{"id":100086,"date":"2026-06-25T19:57:45","date_gmt":"2026-06-25T19:57:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3630-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:57:45","modified_gmt":"2026-06-25T19:57:45","slug":"stc3630-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3630-2017\/","title":{"rendered":"STC3630-2017"},"content":{"rendered":"

      ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3630-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-001-2016-00447-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15  ) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el nueve de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Arley Fernando Rojas, contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Procuradur\u00eda y a la Defensor\u00eda de Familia, a trav\u00e9s de sus delegados adscritos a la sede judicial cuestionada y al ICBF, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, el ciudadano solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por la autoridad judicial accionada, al ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n en su contra, cuando las excepciones que propuso para repeler el cobro compulsivo debieron prosperar, pues las cuotas alimentarias reclamadas por la madre de su hijo, no se causaron, toda vez que su hijo vivi\u00f3 en su casa y \u00e9l se hizo cargo de todas sus necesidades sin recibir contribuci\u00f3n de la progenitora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se deje sin valor ni efecto la sentencia censurada, para que, en su lugar, se emita un nuevo fallo ajustado a derecho. [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 24 de mayo de 2007, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 ICBF, Regional Meta-Defensor\u00eda de Familia Centro Zonal 2, se llev\u00f3 a cabo diligencia de conciliaci\u00f3n entre el tutelante y Gloria Emilse Rocha Cruz, con respecto a la custodia, regulaci\u00f3n de visitas y alimentos de su menor hijo M.E.R.R. Por el \u00faltimo concepto se pact\u00f3 que el padre aportar\u00eda a la madre, quien velar\u00eda por el cuidado personal del ni\u00f1o, la suma mensual de $150.000, m\u00e1s el subsidio que la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar otorgaba, por la suma de $25.000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 12 de marzo de 2015, por orden de la autoridad se\u00f1alada, que fij\u00f3 en cabeza de la progenitora la custodia y cuidado personal del ni\u00f1o de manera definitiva, se impetr\u00f3 demanda ejecutiva contra el accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 2 de junio siguiente, tras subsanarse las falencias advertidas en el escrito introductor, el Juzgado 4\u00ba de Familia de Villavicencio, al que por reparto correspondi\u00f3 el conocimiento del asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago contra el quejoso, por las cuotas dejadas de pagar, los excedentes por los incrementos anuales no practicados y el valor correspondiente al subsidio familiar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Notificado personalmente, el reclamante propuso en su defensa, las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa\u201d, \u201cpago de la obligaci\u00f3n\u201d y \u201ccobro de lo no debido\u201d. Como soporte de sus afirmaciones, puso de presente que en audiencia de conciliaci\u00f3n realizada el 26 de mayo de 2015, ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, las partes modificaron el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, al pactar que el ni\u00f1o quedar\u00eda a su cargo a partir de esa fecha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En audiencia de 17 de agosto de 2016, el juez de la ejecuci\u00f3n, desestim\u00f3 el primer medio exceptivo con fundamento en que la figura jur\u00eddica de la prescripci\u00f3n no es aplicable en trat\u00e1ndose de cuotas alimentarias para menores de edad; y acogi\u00f3 parcialmente los de pago de la obligaci\u00f3n y cobro de lo no debido, en tanto encontr\u00f3 acreditado que solo a partir del mes de mayo de 2015, le fue adjudicada la custodio del infante. En ese orden, dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n por las cuotas impagas causadas cuando formalmente la madre segu\u00eda a cargo del cuidado personal del ni\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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6. Presentada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por parte de la parte actora, el ejecutado la objet\u00f3 para lo cual present\u00f3 el estado de cuentas alternativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 4 de octubre de 2016, el Juzgado cognoscente desestim\u00f3 la controversia planteada por el deudor e imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al c\u00e1lculo efectuado por la demandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 19 del mismo mes y a\u00f1o, el tutelante solicit\u00f3 que de los dineros embargados se pagara el valor aprobado en la liquidaci\u00f3n, devolverle el excedente y decretar la terminaci\u00f3n del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El 27 siguiente, el Juzgado accedi\u00f3 a lo pedido. En consecuencia, dispuso el archivo de las diligencias.  <\/span><\/p>\n

