{"id":100084,"date":"2026-06-25T19:57:37","date_gmt":"2026-06-25T19:57:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3628-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:57:37","modified_gmt":"2026-06-25T19:57:37","slug":"stc3628-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3628-2017\/","title":{"rendered":"STC3628-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3628-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2017-00067-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de febrero de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marcelicio \u00c1ngel Barros contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Leticia.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales a la igualdad, dignidad y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita \u00abrevocar las decisiones actualmente en contra de [sus] derechos\u2026 [de] redo[s]ificaci\u00f3n de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas definitiva[,] que han sido ejecutadas sin previ[o] an\u00e1lisis de las normas y\/o jurisprudencia\u00bb (folio 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Dentro de un juicio penal adelantado en contra de Marcelicio \u00c1ngel Barros, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Leticia profiri\u00f3 sentencia el 6 de diciembre de 2013, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 99 meses de prisi\u00f3n, tras hallarlo responsable de la comisi\u00f3n del delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de armas de fuego.  <\/span><\/p>\n

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2.2. En otro proceso penal tramitado frente a Marcelicio \u00c1ngel Barros, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Leticia dict\u00f3 sentencia el 6 de mayo de 2014, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 136 meses de prisi\u00f3n por el delito de hurto calificado y agravado.  <\/span><\/p>\n

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2.3. El Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Leticia asumi\u00f3 la vigilancia de las condenas impuestas, por lo que el 1\u00ba de octubre de 2014 el condenado solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n de las penas, la que fue resuelta favorablemente en prove\u00eddo de 14 de octubre de 2014, dosific\u00e1ndose la misma en 196 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, manteni\u00e9ndose la determinaci\u00f3n en auto de 4 de noviembre siguiente y concedi\u00e9ndose la alzada.  <\/span><\/p>\n

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2.4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, en providencia de 8 de abril de 2015, declar\u00f3 desierto el recurso impetrado por falta de sustentaci\u00f3n adecuada.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Indic\u00f3 que no se valor\u00f3 que exist\u00eda conexidad entre los procesos mencionados, pues los dos coautores fueron implicados y condenados por hechos ocurridos el 27 de noviembre de 2012.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Adujo que el juzgador acusado fund\u00f3 su decisi\u00f3n en \u00abcriterios personales y\u2026 arbitrarios\u00bb, sin que se demostrara la \u00abtemeridad y\/o buena fe\u00bb como lo exigen los art\u00edculos 140 y 141 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal; y los derechos del condenado no pueden estar sujetos a la discrecionalidad de los jueces (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.7. Se\u00f1al\u00f3 que la solicitud que elev\u00f3 se encontraba ajustada a derecho; los argumentos expuestos en las decisiones resultaban contrarios al contenido normativo; se ha indicado que la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas no puede ser aplicada de manera absoluta, sin analizar en el caso concreto si es contraria a los intereses del peticionario.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Agreg\u00f3 que se debe determinar la procedencia de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas \u00abpartiendo de la base de que se trata de un derecho del condenado\u00bb, estudiando, seg\u00fan el estado de los procesos, s\u00ed se afectan los beneficios concedidos por mandato legal o si la determinaci\u00f3n que se profiera conlleva a una situaci\u00f3n menos favorable de la que gozaba aqu\u00e9l; lo que se omiti\u00f3 hacer en el caso concreto, gener\u00e1ndose la transgresi\u00f3n de sus prerrogativas esenciales por no analizar la viabilidad de dicha figura (folio 4, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca indic\u00f3 que el 8 de abril de 2015 declar\u00f3 desierto el recurso de alzada impetrado por el promotor, pues no cumpli\u00f3 con la carga de debida sustentaci\u00f3n; que en dicha determinaci\u00f3n expuso las razones por las que consider\u00f3 que el recurrente no atac\u00f3 los fundamentos de la providencia impugnada, pues sus reclamos \u00abse encaminaron a controvertir la dosificaci\u00f3n de las penas impuestas por el fallador de conocimiento, tem\u00e1tica que no se relacionaba ni abarcaba la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica que abord\u00f3 el Juez Ejecutor\u00bb; que no cumple con el presupuesto de la inmediatez, sin que se advierta una causa que justifique la inactividad del actor; y no avizoraba la configuraci\u00f3n de una causal espec\u00edfica de procedibilidad (folio 80, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Leticia se\u00f1al\u00f3 que se aten\u00eda a las razones expuestas en las providencias que dict\u00f3, pues no ha vulnerado derecho fundamental alguno y las razones expuestas por el peticionario para acudir al resguardo \u00abno tienen nada que ver con lo considerado en [aquellas]\u00bb (folio 104, cuaderno 1).   <\/span><\/p>\n

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3. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Leticia adujo que las actuaciones se ajustaron a la legalidad; que en providencia de 6 de mayo de 2014 conden\u00f3 al accionante a la pena de 136 meses de prisi\u00f3n como responsable del delito de hurto calificado y agravado, decisi\u00f3n que, tras ser recurrida, cobr\u00f3 ejecutoria porque se declar\u00f3 desierto el recurso por falta de sustentaci\u00f3n; que en las diligencias fueron respetadas las garant\u00edas del promotor; que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez; y el accionante ya hab\u00eda formulado otra tutela por hechos similares.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no observaba el requisito de subsidiariedad, pues el gestor debi\u00f3 exponer sus reparos a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, el que le fue declarado desierto por falta de sustentaci\u00f3n; y tampoco cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, toda vez que desde que se emiti\u00f3 el auto criticado trascurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o y 9 meses.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad (folio 135, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo criticado de 8 de abril de 2015, en el que declar\u00f3 desierta la alzada frente al auto que resolvi\u00f3 sobre la acumulaci\u00f3n de penas, y la interposici\u00f3n de la tutela, el 14 de diciembre de 2016 (folio 1, cuaderno 1), transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza.  <\/span><\/p>\n

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Respecto a dicho presupuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados.  En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00).  <\/span><\/p>\n

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3. Las anteriores razones se consideran suficientes para  confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Comisi\u00f3n de Servicios)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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