{"id":100092,"date":"2026-06-25T19:58:18","date_gmt":"2026-06-25T19:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3637-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:58:18","modified_gmt":"2026-06-25T19:58:18","slug":"stc3637-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3637-2017\/","title":{"rendered":"STC3637-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3637-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00799-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Ernesto Ponce Bravo, frente al Juzgado Veintiocho de Familia de esta ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al Defensor de Familia y al agente del Ministerio P\u00fablico adscritos a ese juzgado, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y m\u00ednimo vital, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, por las v\u00edas de hecho en las que incurri\u00f3 al dictar la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2016, pues a su juicio, la cuota de alimentos que fij\u00f3 el juzgador result\u00f3 desproporcionada.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Johana Eufrosina Ramos Hern\u00e1ndez, en representaci\u00f3n de su menor hija Martina Libertad Ponce Ramos promovi\u00f3 proceso de fijaci\u00f3n de alimentos contra el accionante.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En auto de 26 de septiembre de 2014, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda y se orden\u00f3 el enteramiento de la parte pasiva.    <\/span><\/p>\n

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1. En prove\u00eddo de la misma fecha, se fij\u00f3 cuota de alimentos provisionales.    <\/span><\/p>\n

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1. El demandado, en tiempo, la contest\u00f3 y propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n judicial por inexistencia de prueba de la necesidad alimentaria\u00bb, y \u00abla obligaci\u00f3n alimentaria de los menores es responsabilidad conjunta de los padres\u00bb.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Agotado el tr\u00e1mite procesal pertinente, el juzgado acusado dict\u00f3 sentencia el 23 de noviembre de 2016, en la que resolvi\u00f3:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) FIJAR como cuota de alimentos a cargo de GERM\u00c1N ERNESTO PONCE BRAVO y a favor de hija menor de edad MARTINA LIBERTAD PONCE RAMOS, la suma de $4.317.414 mcte., suma que debe ser consignada, dentro de los cinco (5) primeros d\u00edas de cada mes, a partir del mes de diciembre del a\u00f1o en curso (\u2026) y dos cuotas adicionales al a\u00f1o una en el mes de diciembre para gastos de educaci\u00f3n (matr\u00edculas, uniformes, libros y \u00fatiles escolares) por la suma de $2.665.000 por concepto de vestuario anual de la ni\u00f1a a partir del mes de diciembre del a\u00f1o en curso (\u2026).  Las cuotas se\u00f1aladas se incrementar\u00e1n anualmente en igual porcentaje al incremento del salario m\u00ednimo legal a partir del mes de enero del 2017 (\u2026) LEVANTAR la medida de descuento por n\u00f3mina ordenada para los alimentos provisionales mediante auto de fecha 26 de septiembre de 2014 y auto dictado en audiencia de fecha 10 de noviembre de 2016 (\u2026).\u00bb  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El accionante acude a este mecanismo constitucional porque en su sentir, la anterior decisi\u00f3n trasgrede sus derechos fundamentales al incurrir el juzgador en v\u00edas de hecho por una indebida valoraci\u00f3n probatoria que consisti\u00f3 en dejar de analizar las pruebas aportadas por la parte demandada, obteniendo como resultado la imposici\u00f3n una cuota alimentaria, que califica de \u201cirracional y desproporcionada\u201d.