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10. Al d\u00eda siguiente, el reclamante, acudi\u00f3 a esta v\u00eda constitucional en busca de la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental invocada, por considerar que le fueron cobrados valores que \u00e9l no adeudaba, pues se le oblig\u00f3 a pagar cuota alimentaria para su hijo a la madre de \u00e9ste, cuando en esos periodos el ni\u00f1o conviv\u00eda con \u00e9l y ella no aportaba dinero para su crianza.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende la concesi\u00f3n del amparo, en la forma vista. [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 1\u00ba de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 correr traslado a las autoridades judiciales accionadas y dem\u00e1s intervinientes, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 4, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad de Villavicencio, remiti\u00f3 copia electr\u00f3nica de la actuaci\u00f3n cuestionada, sin exponer su postura frente a la solicitud de resguardo. [Folio 9, c.1]  <\/span><\/p>\n

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La ejecutante, manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo, tras argumentar que su contraparte cont\u00f3 con las oportunidades legales id\u00f3neas para controvertir las decisiones que por esta v\u00eda censura y no obstante no lo hizo. [Folio 11, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Defensor\u00eda de Familia vinculada, por su parte, indic\u00f3 que los valores cobrados y liquidados en el proceso, corresponden a las cuotas de alimentos que el accionado dej\u00f3 de cancelar en los periodos que el ni\u00f1o viv\u00eda con su madre. [Folios 16-17, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, la Procuradora 30 Judicial de Infancia, Adolescencia y Familia, estim\u00f3 improcedente el reclamo del tutelante, porque la decisi\u00f3n objeto de reproche se ajusta a lo acreditado en el proceso y en ese sentido \u00ab\u2026la decisi\u00f3n de las excepciones de m\u00e9rito de pago y cobro de lo no debido no pod\u00eda ser otra diferente a la consignada por el fallador\u2026\u00bb [Folios 19-21, c.1]  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia del 9 de noviembre de 2016, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, neg\u00f3 el amparo invocado, por no hallar satisfecho el requisito de subsidiaridad de la acci\u00f3n, en tanto el quejoso cont\u00f3 con la asesor\u00eda de su apoderado judicial y no obstante no hizo uso de los mecanismos jur\u00eddicos de defensa con que contaba para controvertir las decisiones que estima lesivas de sus garant\u00edas fundamentales. [Folios 23-28, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3, con fundamento en similares argumentos a los que sirvieron de soporte a su escrito inicial. Particularmente, enfatiz\u00f3 en que no estaba obligado a pagar a la madre de su hijo, cuotas que se causaron cuando \u00e9l ten\u00eda a su cargo al ni\u00f1o. En virtud de ello, solicit\u00f3 que se disponga el reintegro del dinero pagado a la progenitora. [Folios 34-35, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso que es objeto de estudio, en relaci\u00f3n con los reproches que se formulan contra el auto de fecha 4 de octubre de 2016, a trav\u00e9s del cual el Juzgado 4\u00ba de Familia de Villavicencio desestim\u00f3 la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n, la solicitud de protecci\u00f3n no atiende el comentado principio, pues el accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para controvertirlo y lo desaprovech\u00f3.  <\/span><\/p>\n

