{"id":100085,"date":"2026-06-25T19:57:41","date_gmt":"2026-06-25T19:57:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3629-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:57:41","modified_gmt":"2026-06-25T19:57:41","slug":"stc3629-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3629-2017\/","title":{"rendered":"STC3629-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3629-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2017-00016-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de febrero de 20171 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Olga Lucia Cevallos Valenzuela contra los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Javier El\u00edas Gallo L\u00f3pez, El\u00edas Gallo Gil y Compulagos Ltda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita \u00abrevocar las sentencias proferidas\u2026 [el] 21 de octubre de 2014\u2026 y\u2026 9 de diciembre de 2016\u00bb (folio 13, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Javier El\u00edas Gallo L\u00f3pez promovi\u00f3 un juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en contra de Olga Lucia Cevallos Valenzuela, con fundamento en que requer\u00eda el local comercial objeto de ese convenio para instalar un establecimiento de comercio de su propiedad -joyer\u00eda- sustancialmente diferente al de su arrendataria \u2013venta de computadores y suministro para los mismos-; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, despacho que el 15 de mayo de 2012 admiti\u00f3 la demanda.  <\/span><\/p>\n

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2.2. La demandada contest\u00f3 el libelo y formul\u00f3 la excepci\u00f3n previa de \u00abfalta de litisconsorcio necesario e integraci\u00f3n del contradictorio\u00bb; y las de m\u00e9rito de \u00abmala fe por parte del arrendador en la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento\u00bb y \u00abno adimpleti contratus\u00bb. La primera fue despachada desfavorablemente con prove\u00eddo de 29 de julio de 2013 (folios 92 y 95, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.3. Mediante auto de 19 de noviembre de 2013, el referido estrado municipal deneg\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de la prueba solicitada por la demandada, de inspecci\u00f3n judicial a los libros de contabilidad y facturas de la empresa Compulago Ltda., por considerarla impertinente e innecesaria para esclarecer los hechos objeto del proceso, determinaci\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, recursos que fueron rechazados en prove\u00eddo de 7 de marzo de 2014.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Despu\u00e9s de surtirse el tr\u00e1mite correspondiente, el expediente fue remitido al Juzgado Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de esa ciudad, estrado que dict\u00f3 sentencia el 21 de octubre de 2014, en la que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento, orden\u00f3 a la demandada la restituci\u00f3n del inmueble y dispuso que en el caso de no cumplirse con la entrega, comisionaba al Inspector respectivo, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.5. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena profiri\u00f3 fallo el 9 de diciembre de 2016, confirmando la determinaci\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Indic\u00f3 el accionante que el desacuerdo contractual se present\u00f3 cuando el arrendador Javier Gallo L\u00f3pez visit\u00f3 el establecimiento Compulago y le inform\u00f3 al representante legal el incremento del canon de arrendamiento a la suma de $7.000.000, \u00faltimo que le expuso la imposibilidad de pagar dicho dinero.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Se\u00f1al\u00f3 que el 3 de enero de 2011 el mencionado arrendador le envi\u00f3 una carta terminando el contrato y solicitando la restituci\u00f3n del inmueble, siendo \u00abclaro que la raz\u00f3n por la cual solicitaba la restituci\u00f3n del local era el desacuerdo en aceptar el canon de arriendo\u00bb (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.8. Adujo que el 6 de enero del mismo a\u00f1o, El\u00edas Gallo Gil, padre del arrendador, le envi\u00f3 una propuesta para la renovaci\u00f3n del referido convenio por el valor de $6.500.000, la que fue contestada exponiendo la desproporcionalidad de esa suma porque se incrementaba en un 68%, por lo que propuso el pago de $5.500.000. Sin embargo, el 31 de mayo de 2011 le fue remitida una nueva carta terminando el contrato el 30 de abril de 2012 y solicitando la restituci\u00f3n del local.  <\/span><\/p>\n

