{"id":100082,"date":"2026-06-25T19:57:31","date_gmt":"2026-06-25T19:57:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3626-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:57:31","modified_gmt":"2026-06-25T19:57:31","slug":"stc3626-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3626-2017\/","title":{"rendered":"STC3626-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3626-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-22-13-000-2017-00032-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dos de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Torres Torres contra el Ministerio de Educaci\u00f3n \u2013 Subdirecci\u00f3n de Aseguramiento de la Calidad para la Educaci\u00f3n Superior.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, igualdad y trabajo, que considera vulnerados por la autoridad p\u00fablica acusada al negar la convalidaci\u00f3n de su t\u00edtulo de posgrado otorgado por una instituci\u00f3n de educaci\u00f3n superior extranjera.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene al organismo querellado que convalide el diploma educativo obtenido en el exterior.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La Universidad Metropolitana de Educaci\u00f3n Ciencia y Tecnolog\u00eda UMECIT de Panam\u00e1 otorg\u00f3, el 26 de mayo de 2016, el diploma de \u00abMag\u00edster en Administraci\u00f3n de Negocios, Especializaci\u00f3n en Mercadeo Gerencial\u00bb a Manuel Torres Torres.  <\/span><\/p>\n

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2. El aqu\u00ed quejoso, pidi\u00f3, el 10 de julio siguiente, al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional la convalidaci\u00f3n de t\u00edtulo de posgrado anterior.  <\/span><\/p>\n

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3. La Subdirecci\u00f3n de Aseguramiento de la Calidad para la Educaci\u00f3n Superior de la entidad accionada, mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 5462 de 28 de marzo de 2016, deneg\u00f3 la solicitud precedente, porque \u00abel programa bajo estudio no es coherente con un programa similar en Colombia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con la determinaci\u00f3n anterior, el peticionario interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. La cartera ministerial, en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 722 de enero 25 de 2017, no repuso la decisi\u00f3n cuestionada y concedi\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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6. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el organismo acusado no ha resuelto favorablemente su solicitud de convalidaci\u00f3n del t\u00edtulo de educaci\u00f3n superior otorgado por una instituci\u00f3n extranjera, lo que ha impedido que lo presente en el sitio donde trabaja, en perjuicio de su salario y calidad de vida. [Folios 1-2, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 20 de enero de 2017, se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad p\u00fablica querellada, para que ejerciera sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 5, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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2. La entidad p\u00fablica se opuso a la prosperidad del resguardo, pues existe carencia actual de objeto dado que ha tramitado la solicitud del quejoso y adem\u00e1s no es procedente la utilizaci\u00f3n de este mecanismo para desconocer los requisitos m\u00ednimos y el examen de legalidad para la convalidaci\u00f3n de t\u00edtulos educativos extranjeros en Colombia. [Folios 20-21, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 2 de febrero de 2017, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, tras considerar que la autoridad estatal accionada resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y concedi\u00f3 el de apelaci\u00f3n, motivo por el cual no ha vulnerado el derecho fundamental de petici\u00f3n, y frente a la decisi\u00f3n de negar la convalidaci\u00f3n de su t\u00edtulo de educaci\u00f3n superior for\u00e1neo no se cumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad, en la medida que el accionante cuenta con mecanismos de defensa judicial a su alcance para controvertir tal determinaci\u00f3n ante el juez natural. [Folios 30-36, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial, precis\u00f3 que no pretende que se proteja su derecho de petici\u00f3n, sino que se ordene la convalidaci\u00f3n de su diploma educativo de posgrado mediante esta v\u00eda. [Folios 39-40, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que estos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de esta instancia, los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que el accionante puede acudir a otros instrumentos legales para procurar la defensa de los derechos cuya conculcaci\u00f3n aleg\u00f3, pues para tal fin contempl\u00f3 el legislador la posibilidad de atacar la actuaci\u00f3n administrativa en sede judicial.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, esa persona tiene a su alcance los medios de control ordinarios ante los jueces naturales para cuestionar la decisi\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional adoptada mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 5462 de 28 de marzo de 2016, en la que neg\u00f3 la solicitud de convalidaci\u00f3n del t\u00edtulo de \u00abMag\u00edster en Administraci\u00f3n de Negocios, Especializaci\u00f3n en Mercadeo Gerencial\u00bb otorgado por la Universidad Metropolitana de Educaci\u00f3n Ciencia y Tecnolog\u00eda UMECIT de Panam\u00e1, cuya reposici\u00f3n fue denegada en acto administrativo del 25 de enero de 2017, la cual, inclusive, todav\u00eda no se encuentra en firme al momento de la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, dado que se encuentra en tr\u00e1mite la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n incoado contra aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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De manera que si el tutelante no ha agotado todos las herramientas judiciales ordinarias con las que cuenta, no resulta procedente entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de un litigio que ha de ser dirimido, de manera exclusiva, por el juzgador que est\u00e1 legalmente investido de la competencia para ello, ante el cual puede solicitar medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, para evitar la configuraci\u00f3n de los da\u00f1os que se puedan causar como consecuencia de las decisiones abiertamente ilegales, m\u00e1xime que al hallarse pendiente el pronunciamiento de la entidad accionada sobre el recurso de apelaci\u00f3n contra el acto administrativo cuestionado, resulta prematuro el ejercicio del presente mecanismo.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, en un caso de similares contornos, la Corte ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) no es pertinente despachar favorablemente esta tutela, dado que las determinaciones que negaron la homologaci\u00f3n pretendida por el querellante son manifestaciones de voluntad de la administraci\u00f3n que pueden discutirse ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u2026 \u201csurge claro que el amparo invocado no puede abrirse paso, cuando la\u2026 presuntamente maltratada en sus prerrogativas esenciales tuvo [o tiene] a su alcance alg\u00fan mecanismo id\u00f3neo de defensa, pudo ejercerlo y no lo hizo\u2026 Se desprende de lo anterior que la salvaguarda deprecada es improcedente, m\u00e1xime cuando la disputa gira en torno a la legalidad de actos administrativos. (CSJ STC, 31 may. 2013, exp. 00605-01, reiterada en STC3471-2014, 20 mar. 2014, rad. 00257-01, y STC648-2017, 26 en. 2017, rad. 00238-01).  <\/span><\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la presente, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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