{"id":100078,"date":"2026-06-25T19:57:02","date_gmt":"2026-06-25T19:57:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3620-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:57:02","modified_gmt":"2026-06-25T19:57:02","slug":"stc3620-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3620-2017\/","title":{"rendered":"STC3620-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3620-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2017-00254-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de febrero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Vehifinanzas S.A.S. contra el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Descongesti\u00f3n, hoy Veinte Civil Municipal de Descongesti\u00f3n del mismo lugar, as\u00ed como a los intervinientes del juicio objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La sociedad promotora reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se ordene \u00abrevocar la sentencia proferida el\u2026 28 de octubre de 201[6]\u00bb (folio 28, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Vehifinanzas S.A.S. promovi\u00f3 un juicio ejecutivo en contra de Rub\u00e9n Blanco Blanco, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, despacho que libr\u00f3 mandamiento de pago el 10 de abril de 2014. El ejecutado formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abpago total de la obligaci\u00f3n\u00bb (folio 89, cuaderno 1 copias proceso).  <\/span><\/p>\n

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2.2. El expediente fue remitido al Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, estrado que dict\u00f3 sentencia el 28 de octubre de 2015, en la que declar\u00f3 probada la defensa propuesta, dispuso la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares y el desglose de los documentos que sirvieron de base a la acci\u00f3n; decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.3. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 fallo el 28 de octubre de 2016, en el que confirm\u00f3 la providencia de primer grado.  <\/span><\/p>\n

2.4. La sociedad accionante indic\u00f3 que el estrado del circuito acusado no apreci\u00f3 en conjunto las pruebas allegadas al proceso ni tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Se\u00f1al\u00f3 que el ad quem consider\u00f3 que el traslado de la excepci\u00f3n propuesta era el \u00fanico momento para demostrar que la misma no estaba llamada a prosperar, lo que era alejado de la realidad, toda vez que ese es el t\u00e9rmino para que el ejecutante se pronuncie sobre dichas defensas y pida las probanzas que pretende hacer valer; traslado en el que la sociedad se opuso a la excepci\u00f3n y no pidi\u00f3 otros medios de convicci\u00f3n porque en el interrogatorio qued\u00f3 acreditado que las sumas con las que se adujo cubrir la obligaci\u00f3n, no la extinguieron, por ser canceladas antes del diligenciamiento del pagar\u00e9.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Sostuvo que el pagar\u00e9 se llen\u00f3 por el equivalente a 14 letras pendientes de pago con sus intereses; que si bien existi\u00f3 un negocio causal anterior al diligenciamiento del mismo, ese no dio origen a la ejecuci\u00f3n, sino el t\u00edtulo aportado con la demanda, el que es aut\u00f3nomo y presta m\u00e9rito ejecutivo; el ejecutado deb\u00eda pagar $60.372.000, pero solo cancel\u00f3 las primeras 22 letras por $36.894.000, lo cual cubre el capital sin intereses, esto es, $36.000.000, raz\u00f3n por la que la similitud entre lo pagado y lo dejado de cancelar gener\u00f3 una confusi\u00f3n; y no se presentaron letras \u00abporque no se quiso generar la idea de un cobro doble e indebido\u00bb (folio 27, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.8. Refiri\u00f3 que el contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito entre el ejecutado y su apoderado evidenciaba el reconocimiento de una comisi\u00f3n de \u00e9xito, la que tom\u00f3 como punto de partida el valor que reconoc\u00eda adeudar, de $24.942.983, y sobre el descuento que logre el abogado en el proceso se calculaba dicha comisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.9. Manifest\u00f3 que la sentencia de segunda instancia incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto procedimental absoluto por \u00abactuar al margen del procedimiento establecido\u00bb, as\u00ed como por error f\u00e1ctico, pues carec\u00eda de apoyo probatorio para sustentar la decisi\u00f3n tomada; adem\u00e1s fue emitida sin motivaci\u00f3n alguna (folio 28, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Veinte Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no advert\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos de la accionante, pues desde que se notific\u00f3 del mandamiento de pago fue representada por abogado, se atendieron sus requerimientos y se evaluaron las pruebas aportadas, por lo que el fallo emitido estaba conforme a derecho; que la accionante aleg\u00f3 que no se valoraron las pruebas porque los pagos no correspond\u00edan al pagar\u00e9 b\u00e1culo de la acci\u00f3n, sino a unas letras de cambio amparadas por dicho instrumento, pero no prob\u00f3 sumariamente esa circunstancia, \u00abpues [se] echa de menos si quiera las copias de las letras anunciadas por el representante legal de la demandante en su interrogatorio\u00bb; y no concurren las causales de procedencia de la tutela. Remiti\u00f3 copia del proceso criticado (folio 50, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que dict\u00f3 sentencia de segunda instancia el 28 de octubre de 2016, en la que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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3. AV Autos inform\u00f3 que Vehifinanzas S.A.S. cedi\u00f3 sus los derechos litigiosos a Jorge Iv\u00e1n G\u00f3mez G\u00f3mez con el fin de hacer menos oneroso el bodegaje.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que la postura asumida por ambos estrados atacados tuvo respaldo en la falta de elementos de juicio; que la determinaci\u00f3n adoptada estudi\u00f3 la prueba a la que se refiri\u00f3 la queja pero consider\u00f3 que era insuficiente para derruir la excepci\u00f3n formulada, pues la declaraci\u00f3n del representante legal debi\u00f3 soportarse en otros medios demostrativos; y la tutela no constituye una instancia adicional.  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad (folio 96, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso en estudio, concluye la Corte que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no lucen arbitrarias las decisiones ahora cuestionadas.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se advierte que el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, mediante fallo de 28 de octubre de 2015, declar\u00f3 probada la defensa propuesta de \u00abpago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 28 de octubre de 2016, tras considerar que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 En el sub judice, el enjuiciado respald\u00f3 su alegaci\u00f3n de pago total de la acreencia, con treinta (30) recibos entre consignaciones y transferencias electr\u00f3nicas que el mismo efectu\u00f3 a la cuenta\u2026 de Bancolombia, a nombre de Vehifinanzas S.A.S., en las que puso de presente que realiz\u00f3 pagos por valor de $24’995.500,oo, durante el periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2010, y el 15 de junio de 2012, es decir, antes de vencerse la obligaci\u00f3n que se ejecuta [19 de octubre de 2012].  <\/span><\/p>\n

