{"id":100076,"date":"2026-06-25T19:56:51","date_gmt":"2026-06-25T19:56:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3604-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:56:51","modified_gmt":"2026-06-25T19:56:51","slug":"stc3604-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3604-2017\/","title":{"rendered":"STC3604-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3604-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2017-00126-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de febrero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderada judicial, por Comercializadora Valfer Ltda. contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La sociedad promotora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene al despacho convocado \u00abrevocar la sentencia del 7 de diciembre de 2016\u2026\u00bb y \u00abdejar sin valor y efecto el prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2016 que dej\u00f3 sin valor y efecto el\u2026 de fecha 19 de agosto de 2016 y por lo tanto se [le] escuche\u2026 dentro del proceso de restituci\u00f3n de leasing\u00bb (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Leasing Bancolombia S.A. Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento promovi\u00f3 un juicio de restituci\u00f3n de inmueble en contra de Comercializadora Valfer Ltda., con el fin de que se declarara terminado el contrato de leasing No. 129476, celebrado el 19 de agosto de 2011, por incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento pactados a partir de agosto de 2015; se ordenara restituirle el inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-1774230; no se escuchara al demandado si no consignaba el valor de los c\u00e1nones adeudados conforme al art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso; y se profiriera sentencia de lanzamiento.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que admiti\u00f3 la demanda el 27 de mayo de 2016, por lo que la sociedad demandada contest\u00f3 el libelo y formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00ababuso de posici\u00f3n dominante en el contrato\u00bb.  <\/span><\/p>\n