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2.9. Sostuvo que el arrendador invoc\u00f3 el numeral 2 del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio para sustentar la decisi\u00f3n de no renovar el contrato, \u00ablo que no es cierto y evidencia un comportamiento de mala fe\u00bb, pues incumple lo pactado y no le permite la renovaci\u00f3n del mismo (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.10. Refiri\u00f3 que en el proceso demostr\u00f3 la destinaci\u00f3n espec\u00edfica del local comercial pactada en la cl\u00e1usula quinta del contrato, esto es, un establecimiento dedicado a la comercializaci\u00f3n de computadores, servicios y reparaciones, por lo que se debieron aplicar los art\u00edculos 515 y 516 del C\u00f3digo de Comercio, pues el destinatario de la carta de renovaci\u00f3n del contrato era Compulago Ltda., sociedad que realizaba los pagos de la obligaci\u00f3n y era parte del contrato.  <\/span><\/p>\n

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2.11. Asever\u00f3 que si bien cuando se resolvi\u00f3 la excepci\u00f3n previa el despacho consider\u00f3 que Compulago Ltda. era solo beneficiario del inmueble, tambi\u00e9n era cierto que proced\u00eda la integraci\u00f3n del litisconsorcio, pues el contrato de arrendamiento era integrante del establecimiento de comercio; dicha sociedad era la tenedora del inmueble y cancelaba los c\u00e1nones, lo cual fue aceptado t\u00e1citamente por el arrendador cuando le enviaba las facturas a su nombre, por lo que era necesaria su vinculaci\u00f3n, lo que no ocurri\u00f3  (folio 7, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.12. Manifest\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico porque se omiti\u00f3 decretar las pruebas que eran conducentes para adoptar una decisi\u00f3n y no fue valorado el acervo probatorio al restarle credibilidad a los testimonios de los trabajadores de Compulago Ltda.; ambas instancias consideraron que el demandante no prob\u00f3 los incrementos de los c\u00e1nones de arrendamiento porque no aport\u00f3 los recibos de pago, pero no se tuvo en cuenta que no se decret\u00f3 la prueba de inspecci\u00f3n judicial con exhibici\u00f3n de documentos, la que se pidi\u00f3 para demostrar todas las situaciones referentes al referido convenio y que la verdadera motivaci\u00f3n del proceso era el desacuerdo en el pago del \u00abexagerado incremento en el monto del canon\u00bb (folio 10, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.13. Agreg\u00f3 que los jueces deb\u00edan establecer cu\u00e1les son las verdaderas causas de terminaci\u00f3n del contrato; se pretende evitar el pago de una prima comercial o good will con la venta del local; el hecho de que un testigo sea sospechoso por tener un v\u00ednculo laboral, no le quita credibilidad al mismo; y las sentencias emitidas configuran una v\u00eda de hecho.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso criticado.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad indic\u00f3 que se remit\u00eda a las providencias dictadas en el tr\u00e1mite cuestionado, \u00aben las que no se advierte violaci\u00f3n a derecho fundamental alguno\u00bb (folio 260, cuaderno 1):  <\/span><\/p>\n

3. Javier El\u00edas Gallo L\u00f3pez se\u00f1al\u00f3 que suscribi\u00f3 el contrato de arrendamiento desde el 1\u00ba de mayo de 2003 con la demandada, \u00abrelaci\u00f3n contractual [que] se desarroll[\u00f3] durante varios a\u00f1os, con entendimiento mutuo, limando siempre cualquier diferencia en torno a los incrementos anuales en el canon\u00bb; que en su condici\u00f3n de comerciante de joyer\u00edas y relojer\u00eda, desde el 2009 busc\u00f3 un acercamiento amigable en torno a la restituci\u00f3n del inmueble que requiere para ocuparlo en actividades comerciales distintas al objeto social que desarrolla el extremo pasivo; que hizo el respectivo desahucio, comunic\u00e1ndoselo a la arrendataria en dos oportunidades, el cual no tuvo ninguna respuesta; que en el juicio fueron respetadas las garant\u00edas fundamentales; y existe una \u00abconducta dilatoria que la parte accionada desaroll[\u00f3] durante el desenvolvimiento del tr\u00e1mite procesal\u00bb (folio 261, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que no existen actuaciones arbitrarias ni irregulares, pues al accionante se le concedieron las oportunidades para ejercer su derecho de contradicci\u00f3n y se respetaron las distintas etapas procesales; y pese a que el juzgador no decret\u00f3 ni practic\u00f3 las pruebas solicitadas, ello no constituye yerro alguno, dado que actu\u00f3 razonablemente, respetando los l\u00edmites de la autonom\u00eda e independencia judicial.  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el Tribunal no se pronunci\u00f3 sobre la indebida valoraci\u00f3n de los testimonios ni acerca de la falta de congruencia de las sentencias de primer y segundo grado.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, en lo relativo al despacho adverso de la excepci\u00f3n previa de falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio que consider\u00f3 la quejosa necesario y al no decreto de algunas pruebas, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre los prove\u00eddos criticados de 29 de julio y 19 de noviembre de 2013, mediante los cuales se denegaron, en su orden, la prosperidad de la defensa previa y la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial solicitadas por la accionante, y la interposici\u00f3n de la tutela, el 24 de enero de 2017 (folio 1, cuaderno 1), transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza.  <\/span><\/p>\n