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Las consignaciones en menci\u00f3n fueron aceptadas por el representante legal de la sociedad que demanda, quien en diligencia de interrogatorio de parte manifest\u00f3, \u2018[efectivamente el se\u00f1or Blanco consign\u00f3 la suma por \u00e9l indicada y m\u00e1s\u2019, pero aclarando que, el se\u00f1or Blanco [demandado], suscribi\u00f3 treinta y seis (36) letras de cambio con Distriveh\u00edculos Ltda., que fueron endosadas a Vehifinanzas S.A.S., y de las cuales el demandado tan s\u00f3lo descarg\u00f3 veintid\u00f3s (22), quedando pendientes catorce (14), de cuyos valores fueron reunidos en el pagar\u00e9 que es base de la presente acci\u00f3n. Precisamente, en lo anterior, se sustent\u00f3 el recurso de alzada que nos convoca.  <\/span><\/p>\n

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4.4. Pues, bien, bajo dicha perspectiva, es claro que lo antes afirmado, debi\u00f3 plantearse por la parte ejecutante cuando descorri\u00f3 el traslado de la excepci\u00f3n de pago planteada por el demandado, sin embargo, su apoderada judicial se limit\u00f3 simplemente a decir que \u2018[C]ualquier pago que haya hecho el demandado ser\u00e1 considerado por Vehifinanzas S.A.S. y por el Despacho Judicial al momento de practicarse la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u2019, sin aducir ning\u00fan hecho que indicara que el t\u00edtulo valor allegado base de la ejecuci\u00f3n, tuvo su origen en un negocio causal que fue incumplido por el ejecutado Rub\u00e9n Blanco Blanco, y que, en efecto, este suscribi\u00f3 36 letras de cambio de las cuales qued\u00f3 adeudando la suma cobrada ejecutivamente; omisi\u00f3n que resulta inaceptable si se tiene en cuenta que, como lo manifest\u00f3 el representante legal de Vehifinanzas S.A.S., al absolver su interrogatorio de parte\u2026, las 36 letras le fueron \u2018endosadas\u2019 por parte de Distriveh\u00edculos, junto con el contrato de prenda y el pagar\u00e9; \u00faltimo \u00e9ste que le fue entregado en el mes de marzo de 2010, en blanco.  <\/span><\/p>\n

