{"id":100067,"date":"2026-06-25T19:56:09","date_gmt":"2026-06-25T19:56:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3584-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:56:09","modified_gmt":"2026-06-25T19:56:09","slug":"stc3584-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3584-2017\/","title":{"rendered":"STC3584-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3584-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00452-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, conformada por las Magistradas \u00c1ngela Giovanna Carre\u00f1o Navas e Hilda Mar\u00eda Saffon Botero, as\u00ed como frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular 2015-00148.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El actor quien act\u00faa en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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Pide que se ordene: (i) \u00abA LA TUTELADA DECRETE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO EN LA SENTENCIA DE MI ACCION POPULAR 2015 00148 DEL JUZGADO 3 CIVIL CTO Y ORDENE QUE LA ACCION SEA REMITIDA AL JUZGADO EN TURNO QUE LE SIGA, SE REMITA INFORMACION A LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CSJ Y SE APLIQUE ART 84 DE LA LEY ESPECIAL 472 DE 1998\u00bb; (sic) (ii) \u00abal tutelado DE MANERA INMEDIATA DAR APLICASION (sic) EN MI ACCION POPULAR A LA NULIDAD DE PLENO DERECHO, YA QUE EL SENTENCIADOR EN l INSTANCIA FALLO MI ACCION CUANDO HABIA PERDIDO COMPETENCIA POR LEY PARA FALLAR CONFORME LA LEY, ORDENANDO DEVOLVER MI ACCION POPULAR AL JUZGADO QUE SIGA EN TURNO A FIN QUE FALLE MI ACCION\u00bb;(sic) (iii) \u00abque APORTE COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOLICITE EN MIS PRUEBAS, A FIN QUE OBRE EN ESTA TUTELA, manifestando comedidamente que nunca, nunca son aportadas las pruebas pedidas por mi\u00bb; (iv) que se escanee copia de la tutela y del fallo y se le remitan a su correo electr\u00f3nico, y (v) \u00abTRAMITAR TUTELA CONTRA LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN MANIZALES A FIN DE DETERMINAR SI VIOLA LEY 734 DE 2002, RESOLUCION 638 DEL 6 DE JUNIO DE 2008, NUMERAL 5.NUMERAL 3 DEL ART 282 en, ART 5 NUMERAL 10 DEL DECRETO 025 DE 2014, ARTICULOS 10,13,31, 46 DEL DECRETO 2591 DE 1991, ART 12, DELEGACION DE FUNCIONES EN LAS DEFENSORIAS REGIONALES, LEY 24 DE 1992, SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL T 119 DE 2012 AL NEGARSE A IMPETRAR TUTELAS Y ACCIONES POPULARES A MI NOMBRE E INCUMPLIR SU FUNCION DEBER, PESE A SOLICITARLO A SACIEDAD QUE PRESENTE TUTELAS A FIN DE GARANTIZARME EL DEBIDO PROCESO, YA QUE NO SOY ABOGADO\u00bb (sic) (f. 1, may\u00fascula fija, negrilla y subraya en texto).  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que present\u00f3 la acci\u00f3n popular No. 2015 00148-02 contra el Banco Sudameris, en la que solicit\u00f3 la construcci\u00f3n de una unidad sanitaria para ciudadanos en condici\u00f3n de discapacidad, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales en sentencia de 16 de septiembre de 2016 neg\u00f3 su pretensi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual apel\u00f3 y la Magistrada accionada en auto de 31 de octubre (sic) de 2016 la declar\u00f3 desierta \u00abDESCONOCIENDO e INAPLICANDO LO MANDADO EN EL acuerdo del CSJ PSAA15 10392 DE LA Sala Administrativa del consejo Superior de la judicatura, vigente desde el 1 de ENERO DE 2016, CONFORME AL ART 627 DEL CGP\u00bb, y \u00abpese a sustentar mi alzada como me lo permite el art 322 cgp. es decir nunca debo de asistir a la audiencia en 2 instancia\u00bb (sic) (ff. 1 y 7, may\u00fascula fija y subraya en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n frente a esa Entidad por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, en tanto que no es la causante del da\u00f1o o perjuicio a los derechos fundamentales que el actor asevera le han sido vulnerados y por ende la llamada a responder por presuntos perjuicios que haya podido sufrir el accionante (ff. 30 y 31).  <\/span><\/p>\n

2. El Tribunal Superior de Manizales inform\u00f3 que recibido el expediente de la acci\u00f3n popular de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Banco GNB Sudameris Colombia, para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el accionante frente a la sentencia del 16 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, se admiti\u00f3 mediante auto de 31 de octubre de 2016, providencia que fue notificada en estado del 1\u00ba de noviembre.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que el 4 de noviembre el actor popular present\u00f3 memorial en el que se excusaba de asistir a la audiencia que se fijara de sustentaci\u00f3n y fallo, y pidi\u00f3 realizar la \u00abAUDIENCIA POR Skype\u00bb, solicitando igualmente oficiar al comando de Polic\u00eda Nacional Eje Cafetero para que informara las medidas y acciones que hab\u00eda realizado a fin de garantizarle su integridad y vida, y finalmente suplic\u00f3 declarar nulidad del tr\u00e1mite de primera instancia porque consideraba que era necesario la vinculaci\u00f3n del propietario del inmueble donde funcionaba la entidad demanda.  <\/span><\/p>\n