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su juicio, la cuota cuantificada en $ 4.317.414,oo no separa las necesidades de la demandante con las de la alimentaria, ni se encuentran justificados los gastos de la menor al tener el juez por cierta la lista presentada por la madre, sin soportes como facturas;  adem\u00e1s, supera su capacidad econ\u00f3mica en relaci\u00f3n con sus proyectos y deudas personales adquiridas, sumado a la ayuda monetaria que tiene para con sus padres y hermano.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Fustiga tambi\u00e9n la medida cautelar que dej\u00f3 la autoridad accionada vigente, esto es, el embargo de sus cesant\u00edas. [Folios 52 – 55, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 13 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y se orden\u00f3 comunicar a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 70, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que \u00abse ratifica en todas y cada una de las razones que se tuvieron para emitir la sentencia de noviembre 23 de 2016\u00bb.  Remiti\u00f3 en calidad de pr\u00e9stamo el expediente para su valoraci\u00f3n.  [Folio 80, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la apoderada de la all\u00ed demandante, pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n implorada, toda vez que el tutelante no solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n de la sentencia;  aunado, sobre las obligaciones que alimentarais como cr\u00e9ditos personales, son hechos nuevos que no fueron objeto de debate en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Resalt\u00f3 que el estado grave de salud de la menor, le hace requerir adem\u00e1s unos rubros inexcusables;  arguy\u00f3 que el promotor de la queja tiene ingresos adicionales que devenga como catedr\u00e1tico en diferentes universidades de alto prestigio, lo que significa que la cuota alimentaria que se fij\u00f3, corresponde escasamente a un 25% de lo que percibe mensualmente.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo, mencion\u00f3 que el accionante, ni su apoderado objetaron tacharon o desconocieron las facturas y la documentaria adosada en su oportunidad. [Folios 90 -97, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 28 de enero de 2017, el Tribunal deneg\u00f3 el amparo deprecado por considerar que las pruebas que el quejoso estim\u00f3 omitidas por el juzgador, si fueron valoradas en debida forma, y por tanto, la decisi\u00f3n adoptada no result\u00f3 arbitraria o caprichosa pues se soport\u00f3 en las pruebas aportadas por ambas partes.  De otro lado, respecto de la deuda por un valor de $40.000.000,oo y la manutenci\u00f3n de su se\u00f1ora madre, se denota que no fueron puestos en conocimiento del juez de la causa, por lo que la acci\u00f3n de tutela se torna improcedente para solventar su desidia.  En todo caso, el accionante cuenta con la oportunidad de solicitar la modificaci\u00f3n de la cuota alimentaria, siempre que se re\u00fanan las condiciones establecidas para ello. [Folios 113 – 119, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el gestor del amparo impugn\u00f3 el fallo, bajo el argumento que el examen hecho por el Tribunal fue superficial, tanto as\u00ed que pas\u00f3 por alto el reparo que hizo frente al salario integral que devenga y sobre el indebido c\u00e1lculo de la cuota cuando el 70% es factor salarial, aparte de la cr\u00edtica acerca del valor probatorio dado a un interrogatorio de parte, sin soporte documental. [Folios 122 -126, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub examine, el reclamante aduce  vulneraci\u00f3n a sus garant\u00edas constitucionales por parte del juzgado accionado, al incurrir \u00e9ste en una v\u00eda de hecho que consisti\u00f3 en la indebida valoraci\u00f3n probatoria, al parcializar el estudio del material recogido, lo que deriv\u00f3 en la imposici\u00f3n de una cuota alimentaria, en su criterio, desproporciona que no se ajusta a los gastos reales de su hija ni a su capacidad econ\u00f3mica para sufragarla.  <\/span><\/p>\n

