{"id":100097,"date":"2026-06-25T19:58:47","date_gmt":"2026-06-25T19:58:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3642-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:58:47","modified_gmt":"2026-06-25T19:58:47","slug":"stc3642-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3642-2017\/","title":{"rendered":"STC3642-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3642-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00030-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de febrero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Manuel Fernando Castillo Rodr\u00edguez contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de Fusagasug\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abse deje sin efectos las decisiones del Juez Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1\u00bb (folios 16 a 25, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que su queja se sustent\u00f3, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Pedro Antonio Castiblanco Pulido promovi\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en contra del quejoso, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Admitida la demanda y decretadas las medidas cautelares pedidas por el convocante, el actor present\u00f3 incidente de nulidad argumentando que actualmente cursaba un juicio de concordato por \u00e9l adelantado ante el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por lo que seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 99 de la Ley 222 de 1995, no pod\u00edan tramitarse en su contra procesos de ejecuci\u00f3n singular o de restituci\u00f3n de inmueble donde desarrolle sus actividades comerciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. El 26 de mayo de 2016 el Juzgado Municipal encartado neg\u00f3 la petici\u00f3n referida a espacio, al considerar que la norma invocada fue derogada por el art\u00edculo 126 de la Ley 1116 de 2006, determinaci\u00f3n recurrida, \u00fanicamente, en alzada, \u00faltima que fue rechazada al considerar que el asunto cuestionado era de \u00fanica instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Contra la anterior negativa present\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio rog\u00f3 la emisi\u00f3n de copias para acudir en queja ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, despacho que el 29 de noviembre de 2016 declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n, toda vez que es \u00abun proceso de \u00fanica instancia [por lo que] el recurso interpuesto no e[ra] admisible\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Sostuvo el promotor que la alzada interpuesta la plante\u00f3 de conformidad con el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que \u00abla demanda de restituci\u00f3n conten\u00eda otra pretensi\u00f3n, pues all\u00ed tambi\u00e9n se demanda a otra persona en calidad de deudor para el efecto de responder como codeudor de los dineros que se dejaron de pagar\u00bb, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda prosperar la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 vulner\u00f3 su prerrogativa al debido proceso al configurarse una violaci\u00f3n directa de la ley, toda vez que \u00absoport\u00f3 su providencia argumentando que el art\u00edculo 126 de la Ley 1116 hab\u00eda derogado la\u2026 222, cuando lo cierto es que la misma ley en su art\u00edculo 117 estableci\u00f3 con suma claridad que la norma segu\u00eda en vigencia para los procesos que se ven\u00edan adelantado con anterioridad\u00bb; agreg\u00f3 que dicho estrado judicial tambi\u00e9n guard\u00f3 silencio \u00aben relaci\u00f3n con el embargo decretado\u00bb, sin que dicha petici\u00f3n fuera resuelta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Destac\u00f3 que a fin de garantizarle el debido proceso se deb\u00eda dar aplicaci\u00f3n a las \u00abnormas preexistentes al acto que se imputa\u00bb, por lo que, en su sentir, el Juzgado competente para conocer del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado era el Veintitr\u00e9s Civil Circuito de Bogot\u00e1, \u00abpues [se] encuentr[a] bajo concordato, a la luz de\u2026 art\u00edculo 99 de la Ley 222\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 remiti\u00f3 en calidad de pr\u00e9stamo el expediente de restituci\u00f3n de inmueble arrendado criticado (folio 34, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Pedro Antonio Castiblanco Pulido argument\u00f3 que el demandado no debi\u00f3 ser escuchado por cuanto no acredit\u00f3 el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados; agreg\u00f3 que el art\u00edculo 99 de la Ley 222 de 1995 fue derogado por el canon 126 de la Ley 1116 de 2006, adem\u00e1s, que \u00aben el predio objeto de restituci\u00f3n funciona el establecimiento de comercio denominado \u201cCODEINGRAF IMPRESORES\u201d de propiedad de la sociedad \u201cCODEINGRAF S.A.S.\u201d\u2026 [y] el demandado Manuel Fernando Castillo Romero no tiene ning\u00fan tipo de v\u00ednculo comercial o laboral con dicha sociedad\u00bb (folios 10 a 12, cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la decisi\u00f3n del 26 de mayo de 2016, proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, con la cual no accedi\u00f3 a la solicitud de nulidad interpuesta por el actor dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, no fue caprichosa ni arbitraria, a m\u00e1s guard\u00f3 armon\u00eda con las normas aplicables al caso concreto (folios 47 a 55, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El promotor del amparo opugn\u00f3 el fallo de primer grado reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de tutela, a los que adicion\u00f3 que la problem\u00e1tica se presenta en la aplicaci\u00f3n de leyes en el tiempo, \u00abpues [su solicitud] no fue resuelta en debida forma por el Juzgado\u2026 pese a que se trata de disposiciones de orden p\u00fablico y, por ende, de obligatorio cumplimiento. En efecto, el funcionario demandado no solamente justific\u00f3 la existencia de un proceso civil \u2013que por ley no puede adelantarse por fuera del tr\u00e1mite de concordato- en normas que no son vigentes para el caso; sino que desconoci\u00f3 las disposiciones de la misma ley que dice aplicar \u2013Ley 1116 de 2006- que regula expresamente aquellos asuntos relacionados con su vigencia\u00bb (folios 65, cuaderno 1; y 4 a 8, cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…, (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015 16 abr. