{"id":100080,"date":"2026-06-25T19:57:14","date_gmt":"2026-06-25T19:57:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3624-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:57:14","modified_gmt":"2026-06-25T19:57:14","slug":"stc3624-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3624-2017\/","title":{"rendered":"STC3624-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3624-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00544-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso de Le\u00f3n Acu\u00f1a Quintero contra el Juzgado Sexto Civil Municipal de Villavicencio, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y la Fiscal\u00eda Sexta Seccional, ambas de la misma ciudad, el Consejo Superior de la Judicatura, y todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado por la autoridad judicial encausada al dictar sentencia dentro del proceso ejecutivo promovido en su contra por Matilde Sanabria Gonz\u00e1lez, en la que se accedi\u00f3 a las pretensiones de la parte actora.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se revoque el fallo censurado y se ordene al a quo que tenga en cuenta los abonos realizados al cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el 2007, Matilde Sanabria Gonz\u00e1lez promovi\u00f3 demanda ejecutiva de m\u00ednima cuant\u00eda contra Alfonso de Le\u00f3n Acu\u00f1a Quintero y Blanca Luc\u00eda Castillo Mahecha, a fin de obtener el pago de las obligaciones incorporadas en la letra de cambio adosada.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Villavicencio, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago el 12 de octubre del a\u00f1o citado.  <\/span><\/p>\n

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3. Los demandados se opusieron a las pretensiones y formularon las excepciones denominadas \u00abpago de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abfalta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abalteraci\u00f3n del texto del t\u00edtulo valor objeto de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb, \u00abfalsedad del documento objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb y la \u00abgen\u00e9rica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, la juez de la causa dict\u00f3 sentencia el 8 de mayo de 2013, en la que declar\u00f3 no probados los medios exceptivos y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. El 23 de mayo del a\u00f1o citado, el aqu\u00ed quejoso denunci\u00f3 penalmente por el presunto delito de fraude procesal a la se\u00f1ora Sanabria Gonz\u00e1lez ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. Posteriormente, el 9 de junio de 2014, Blanca Luc\u00eda Castillo Mahecha present\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra el fallo referido atr\u00e1s, con el objetivo de que fuera revocado y, en su lugar, se profiriera una nueva determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, mediante auto de 18 de septiembre siguiente, admiti\u00f3 la demanda anterior y orden\u00f3 el traslado correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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8. El se\u00f1or Acu\u00f1a Quintero intervino en esa actuaci\u00f3n y coadyuvo las pretensiones de la actora.  <\/span><\/p>\n

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9. De otro lado, la parte ejecutante present\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la cual fue objetada por el extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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10. Sin embargo, a trav\u00e9s de prove\u00eddo fechado el 18 de marzo de 2016, el juzgador declar\u00f3 infundada la objeci\u00f3n y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n presentada por el extremo activo.  <\/span><\/p>\n

11. Hasta la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, el despacho colegiado todav\u00eda no hab\u00eda emitido el fallo correspondiente dentro de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n mencionada.  <\/span><\/p>\n

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12. En criterio del peticionario del amparo se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado, dado que el t\u00edtulo valor que dio origen a la acci\u00f3n ejecutiva no cumple los requisitos legales y en la sentencia no se tuvieron en cuenta los abonos porque se estim\u00f3 que no correspond\u00edan a la obligaci\u00f3n perseguida, adicionalmente el fallador no ha tenido en cuenta tales pagos al pronunciarse sobre la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y finalmente ese asunto deber\u00eda encontrarse suspendido porque existe una denuncia penal por fraude procesal. [Folios 1-10, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad querellada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y la Fiscal\u00eda Sexta Seccional, ambas de Villavicencio, el Consejo Superior de la Judicatura, y todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 194, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Villavicencio relat\u00f3 lo acontecido en el proceso cuestionado e indic\u00f3 que se profiri\u00f3 sentencia ordenando continuar la ejecuci\u00f3n conforme al mandamiento de pago, pues se declararon no probadas las excepciones de la parte pasiva. [Folios 213-214, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como protecci\u00f3n provisional, advirtiendo, eso s\u00ed, que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto se evidencia que el reclamante tiene otros medios de defensa judiciales id\u00f3neos para procurar la defensa de sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el actor alega, en s\u00edntesis, que en el proceso ejecutivo adelantado en su contra por Matilde Sanabria Gonz\u00e1lez se dict\u00f3 una sentencia en la que se accedi\u00f3 a las pretensiones del extremo activo, pese a que el t\u00edtulo valor que dio origen a esa acci\u00f3n no cumple los requisitos legales y que no se tuvieron en cuenta los pagos y abonos realizados al cr\u00e9dito perseguido, y adem\u00e1s, ante la existencia de una denuncia penal formulada contra la ejecutante, tal asunto deber\u00eda estar suspendido. Por consiguiente, el tutelante considera que se est\u00e1n transgrediendo sus garant\u00edas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, atendiendo el car\u00e1cter residual y absolutamente excepcional del amparo, no puede desconocer la Sala que la otra persona demandada en el asunto mencionado, a saber, Blanca Luc\u00eda Castillo Mahecha, present\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra el fallo all\u00ed emitido, a fin de que fuera revocado y, en su lugar, se profiriera una nueva determinaci\u00f3n, en donde intervino el aqu\u00ed quejoso coadyuvando las pretensiones de la recurrente, la cual se encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, lo que significa que en la actualidad se est\u00e1 resolviendo el medio de defensa judicial ordinario; de lo que se deduce, entonces, la improcedencia de la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, las determinaciones de los despachos accionado y vinculado no pueden considerarse definitivas al momento de la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, circunstancias que, sin lugar a dudas, tornan en prematura la v\u00eda constitucional y, a todas luces, emerge inconveniente la intervenci\u00f3n del juez de tutela, debido a que no es permitido que, a trav\u00e9s suyo, se suplan los mecanismos procesales de defensa.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, resulta inviable entrar a analizar, por medio de la acci\u00f3n constitucional, la soluci\u00f3n de una controversia que est\u00e1 pendientes de ser decidida por el juez natural mediante los mecanismos de contradicci\u00f3n que la legislaci\u00f3n adjetiva prev\u00e9 para tal fin.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este tema, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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