2.3. Mediante auto de 19 de agosto de 2016 el estrado acusado fij\u00f3 el 28 de noviembre siguiente para llevar a cabo la audiencia inicial, sin embargo, tras efectuarse el control de legalidad, en prove\u00eddo de 22 de noviembre del mismo a\u00f1o se dej\u00f3 sin efecto esa decisi\u00f3n y se dispuso no o\u00edr a la demandada, en virtud del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. La aludida determinaci\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n por el extremo pasivo, con fundamento en que la sentencia T-734 de 2013 de la Corte Constitucional indicaba que la complejidad del contrato de leasing no permit\u00eda que \u00e9ste se asimilara en su integridad con el de arrendamiento; adem\u00e1s, que no era aceptable la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del aparte que restringe o limita el ejercicio de sus derechos; y hab\u00edan acudido a la entidad financiera a fin de pagar el saldo adeudado, pero no les proporcionaron la informaci\u00f3n respecto a cuanto ascend\u00eda el mismo, por lo que no cancelaron la totalidad de las obligaciones contra\u00eddas, diferentes al leasing.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Mediante auto de 29 de noviembre de 2016 el despacho convocado dispuso no tener en cuenta el recurso presentado, por cuanto no era procedente o\u00edr al extremo demandado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. El 7 de diciembre de 2016 fue dictada sentencia, en la que se declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble, decisi\u00f3n que fue apelada por la demandada, censura que con auto de 12 de enero de 2017 fue desestimada por no aportar los c\u00e1nones adeudados ni los recibos de pago de los \u00faltimos periodos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Indic\u00f3 la sociedad accionante que pese a que dio oportuna contestaci\u00f3n a la demanda y present\u00f3 objeciones de fondo, no fueron atendidos los fundamentos expuestos, ni se analiz\u00f3 la defensa de m\u00e9rito en la que aduc\u00eda que la norma no era aplicable al caso, pues el leasing \u00abcorrespond\u00eda a un contrato de compraventa exigido en su momento por Leasing Bancolombia S.A., que era el origen de su relaci\u00f3n contractual\u00bb (folio 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Adujo que el estrado desconoci\u00f3 la subregla de que ante serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento no se pude imponer la restricci\u00f3n procesal de no o\u00edr a la parte demandada, \u00abpor cuanto estaba en entredicho la presencia del supuesto f\u00e1ctico que regula la norma cuyo aplicaci\u00f3n se pretende\u00bb (folio 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.9. Se\u00f1al\u00f3 que existi\u00f3 una indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso al negarle ser o\u00edda en el juicio criticado, pues ha indicado la Corte que no es aceptable que se restrinjan sus derechos cuando dicha limitaci\u00f3n no fue establecida expresamente por el legislador para ser aplicada por presuntos incumplimientos de contratos financieros de leasing; no es aceptable que la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica se haga respecto del aparte normativo que restringe o limita el ejercicio de los derechos de defensa y debido proceso; y no se \u00abpuede pregonar que el mismo se asemeje en su integridad a un contrato de arrendamiento com\u00fan y corriente por el simple hecho de que el pago peri\u00f3dico acordado se asemeje a un \u2018canon de arrendamiento\u2019\u2026\u00bb, pues es una operaci\u00f3n \u00ablease-back\u00bb (folio 7, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.10. Refiri\u00f3 que no era viable que se le impusiera la restricci\u00f3n prevista en el numeral 2\u00ba del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, por no estar contemplada expresamente para el contrato de leasing; y el juzgador acusado no tuvo en cuenta el material probatorio allegado con la contestaci\u00f3n de la demanda, con el que se \u00abpon\u00eda en entredicho el abuso de la posici\u00f3n dominante de Leasing Bancolombia\u00bb, ni tampoco todos argumentos que plante\u00f3 sobre su inconformidad de que se asimilaran dos contratos diferentes (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno; que en el plenario no obra indicio que permita inferir una inexistencia o desconocimiento del contrato de arrendamiento, pues el mismo fue reconocido en el primer numeral de la contestaci\u00f3n de la demanda y en los anexos allegados; y la decisi\u00f3n criticada fue ajustada a derecho conforme a las leyes vigentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el accionante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para promover la tutela, toda vez que no acredit\u00f3 su condici\u00f3n de representante legal de Comercializadora Valfer Ltda., pues la misma recae en el gerente y su suplente, quienes son los facultados para representar a esa sociedad; que en todo caso, la actuaci\u00f3n desplegada no era caprichosa o arbitraria, pues se encuentra sustentada en la aplicaci\u00f3n de las leyes que regulan la materia y no puede ser objeto de contradicci\u00f3n, en tanto que se \u00abrealiz\u00f3 el juicio de razonabilidad arm\u00f3nico con las reglas aplicables a la restituci\u00f3n de inmueble arrendado (art. 384 C.P.C.), norma aplicable a la restituci\u00f3n de la tenencia en virtud del contrato de leasing\u00bb, por lo que, al ser invocada como causal la cesaci\u00f3n de pagos de las cuotas pactadas contractualmente, se requiere \u00ab-para ser o\u00eddo el all\u00e1 demandado- los soportes del pago que fundamentan el hecho del incumplimiento contractual\u00bb; y pese a que la decisi\u00f3n sea adversa a los intereses de la sociedad promotora, la que le da una interpretaci\u00f3n diferente a la aplicaci\u00f3n de las reglas del incumplimiento del arrendamiento financiero, ello no quiere decir que el ejercicio hermen\u00e9utico realizado por el juzgador sea arbitrario (folio 28 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que Rodrigo Rodr\u00edguez es el actual representante legal de esa sociedad; y al no darse validez a sus argumentaciones, se desconoci\u00f3 la regla de que ante serias dudas de la existencia del contrato de arrendamiento, no pod\u00eda imponerse la restricci\u00f3n procesal de no o\u00edr al demandado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Preliminarmente, se advierte que junto con el escrito de impugnaci\u00f3n fue allegado un nuevo certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la Comercializadora Valfer Ltda., en el que se acredit\u00f3 que el poderdante hab\u00eda sido nombrado como gerente y representante legal de la misma, por lo cual se encuentra legitimado para acudir al resguardo constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que mediante prove\u00eddo de 22 de noviembre de 2016, el estrado acusado indic\u00f3, en virtud del control de legalidad efectuado, que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026revisadas las diligencias se observa que la demandada no aport\u00f3 la consignaci\u00f3n por el valor total de los c\u00e1nones adeudados ni los recibos de pago de los \u00faltimos tres periodos, lo anterior de conformidad con el inciso 2o del numeral 4\u00b0 del articulo 384 ib\u00eddem, que reza \u2018Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n u otros conceptos a que est\u00e9 obligado el demandado en virtud del contrato, este no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, a favor de aquel\u2019.  <\/span><\/p>\n

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Teniendo en cuenta la anterior norma, se observa no era procedente fijar fecha para audiencia inicial, si no darle aplicaci\u00f3n a la misma y no o\u00edr al extremo demandado.  <\/span><\/p>\n

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De acuerdo con lo anterior y como quiera que las actuaciones ilegales no atan al juez ni a las partes, debe tomarse una medida de saneamiento frente a la actuaci\u00f3n procesal adelantada, para garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de los intervinientes (folio 78, proceso restituci\u00f3n).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, con auto de 29 de noviembre de 2016, se dispuso:  <\/span><\/p>\n