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Descendiendo al sub examine advierte la Corte que el actor se queja (i) del auto de 29 de noviembre de 2016, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 declar\u00f3 bien denegada la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente al prove\u00eddo de 26 de mayo de ese a\u00f1o, mediante el cual el Juzgado Primero Civil Municipal de la misma localidad no accedi\u00f3 a la solicitud de anulaci\u00f3n propuesta por aqu\u00e9l; y (ii) de esta \u00faltima determinaci\u00f3n de la sede municipal y de aquella que no le concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n el pasado 30 de junio; aduce que la alzada s\u00ed era procedente y que la nulidad alegada si se configur\u00f3.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En primer lugar, frente a la queja contra el prove\u00eddo de 29 de noviembre de 2016, en el que se declar\u00f3 bien denegada la alzada interpuesta, esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, debido a que dicha determinaci\u00f3n no resulta caprichosa, n\u00f3tese que en ese auto el estrado del Circuito querellado consign\u00f3 que:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 el objeto del recurso de queja se limita a determinar si el juez de primera instancia deneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n con base en la ley o si \u00e9ste debi\u00f3 concederse en un efecto distinto, tal como se desprende del art\u00edculo 352 del C.G. del P.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, seg\u00fan la doctrina y la jurisprudencia, para conceder el recurso de apelaci\u00f3n se requiere la presencia de los siguientes requisitos: a). Que la providencia sea susceptible de apelaci\u00f3n; b) Que el apelante sea parte o tercero legitimado para ello; c). Que la providencia apelada cause perjuicio al apelante; y d). Que el recurso se interponga dentro de la oportunidad legal y en debida forma, debi\u00e9ndose sustentar oportunamente. Adicionalmente, se debe tener presente que el recurso de apelaci\u00f3n se rige por el principio de taxatividad, conforme al cual solamente son apelables las providencias que expresamente se\u00f1ale la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este caso, no se cumple con el primero de los requisitos antes enunciados, pues la apelaci\u00f3n est\u00e1 consagrada para las sentencias y los autos proferidos en primera instancia. Ya que se trata de un proceso de \u00fanica instancia el recurso interpuesto no es admisible, por lo que se hizo bien al no concederse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, es claro que lo dispuesto por el despacho del circuito atacado deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas que regulan el caso particular, as\u00ed como de la valoraci\u00f3n que hizo de los medios de convicci\u00f3n, evidenciando la improcedencia de la alzada interpuesta, al tratarse de un asunto de \u00fanica instancia, por lo que aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis acogida por esa autoridad, esa divergencia, per se, no es motivo para calificar su decisi\u00f3n como configurativa de v\u00eda de hecho, porque reiteradamente se ha dicho que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto prenotado el gestor present\u00f3 apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n1 -2 de julio de 2016- y el despacho municipal querellado con el auto de 30 de junio siguiente2 resolvi\u00f3 no concederla argumentando su improcedencia, habida cuenta que \u00abel tr\u00e1mite que se imprime al\u2026 asunto es el abreviado de \u00fanica instancia y, como consecuencia de ello, no goza del recurso de alzada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed que el despacho atacado err\u00f3 al expedir el auto de 30 de junio anterior, puesto que el demandante, en oportunidad, se opuso al prove\u00eddo que deneg\u00f3 la nulidad propuesta dentro referido asunto de restituci\u00f3n, y el estrado accionado a pesar de encontrar improcedente la censura vertical, no adecu\u00f3 el tr\u00e1mite de esa queja, como se lo impon\u00eda el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual consagra que \u00ab[c]uando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, aunque el tutelante manifest\u00f3 interponer apelaci\u00f3n de conformidad con el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 321 ib\u00eddem, para atacar la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, expresando los motivos de su desacuerdo con la negaci\u00f3n de la nulidad propuesta, lo cierto es que lo hizo en el t\u00e9rmino de ejecutoria; y la sede judicial acusada rechaz\u00f3 la impugnaci\u00f3n propuesta por el quejoso, por \u00abimprocedente\u00bb, sin proceder a adecuarla al recurso viable, correcto como lo era el de reposici\u00f3n3  <\/span><\/p>\n