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Del an\u00e1lisis de las presentes diligencias, se advierte la improcedencia del amparo, pues a partir del examen de la decisi\u00f3n cuestionada, se concluye que el juzgador que la profiri\u00f3, realiz\u00f3 una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n recaudados, la que deriv\u00f3 en una providencia coherente, razonable y motivada.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para adoptar su determinaci\u00f3n, esto es, fijar la cuota alimentaria a cargo del demandado, el juez de conocimiento empez\u00f3 por explicar las razones por las cuales las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el censor no prosperaban;  luego, al verificar la configuraci\u00f3n de elementos axiol\u00f3gicos que soportan la obligaci\u00f3n, consign\u00f3 que la necesidad alimentaria se presume, por tratarse de una menor de edad con escasos 5 a\u00f1os, que en todo caso puede desvirtuar el demandado, respecto de los gastos que requiere efectivamente para su sustento.  <\/span><\/p>\n

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Ya en lo tocante a la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) [b]asta para el Despacho sin entrar en otras consideraciones, la confesi\u00f3n que al respecto realiz\u00f3 el demandado y que no fuera controvertida ni desvirtuada por la contraparte, seg\u00fan la cual este devenga un salario integral de $16.000.000 como empleado de la Federaci\u00f3n Colombiana de Aseguradores, con lo cual se concluye la existencia de plena prueba de la capacidad econ\u00f3mica del se\u00f1or Ponce Bravo para contribuir con los alimentos de su menor hija (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Dilucidado lo anterior, pas\u00f3 a determinar el monto de la obligaci\u00f3n alimentaria, punto para el cual, valor\u00f3 el acervo probatorio arrimado, cuya apreciaci\u00f3n consisti\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la demandante present\u00f3 una serie de documentos con la demanda seg\u00fan los cuales se sustenta la relaci\u00f3n de gastos vista a folio 11 y en la que se totaliza unos gastos mensuales por valor de $7.713.841, suma en la que se incluyen rubros como vivienda, administraci\u00f3n y servicios p\u00fablicos en proporci\u00f3n a la menor.  Al respecto la demandada se opuso indicando de manera general [indicando] que las pruebas aportadas \u201cno son a mi juicio conducentes pertinentes y \u00fatiles dado que las mismas no arrojan un promedio mensual l\u00f3gico de gastos de la menor\u2026\u201d, no obstante no se present\u00f3 objeci\u00f3n o tacha alguna sobre los documentos aportados, y en consecuencia habr\u00e1 de tenerlos el despacho como prueba de los gastos en que incurre la madre de la menor para el sostenimiento de esta \u00faltima\u00bb. Se resalta.  <\/span><\/p>\n

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El juez cognoscente pas\u00f3 a revisar cuidadosamente la relaci\u00f3n de gastos presentada por la parte demandante, para lo que consider\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAhora bien, no todos los gastos que se proponen a folios 10 y 11  se consideran aceptables  por parte del Despacho por considerarse algunos innecesarios, otros excesivos y otros incluidos en otros rubros.  En consecuencia y ponderando la informaci\u00f3n de la relaci\u00f3n de gastos mensuales aportados por la actora y la recogida en el interrogatorio a las partes, no se habr\u00e1n de tener en cuenta los de aseo del hogar que se consideran incluidos dentro del rubro denominado \u201ckit de aseo\u201d, diario anexo al mercado, ex\u00e1menes m\u00e9dicos del asma, parqueadero de visitas, vacunas, ni\u00f1era puesto que la progenitora se encuentra desempleada (\u2026)  <\/span><\/p>\n

Se tendr\u00e1n en cuenta rubros como vivienda que incluyen cuota del apartamento, administraci\u00f3n y servicios que seg\u00fan el interrogatorio ascienden a $1.740.000, educaci\u00f3n mensual correspondiente a pensi\u00f3n y ruta por un total de $750.000, terapias de la ni\u00f1a por $324.000, medicamentos por $527.000, alimentos por $1.268.984, aseo por $329.830, control m\u00e9dico por $28.000, lonchera escolar por $200.000 y gastos extras de estudio por $100.000 para un total de gastos de alimentos mensuales por $4.652.414 (\u2026)  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed, como estando el alimentante en la obligaci\u00f3n no solo de cubrir los alimentos de su hija, sino tambi\u00e9n los congruos, para subsistir de un modo acorde a su posici\u00f3n social, es decir bajo las mismas condiciones de sus padres y, se reitera que, el obligado no solo debe limitarse a proporcionar a su hija menor de edad lo indispensable para cubrir sus necesidades m\u00ednimas (\u2026) como quiera que, no se acredit\u00f3 que el demandado tuviese otras obligaciones alimentarias de igual o mayor envergadura, el despacho garantizando el inter\u00e9s superior de la menor de edad, quien por este s\u00f3lo hecho no puede subvenir sus necesidades, m\u00e1xime cuando su progenitor est\u00e1 en la obligaci\u00f3n frente a su hija, m\u00e1s aun teniendo en cuenta la situaci\u00f3n actual de la progenitora quien se encuentra desempleada (\u2026) lo cual no aparece tampoco desvirtuado por el extremo pasivo.  As\u00ed entonces que la demandante deber\u00eda contribuir con el 50% de sus ingresos a la obligaci\u00f3n alimentaria de su menor hija, de manera que habr\u00e1 entonces de restarse una suma de $335.000. del total de alimentos  mensuales antes anotado, y por lo tanto se tasa la mesada a cargo del se\u00f1or GERM\u00c1N ERNESTO PONCE BRAVO en la suma de $4.317.414 (\u2026)\u00bb. Se resalta.  <\/span><\/p>\n