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Respecto a dicho presupuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados.  En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00).  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora bien, respecto de las quejas que enfila frente a las sentencias criticadas, concluye la Corte que el amparo tambi\u00e9n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que aqu\u00e9llas no lucen arbitrarias.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se advierte que mediante fallo de 21 de octubre de 2014, el Juzgado Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Cartagena dict\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y orden\u00f3 a la demandada la restituci\u00f3n del inmueble, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad con fallo de 9 de diciembre de 2016, tras considerar que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026Analizada la censura encuentra el Despacho que la misma est\u00e1 destinada al fracaso, pues el impugnante pierde de vista que la actividad mercantil que pretende desarrollar el arrendador es totalmente ajena a la que ven\u00eda realizando el arrendatario en el inmueble en disputa. N\u00f3tese que el primero, seg\u00fan se le[e] en la demanda y fue corroborado por los testigos en sus declaraciones, se dedica a la compra y venta de joyas, en tanto que el segundo ha tenido como actividad, entre otras, \u2018…a) la comercializaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de parte y accesorios, suministro y consumos, mantenimiento y reparaci\u00f3n de equipos, software y todo lo relacionado, que gire y sea af\u00edn con computadores. C) Comercializaci\u00f3n de m\u00f3viles escolares, escritorios, sillas, pupitres estudiantiles, y todo lo relacionado y que gire alrededor de estos menesteres\u2019.  <\/span><\/p>\n