.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Respecto al derecho de contradicci\u00f3n y la posibilidad de adecuar las impugnaciones incoadas por los sujetos procesales la Sala ha advertido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026[E]l derecho a impugnar, cuando la ley lo permite, las decisiones judiciales que le son adversas, corresponde a una indiscutida y [clara] expresi\u00f3n del derecho de contradicci\u00f3n que asiste a los justiciables y que en modo alguno conviene sacrificar en raz\u00f3n de inconsistencias t\u00e9cnicas que en verdad no son por entero insalvables (CSJ STC, 16 jun 2016, rad. 2005-01116; reiterado en STC353-2014, 22 en. 2014, rad. 2013-02122-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Resulta claro que el actor denomin\u00f3 su censura err\u00f3neamente, no obstante, \u00e9sta fue oportuna y por ello el Juzgado Municipal debi\u00f3 tramitarla por las reglas del recurso procedente, como lo era el remedio horizontal, en atenci\u00f3n a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, as\u00ed como a las garant\u00edas procesales de contradicci\u00f3n, defensa y debido proceso, las que le impon\u00edan darle el curso adecuado, por lo que, frente al particular, deber\u00e1 accederse al resguardo, para que el fallador proceda en la forma que le era exigible.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En adici\u00f3n, resulta importante resaltar que el despacho municipal accionado, al momento de resolver el recurso interpuesto contra el prove\u00eddo de 26 de mayo de 2016, debe tener en cuenta las normas aplicables al caso concreto en su integridad, pues a pesar de que all\u00ed se hizo referencia al art\u00edculo 126 de la Ley 1116 de 2006, dej\u00f3 de lado lo contemplado en art\u00edculo 117 de la misma norma, pasando por alto que el primer canon ense\u00f1a que \u00ab[s]alvo lo que se indica en los incisos anteriores, la presente Ley\u2026 deroga el T\u00edtulo II de la Ley 222 de 1995\u2026\u00bb, sin que ello implique que su valoraci\u00f3n probatoria en el asunto ac\u00e1 criticado deba direccionarse en un sentido determinado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un caso de similares contornos, la Sala dijo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien el art\u00edculo 126 de la Ley 1116 de 2006, \u00ab[p]or la cual se establece el R\u00e9gimen de Insolvencia Empresarial en la Rep\u00fablica de Colombia y se dictan otras disposiciones\u00bb, estipul\u00f3 que \u00abderoga el T\u00edtulo II de la Ley 222 de 1995, la cual estar\u00e1 vigente hasta la fecha en que entre a regir la presente ley\u00bb, tambi\u00e9n lo es que su par 117 contempl\u00f3 que \u00ab[l]as negociaciones de acuerdos de reestructuraci\u00f3n, los concordatos y liquidaciones obligatorias de personas naturales y jur\u00eddicas iniciados durante la vigencia del T\u00edtulo II de la Ley 222 de 1995, al igual que los acuerdos de reestructuraci\u00f3n ya celebrados y los concordatos y quiebras indicados en el art\u00edculo 237 de la Ley 222 de 1995, seguir\u00e1n rigi\u00e9ndose por las normas aplicables al momento de entrar a regir esta ley\u00bb (se denota).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, y en virtud a que al sub j\u00fadice aplica la \u00faltima regla transcrita, ha de tenerse en cuenta, para el pronunciamiento que es menester en este asunto, lo demarcado en la norma 99 de la Ley 222 de 1995, que se ubica dentro de la Secci\u00f3n III, del Cap\u00edtulo II, del T\u00edtulo II ej\u00fasdem, misma que alude a los \u00abefectos de la apertura del concordato\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal precepto positiv\u00f3 lo siguiente: \u00abA partir de la providencia de apertura y durante la ejecuci\u00f3n del acuerdo, no podr\u00e1 admitirse petici\u00f3n en igual sentido, ni proceso de ejecuci\u00f3n singular o de restituci\u00f3n del inmueble donde desarrolle sus actividades la empresa deudora\u2026\u00bb. (CSJ STC17114-2015, 14 dic. 2015, rad. 2015-02954-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En consecuencia, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado y, en su lugar, para proteger el derecho al debido proceso de Manuel Fernando Castillo Rodr\u00edguez, se dispondr\u00e1 que el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 invalide el auto de 30 de junio de 2016 y resuelva nuevamente, conforme a lo atr\u00e1s se\u00f1alado, teniendo en cuenta la normatividad aplicable al caso concreto; en lo dem\u00e1s, se denegar\u00e1 la salvaguarda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar:  <\/span><\/p>\n

Primero. Concede el resguardo al derecho al debido proceso del accionante, en consecuencia, ordena al Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasug\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, tras dejar sin valor ni efecto el auto de 30 de junio de 2016 y las decisiones que de \u00e9l dependan, d\u00e9 el tr\u00e1mite que corresponda al recurso formulado por Manuel Fernando Castillo Rodr\u00edguez frente al prove\u00eddo de 26 de mayo de ese a\u00f1o, en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado incoado contra \u00e9ste por Pedro Antonio Castiblanco Pulido; atendiendo lo consignado en la parte motiva de esta sentencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Segundo. En lo dem\u00e1s, se deniega la salvaguarda propuesta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama lo aqu\u00ed resuelto a las partes, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtanse el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Comisi\u00f3n de servicios)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Folios 32 a 34, cuaderno 1.    <\/span><\/p>\n

2 Folios 39, cuaderno 1.    <\/span><\/p>\n

3 Art\u00edculo 318 C\u00f3digo General del Proceso. Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez…      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC3642-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00030-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100097","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100097"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100097\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}