{"id":100081,"date":"2026-06-25T19:57:24","date_gmt":"2026-06-25T19:57:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3625-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:57:24","modified_gmt":"2026-06-25T19:57:24","slug":"stc3625-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3625-2017\/","title":{"rendered":"STC3625-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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STC3625-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00559-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo  de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Arley de la Cruz Viloria Petro contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre \u2013 Antioquia; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Sala Penal del Tribunal Superior de ese departamento, Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso penal, conocido con radicado 2009-00144.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa que considera vulnerados con las decisiones proferidas por las autoridades accionadas por cuanto fue condenado por los delitos de Peculado por Apropiaci\u00f3n, Inter\u00e9s Indebido en la Celebraci\u00f3n de Contratos y Falsedad Ideol\u00f3gica en Documento P\u00fablico, bajo un falso raciocinio; transgresi\u00f3n ostensible de los principios de la sana cr\u00edtica y desconocimiento de las reglas de apreciaci\u00f3n de la prueba, irregularidades que fueron avaladas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, autoridad que inadmiti\u00f3 por falta de legitimaci\u00f3n el recurso extraordinario de casaci\u00f3n con el argumento que no hab\u00eda apelado el fallo condenatorio de primer grado.    <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se tutelen los derechos invocados y se declare la nulidad de la condena proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre \u2013 Antioquia para en su lugar \u00abDISPONER ABSOLVERLO de todos los cargos, seg\u00fan las razones aqu\u00ed expuestas\u00bb [Folio 5, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 25 de junio de 2007, la Fiscal\u00eda 64 Seccional de Medell\u00edn orden\u00f3 la apertura de la instrucci\u00f3n, en la que dispuso vincular mediante indagatoria al accionante junto con otros por los presuntos delitos de Peculado por Apropiaci\u00f3n, Inter\u00e9s Indebido en la Celebraci\u00f3n de Contratos y Falsedad Ideol\u00f3gica en Documento P\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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2. El 13 de agosto siguiente se profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n por los delitos imputados y en la misma fecha se resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los procesados, absteni\u00e9ndose de aplicarles medida de aseguramiento.  <\/span><\/p>\n

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3. El conocimiento del juicio le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre \u2013 Antioquia, autoridad que dict\u00f3 sentencia el 17 de abril de 2012, declarando la responsabilidad penal de los procesados y les impuso las  penas de 36 meses de prisi\u00f3n, as\u00ed mismo, les concedi\u00f3 el subrogado penal de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena. [Folios 7-29, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconformes con la decisi\u00f3n s\u00f3lo los defensores de Giovanny Romero y Ezequiel Nicol\u00e1s Herrera Dom\u00ednguez la apelaron.  <\/span><\/p>\n

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5. El 27 de junio de 2013, el Tribunal Superior de Antioquia confirm\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n adoptada por el A Quo pues con relaci\u00f3n al procesado  Giovanny Romero revoc\u00f3 la condena por los il\u00edcitos endilgados con excepci\u00f3n del Peculado por Apropiaci\u00f3n y redosific\u00f3 sus sanciones, quedando la pena en 24 meses de prisi\u00f3n. [Folios 30-38, c.1]    <\/span><\/p>\n

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6. En contra de la providencia del Ad Quem, el tutelante y Giovany Romero interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. El 13 de noviembre de 2013 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n inadmiti\u00f3 la demanda presentada por el accionante por carecer de legitimidad tras considerar que el actor se abstuvo de impugnar la sentencia proferida por el A Quo, lo que indefectiblemente conduce a concluir que si omiti\u00f3 hacerlo, fue porque estuvo de acuerdo con la condena impuesta. As\u00ed mismo, advirti\u00f3 que revisada la actuaci\u00f3n no se observ\u00f3 la presencia de alguna de las hip\u00f3tesis que le permit\u00edan actuar de oficio de conformidad con el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. [Folios 39-58, c.1]  <\/span><\/p>\n

