{"id":100098,"date":"2026-06-25T19:58:53","date_gmt":"2026-06-25T19:58:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3643-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:58:53","modified_gmt":"2026-06-25T19:58:53","slug":"stc3643-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3643-2017\/","title":{"rendered":"STC3643-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3643-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00064-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de febrero de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna y a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 se ordene \u00abaplicar los art[\u00edculos] 86 y 96 del C.G.P\u2026 145 del C.P.A.C.A. [y] 199 del C.P.C., en el auto admisorio\u00bb, a m\u00e1s \u00aboficiar al fondo para que informe a la comunidad[,] amparado del [canon] 71 de la ley\u2026 472 de 1998\u00bb (folios 1 a 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga instaur\u00f3 acci\u00f3n popular en contra de Audifarma S.A.1, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, bajo el radicado 2016-00600-00.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Indic\u00f3 que el estrado convocado se niega a dar aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 86 y 96 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como del canon 145 de Ley 1437de 2012 y del 199 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Agreg\u00f3 que la sede judicial acusada, adem\u00e1s, se niega a oficiar al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos a fin de informar a la comunidad de la referida acci\u00f3n por \u00e9l incoada, vulnerado de esta manera lo contemplado en los preceptos 5 y 71 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Regional Risaralda- inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo, sostuvo que lo ahora debatido es una \u00absituaci\u00f3n ajena a es[a] Agencia del Ministerio p\u00fablico, toda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copias de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n popular cuestionada; sostuvo que el actor \u00abno ha realizado ninguna gesti\u00f3n tendiente a notificar el auto admisorio de la demanda, ni la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad\u00bb (folio 12, cuaderno1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la falta de aplicaci\u00f3n de las normas referidas por el accionante \u00abcarecen de todo sentido (sic)\u00bb, pues las mismas \u00abson reglas ajenas al tr\u00e1mite que se surte en el despacho accionado y el demandante ni siquiera atina a explicar\u2026 porqu\u00e9 esas normas debe[n] ser tenidas en cuenta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, respecto a la queja frente a la negativa el Juzgado accionado de oficiar al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, advirti\u00f3 que el amparo incumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que dicha solicitud no ha sido planteada ante el fallador natural (folios 27 a 29, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante sin manifestar el motivo de su disidencia (folio 31, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, en primer lugar, porque de los elementos aportados a la acci\u00f3n tuitiva, se tiene que la petici\u00f3n de dar aplicaci\u00f3n en el auto admisorio de la acci\u00f3n popular a los art\u00edculos 86 y 96 del C\u00f3digo General del Proceso, 145 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 199 del estatuto Procesal Civil, fue resuelta por el Juzgado accionado en el prove\u00eddo de 18 de enero de 2017, en donde advirti\u00f3 las razones por la cuales no pod\u00eda acceder a dicha solicitud; lo que no luce arbitrario ni caprichoso; en efecto, all\u00ed sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

\u2026 El auto admisorio debe de contener unos m\u00ednimos requisitos de \u00edndole procesal, enmarcados en el C\u00f3digo General del Proceso y en la Ley 472 de 1998, mismos que adem\u00e1s deben de ir de la mano de la causa petendi, integr\u00e1ndose entonces en un solo cuerpo.  <\/span><\/p>\n

Los anteriores preceptos de orden sustancial, procedimental interpretativo, han sido acatados a cabalidad por es[e] Estrado Judicial al momento de proferir e auto admisorio de la demanda, por lo que no se explica [el] Estrado Judicial las razones concretas de la inconformidad del accionante, ya que menciona varios art\u00edculos del C.G.P., entre otros el 86 (Sanciones en caso de informaciones varias); 96 (Contestaci\u00f3n de la demanda); 199 (Decreto del Interrogatorio) y el art. 145 del CPACA (Reparaci\u00f3n de los perjuicios causados a un grupo), que nada tienen que ver con los requisitos de orden legal que debe contener el auto admisorio de la demanda (folio 15, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed, que ante esa circunstancia es indudable que la causa de vulneraci\u00f3n o amenaza alegada, edificada en la falta de aplicaci\u00f3n de las referidas normas, es inexistente, pues la solicitud fue atendida, cosa diferente es que el actor no comparta la determinaci\u00f3n del juzgador, pero ello se muestra insuficiente para el buen suceso del reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Luego, entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del quejoso es inexistente, la solicitud de amparo perdi\u00f3 toda raz\u00f3n de ser como mecanismo m\u00e1s apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, toda vez que la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso espec\u00edfico resultar\u00eda a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01).  <\/span><\/p>\n

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En segundo lugar, frente a la supuesta negativa del estrado judicial acusado de oficiar al Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos, a fin de informar a la comunidad sobre la iniciaci\u00f3n de la referida acci\u00f3n popular, la Sala advierte que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional est\u00e1 llamada a ser confirmada, comoquiera que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que lo pretendido no ha sido pedido al interior del juicio cuestionado, que cursa en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito.  <\/span><\/p>\n

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Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01).  <\/span><\/p>\n

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4. As\u00ed las cosas, se impone confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s copias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Comisi\u00f3n de servicios)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sucursal ubicada en la Calle 10 n\u00b0 33-51 de la ciudad de Cali.      <\/span><\/p>\n

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