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Bajo esa perspectiva, precisa el Despacho que en este asunto la diferencia entre la actividad realizada por el arrendatario y la que pretende ejecutar el arrendador la determina es los bienes cuya venta, compra o comercializaciones aquellos ofrecen.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, el apelante insinu\u00f3 que el juzgador A quo actu\u00f3 con ligereza al declarar sin hacer un an\u00e1lisis probatorio la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento y ordenar la restituci\u00f3n del inmueble en disputa, pues dice, que haber justipreciado el aludido material probatorio hubiese advertido que \u2018todo obedece a una retaliaci\u00f3n por no aceptar mi poderdante y su esposo el pago exigido por el arrendador el cual considera excesivamente oneroso…\u2019. Sin embargo, dicha tesis tampoco est\u00e1 llamada a prosperar en esta instancia, pues la revisi\u00f3n de la sentencia impugnada deja evidencia que la misma estuvo cimentada en la apreciaci\u00f3n de todos y cada uno de los elementos de conocimiento compilados en desarrollo de la actuaci\u00f3n, en particular la prueba de car\u00e1cter documental y testimonial, cuya valoraci\u00f3n le permitieron descartar las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte demandada y a su turno dar por demostrada la causal de restituci\u00f3n pregonada por [el]\u2026 extremo demandante. Siendo ello as\u00ed, no podr\u00edamos decir que el juzgador no haya justipreciado las pruebas obrantes en el proceso, sino que le dio un valor diferente al que ahora pretende el recurrente, seg\u00fan su propio punto de vista.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, debe decirse que si lo pretendido por el libelista era enervar la decisi\u00f3n de primera instancia, para ello no bastaba con hacer simples afirmaciones de inconformidad con la valoraci\u00f3n hecha en la decisi\u00f3n o el descontento con los razonamientos del A quo porque los considere equivocados, pues dicha labor le impon\u00eda el deber de ense\u00f1ar al Despacho -tarea que no emprendi\u00f3-, con precisi\u00f3n, claridad y nitidez como la ambivalencia del raciocinio del fallador tuvo injerencia perjudicial y decisiva en la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n hoy confutada.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de la intenci\u00f3n del arrendador de incrementar el canon por encima del 67%, precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026el Despacho comparte el criterio planteado por el A quo seg\u00fan el cual no logr\u00f3 demostrarse que la causal de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento suscrito\u2026 [entre] las partes que integran la presente Litis lo fue el incremento del canon de arrendamiento. La prueba documental arrimada a la actuaci\u00f3n en particular, las misivas del 3 y 4 de enero, y 18 de octubre de 2011 dejan [en] evidencia que el arrendador demandante requiri\u00f3 al arrendatario la restituci\u00f3n del bien inmueble invocando para ello el numeral 2 del art\u00edculo 518 del C.Co.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, si bien en la actuaci\u00f3n reposan escritos de fecha 6 y 20 de enero de 2012, donde se hace constar una propuesta relacionada con la renovaci\u00f3n del contrato de arrendamiento que coexist\u00eda entre las partes, ha de precisarse que la misma no fue realizada por el demandante, sino por el padre de aquel quien debe reputarse como un tercero ajeno a la litis.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, reposan en el expediente las declaraciones de los se\u00f1ores Elkin Pava Luna, Gonzalo Granados Prado y Humberto Duran Beltr\u00e1n, quienes al un\u00edsono alegaron que la terminaci\u00f3n de[l] contrato de arrendamiento estuvo precedida por la pretensi\u00f3n del arrendador en aumentar el canon de arrendamiento. Sin embargo, el Despacho resta credibilidad a sus dichos en atenci\u00f3n a que los citados est\u00e1n ligados al arrendatario, entre otros, por v\u00ednculos de \u00edndole laboral, afectivos, simpat\u00edas, admiraci\u00f3n y cari\u00f1o, en ese sentido es factible que en su af\u00e1n por auxiliar con su dicho al demandado, falten a la verdad.  <\/span><\/p>\n

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Concluyendo que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026dentro de la actuaci\u00f3n no existe medio de conocimiento que permita afirmar en grado de certeza que el detonante de la solicitud de restituci\u00f3n del inmueble arrendado formulada por el arrendador Javier Gallo fue (en los t\u00e9rminos que lo propuso el impugnante) el incremento del canon de arrendamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, el recurrente sostuvo que no comparte la tesis propuesta en la sentencia impugnada, seg\u00fan la cual no se necesitaba establecer los linderos y medidas del bien cuya restituci\u00f3n se invocaba, ya que la mera ubicaci\u00f3n y acreditaci\u00f3n de la propiedad bastaba para ello, pues seg\u00fan dice, ese era un requisito indispensable para que prosperara la pretensi\u00f3n restitutoria. No obstante, dicho reparto (sic) tambi\u00e9n est\u00e1 destinado al fracaso, pues tal y como lo sostuvo el fallador de primer grado basta con realizar una simple lectura al escrito que contiene el contrato de arrendamiento suscrito entre el arrendador Javier Elias Gallo L\u00f3pez y el arrendatario Olga Luc\u00eda Ceballos Valenzuela o el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria del Inmueble litigioso para arribar a una conclusi\u00f3n diametralmente opuesta a la contenida en la apelaci\u00f3n, pues en aquellos se hace constar de manera clara, expresa los linderos y medidas del inmueble cuya restituci\u00f3n se buscaba a trav\u00e9s de la presente demanda\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n definitoria del litigio no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio frente a la sentencia que no tuvo por probadas las excepciones formuladas, declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y dispuso la restituci\u00f3n del inmueble, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Comisi\u00f3n de Servicios)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Precisa la Sala que en su fallo el Tribunal erradamente consign\u00f3 que esa decisi\u00f3n fue proferida el 7 de enero de 2017, pero la actuaci\u00f3n surtida deja ver que la fecha correcta es 7 de febrero del a\u00f1o en curso.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC3629-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2017-00016-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)            Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de febrero de 20171 por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100085","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100085"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100085\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}