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No se tiene en cuenta el anterior recurso de reposici\u00f3n presentado por la parte demandada, en raz\u00f3n a que mediante auto de 22 de noviembre de 2016, se decidi\u00f3 no o\u00edr al extremo demandado, por lo anterior el memorialista deber\u00e1 estarse a lo dispuesto en la providencia mencionada (folio 92, proceso restituci\u00f3n).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y tras ser proferida sentencia el 7 de diciembre de 2016, en la que se declar\u00f3 terminado el contrato y se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien, con auto de 12 de enero de 2017, se resolvi\u00f3 no tener en cuenta la alzada presentada, puesto que \u00abmediante auto de 22 de noviembre de 2016, se decidi\u00f3 no o\u00edr al extremo demandado en raz\u00f3n a que no aport\u00f3 la consignaci\u00f3n por el valor total de los c\u00e1nones adeudados ni los recibos de pago de los \u00faltimos tres periodos\u00bb (folio 107, proceso restituci\u00f3n).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Bajo el anterior contexto, se concluye que el estrado criticado incurri\u00f3 en una v\u00eda hecho, comoquiera que no apreci\u00f3 la normatividad ni la jurisprudencia aplicable, pues consider\u00f3 que la sociedad demandada no deb\u00eda ser o\u00edda hasta que cancelara los c\u00e1nones denunciados por el demandante como debidos, conforme con lo previsto en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, se observa que no se tuvo en cuenta que, la sentencia T-734 de 2013 de la Corte Constitucional, al estudiar la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a los contratos de leasing financiero, concluy\u00f3 que, pese a que para la restituci\u00f3n de bienes entregados en leasing se hac\u00eda una remisi\u00f3n normativa a las disposiciones que regulan los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, la misma no se hac\u00eda extensiva a la referida sanci\u00f3n. Norma que en este t\u00f3pico no sufri\u00f3 modificaci\u00f3n con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la referida Corporaci\u00f3n, en esa providencia precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contemplado en el art\u00edculo 424 del C.P.C., no plantea ninguna discusi\u00f3n y por lo mismo resulta viable en tanto es la v\u00eda judicial que el legislador ha dise\u00f1ado para resolver este tipo de reclamaciones judiciales. Sin embargo, lo que no resulta aceptable, es que por v\u00eda de este mecanismo de integraci\u00f3n normativa se restrinja de manera dr\u00e1stica el ejercicio del derecho fundamental al debido proceso y de defensa, cuando quiera que dicha limitaci\u00f3n no fue establecida expresamente por el legislador para ser aplicada ante presuntos incumplimientos de contratos financieros como el leasing. De aceptarse dicha circunstancia, ello supondr\u00eda el desconocimiento del principio pro homine, el cual se pasar\u00e1 a explicar m\u00e1s adelante\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.2.8 En el presente caso, el fundamento jur\u00eddico que domina la actuaci\u00f3n judicial controvertida corresponde al proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado\u2026 En esta medida, la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica no plantea mayor dificultad\u2026 Sin embargo, no resulta aceptable, que dicha aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la norma procesal, se haga incluso respecto de aqu\u00e9l aparte normativo que restringe o limita el ejercicio de los derechos de defensa y debido proceso. Tal y como sucede en el caso que nos ocupa, en el que si bien el contrato de leasing inmobiliario plantea algunas similitudes con el contrato de arrendamiento de inmueble por nutrirse de algunas caracter\u00edsticas de \u00e9ste, ello no permite que pueda asimilarse en su integridad a \u00e9ste \u00faltimo pues contiene otras caracter\u00edsticas jur\u00eddicas muy distintas, propias de otros contratos t\u00edpicos o propias a \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.2.9 Por esta raz\u00f3n, cuando en el tr\u00e1mite del referido proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, el accionado\u2026 aplic\u00f3 de manera anal\u00f3gica e integral el contenido del art\u00edculo 424 del C.P.C. al suponer que la reclamaci\u00f3n del contrato de leasing incumplido era asimilable a un contrato de arrendamiento com\u00fan y corriente, incurri\u00f3 en un causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela por defecto sustantivo o material, justificado en una indebida interpretaci\u00f3n de la citada norma a consecuencia de una indebida aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del citado aparte normativo. En efecto, no pod\u00eda la autoridad judicial imponer\u2026 la restricci\u00f3n al ejercicio del derecho al debido proceso y de defensa contemplada en el numeral 2\u00b0 del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 424 del C.P.C. por no estar contemplada de manera expresa por el mismo Legislador para su aplicaci\u00f3n a los contratos financieros como el leasing\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.3 Ahora bien, el anotado defecto material o sustancial atr\u00e1s explicado, dio origen igualmente [a] un defecto f\u00e1ctico, pues el juez al aplicar de manera estricta el art\u00edculo 424 de C.P.C. ignor\u00f3 por completo el material probatorio que la sociedad tutelante hab\u00eda expuesto en su contestaci\u00f3n de la demanda y en sus objeciones de fondo, documentos en los que pon\u00eda en entredicho el referido contrato de leasing o arrendamiento financiero\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A pesar de que estos argumentos fueron oportunamente presentados por la sociedad demandada como excepciones de fondo, no fueron objeto de an\u00e1lisis alguno por parte del Juzgado… En efecto esta instancia judicial atendiendo lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 424 C.P.C., decidi\u00f3 no estudiar los argumentos jur\u00eddicos planteados en las objeciones de fondo, raz\u00f3n por la cual, le fue imposible advertir las diferencias jur\u00eddicas entre el contrato financiero de leasing y el simple arrendamiento inmobiliario, y tampoco pudo analizar los argumentos jur\u00eddicos que pon\u00edan en entredicho el real incumplimiento contractual alegado\u2026  <\/span><\/p>\n