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A lo anotado se le suma que, a pesar de que el citado representante legal inform\u00f3 sobre lo anterior, tampoco aport\u00f3, en desarrollo de su declaraci\u00f3n de parte, las prementadas letras de cambio, de tal suerte que se suministrara al Juzgador de instancia los suficientes elementos de juicio que le permitieran colegir que, en efecto, las consignaciones que alleg\u00f3 el se\u00f1or Blanco Blanco, correspond\u00edan a pagos diversos del valor consignado en el pagar\u00e9 [como probablemente fue].  <\/span><\/p>\n

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Sobre el diligenciamiento del pagar\u00e9 precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026se entreg\u00f3 en blanco, pues, evidente aflora, ello contribuy\u00f3 de manera contundente a que, atendiendo su fecha de creaci\u00f3n y vencimiento, el ejecutado exhibiera unas consignaciones efectuadas dentro de dicho interregno y que, coincidencialmente, correspond\u00edan al valor cobrado [pesos m\u00e1s o menos], lo cual llev\u00f3 al a quo a adoptar la decisi\u00f3n aqu\u00ed impugnada.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, si lo narrado por el representante legal de la demandante constitu\u00eda la verdadera raz\u00f3n por la cual se diligenci\u00f3 el pagar\u00e9 allegado como base del cobr\u00f3 ejecutivo, c\u00f3mo es que, se itera, tal escenario no fue planteado en ninguna de las etapas pertinentes [demanda y traslado de excepciones], y tan s\u00f3lo vino a ser expuesto en la diligencia de interrogatorio de parte, sin ning\u00fan tipo de sustento probatorio, verbi gratia, las copias de las \u2018[l]etras que tambi\u00e9n fueron cedidas a Vehifinanzas\u2019; soportes de suma importancia para corroborar lo dicho y para desechar la excepci\u00f3n planteada por el demandado. Contrario sensu, s\u00ed se verific\u00f3 que, el demandado, aunado a lo informado por el banco Bancolombia S.A., realiz\u00f3 sendos pagos a nombre de la acreedora, dentro del t\u00e9rmino ya referido.  <\/span><\/p>\n

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Concluyendo as\u00ed que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026se impone confirmar el fallo apelado, en atenci\u00f3n al incumplimiento, por parte de la ejecutante, de la carga probatoria que le imponen los art\u00edculos 177 del ordenamiento adjetivo procesal y 1757 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a voces del \u00faltimo de los mencionados c\u00e1nones normativos, incumbe a las partes probar las obligaciones o su extinci\u00f3n, seg\u00fan sea alegado, misma l\u00ednea que trae el primero, que en desarrollo del principio de la carga de la prueba, se\u00f1ala que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas para obtener el efecto jur\u00eddico perseguido por \u00e9stas y, que el juez de cara al art\u00edculo 174 del C.P.C., debe fundamentar sus decisiones en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u2026.  <\/span><\/p>\n

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6. Para concluir, si la parte ejecutante no cumpli\u00f3 con la carga procesal que le era exigible de cara a la excepci\u00f3n formulada por el demandado, deber\u00e1 soportar las consecuencias de su inactividad, pues, como lo analiz\u00f3 la doctrina, y lo ha confirmado en sendas ocasiones la jurisprudencia patria, las partes pueden colocarse en una situaci\u00f3n desfavorable al momento de desatender su deber de probar los supuestos de hecho con base en los cuales enfilan sus pretensiones o defensas; as\u00ed, era claro que la excepci\u00f3n de m\u00e9rito planteada por el ejecutado estaba llamada a prosperar, pues, al no haberse demostrado la existencia de un supuesto negocio subyacente, el de las 14 letras aludido por la parte actora, con base en el cual, seg\u00fan se plante\u00f3 por parte de la demandante, se diligenci\u00f3 el pagar\u00e9 objeto de las pretensiones, se impon\u00eda la terminaci\u00f3n del proceso\u2026.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n definitoria del litigio no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la sociedad peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio frente a la sentencia que tuvo por probada la excepci\u00f3n formulada, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Comisi\u00f3n de Servicios)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC3620-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2017-00254-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100078","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100078"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100078\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}