{"id":100096,"date":"2026-06-25T19:58:45","date_gmt":"2026-06-25T19:58:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3641-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:58:45","modified_gmt":"2026-06-25T19:58:45","slug":"stc3641-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3641-2017\/","title":{"rendered":"STC3641-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3641-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00085-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecis\u00e9is (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 7 de febrero de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Teresa P\u00e1ez Cala contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes del proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abnon reformatio in pejus\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial encausada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se declare que \u00abla sentencia de\u2026 18 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal, dentro del proceso\u2026 11001600009620080009703,\u2026 incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al estructurarse el error de derecho [por] defecto org\u00e1nico, violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n y de no subsumirse dentro de la primera por desconocimiento del precedente en cuanto transgredi\u00f3 el art. 31 inciso 2 de la Carta Pol\u00edtica, desarrollado por el art. 204 inciso 2, de la ley 600 de 2000, y art. 20 del C.P.P., que disponen que cuando se trate de sentencia condenatoria y apelante \u00fanico, el juez no podr\u00e1 en ning\u00fan caso agravar la pena\u00bb (folios 1 a 34, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Pedimentos que soport\u00f3, en s\u00edntesis, en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que as\u00ed se compendia:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Expuso que el 15 de octubre de 2009, tras la investigaci\u00f3n que adelantara la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se les imputaron a ella y a Jaime Rodr\u00edguez Laguna, los punibles de concierto para delinquir, captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros, no devoluci\u00f3n de dineros captados y estafa agravada en modalidad de masa.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, el 6 de octubre de 2011 los absolvi\u00f3 del delito de concierto para delinquir y los conden\u00f3 como responsables de los dem\u00e1s punibles, en calidad de coautores, a la pena de 13 a\u00f1os y 2 meses de prisi\u00f3n; determinaci\u00f3n apelada por la Fiscal\u00eda, el Ministerio P\u00fablico y el representante de las v\u00edctimas, frente a la absoluci\u00f3n, y por los enjuiciados respecto de la pena impuesta.  <\/span><\/p>\n

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2.3. El 18 de noviembre de 2016 la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, al resolver las alzadas interpuestas, dispuso absolver a los procesados por atipicidad de la no devoluci\u00f3n de los dineros captados, declarar la prescripci\u00f3n y consecuente extinci\u00f3n de la pena por los delitos de concierto para delinquir y captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros; no obstante, \u00abfrente al petitum de los\u2026 procesados y por los aspectos que no fueron controvertidos ni censurados por los otros recurrentes, decidi\u00f3 aumentarles la pena por el delito de estafa, pas\u00e1ndola de 30 meses de prisi\u00f3n y multa de 30 s.m.l.m.v., a 9 a\u00f1os, 6 meses y 18 d\u00edas de prisi\u00f3n, o lo que es lo mismo, a 114 meses y 18 d\u00edas de prisi\u00f3n y multa de 838.875 s.m.l.m.v.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. La anterior sentencia fue recurrida en impugnaci\u00f3n extraordinaria de casaci\u00f3n por parte de los condenados, la cual fue concedida por el Tribunal, remitiendo el expediente para el tr\u00e1mite respectivo, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, el 27 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Sostuvo la quejosa, en s\u00edntesis, que el colegiado acusado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, pues inobserv\u00f3 \u00ablos principios de la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus,\u2026 de favorabilidad y de congruencia\u00bb, habida cuenta que los recurrentes en alzada no peticionaron que \u00abfuera corregido ni el quantum, ni la dosificaci\u00f3n punitiva del delito de estafa agravada en modalidad de masa ni de ning\u00fan otro delito por el que los conden\u00f3 el ad quo (sic)\u00bb, a m\u00e1s que tampoco tuvo en cuenta que era apelante \u00fanica respecto de la sanci\u00f3n por el delito contra el patrimonio econ\u00f3mico, por lo que su pena no pod\u00eda aumentarse para desfavorecerla, como ocurri\u00f3, desconociendo, la normatividad y la jurisprudencia referentes a dicha tem\u00e1tica.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Fiscal\u00eda Diecinueve Delegada ante los Jueces del Circuito Especializado de la Direcci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Nacional Especializada de Antinarc\u00f3ticos y Lavado de Activos, indic\u00f3 que el fallo de primera instancia fue apelado por \u00abtodos y cada uno de los sujetos procesales\u00bb, desvirtuando de esta manera la situaci\u00f3n de apelante \u00fanico de la actora, circunstancia que facult\u00f3 al colegiado para modificar el quantum punitivo.    <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que la salvaguarda deb\u00eda negarse, pues la gestora contaba con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para debatir lo ac\u00e1 pedido (folios 254 a 258, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda Quince Judicial II Penal sostuvo que no observaba la existencia de un perjuicio irremediable, a m\u00e1s que el fallo criticado gozaba de plena validez y no se denotaba arbitrario, por lo que solicit\u00f3 no acceder a la acci\u00f3n tuitiva; destacando que est\u00e1 en curso la casaci\u00f3n interpuesta por la gestora (folios 259 a 266, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. Jaime Rodr\u00edguez Laguna dijo adherirse \u00aba todos y cada uno de los planteamientos de la petici\u00f3n tutelar\u00bb, pues la sentencia cuestionada le ocasiona un perjuicio irremediable, al encontrarse en peligro su libertad (folios 268 y 269, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n censurada, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo habida cuenta que lo ahora pedido deb\u00eda ser resuelto a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n (folios 271 a 273, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 adjunt\u00f3 copias de sus actuaciones e indic\u00f3 que las mismas estuvieron ajustadas a derecho.    <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que la salvaguarda deb\u00eda declararse improcedente por cuanto la inconformidad respecto a las afectaciones del principio de la non reformatio in pejus y del derecho al debido proceso que ahora alega, debe plantearlas en la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la cual se encuentra en curso (folios 383 a 386, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el resguardo porque el proceso criticado a\u00fan est\u00e1 en curso, pues \u00abcontra la sentencia de 18 de noviembre de 2016, la defensa de la hoy accionante interpuso recurso de extraordinario de casaci\u00f3n, el cual se encuentra en tr\u00e1mite para presentar la demanda correspondiente\u00bb; y el Juez constitucional no puede desplazar al fallador natural, ante quien la gestora ha de plantear sus inconformidades (folios 490 a 500, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abse debe conceder el amparo de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta la calidad de persona de la tercera edad de la accionante, condici\u00f3n comprobada en la sentencia de primera instancia\u2026 siendo esta una especial condici\u00f3n que s\u00ed amerita la intervenci\u00f3n de esta particular justicia\u00bb (folios 511 a 527, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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1. En el caso sub exime la queja se dirige contra la sentencia de 18 de noviembre de 2016, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que modific\u00f3 la pena impuesta a Mar\u00eda Teresa P\u00e1ez Cala respecto al delito de estafa agravada en la modalidad de masa, aument\u00e1ndola a 9 a\u00f1os, 6 meses y 18 d\u00edas de prisi\u00f3n y multa de 838.875 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.    <\/span><\/p>\n