En efecto, si a su juicio, deb\u00eda acogerse el estado de cuentas alternativo que \u00e9l present\u00f3 con la objeci\u00f3n al aportado por su contraparte, el promotor del amparo ha debido recurrir en reposici\u00f3n la providencia por medio de la cual se resolvi\u00f3 adversamente su pedimento, pues al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab\u2026el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, indiscutible resulta que si el promotor del amparo no agot\u00f3 los medios defensivos de que dispon\u00eda para hacer valer su postura, a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite no se puede proveer la soluci\u00f3n que reclama.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Con todo, en relaci\u00f3n con los reparos que el tutelante presenta contra el prove\u00eddo antes aludido y la sentencia de 17 de agosto de 2016, por medio de la cual se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, la Sala advierte que ante la solicitud que \u00e9l, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, present\u00f3, tendiente a que se pagara la suma liquidada a favor de la ejecutante y se le devolviera el excedente, as\u00ed como que se decretara la terminaci\u00f3n del proceso, carece de objeto cualquier pronunciamiento del Juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el punto, es necesario precisar que con la petici\u00f3n mencionada y a la que se accedi\u00f3 mediante auto del pasado 27 de octubre de 2016, frente al cual tampoco se expuso reparo alguno, qued\u00f3 zanjada, con efectos de cosa juzgada, la discusi\u00f3n que el accionante propuso en su demanda de amparo, atinente a la vulneraci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, pues con tal proceder, mostr\u00f3 su conformidad con las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite ejecutivo que se adelant\u00f3 en su contra y en el cual particip\u00f3 de manera activa, al punto que a solicitud suya se pagaron los valores liquidados a favor de la ejecutante, por lo que inane resultar\u00eda la intervenci\u00f3n del fallador constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la materia, se ha entendido que la acci\u00f3n de tutela, en el evento de prosperar, conduce a una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de las garant\u00edas vulneradas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores.1  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, incluso antes de la formulaci\u00f3n del amparo, es claro que desaparece el motivo de la protecci\u00f3n, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la acci\u00f3n2, pues no puede olvidarse que este mecanismo extraordinario no puede utilizarse para discutir asuntos econ\u00f3micos como el reintegro de los dineros pagados a la ejecutante, como resultado de una solicitud elevada, justamente por quien pretende su devoluci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Para claridad del actor se puntualiza que el proceso ejecutivo tiene como finalidad garantizar a quien lo promueve, la satisfacci\u00f3n integral de una obligaci\u00f3n (sea \u00e9sta legal o contractual), del demandado con el demandante, se trata, en palabras de la Corte Constitucional, \u00ab\u2026de una pretensi\u00f3n cierta pero insatisfecha, que se caracteriza porque no se agota sino con el pago total.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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En este sentido, en el tr\u00e1mite de un proceso ejecutivo de alimentos, como el que aqu\u00ed se controvierte, no es posible hacer consideraciones de \u00edndole diversa a la existencia de la obligaci\u00f3n y a la falta de pago por parte del ejecutado.  <\/span><\/p>\n

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Para el primer aspecto, sin embargo, no le es dable al Juez ejecutor determinar, por ejemplo, el monto de la mesada alimentaria, la edad del alimentario o su capacidad para auto sostenerse, tampoco le es dable determinar el momento hasta el cual se deben esos alimentos, ni la necesidad del beneficiario para recibirlos, pues todos estos aspectos deben ser considerados, en su debida oportunidad y a solicitud del obligado, por el funcionario que fija la cuota y por aquel que modifica o declara extinguida la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

De manera que, las atribuciones del juez de la ejecuci\u00f3n se limitan a la verificaci\u00f3n del t\u00edtulo base del cobro, en este caso el acta de conciliaci\u00f3n, para cerciorarse de que cumple con los requisitos de prestar m\u00e9rito ejecutivo y contener una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, caso en el cual, como ocurri\u00f3 en este asunto, proceder\u00e1 a librar el mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Hecho esto, si el deudor, para nuestro asunto, el alimentante, no acredita el pago total de la obligaci\u00f3n, se deber\u00e1 ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n bien por la totalidad del cr\u00e9dito o, por el saldo insoluto, situaci\u00f3n que se present\u00f3 en el caso puesto a consideraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a lo anterior, se observa que las pruebas recaudadas en el proceso no arrojan evidencia alguna que permita inferir que la decisi\u00f3n adoptada por el fallador en relaci\u00f3n con el monto adeudado, implique el desconocimiento de garant\u00edas fundamentales al quejoso, tal como lo expusieron al un\u00edsono la Defensor\u00eda de Familia y  la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se han expuesto se consideran suficientes para concluir que la solicitud de amparo estaba destinada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Fallo de 22 de agosto de 2013, exp. 2013-01851-00.    <\/span><\/p>\n

2 Sobre el hecho superado, v\u00e9ase sentencia de la Corte de 13 de abril de 2010, exp. 00135-01, reiterada en sentencias de 24 de octubre de 2011, exp. 00305-01 y 1\u00ba de agosto de 2012, exp. No. 00497-01.      <\/span><\/p>\n

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