{"id":100089,"date":"2026-06-25T19:58:08","date_gmt":"2026-06-25T19:58:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3633-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:58:08","modified_gmt":"2026-06-25T19:58:08","slug":"stc3633-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3633-2017\/","title":{"rendered":"STC3633-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3633-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 66001-22-13-000-2017-00029-011  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dos de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y la Regional Risaralda de la Defensor\u00eda del Pueblo; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Alcald\u00eda Municipal de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, al declarado el desistimiento t\u00e1cito de sus s\u00faplicas, cuando se trata de acciones de raigambre constitucional y tramitaci\u00f3n preferente  y oficiosa; as\u00ed mismo, cuestiona que se le negara la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso subsidiariamente para controvertir aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la autoridad tutelada contin\u00fae con las acciones populares y conceda los recursos de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El tutelante present\u00f3 acciones populares contra el Banco BBVA y Davivienda, radicadas bajo los n\u00fameros 2015-00033 y 2015-00024, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento de los referidos asuntos le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, quien mediante autos de 25 de febrero de 2015, admiti\u00f3 las demandas y orden\u00f3 las notificaciones y publicaciones de ley, objeto para el cual libr\u00f3 y envi\u00f3 las comunicaciones correspondientes.  <\/span><\/p>\n

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3. Por autos de 27 de septiembre de 2016, se dispuso requerir al tutelante para que procurara el aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, a trav\u00e9s de un medio de amplia circulaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. Transcurrido en silencio el lapso concedido, mediante providencias de 24 de noviembre de 2016, la autoridad cognoscente decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de las acciones populares.  <\/span><\/p>\n

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5. Inconforme, el reclamante recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n aquellas determinaciones, pues en su sentir, dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico es inaplicable a la acci\u00f3n popular por su naturaleza constitucional.  <\/span><\/p>\n

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6. El 13 de enero de 2016, el fallador cuestionado resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lumes las determinaciones adoptadas y negar la concesi\u00f3n de la censura subsidiaria por improcedente.  <\/span><\/p>\n

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8. Los referidos prove\u00eddos no fueron objeto de controversia.  <\/span><\/p>\n

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9. El promotor del amparo acude a este mecanismo por considerar que el juez de la causa ha vulnerado sus prerrogativas constitucionales al declarar el desistimiento t\u00e1cito de sus demandas, pese a que se trata de asuntos que deben ser adelantados de oficio y de manera perentoria. Cuestiona, adicionalmente, que se le negara la impugnaci\u00f3n secundaria que impetr\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 26 de enero de 2017 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 8, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira, se declar\u00f3 ajena a los hechos que suscitan la protecci\u00f3n invocada. .  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado tutelado, remiti\u00f3 copias de las actuaciones cuestionadas, sin exponer su postura frente a la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3. El 2 de febrero de 2017 el Tribunal, neg\u00f3 el amparo deprecado, por hallar razonable y debidamente motivada la decisi\u00f3n objeto de reproche.  <\/span><\/p>\n

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4. El quejoso impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n con base en similares argumentos a los de su escrito inicial, concretamente, por considerar que es inaplicable el desistimiento t\u00e1cito en acciones populares, por cuanto \u00e9stas deben ser impulsadas oficiosamente o a solicitud de los agentes de la Procuradur\u00eda, a quienes exige probar sus gestiones para garantizar el \u00e9xito de sus s\u00faplicas.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb..  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto, la solicitud de amparo no cumple con el comentado principio de subsidiariedad pues seg\u00fan se advierte, el accionante no emple\u00f3 los medios defensivos con los que contaba para censurar la actuaci\u00f3n que, alega, afecta sus garant\u00edas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se duele el actor porque en las acciones populares que present\u00f3 contra las entidades crediticias mencionadas, se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito por la falta de publicaci\u00f3n del aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 a la comunidad.  <\/span><\/p>\n

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Contra esa determinaci\u00f3n, el peticionario interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. La censura principal le fue resuelta adversamente en providencias de 13 de enero de 2017, mientras que la secundaria, fue denegada por improcedente.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, el quejoso no controvirti\u00f3 la \u00faltima determinaci\u00f3n, a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y queja, a efectos de que se concediera la segunda instancia y el superior revisara la actuaci\u00f3n por la cual se aniquil\u00f3 anticipadamente el proceso, omisi\u00f3n que impide que se acceda a las pretensiones a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la idoneidad del recurso de reposici\u00f3n que se extra\u00f1a, ha reiterado la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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\u201cY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u201d(CSJ STC 3 ago. 2011, Rad. 0741-01, reiterada en fallos de 18 mar. 2013, Rad. 2012-0176-02; y 23 may. 2013, Rad. 0060-01.)  <\/span><\/p>\n

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Del mismo modo, respecto al tr\u00e1mite de la queja, la Corte ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c\u2026como el petente declin\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso de queja con que contaba para controvertir, ante los juzgadores ordinarios, la decisi\u00f3n proferida por la Jueza querellada el 28 de febrero de 2012, providencia en que adujo que no era susceptible del recurso vertical la de 16 de enero de esta anualidad, resoluci\u00f3n \u00e9sta que en \u00faltimas es la motiva su descontento, tal proceder resulta suficiente para concluir la improcedencia de su reclamaci\u00f3n, dado el apuntado atributo propio de la acci\u00f3n de tutela, el cual, como bien se sabe, proh\u00edbe su interposici\u00f3n ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial de los derechos que se predican como conculcados en tanto que su naturaleza obedece al postulado de la subsidiariedad, am\u00e9n que tampoco es esta una herramienta que pueda activarse a discreci\u00f3n del interesado, circunstancia por la cual no resulta de recibo que el accionante haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, toda vez que como lo ha venido sosteniendo esta Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso.\u201d (STC 26 jul. 2012. Rad.00086-01; reiterada en STC 16 abr. 2013, Rad. 00025-01, entre otros)  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al funcionario judicial que conoce del asunto, en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed tutelante no emple\u00f3 los medios de defensa judiciales ordinarios, pues la acci\u00f3n de tutela no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los instrumentos de oposici\u00f3n establecidos por la ley que el interesado desaprovech\u00f3 como consecuencia de su incuria.  <\/span><\/p>\n

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3. Por dem\u00e1s, preciso es advertir que la solicitud de amparo tampoco satisface el requisito de subsidiariedad, en tanto el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses de que trata el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.  <\/span><\/p>\n

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De modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

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4. As\u00ed las cosas, lo procedente, es impartir confirmaci\u00f3n, por las razones antes expuestas, a la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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De los fallos emitidos en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo, atendiendo a su solicitud.  <\/span><\/p>\n

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De las dem\u00e1s piezas procesales se expedir\u00e1 fotocopia a su costa, por Secretar\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de los fallos emitidos en este tr\u00e1mite, env\u00edese copia al promotor del amparo a su correo; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Tramite respecto del cual se dispuso la acumulaci\u00f3n del expediente 6600122-13-000-2017-00032-00      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3633-2017   Radicaci\u00f3n n. 66001-22-13-000-2017-00029-011   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100089","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100089","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100089"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100089\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100089"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100089"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100089"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}