{"id":100070,"date":"2026-06-25T19:56:21","date_gmt":"2026-06-25T19:56:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3589-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:56:21","modified_gmt":"2026-06-25T19:56:21","slug":"stc3589-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3589-2017\/","title":{"rendered":"STC3589-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3589-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00611-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jacqueline Salazar P\u00e9rez y la sociedad Live M\u00f3vil SAS contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, integrada por los Magistrados Edder Jimmy S\u00e1nchez Calambas, Jaime Alberto Saraza Naranjo y Claudia Mar\u00eda Arcila R\u00edos, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, y las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo mixto No. 2011-00348.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

1.  Las interesadas actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicitan la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada con el fallo dictado en el juicio mencionado, por el cual \u00abfue ratificada la sentencia de primera instancia dictada en ese proceso por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Pereira\u00bb (f. 159).  <\/span><\/p>\n

Pide por lo anterior, \u00abORDENAR la anulaci\u00f3n\u00bb, de las sentencias de 28 de noviembre de 2013 y de 15 de enero de 2016 proferidas en el proceso ejecutivo que Comcel promovi\u00f3 en contra de Live M\u00f3vil SAS y de Jackeline Salazar P\u00e9rez, as\u00ed como la providencia del 11 de enero de 2017 \u00abdictada por el Juez 4 Civil del Circuito de Pereira mediante el cual ordeno la diligencia de remate de los Bienes Inmuebles\u00bb, y adem\u00e1s, \u00abORDENAR en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 170 numeral 2 del CPC suspender el Proceso Ejecutivo tramitado por el Juez 4 Civil del Circuito de Pereira bajo la radicaci\u00f3n 2011-00348, hasta tanto se defina el Proceso Declarativo tramitado por el Juez 14 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, bajo la radicaci\u00f3n No 11 -0705\u00bb (ff. 162 y 163, may\u00fascula fija y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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2.  En sustento de la inconformidad se aduce, que Live M\u00f3vil SAS y Comcel, mantuvieron una relaci\u00f3n jur\u00eddico negocial de agencia comercial contenida en el contrato de distribuci\u00f3n suscrito el 6 de octubre de 2010 y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, Jackeline Salazar P\u00e9rez representante legal y propietaria de la primera de las sociedades nombradas, constituy\u00f3 en favor de la segunda mediante la escritura p\u00fablica No 1908 de 24 de agosto de 2010 una hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda sobre los inmuebles identificados con matr\u00edculas inmobiliarias n\u00fameros 290-163328 y 290-163280, e igualmente el 25 del mismo mes y a\u00f1o, suscribi\u00f3 un pagar\u00e9 en blanco con carta de instrucciones.  <\/span><\/p>\n