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La anterior disertaci\u00f3n, que sirvi\u00f3 de fundamento a la decisi\u00f3n cuestionada no puede calificarse como transgresora de los derechos fundamentales del peticionario del amparo, porque si bien, alega la omisi\u00f3n del estudio de pruebas y cuestiona el valor probatorio que el fallador dio a una relaci\u00f3n de gastos sin facturas;  den\u00f3tese que al abordar lo discernido, el operador judicial sent\u00f3 \u2013como en l\u00edneas atr\u00e1s se cit\u00f3-, que: \u00abla demandada se opuso indicando de manera general [indicando] que las pruebas aportadas \u201cno son a mi juicio conducentes pertinentes y \u00fatiles dado que las mismas no arrojan un promedio mensual l\u00f3gico de gastos de la menor\u2026\u201d, no obstante no se present\u00f3 objeci\u00f3n o tacha alguna sobre los documentos aportados, y en consecuencia habr\u00e1 de tenerlos el despacho como prueba de los gastos en que incurre la madre de la menor para el sostenimiento de esta \u00faltima\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, respecto del salario integral, \u00e9ste se consider\u00f3 como suficiente para demostrar la capacidad econ\u00f3mica de hacerse cargo de la obligaci\u00f3n alimentaria, lo que no significa que fuera el \u00fanico factor determinante, toda vez que el tutelante percibe otros ingresos como catedr\u00e1tico, de modo que no se observa una deviaci\u00f3n ostensible de la labor judicial que tenga aptitud suficiente para lesionar las garant\u00edas superiores del promotor de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, advi\u00e9rtase acerca de los gastos particulares que relacion\u00f3 el aqu\u00ed accionante, para refutar precisamente el punto que trata sobre su capacidad econ\u00f3mica, tales como la declaraci\u00f3n extrajuicio rendida por su progenitora de fecha 7 de diciembre de 2016, visible a folio 41, en la que relata sobre una inversi\u00f3n por la suma de $60.000.000,oo en la remodelaci\u00f3n de un apartamento, y una mesada por valor de $500.000,oo como ayuda a la manutenci\u00f3n de su hermano, as\u00ed como la menci\u00f3n de otros cr\u00e9ditos personales;  no puede pretender que por esta v\u00eda se acojan sus pretensiones cuando ciertamente estas razones no se pusieron en conocimiento del juez natural, y por tanto no fueron materia de debate probatorio ni de pronunciamiento alguno por parte del operador judicial, siendo ese el escenario id\u00f3neo para discutir lo que aqu\u00ed ventila tard\u00edamente.  <\/span><\/p>\n

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3. En ese orden, es palmario que la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a la valoraci\u00f3n probatoria del juzgador;  lo cual, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

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4. Como puede advertirse, al margen de que la Corte comparta o no el entendimiento del accionado, la determinaci\u00f3n adoptada no se manifiesta caprichosa, como tampoco las razones expuestas merecen el calificativo de absurdas, ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela para imponer al sentenciador un determinado criterio jur\u00eddico o un an\u00e1lisis probatorio, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes.  <\/span><\/p>\n

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Particularmente, en lo que refiere a la actividad evaluativa de los medios de persuasi\u00f3n, como l\u00edneas atr\u00e1s se indic\u00f3, el Juez de la causa cumpli\u00f3 con su deber legal de justificar sus conclusiones, de ah\u00ed que en el asunto no se habilita la intervenci\u00f3n en sede constitucional, m\u00e1xime cuando se tiene claro que el mecanismo excepcional al que ahora acude el reclamante, s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar si en el caso concreto se advierte que \u00abde manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb, relievando que \u00ab[e]l error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 16 jun. 2011, rad. 01192-00; y STC, 25 ene. 2012, rad. 00001-00; entre otras)  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, dado que no se satisface ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, las cuales son capaces de estructurar defecto en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios persuasivos con entidad de tornar procedente la protecci\u00f3n bajo la perspectiva ius fundamental, no es posible en esta v\u00eda interferir en la tarea que el encausado acometi\u00f3 con respaldo en la autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce como atributos necesarios del ejercicio de la funci\u00f3n judicial.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. No obstante, si el reclamante considera que las circunstancias bajo las cuales se fij\u00f3 la cuota alimentaria que debe cancelar a favor de su menor hija var\u00edan en el futuro; ha de recordarse que este tipo de procesos no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada y que, de acuerdo con lo establecido en el inciso 8\u00ba del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, \u00abcuando haya variado la capacidad econ\u00f3mica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de com\u00fan acuerdo podr\u00e1n modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podr\u00e1 pedirle al juez su modificaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Lo anterior se estima suficiente para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes;  y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3637-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00799-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100092","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100092"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100092\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}