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8. El accionante formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra los juzgados falladores y la Sala de Casaci\u00f3n Penal por considerar vulnerado el debido proceso con las decisiones adoptadas, solicitud que fue inadmita por la Sala Civil de esta Corporaci\u00f3n el 11 de marzo de 2014 tras se\u00f1alarse que no era posible avocar el conocimiento porque se cuestionaba un prove\u00eddo dictado por el \u00f3rgano l\u00edmite y de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, lo que la hac\u00eda improcedente. [Folios 60-64, c.1]  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio del peticionario del amparo fue injustamente condenado por los delitos endilgados producto de una \u00abvaloraci\u00f3n subjetiva\u00bb por lo que requiere la nulidad de la actuaci\u00f3n para lograr la reparaci\u00f3n de sus derechos conculcados. [Folios 1-6, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 143, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro del t\u00e9rmino otorgado las autoridades accionadas guardaron silencio. [Folios 143, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. D\u00edgase inicialmente, que en el presente caso no se configura la falta de inmediatez, ello por cuanto no se evidencia, dado que se observa que el accionante en el mes de marzo de 2014, cuando hab\u00edan transcurrido cuatro meses de proferida la determinaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela manifestando su descontento con las decisiones adoptadas al interior del proceso penal adelantado en su contra, misma que le fue inadmitida el 11 de marzo de ese a\u00f1o tras considerarse que \u00abno es posible avocar el conocimiento de la actual tutela, porque el aludido prove\u00eddo fue dictado por el \u00f3rgano l\u00edmite y de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que tiene la Corte Suprema de Justicia por disposici\u00f3n constitucional\u00bb, lo que permite inferir que el actor en su momento acudi\u00f3 a la acci\u00f3n constitucional  dentro del lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, de modo que procede  la Sala a su estudio.  <\/span><\/p>\n

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2. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201cotro medio de defensa judicial\u201d, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto el tutelante no hizo uso del recurso de apelaci\u00f3n que cab\u00eda contra la sentencia dictada el 17 de abril de 2012 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre \u2013 Antioquia,  por medio de la cual se le conden\u00f3 a la pena de 36 meses de prisi\u00f3n por los delitos de Peculado por Apropiaci\u00f3n, Falsedad Ideol\u00f3gica en Documento P\u00fablico e Inter\u00e9s Indebido en la Celebraci\u00f3n de Contratos, pues era ese el escenario natural para plantear los argumentos en los que  ahora funda su inconformidad.  <\/span><\/p>\n

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La Sala ha destacado en otras oportunidades que si las personas que reprochan determinaciones judiciales adoptadas en perjuicio de sus intereses \u00abdejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Luego, si el tutelante no aprovech\u00f3 los instrumentos de  defensa establecidos en el ordenamiento procesal para controvertir los fundamentos de la providencia que considera vulnera sus derechos, no puede ahora aspirar a que en esta v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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4. Ahora bien, respecto a los reparos efectuados a la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de noviembre de 2013 que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por el tutelante contra la sentencia de segunda instancia, no se advierte viable la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se adopt\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

       En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n la autoridad accionada manifest\u00f3 que no se cumple con la exigencia de legitimad referida al inter\u00e9s para impugnar en casaci\u00f3n por cuanto  como qued\u00f3 rese\u00f1ado en los antecedentes del caso, el fallo condenatorio de primera instancia no fue apelado por el accionante ni por su defensor, lo que indefectiblemente conduc\u00eda a concluir que si bien no lo hizo, fue porque estuvo de acuerdo con la condena impuesta.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abEn el fallo de primera instancia, vale destacar, el juez A Quo consign\u00f3 un pormenorizado an\u00e1lisis probatorio acerca de la participaci\u00f3n del sindicado VILORIA PETRO, al final del cual concluy\u00f3 la existencia de plena prueba acerca de su responsabilidad en los delitos imputados.  <\/span><\/p>\n

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La decisi\u00f3n en comento no fue apelada por el citado sindicado ni su defensor, motivo por el cual no se alude al t\u00f3pico en el fallo de segundo grado, el cual se limit\u00f3 a responder las inquietudes del \u00fanico apelante\u00bb  <\/span><\/p>\n

       5. Resulta evidente que la decisi\u00f3n  que se reprocha por esta v\u00eda se motiv\u00f3 adecuadamente, y en la misma se hizo una razonada interpretaci\u00f3n que con independencia de que se comparta o no por el tutelante, no se muestra irrazonable y por ende no quebranta las garant\u00edas reclamadas.   <\/span><\/p>\n

       De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del solicitante de amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el fallador accionado se soport\u00f3 para arribar a sus conclusiones, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

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6. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia de 19 de enero de 2004, exp. 2003-00894-01; en el mismo sentido fallos de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; 17 de octubre de 2012, exp. 2012-02184-00; 9 de mayo de 2013, exp. 2013-00229-01, entre otros.      <\/span><\/p>\n

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