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Expone que el 17 de noviembre de 2011 Comcel promovi\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Live M\u00f3vil SAS y de la se\u00f1ora Salazar P\u00e9rez, al que alleg\u00f3 como t\u00edtulo el pagar\u00e9 referido llenado por la ejecutante, juicio del que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, quien dict\u00f3 mandamiento de pago el 24 de noviembre de 2011, y a su vez, por el incumplimiento en las obligaciones del contrato, Live M\u00f3vil SAS interpuso en diciembre de 2011 en contra de Comcel una demanda declarativa de mayor cuant\u00eda que cursa en el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y fue admitida  el 13 de enero de 2012.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que las cantidades incluidas por Comcel en el pagar\u00e9 y que est\u00e1n siendo solicitados en el proceso ejecutivo, corresponden \u00aben el decir de COMCEL\u00bb, a las obligaciones dinerarias causadas y no pagadas con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n y desarrollo del contrato de distribuci\u00f3n suscrito por las demandadas, no obstante que, \u00abLas mismas cifras por las cuales COMCEL dice haber llenado el Pagar\u00e9 y por las que inici\u00f3 el Proceso Ejecutivo, est\u00e1n siendo solicitadas por COMCEL a su favor en el Proceso Declarativo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que pese a que tanto el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira como el Tribunal Superior de esa ciudad, tuvieron conocimiento de la existencia del proceso declarativo, y que se cumpl\u00edan todos los requisitos y requerimientos para que \u00ablas autoridades judiciales competentes adoptaran la decisi\u00f3n de suspenderlo en los t\u00e9rminos del numeral 2 del art\u00edculo 170 del C.P.C\u00bb, se continu\u00f3 con la ejecuci\u00f3n y se dict\u00f3 sentencia de primer grado el 28 de noviembre de 2013 que declar\u00f3 no probadas las excepciones, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y dispuso el remate de los inmuebles embargados, decisi\u00f3n que apelada por las ejecutadas confirm\u00f3 el Tribunal accionado el 15 de enero de 2016, incurriendo en defecto procedimental absoluto porque desatendi\u00f3 la existencia del proceso declarativo, no obstante que \u00abse encontraba en la obligaci\u00f3n indefectible, de revocar la sentencia de primera instancia (\u2026) no hacerlo signific\u00f3 una grave violaci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso de LIVE M\u00d3VIL y JACKELINE SALAZAR que ha tra\u00eddo como perjuicio real y materializado la orden de remete de los Bienes Inmuebles dictada en el Proceso Ejecutivo hace aproximadamente un mes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente asevera que agotados los recursos por las accionantes, el amparo se interpone en un t\u00e9rmino razonable, en tanto que \u00abLos perjuicios derivados de las violaciones al Debido Proceso emanadas de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el Proceso Ejecutivo, s\u00f3lo se han concretado y materializado mediante los autos del Juzgado 4 Civil del Circuito de Pereira que continuando con la ejecuci\u00f3n han decidido en enero de 2017, hace un mes, citar a las diligencias de remate de los Bienes Inmuebles\u00bb (ff. 159 a 172, may\u00fascula fija y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Magistrado Ponente de la sentencia cuestionada solicit\u00f3 negar el amparo por la ausencia del requisito de la inmediatez para la procedencia de la protecci\u00f3n reclamada, en tanto que la decisi\u00f3n cuestionada de 15 de enero de 2016 por la cual confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia proferida en el proceso ejecutivo que relacionan las accionantes \u00abdata de hace m\u00e1s de un a\u00f1o\u00bb (f. 187).  <\/span><\/p>\n

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2. La representante legal de Comunicaci\u00f3n Celular S.A. Comcel S.A., pidi\u00f3 no conceder la acci\u00f3n de tutela por no cumplir con los requisitos de procedibilidad y manifest\u00f3 que lo que realmente entra\u00f1a la protecci\u00f3n propuesta es la inconformidad contra el sentido de la sentencia proferida por la Corporaci\u00f3n accionada, la que afirma, fue dictada ajustada al material probatorio que reposa en el expediente y tomando como base el incumplimiento de las demandadas.   <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo hasta que se decidera el declarativo promovido por las aqu\u00ed accionantes no ten\u00eda cabida en el presente evento, porque, \u00abel proceso ejecutivo tuvo como base el t\u00edtulo [pagar\u00e9] suscrito por la demandada, que fue llenado conforme a la carta de instrucciones y en el que se pretendi\u00f3 el pago de lo adeudado por el incumplimiento de la parte all\u00ed demandada\u00bb, mientras que, \u00aben el proceso declarativo con radicado No. 2011- 0705, la aqu\u00ed accionante pretende la declaratoria de un contrato de agencia comercial y con lo cual pretende el pago de unas supuestas indemnizaciones debidas por COMCEL, situaci\u00f3n que nada tiene que ver con el contrato del 6 de octubre de 2010, los incumplimientos derivados de \u00e9l y lo contenido en el pagar\u00e9, situaci\u00f3n de la cual se observa confusi\u00f3n por parte del accionante, ya que se recalca SON DOS PROCESOS DIFERENTES, CON FINES Y TR\u00c1MITES DISTINTOS\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Explic\u00f3 igualmente, que de la lectura del escrito de tutela se observa que la principal pretensi\u00f3n es la nulidad de las providencias dictadas en el tr\u00e1mite ejecutivo, \u00abno obstante, tal como lo refiere la parte accionante en la cita que hace de la decisi\u00f3n del Tribunal, se deduce que no aleg\u00f3 en su momento que se tuviera en cuenta el proceso declarativo, lo que se traduce en desinter\u00e9s y desidia\u00bb (ff. 201 a 206, may\u00fascula fija en texto).  <\/span><\/p>\n

