Miguel \u00c1ngel Ordo\u00f1ez Hurtado, present\u00f3 el 15 de noviembre de 2016 en la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, solicitud de desarchivo de la investigaci\u00f3n adelantada contra la ciudadana Jenny Escobar \u00c1lzate, y asignado el asunto, ese despacho fij\u00f3 fecha para el 2 de diciembre siguiente para llevar a cabo la diligencia referida, y en el d\u00eda programado se adelant\u00f3 la misma, que culmin\u00f3 con decisi\u00f3n negativa \u00aben raz\u00f3n a que no se cumplieron los presupuestos establecidos para los fines indicados, b\u00e1sicamente porque para el desarchivo se exige allegar nuevos elementos materiales probatorios, empero, el solicitante en el desarrollo de la diligencia \u00fanicamente exterioriz\u00f3 manifestaciones gen\u00e9ricas sin allegar medios suasorios en soporte de sus afirmaciones\u00bb, la que notificada en estrados recurri\u00f3 oralmente el solicitante en reposici\u00f3n, recurso que se neg\u00f3 (ff. 77 y 78).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, de manera excepcional y solo en aquellos precisos casos en los cuales el funcionario incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, pero siempre y cuando el afectado no cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.  Descendiendo al caso en estudio, advierte la Corte de la revisi\u00f3n de los documentos allegados a este tr\u00e1mite, que de la denuncia penal instaurada por Miguel \u00c1ngel Ordo\u00f1ez Hurtado en la que pretend\u00eda que se investigara penalmente a la Doctora Jenny Escobar Alzate por el delito de usurpaci\u00f3n de funciones p\u00fablicas, por haber suscrito como conjuez, varias providencias dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra sin haber tomado posesi\u00f3n del cargo, correspondi\u00f3 conocer a la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ente que orden\u00f3 el 23 de septiembre de 2016 el archivo de las diligencias por atipicidad objetiva de la conducta, conforme al art\u00edculo 79 de la ley 906 de 2004, al concluir que  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn otros t\u00e9rminos, resulta evidente que el sustento f\u00e1ctico sobre el cual fundamenta el doctor ORDO\u00d1EZ HURTADO la configuraci\u00f3n del delito de usurpaci\u00f3n de funciones p\u00fablicas, no revest\u00eda la trascendencia necesaria para invalidar el acto de posesi\u00f3n, en la medida que la firma del Presidente de la Sala en el acta respectiva no pasa de ser una formalidad cuya omisi\u00f3n no afecta su contenido, siendo la intervenci\u00f3n de la abogada en la diligencia judicial posterior a la posesi\u00f3n, el acto a partir del cual se entiende ratificado para todos los efectos pertinentes los deberes y responsabilidades que implicaba el cargo.  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo dicho, la falta de firma del acta de posesi\u00f3n, no es un hecho que deba imput\u00e1rsele a la doctora ESCOBAR ALZATE, quien enterada de su elecci\u00f3n y nombramiento como conjuez, acudi\u00f3 a posesionarse del cargo dentro del t\u00e9rmino establecido en la ley y ante la autoridad competente.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, desde un an\u00e1lisis de tipicidad objetiva, la conducta de la conjuez denunciada no puede catalogarse como una usurpaci\u00f3n de funciones p\u00fablicas, pues su participaci\u00f3n dentro del proceso disciplinario no obedeci\u00f3 a un acto arbitrario, sino al ejercicio de una funci\u00f3n p\u00fablica que le fue otorgada por la autoridad competente, ajust\u00e1ndose para ello a las formalidades que exige la ley, como lo fue el acto de elecci\u00f3n por sorteo de la Sala Disciplinada y la posterior posesi\u00f3n llevado a cabo por la doctora ESCOBAR ALZATE ante la misma la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la judicatura\u00bb (ff. 60 a 65).  <\/span><\/p>\n

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Con apoyo en las razones que preceden, se concluye la improcedencia de la tutela reclamada que en esta providencia se decide, por cuanto no cabe duda que dichos fundamentos no revelan arbitrariedad, cuesti\u00f3n que impide acudir con \u00e9xito a la solicitud de amparo, m\u00e1xime cuando solo porque el accionante no comparta o tenga una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dichos razonamientos, no puede considerarse caprichoso lo resuelto, dadas las caracter\u00edsticas de autonom\u00eda e independencia de que est\u00e1 dotada la actividad judicial.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, pero es, al juez natural, es decir al juez del proceso.  De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto  configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CJS STC 14 mayo 2003, rad. 00113-01, reiterada entre otras, en STC5507-2015, STC10946-2015, STC4599-2016, STC6456-2016, y STC1535-2017, 9 feb. rad. 00131-00).  <\/span><\/p>\n

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4. De otro lado, solicitado por Miguel \u00c1ngel Ordo\u00f1ez Hurtado el control de legalidad de la aludida orden de archivo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en audiencia de 2 de diciembre de 2016, resolvi\u00f3 negar el levantamiento del archivo dispuesto por la Fiscal\u00eda, y se\u00f1al\u00f3 entre otras consideraciones, que no era viable acceder a ordenar la reapertura de la investigaci\u00f3n penal adelantada en virtud de la denuncia interpuesta por el promotor del amparo, porque no se satisfac\u00eda el requisito procesal que el art\u00edculo 79 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal establece para tal efecto, decisi\u00f3n frente a la que el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n (minuto 10:12:45 de la audiencia oral, fl. 83), y en respuesta a la intervenci\u00f3n del recurrente, el Magistrado Ponente mantuvo la determinaci\u00f3n indicando que contra ella no proced\u00eda recurso alguno.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la censura respecto de la decisi\u00f3n adoptada el 2 de diciembre de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, es de advertirse que esta Sala Especializada de la Corte carece de competencia para adelantar el tr\u00e1mite constitucional frente a dicha autoridad, al tenor de lo previsto en el Decreto 1382 de 2000.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, el inciso 1\u00ba del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la precitada disposici\u00f3n establece que es la de Casaci\u00f3n Penal la llamada a conocer la acci\u00f3n de tutela en contra de la Sala Penal del referido Tribunal, por ser su superior funcional, adem\u00e1s porque los actos acusados resultan por completo escindibles toda vez que no se trata de pronunciamientos coincidentes resultantes de un recurso vertical o de una situaci\u00f3n en la cual el planteamiento o solicitud de uno de los accionados resulte acogido por el otro. Ello porque la eventual prosperidad de la petici\u00f3n de amparo respecto de la queja contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no implica orden alguna dirigida a la Fiscal\u00eda S\u00e9ptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, sino a aquella Colegiatura.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, resuelve:  <\/span><\/p>\n

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Primero:        DENEGAR la protecci\u00f3n invocada por el accionante frente a la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.  <\/span><\/p>\n

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Segundo:        Ordenar la remisi\u00f3n de copia del expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, M.P. Dr. Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya despacho al cual hab\u00eda sido inicialmente repartida la petici\u00f3n de amparo para lo pertinente.  <\/span><\/p>\n

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       Tercero:        Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y en caso de no ser impugnado, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC3583-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00268-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100066","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100066\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}