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3.        Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, en la medida en que el reclamo constitucional resulta presuroso, toda vez que el juicio criticado se encuentra en tr\u00e1mite en sede de casaci\u00f3n, en efecto, ingres\u00f3 al despacho por reparto el 8 de marzo de 2017 (folio 22, cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

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Luego, es ante el juez de conocimiento que la actora debe manifestar los reparos ahora tra\u00eddos en la acci\u00f3n tuitiva, pues es ese el escenario propicio para ello, acorde con los mecanismos de defensa id\u00f3neos que contempla la legislaci\u00f3n para exponer sus desacuerdos.  <\/span><\/p>\n

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De all\u00ed que, ante la obligaci\u00f3n de hacer uso de los remedios extraordinarios, en particular, la casaci\u00f3n, antes de acudir a la tutela, la jurisprudencia ha sido insistente e invariable (CSJ STC, 4 ag. 2016, rad. 2016-02119-00; STC, 6 ag. 2015, rad. 2015-01697-00; STC, 30 oct. 2014, rad. 2014-02052-01; STC, 30 abr. 2014, rad. 2014-0504-01; STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-02973-01; entre otras providencias), situaci\u00f3n que precisamente se presenta en el caso bajo estudio.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, como la demanda de casaci\u00f3n frente a la determinaci\u00f3n criticada se encuentra pendiente del condigno tr\u00e1mite extraordinario ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, censura que, por dem\u00e1s, plante\u00f3 el apoderado de la actora; se muestra evidente que la protecci\u00f3n solicitada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En casos de similares contornos al de ahora la Sala ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (CJS STC, 3 jul. 2015, rad. 00229-01; reiterado, entre otros, en STC10789-2015 y STC3950-2016, 1\u00b0 abr. 2016).  <\/span><\/p>\n

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1. Ahora, frente a los motivos de la impugnaci\u00f3n, referentes a que el amparo rogado debe proceder transitoriamente a fin de evitar un perjuicio irremediable, aunque existan otros medios de defensa judicial; se destaca que tal presupuesto deb\u00eda ser demostrado por la gestora, no s\u00f3lo el detrimento que se causar\u00e1 con la decisi\u00f3n atacada, sino adicionalmente la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n (CSJ STC, 25 feb. 2016, rad. 2015-00957-01), lo que se echa de menos en el caso, pues la quejosa se limit\u00f3 a indicar ser sujeto de la tercera edad, sin consignar razones v\u00e1lidas para sostener porque la casaci\u00f3n no ser\u00eda adecuada para evaluar su reproche o por las cuales era necesario adoptar una decisi\u00f3n al margen del proceso ordinario.    <\/span><\/p>\n

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Al respecto, resulta procedente recordar lo se\u00f1alado por esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 no se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional (STC, 14 abr. 2016, rad. 2016-00824-00; reitera las sentencias STC, 11 may. 2010, rad. 2010-00249-01; y 9 feb. 2012, rad. 2012-00179-01).  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s a\u00fan, en el proceso lo que se encuentra acreditado es que, en desarrollo de una actuaci\u00f3n ordinaria, el \u00f3rgano competente estudi\u00f3 los supuestos de hecho y de derecho para definir el asunto puesto en su conocimiento, lo que, en principio, no puede calificarse como un perjuicio, ya que resulta ser una consecuencia propia de la acci\u00f3n penal.  <\/span><\/p>\n

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5. Por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Comisi\u00f3n de servicios)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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               AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC3641-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00085-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecis\u00e9is (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100096","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100096"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100096\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}