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3. El Juzgado Cuarto Civil el Circuito de Pereira hizo llegar las copias que le fueron solicitadas en esta instancia, las que se agregaron a folios 234 a 237.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

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Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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2.  En el presente asunto el reclamo se dirige contra las sentencias de 28 de noviembre de 2013 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira (ff. 130 a 139), y la de 15 de enero de 2016 por la que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, confirm\u00f3 la anterior en el proceso ejecutivo mixto que Comcel promovi\u00f3 en contra de Live M\u00f3vil SAS y Jacqueline Salazar P\u00e9rez (ff. 140 a 157), y en ese orden, concluye la Corte que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende el postulado de la oportunidad que viene de comentarse, ya que cuando la solicitud de protecci\u00f3n se present\u00f3 el 3 de marzo de 2017 (f. 159), hab\u00edan transcurrido 13 meses y 15 d\u00edas desde que se dict\u00f3 la providencia de segunda instancia cuestionada, lo cual determina que se super\u00f3 el t\u00e9rmino que esta Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para promover el mecanismo constitucional (6 meses), lo que torna improcedente el estudio de fondo del asunto.  <\/span><\/p>\n

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3.  Ahora, si bien el apoderado judicial de las aqu\u00ed accionantes aduce que el amparo se interpone en un t\u00e9rmino razonable, en tanto que \u00abLos perjuicios derivados de las violaciones al Debido Proceso emanadas de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el Proceso Ejecutivo, s\u00f3lo se han concretado y materializado mediante los autos del Juzgado 4 Civil del Circuito de Pereira que continuando con la ejecuci\u00f3n han decidido en enero de 2017, hace un mes, citar a las diligencias de remate de los Bienes Inmuebles\u00bb (f. 165), ello no altera el an\u00e1lisis sobre la inmediatez, puesto que la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los inmuebles qued\u00f3 definida con suficiente antelaci\u00f3n en las sentencias que reprocha y no se demostr\u00f3 una circunstancia concreta que justificara la demora.   <\/span><\/p>\n

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4.  Ahora en relaci\u00f3n con la alegaci\u00f3n referente a que el proceso ejecutivo debi\u00f3 suspenderse en los t\u00e9rminos del numeral 2 del art\u00edculo 170 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, basta decir que conforme a las copias allegadas en esta instancia por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, y a lo certificado por la secretar\u00eda de ese despacho judicial, el apoderado judicial de las demandadas solicit\u00f3 solo hasta el 17 de agosto de 2016 la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo \u00abcon fundamento en el art\u00edculo 162 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (f. 235), que fue negada mediante auto de 26 de agosto de 2016, por cuanto no reun\u00eda los requisitos del art\u00edculo 161 ib\u00eddem (f. 236), decisi\u00f3n que por lo dem\u00e1s, no fue recurrida en reposici\u00f3n, recurso procedente conforme al art\u00edculo 318 del Estatuto en menci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el promotor de la salvaguarda,  <\/span><\/p>\n

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\u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, reiterada, entre muchas otras, en STC13502-2016, y STC2736-2017, 1\u00ba mar. rad. 00345-00).  <\/span><\/p>\n

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5.        De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el resguardo pedido ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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