{"id":100068,"date":"2026-06-25T19:56:13","date_gmt":"2026-06-25T19:56:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3585-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:56:13","modified_gmt":"2026-06-25T19:56:13","slug":"stc3585-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3585-2017\/","title":{"rendered":"STC3585-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3585-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00572-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Heliodoro Alfredo Agamez Pineda y Alfredo Jos\u00e9 Agamez Venegas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartad\u00f3, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto penal a que alude el escrito de amparo.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  Los accionantes actuando en su propio nombre, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida,  salud, integridad personal y \u00abal principio de legalidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales mencionadas con el proferimiento de las decisiones de 11 de noviembre de 2016 y 18 de enero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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Solicitan (i) \u00abREVOCAR la decisi\u00f3n de Fecha 11 de Noviembre de 2016 dentro del proceso CUI: 110016000000201301128, del Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartado\u00bb; (ii) \u00abDEJAR SIN EFECTO la decisi\u00f3n auto AP156 – 2017, Radicaci\u00f3n No. 49525 de la sala penal de corte suprema de justicia y en consecuencia notificar de manera inmediata al Juez Penal del Circuito de Bogot\u00e1 que le haya correspondido por reparto la decisi\u00f3n de resolver el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb y (iii) \u00abORDENAR la devoluci\u00f3n de la carpeta a la Ciudad de Apartado para que se surta el tr\u00e1mite natural de la apelaci\u00f3n seg\u00fan el procedimiento penal de orden p\u00fablico ante el juez de circuito penal del circuito de la ciudad de Apartado Antioquia\u00bb (ff. 19 vto. y 20, may\u00fascula fija en texto).  <\/span><\/p>\n

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Piden como medida provisional, ordenar \u00abla suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite que pueda darse para surtir la segunda instancia ordenada mediante el auto n\u00famero AP156-2017 Rad. No. 49525 de enero 18 de 2017 ante jueces penales de circuito de Bogot\u00e1, en el caso referenciado con el CUI: 110016000000201301128 hasta tanto se resuelva de fondo la presente acci\u00f3n para evitar un perjuicio irremediable por un eventual hecho cumplido como consecuencia de la providencia de la corte suprema de justicia que se est\u00e1 atacando por la v\u00eda del hecho\u00bb (f. 19 vto).  <\/span><\/p>\n

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2.  Sostienen en s\u00edntesis, que constituye una v\u00eda de hecho el auto dictado el 18 de enero de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en el que resolvi\u00f3 declarar que la competencia para conocer del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Delegado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, contra la decisi\u00f3n dictada el 15 de septiembre de 2016 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3 (Antioquia), por medio de la cual revoc\u00f3 la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva que les fue impuesta correspond\u00eda a los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1, lo anterior por cuanto, en la decisi\u00f3n proferida, revivi\u00f3 una norma derogada, esto es, el art\u00edculo 39 de la Ley 1142 de 2007 y porque la autoridad judicial competente para pronunciarse sobre la definici\u00f3n de competencia, era el Tribunal Superior de Antioquia.  <\/span><\/p>\n

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En su complejo escrito manifiestan que, la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante auto 49525 de enero 18 de 2017, al resolver \u00abla competencia suscitada por medio del fallo de segunda instancia proferido por el JUEZ PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE LA CIUDAD DE APARTADO ANTIOQUIA en cuanto a que \u00e9ste resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n presentada en cuanto a la competencia por el se\u00f1or Fiscal 5 Nacional para la investigaci\u00f3n de funcionarios judiciales, contra la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Primero (1) de garant\u00edas constitucionales de la ciudad de Apartado Antioquia, en fallo calendado el d\u00eda 15 de septiembre de 2016 mediante la cual revoc\u00f3 la medida de aseguramiento personal intramural que el Juzgado Primero (1) Penal del Circuito de descongesti\u00f3n de Monter\u00eda con funci\u00f3n de control de garant\u00edas en segunda instancia impuso el d\u00eda 23 de mayo de 2014 en disfavor de nosotros los tutelantes\u00bb (sic).  <\/span><\/p>\n

