{"id":100090,"date":"2026-06-25T19:58:13","date_gmt":"2026-06-25T19:58:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3635-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:58:13","modified_gmt":"2026-06-25T19:58:13","slug":"stc3635-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3635-2017\/","title":{"rendered":"STC3635-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3635-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2017-00089-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el primero de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonor Rodr\u00edguez G\u00f3mez contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1 y las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima vulnerados por la autoridad judicial encausada al terminar por pago total de la obligaci\u00f3n el proceso ejecutivo promovido por ella contra Luz Mery G\u00f3mez S\u00e1nchez, durante el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se deje sin efecto la providencia censurada y se contin\u00fae con la tramitaci\u00f3n del medio de impugnaci\u00f3n interpuesto.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Luz Mery G\u00f3mez S\u00e1nchez, a trav\u00e9s de la letra de cambio n.\u00b0 52 suscrita el 30 de septiembre de 2014, se oblig\u00f3 a pagar el monto de $51.000.000 a favor de Leonor Rodr\u00edguez G\u00f3mez el 30 de noviembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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2. El 5 de febrero del a\u00f1o siguiente, la acreedora promovi\u00f3 demanda ejecutiva singular contra la deudora, a fin de obtener el recaudo del capital anterior, junto con sus intereses moratorios.  <\/span><\/p>\n

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3. El Juzgado Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago el 24 de febrero del a\u00f1o citado y orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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4. La demandada propuso las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abpago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abpago parcial en forma total\u00bb, \u00abdeuda proporcional al derecho adquirido\u00bb, \u00abindebida tasaci\u00f3n de los honorarios\u00bb y la gen\u00e9rica.  <\/span><\/p>\n

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5. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, la juez de la causa dict\u00f3 sentencia en audiencia del 25 de mayo de 2016, en la que declar\u00f3 no probados los medios exceptivos interpuestos por la ejecutada y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte desfavorecida formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, durante la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo llevada a cabo el 11 de octubre del a\u00f1o citado, dispuso suspender el proceso hasta el 27 de octubre siguiente, con el objetivo de que las partes perfeccionaran un acuerdo al que hab\u00edan llegado.  <\/span><\/p>\n

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8. Mediante memorial presentado el 28 de octubre de la anualidad anterior, la ejecutante inform\u00f3 que su contraparte hab\u00eda cumplido parcialmente el acuerdo y, por ende, solicit\u00f3 que continuara con el tr\u00e1mite correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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9. De otro lado, la parte pasiva pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n de ese juicio por cumplimiento del acuerdo efectuado en la audiencia referida atr\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

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10. En auto del 5 de diciembre de 2016, el ad quem decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por pago total de la obligaci\u00f3n, debido a que se acredit\u00f3 la consignaci\u00f3n de la suma de dinero conciliada.  <\/span><\/p>\n

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11. El extremo activo solicit\u00f3 la adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n de la decisi\u00f3n anterior, por cuanto no se verific\u00f3 que el acuerdo de pago cumpliera los requisitos legales, ni tampoco se indicaron cu\u00e1les fueron los puntos del acuerdo que fueron satisfechos.  <\/span><\/p>\n

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12. El juzgador de segunda instancia, en prove\u00eddo adiado el 19 de diciembre del a\u00f1o precedente, neg\u00f3 las solicitudes anteriores por improcedentes.  <\/span><\/p>\n

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13. En criterio de la peticionaria de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el despacho accionado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al terminar el juicio ejecutivo referido por pago total de la obligaci\u00f3n, sin que tuviera en cuenta que el acuerdo efectuado con la demandada durante la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo no fue cumplido a cabalidad, pues ella deb\u00eda pagar cierta suma de dinero, lo que efectivamente realiz\u00f3, y desistir de la denuncia penal presentada en contra, lo que no aconteci\u00f3. [Folios 10-14, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 20 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial acusada y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1, las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 16, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del resguardo, pues el actor no controvirti\u00f3 la providencia censurada por medio del recurso correspondiente, motivo por el cual no es procedente que use la v\u00eda constitucional para revivir una oportunidad ya fenecida. [Folios 21-22, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que no se reproch\u00f3 decisi\u00f3n alguna emitida por ese despacho y adem\u00e1s el juicio ejecutivo se tramit\u00f3 conforme a derecho. [Folio 26-28, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bucaramanga manifest\u00f3 que actu\u00f3 con estricto apego a la ley y dio cumplimiento a lo ordenado por el juez de tutela, al ordenar el reintegro de la se\u00f1ora D\u00edaz Ramos. [Folios 132-134, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 1\u00b0 de febrero de 2017, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo, debido a que el auto que termin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n el proceso ejecutivo no fue cuestionado mediante el recurso de reposici\u00f3n, el cual no puede considerarse inocuo para formular reparos por parte de la accionante, lo que impide la intervenci\u00f3n del juez de tutela. [Folios 32-35, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuesto en su escrito inicial. [Folios 40-42, c. 1]  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que vienen de comentarse, pues la querellante tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Sala encuentra que la queja de la promotora del resguardo recae en la providencia proferida el 5 de diciembre de 2016 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en la que se termin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n el juicio ejecutivo promovido por aquella contra Luz Mery G\u00f3mez S\u00e1nchez, puesto que, en su sentir, esa terminaci\u00f3n tuvo origen en el cumplimiento parcial del acuerdo al que lleg\u00f3 con la demandada durante la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo llevada a cabo con anterioridad.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, se observa que esa persona omiti\u00f3 utilizar los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance en ese proceso, puesto que no manifest\u00f3 oportunamente las inconformidades que ac\u00e1 expone a trav\u00e9s de los medios que el ordenamiento procedimental le confiere, como lo es el recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo censurado, cuando dicha oportunidad y escenario era el id\u00f3neo para que ejerciera sus derechos fundamentales y se solventaran las irregularidades que, a su juicio, se presentaron.  <\/span><\/p>\n

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3. En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un  escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed quejosa no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que la interesada ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse \u00fanicamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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La Sala, en supuestos similares ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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