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En el mismo sentido, esta Sala en un caso de similares contornos, se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026se transgreden los derechos fundamentales del quejoso, ya que el fallador aplic\u00f3 de modo autom\u00e1tico el numeral 2\u00ba del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a un caso que no era susceptible de la exigencia prevista en ese precepto, siendo imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la norma en cita exige que el extremo pasivo en un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado cancele los c\u00e1nones que el demandante alega como adeudados, con la finalidad de que aqu\u00e9l pueda ser escuchado dentro del proceso… No obstante, la jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia T-[734]\/13 de la Corte Constitucional, ha establecido que no es viable aplicar la sanci\u00f3n antes aludida en los eventos en los cuales los supuestos normativos no se cumplen, destacando que la misma no puede llevarse por analog\u00eda al campo de los juicios en que se pide la restituci\u00f3n de bienes cuya tenencia se entreg\u00f3 al demandado con fundamento en contratos de leasing financiero\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el caso bajo estudio el Juzgado acusado, al advertir que el gestor constitucional no acredit\u00f3 el pago de los c\u00e1nones que su demandante adujo adeudados por aqu\u00e9l, resolvi\u00f3 no escucharlo, a pesar de que el asunto se edific\u00f3 en un contrato de leasing financiero por el cual se le entreg\u00f3 la tenencia de una inmueble y que el demandado, en la oportunidad legal, contest\u00f3 la demanda, oponi\u00e9ndose a las pretensiones condensadas en la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, al existir certeza respecto a que el juicio no se edific\u00f3 en un contrato de arrendamiento sino en uno de leasing financiero, se hac\u00eda inaplicable la exigencia contenida en el numeral 2\u00ba del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n, en un asunto an\u00e1logo al aqu\u00ed auscultado, con apoyo en lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-734\/13, indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Las providencias del Juzgado\u2026 que en suma se abstuvieron de escuchar a [la parte demandada]\u2026 bajo el criterio de que no prob\u00f3 el pago de los c\u00e1nones endilgados en mora conforme lo exige el numeral 2 del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, constituyen una equivocaci\u00f3n por defecto sustantivo, derivado de una equivocada aplicaci\u00f3n de la norma y, por esa senda, por omitir un precedente establecido en un caso semejante\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, en el sub-lite, al margen de la discusi\u00f3n sobre si la locataria acredit\u00f3 la satisfacci\u00f3n de las mensualidades cuyo impago se le atribuy\u00f3 o de si hay serias dudas acerca de la existencia del respectivo negocio jur\u00eddico o de la obligaci\u00f3n de solucionar aqu\u00e9llas durante el tiempo denunciado por la sociedad demandante, es claro que por tratarse de un evento de restituci\u00f3n de una cosa otorgada en leasing, la citada regla procedimental no pod\u00eda extenderse por interpretaci\u00f3n anal\u00f3gica en cuanto limita la garant\u00eda de contradicci\u00f3n, de tal forma que al hacerlo la juez acusada incurri\u00f3 en un evidente yerro material, al tiempo que ignor\u00f3 el precedente constitucional. (CSJ STC, 22 may. 2015, rad. 2015-00796-01)\u2026 (CSJ STC4523-2016, 15 abr., rad. 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

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5. As\u00ed las cosas, se concluye que el juzgador convocado no analiz\u00f3 la normatividad y jurisprudencia aplicable, lo que transgredi\u00f3 las garant\u00edas esenciales de la sociedad promotora, concretamente su derecho de contradicci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se revocar\u00e1 el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo impetrado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en consecuencia, en su lugar:  <\/span><\/p>\n

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Primero: Concede el amparo del derecho al debido proceso de la sociedad accionante.  <\/span><\/p>\n

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Segundo: Ordena al Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, tras dejar sin efectos el prove\u00eddo de 22 de noviembre de 2016 y las decisiones subsiguientes, emita la determinaci\u00f3n que corresponda, atendiendo las razones consignadas en esta decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Tercero: La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de lo aqu\u00ed dispuesto, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino.   <\/span><\/p>\n

Cuarto: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Comisi\u00f3n de Servicios)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC3604-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2017-00126-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100076","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100076","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100076"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100076\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100076"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100076"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}