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Aseveran que solicitaron audiencia ante un Juez de Apartad\u00f3 (Antioquia), para que les fuera revocada la \u00aborden de captura o revocatoria medida de aseguramiento\u00bb, y pese a que la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3, a quien le correspondi\u00f3 conocer, que se declarara incompetente, tal petici\u00f3n se neg\u00f3 con el argumento \u00abque los autos de definici\u00f3n de competencia no son jurisprudencia, que como juez de garant\u00edas constitucionales penales ten\u00eda competencia nacional y que esos autos que no son sentencias erraban as\u00ed fueran de la corte suprema de justicia\u00bb (sic), y surtido el tr\u00e1mite el 15 de septiembre de 2016 revoc\u00f3 la medida de aseguramiento proferida en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Agregan que \u00abLlegado el caso al juez del circuito inexplicablemente y solo sustentado en una solicitud que no era la que ten\u00eda que resolver pues no se concedi\u00f3 recurso al pedimento de declaraci\u00f3n de incompetencia ni a la impugnaci\u00f3n de ella y deb\u00eda era estudiar la apelaci\u00f3n; se declar\u00f3 incompetente para resolver la incompetencia\u00bb (sic), y remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00abpara resolver la impugnaci\u00f3n de la competencia presentada por el fiscal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Explican que la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abtermin\u00f3 declarando que la competencia para decisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n era por el cambio de radicaci\u00f3n y para estarse a lo resuelto en sus propios autos (el mismo auto que profiri\u00f3 el Magistrado Barcel\u00f3 Camacho ponente) que ordenaba que toda audiencia de garant\u00edas lo era Bogot\u00e1 para este caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Aseguran que con esta decisi\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho \u00abpor dos razones sustanciales que CONTRADICEN al principio de legalidad teniendo en cuenta lo siguiente: Desarrolla la tesis de REVIVIR una norma derogada por el legislador quien oportunamente resolvi\u00f3 el inconveniente que se suscitaba en la pr\u00e1ctica por el imperativo de territorialidad cuando la norma dec\u00eda (ley 1142 de 2007 art. 39) que la competencia deb\u00eda ser en el lugar donde ocurrieran los hechos, circunstancias \u00e9stas que generaron traumas en la aplicabilidad de la norma hoy deroga y en su reemplazo, modific\u00f3 la misma mediante la ley 1453 de 2011 en su art\u00edculo 48 determin\u00f3 expresamente que la competencia es ante cualquier juez de garant\u00edas de la rep\u00fablica; es aqu\u00ed, donde desconoce el H. Magistrado el imperio de la ley\u00bb (sic), y adem\u00e1s porque, \u00abel enfrentamiento entre los juzgados de diferentes distritos judiciales para resolver la competencia objeto de \u00e9sta discusi\u00f3n, no lo es entre el juzgado Penal del Circuito de Apartado Antioquia y el Juzgado Penal del Circuito de Bogot\u00e1, (art. 32 No. 4 Ley 906) sino entre el Juzgado que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n esto es, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Apartado Antioquia en su calidad de A-quo QUIEN SE ABROGA LA COMPTENCIA LEGAL, definiendo as\u00ed que el Distrito Judicial correspondiente es la ciudad de Apartado Antioquia, y el Juzgado Penal del Circuito de Apartado en su calidad de A-Quen; controversia \u00e9sta que debe ser resuelta entonces por el Tribunal Superior de Antioquia, inmediato superior jer\u00e1rquico de los antes mencionados al tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 341 del C.P.P ley 1395 de 2010 art. 99, quien es quien debe resolver o dirimir el conflicto de competencia y no la Corte Suprema de Justicia\u00bb (ff. 2 a 20, may\u00fasculas fijas y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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3.  La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, orden\u00f3 mediante auto de 13 de febrero de 2017, la remisi\u00f3n del asunto a la Corte Suprema de Justicia, al observar que \u00abla acci\u00f3n constitucional se dirige no solo contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartado (Ant), sino tambi\u00e9n contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, al cuestionarse la providencia de definici\u00f3n de competencia Rad.: 49525 emitida el 18 de enero de 2017 con ponencia del Magistrado Dr. JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO\u00bb (ff. 23 y 24).    <\/span><\/p>\n

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4.  A su vez, la Sala de Casaci\u00f3n mencionada, al realizar igual verificaci\u00f3n, dispuso en providencia de 23 de febrero de 2017, remitir las diligencias a esta Sala Especializada, advirtiendo \u00abcomo quiera que, sin lugar a dudas, las pretensiones elevadas por los ciudadanos HELIODORO ALFREDO AGAMEZ PINEDA y ALFREDO JOS\u00c9 AGAMEZ VENEGAS, est\u00e1n dirigidas a que se deje sin efecto jur\u00eddico el pronunciamiento dictado el 18 de enero de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo procedente en este caso y sin mayores disquisiciones es remitir de inmediato las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, por competencia, para el tr\u00e1mite a que haya lugar\u00bb (ff. 80 a 84).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartad\u00f3 (Antioquia) manifest\u00f3 que dio tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n de competencia conforme lo solicit\u00f3 el representante de la Fiscal\u00eda, sin que en su decisi\u00f3n se observe vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados por los accionantes (f. 116).  <\/span><\/p>\n

