{"id":100074,"date":"2026-06-25T19:56:43","date_gmt":"2026-06-25T19:56:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3599-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:56:43","modified_gmt":"2026-06-25T19:56:43","slug":"stc3599-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3599-2017\/","title":{"rendered":"STC3599-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3599-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00569-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince   (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Segundo Quiroz Quintero contra el Juzgado Quinto Civil el Circuito de Santa Marta, extensiva a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 se dejen sin efectos las actuaciones surtidas en la ejecuci\u00f3n objeto de la queja constitucional y se ordene al juzgado accionado tomar \u00ablas medidas necesarias (\u2026) para que se pueda surtir en debida forma la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario y establecer la deuda real a la fecha\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Titularizadora Colombia S. A., promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en contra de Carlos Segundo Quiroz Quintero y Norelyz Esther Guzm\u00e1n Rodr\u00edguez, con miras a obtener el pago de una obligaci\u00f3n concedida bajo el sistema UPAC.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        El 15 de julio de 2005, se libr\u00f3 mandamiento de pago, frente al cual los ejecutados formularon excepciones de m\u00e9rito, entre estas, las que denominaron \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa por falta de endoso del t\u00edtulo valor y la derivada de la garant\u00eda hipotecaria para el ejercicio de la acci\u00f3n real\u00bb y \u00abfalta de t\u00edtulo ejecutivo por no hacerse la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme a la jurisprudencia y la ley\u00bb, las que fueron desestimadas por el juzgado accionado, mediante sentencia del 15 de febrero de 2010, decisi\u00f3n que apelaron los demandados, siendo confirmada por el Tribunal convocado con providencia del 5 de octubre de 2010.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Adujo el gestor del amparo que en la ejecuci\u00f3n criticada se omiti\u00f3 valorar que la ejecutante \u00abno posee legitimaci\u00f3n en [la] causa por activa por falta de endoso del t\u00edtulo valor y la derivada de la garant\u00eda hipotecaria para el ejercicio de la acci\u00f3n real\u00bb; que \u00abel cr\u00e9dito que se realiz\u00f3 por el banco fue en UPAC\u00bb y que \u00abla entidad bancaria no reliquid\u00f3 en legal forma el cr\u00e9dito de UPAC a UVR\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Finalmente, indic\u00f3 que \u00abesta situaci\u00f3n [le] ha generado una enfermedad catastr\u00f3fica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 6 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        Banco Davivienda S. A., solicit\u00f3 negar el amparo suplicado, \u00abtanto por su improcedencia como por la ausencia de violaci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Norelys Esther Guzm\u00e1n Rodr\u00edguez expres\u00f3 que coadyuvaba la petici\u00f3n de amparo, reiterando lo expuesto por el promotor en su demanda de tutela.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta indic\u00f3 que en el presente caso no se cumplen con los requisitos de inmediatez, ni de subsidiariedad; y que \u00abla providencia emitida por [esa] Corporaci\u00f3n, en sede de apelaci\u00f3n, fue respetuosa de las garant\u00edas de las partes involucradas en el proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del escrito de demanda y de los elementos de prueba recaudados, extracta la Corte que el promotor cuestiona la providencia calendada 5 de octubre de 2010, con la que el Tribunal convocado confirm\u00f3 el fallo dictado el 15 de febrero de esa misma anualidad, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, mediante el cual fueron desestimadas las excepciones meritorias formuladas por los ejecutados, fundadas, valga anotar, en hechos iguales a los aqu\u00ed expuestos por el tutelante, y se orden\u00f3 seguir con la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de proferimiento de la decisi\u00f3n censurada (5 de octubre de 2010) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 14 de febrero de 2017 (folio 8, cuaderno 1 de la Corte), transcurrieron m\u00e1s de seis a\u00f1os, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este recurso excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01).  <\/span><\/p>\n

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Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015).  <\/span><\/p>\n

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3.        Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Comisi\u00f3n de Servicios)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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