{"id":100072,"date":"2026-06-25T19:56:29","date_gmt":"2026-06-25T19:56:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3594-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:56:29","modified_gmt":"2026-06-25T19:56:29","slug":"stc3594-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3594-2017\/","title":{"rendered":"STC3594-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3594-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00603-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince   (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Mart\u00edn Cabrera L\u00f3pez contra el Ministerio de Justicia y el Derechos, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del resguardo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, igualdad, vida, \u00abFAMILIA\u00bb y \u00abNON BIS IN IDEM\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, se \u00abREVOQUE la Resoluci\u00f3n No. 394 del 12 de Diciembre (sic) de 2016 (\u2026) en la cual [se] decide una solicitud de extradici\u00f3n en [su] contra, en su defecto no sea extraditado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Por hechos acaecidos en el a\u00f1o 2013, se adelant\u00f3 proceso penal en contra del accionante por la conducta punible de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes\u00bb, siendo condenado, mediante sentencia del 3 de febrero de 2017, a 8 a\u00f1os, 6 meses y 12 d\u00edas de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Estando en curso la referida causa criminal, el gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, solicit\u00f3 la extradici\u00f3n del gestor del amparo, frente a la cual, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, emiti\u00f3 concepto favorable, el 23 de noviembre de 2016 (CP175-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.3.        A trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n 394 del 12 de diciembre de 2016, el Ministerio convocado concedi\u00f3 la extradici\u00f3n, desconociendo, seg\u00fan el quejoso, que ya hab\u00eda sido condenado en Colombia por hechos similares; y que \u00aben ning\u00fan momento ha solicitado la VISA para salir del pa\u00eds, nunca ha viajado a otro pa\u00eds fuera de Colombia\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 7 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 que \u00abde los elementos de prueba arribados al tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, no se deriv\u00f3 la existencia de una trasgresi\u00f3n al non bis in \u00eddem del implicado (\u2026), siendo inexistente la afectaci\u00f3n al debido proceso alegada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        La Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n Internacional de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hizo un recuento de las actuaciones que adelant\u00f3, relacionadas con el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n al cual se contrae la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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3.        El Jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho inform\u00f3 que el accionante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la Resoluci\u00f3n 394 del 12 de diciembre de 2016, el cual no ha sido decidido, por lo que \u00abel accionante no puede utilizar la acci\u00f3n de tutela en paralelo al recurso de reposici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicion\u00f3 que el quejoso \u00abtambi\u00e9n puede acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo y utilizar un mecanismo id\u00f3neo y eficaz para lograr el control de legalidad de los actos administrativos expedidos por el Gobierno Nacional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        No cabe duda de que el presente reclamo se enfila contra la Resoluci\u00f3n Ejecutiva 394 del 12 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s de la cual se concedi\u00f3 la extradici\u00f3n del promotor del amparo, requerida por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, previo concepto favorable de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia.  <\/span><\/p>\n

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3.        Con base en tal premisa advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad toda vez que se torna prematuro, en la medida en que el prenotado acto administrativo, a\u00fan no ha cobrado firmeza.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, de conformidad con el informe que alleg\u00f3 el Ministerio del Interior y de Justicia, el cual se entiende rendido bajo la gravedad del juramento (inciso final, art\u00edculo 19, Decreto 2591 de 19911), el tutelante interpuso  reposici\u00f3n contra la Resoluci\u00f3n 394 del 12 de diciembre de 2016, la que est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n, escenario en el cual habr\u00e1 de resolverse sobre la supuesta trasgresi\u00f3n del principio de non bis in \u00eddem.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior traduce que como el medio de impugnaci\u00f3n referido est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo de la Administraci\u00f3n, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, en casos similares, ha se\u00f1alado la Sala que \u00ab\u2026en esas condiciones la tutela se torna prematura, puesto que en la actualidad no existe ning\u00fan acto administrativo personal y concreto que afecte los derechos del accionante, de manera que frente a una situaci\u00f3n incierta y eventual como la que aqu\u00ed se expone, ninguna medida podr\u00eda anticipar el juez constitucional\u00bb (CSJ STC, 30 sep. 2011, rad. 2011-00242-01, reiterada en CSJ STC, 19 sep. 2013, rad. 2013-00193-01; y CSJ STC, 2 oct. 2014, rad. 2014-00240-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        Cabe agregar que, tambi\u00e9n se concluye la improcedencia del resguardo, habida cuenta que el gestor al interponer el resguardo, no atendi\u00f3 el principio de subsidiariedad que enmarca su procedibilidad, toda vez que como la actuaci\u00f3n mencionada a espacio constituye un acto administrativo, no puede ser censurado por medio de este mecanismo excepcional, pues para cuestionar su legalidad el ordenamiento jur\u00eddico contempla acciones espec\u00edficas, destinadas a buscar su anulaci\u00f3n ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa, conforme lo consagra el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que denota que a su alcance tuvo un medio judicial id\u00f3neo de defensa.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares, ha sostenido esta Sala de Casaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 los cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradici\u00f3n, expuso la Corte Constitucional:      <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Republica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 85 del c\u00f3digo contencioso administrativo [hoy art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d2 (se resalta).  <\/span><\/p>\n

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Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente\u00bb (CSJ STC125-2015; reiterada recientemente en CSJ 8742-2016).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Comisi\u00f3n de Servicios)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Establece el citado art\u00edculo 19 que \u00ab[e]l juez podr\u00e1 requerir informes al \u00f3rgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentaci\u00f3n donde consten los antecedentes del asunto. (\u2026) Los informes se considerar\u00e1n rendidos bajo juramento\u00bb.    <\/span><\/p>\n

2CC C-243\/09.      <\/span><\/p>\n

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