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2. El H. Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal Ponente de la providencia cuestionada, solicit\u00f3 negar el amparo \u00abal no avizorarse la conculcaci\u00f3n de derechos fundamentales en las condiciones planteadas en la solicitud de amparo constitucional\u00bb, y manifest\u00f3 que a esa Sala de Casaci\u00f3n se alleg\u00f3 el tr\u00e1mite de definici\u00f3n de competencia para conocer el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Fiscal\u00eda contra la decisi\u00f3n del 15 de septiembre de 2016, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3, \u00aba trav\u00e9s de la cual ese estrado judicial revoc\u00f3 la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva\u00bb dictada dentro del tr\u00e1mite adelantado en contra de Heliodoro Alfredo Agamez Pineda y Alfredo Jos\u00e9 Agamez Venegas, y mediante auto de 18 de enero de 2017, \u00abla Corte dispuso que la competencia para conocer del recurso correspond\u00eda a los Juzgados Penales del Circuito de Bogot\u00e1 -Reparto-, en consonancia con el cambio de radicaci\u00f3n dispuesto en su momento dentro de aquellas diligencias (CSJ AP, 11 dic. 2013, rad. 42747)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que frente a esa decisi\u00f3n los accionantes interponen la acci\u00f3n de tutela \u00abque se estima improcedente, atendiendo que en ella se plasman argumentos subjetivos con los que se pretende validar una posici\u00f3n jur\u00eddica cuestionable, adoptada por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3, y que va en contrav\u00eda no solo de las normas que rigen el tr\u00e1mite de definici\u00f3n de competencia sino adem\u00e1s del precedente jurisprudencial vinculante acerca de este instituto, seg\u00fan se explic\u00f3 en la providencia citada con antelaci\u00f3n (CSJ AP 156\u00ad2017). En este aspecto, valga anotar que no tienen asidero las especulaciones referentes a las razones por las cuales la Corte no adopt\u00f3 otro tipo de medidas al advertir la falta de competencia de aquel funcionario para conocer del asunto, toda vez que el tr\u00e1mite arrib\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n para definir dicho aspecto, por contera, las diligencias se sometieron al protocolo previsto por la ley para dirimir la competencia y as\u00ed se hizo (art\u00edculo 54 de la Ley 906 de 2004)\u00bb (ff. 118 y 119).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

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Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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2.  As\u00ed mismo, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

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Al punto, esta Corte ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abla acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial. (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC11790-2015, STC4737-2016, y STC14368-2016, 6 oct. rad. 00241-01).  <\/span><\/p>\n

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3.  En el asunto en estudio, el sistema de informaci\u00f3n judicial permite observar a la Corte, que en el mes de febrero anterior, los se\u00f1ores Heliodoro Alfredo Agamez Pineda y Alfredo Jos\u00e9 Agamez Venegas, solicitaron la protecci\u00f3n constitucional frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal con ocasi\u00f3n del proferimiento del auto de 18 de enero de 2017, amparo que fue negado en primera instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Civil en reciente sentencia, STC2324-2017 de 22 de febrero, radicado 00341-00 (ff. 133 a 139), al observar:  <\/span><\/p>\n

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3.   No obstante, examinados los soportes allegados, se advierte que el amparo constitucional reclamado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que la determinaci\u00f3n criticada tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, con independencia de si esta Sala los comparte o no, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente t\u00e9ngase en cuenta, que los interesados no acreditaron la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. No existe entonces justificaci\u00f3n para entender la presentaci\u00f3n de esta nueva tutela casi de manera simult\u00e1nea con la anterior, el 13 de febrero de 2017 (f. 20 vto.), y en la que, por lo dem\u00e1s, se afirma \u00abbajo la gravedad del juramento manifestamos que no hemos iniciado acci\u00f3n igual o parecida sobre el asunto en comento\u00bb (f. 20), motivo por el que debe se\u00f1alarse entonces, que los accionantes incurrieron en temeridad, y en aplicaci\u00f3n a la consecuencia prevista en el citado art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, se deber\u00e1n denegar las pretensiones de la presente demanda.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no cabe duda de la semejanza existente en las demandas de amparo, sin que se consolide excusa alguna para entender ese censurable proceder, pues los actores debieron esperar a que se produjera la decisi\u00f3n final en la primera y si estaban inconformes con la misma, han debido impugnarla y de ser el caso, reclamar su revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pero no promover otra acci\u00f3n de la misma naturaleza, como quiera que la Sala ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC 8 may. 2012, rad. 0017-01, STC 4 jul. 2013, rad. 0174-01 y, STC2103-2016 y, STC6480-2016, y STC13754-2016, 28 sep. rad.02691-00)  <\/span><\/p>\n

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5. Por consiguiente, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC3585-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00572-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100068","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100068"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100068\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}