Manifest\u00f3 que por auto de 18 de noviembre de 2016, se fij\u00f3 el 28 de ese mes como fecha para celebrar audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de conformidad con el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso y se resolvieron las solicitudes realizadas por el actor popular, y llegado el d\u00eda y la hora de la audiencia, como ninguna de las partes compareci\u00f3, se declar\u00f3 desierto el recurso impetrado de conformidad con el inciso final del art\u00edculo 322 ib\u00eddem (f. 35), a su escrito se anex\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n en esa instancia que se agreg\u00f3 a folios 36 a 53.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, citada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Ante el supuesto que se analiza, el amparo se advierte improcedente, toda vez que el accionante cont\u00f3 con la oportunidad de censurar a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, la providencia proferida el 18 de noviembre de 2016 por la que el Tribunal en Sala Unitaria al se\u00f1alar la fecha para la audiencia de alegaci\u00f3n y fallo, resolvi\u00f3 las solicitudes realizadas por el actor popular, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, manifest\u00f3 1) que no asistir\u00e1 a la audiencia precitada por amenazas contra su vida, decisi\u00f3n que se le respeta; II) requiri\u00f3 \u00abAUDIENCIA POR Skype\u00bb, lo cual se entiende seg\u00fan lo establecido en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 107 del C.G.P., por videoconferencia, aduciendo amenazas contra su vida; sin embargo, a ello no se accede, dado que no se evidencia que se encuentre expuesto al peligro a que hace referencia, pues del informe visto a folio 8 del presente cuaderno expedido por el Secretario de esta Corporaci\u00f3n, se colige que el se\u00f1or Arlas Id\u00e1rraga, asiste con frecuencia a dicha dependencia a indagar por el estado de las acciones populares por \u00e9l adelantadas\u00bb (ff. 43 y 44), sin embargo, el reclamante dej\u00f3 de utilizar un mecanismo defensivo que pod\u00eda ejercer al interior del juicio y a esa incuria no se le puede dar soluci\u00f3n por esta v\u00eda, puesto que la acci\u00f3n de tutela no sirve al prop\u00f3sito de recuperar t\u00e9rminos u oportunidades que se perdieron en el curso del proceso por el desd\u00e9n o el descuido de los interesados, en raz\u00f3n a que  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl mecanismo preferente tiene un car\u00e1cter eminentemente residual, que comporta su improcedencia cuando se dispone de medios de defensa judicial id\u00f3neos para propugnar por la defensa de los derechos, ya que no fue consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o restitutivos de los ordinarios, ni para modificar reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC 6 feb. 2003, Rad. 23243, reiterada en STC14067-2014, STC14071-2014, STC14075-2014, STC191-2015, STC11019-2016, 11 ag. rad. 02115-00, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3. Adem\u00e1s, como no asisti\u00f3 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo programada para el 28 de noviembre de 2016, de conformidad con el inciso final del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, y bajo ese contexto, a juicio de la Sala la providencia reprochada conlleva un criterio razonable, por lo que independientemente que la acoja, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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4. Ahora, el reproche contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Manizales tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y ser\u00e1 negada conforme al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 por incurrir el promotor en temeridad, pues ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n, planteando el mismo asunto respecto de la citada entidad, como as\u00ed lo dijo la Sala en recientes oportunidades CSJ STC3120-2017, 8 de marzo, radicado 00478-00 y                                 STC3286-2017, 9 de marzo, radicado 00467-00.  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente y en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pretensiones, se  ordena que por secretar\u00eda se remita esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado. En conclusi\u00f3n, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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