{"id":100099,"date":"2026-06-25T19:58:55","date_gmt":"2026-06-25T19:58:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3644-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:58:55","modified_gmt":"2026-06-25T19:58:55","slug":"stc3644-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3644-2017\/","title":{"rendered":"STC3644-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3644-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2016-00078-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de febrero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Efra\u00edn Ru\u00edz C\u00e1rdenas contra los Juzgados Primero y Segundo Civiles Circuito de esa ciudad, Primero y Segundo Civiles Circuito de Socorro (Santander), a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por los despachos acusados.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita, se declare la nulidad del proceso cuestionado a partir de \u00ab[i). el] reconocimiento del litisconsorcio necesario,\u2026 [ii). el] fallecimiento de la demandante Carmen Lucia Villamizar,\u2026 y [iii). el] reconocimiento a\u2026 Any Carolina S\u00e1enz Pe\u00f1aloza como apoderada del demandado Efra\u00edn Ru\u00edz C\u00e1rdenas\u2026 [iv). el] momento en que\u2026 se sigui\u00f3 por la cuerda procesal del proceso reivindicatorio de la posesi\u00f3n propuesta por el litisconsorte necesario\u2026 y no por el reivindicatorio de dominio propuesto por la demandante\u2026[; v). el] momento en que el Juez Segundo Civil del Circuito de San Gil ser (sic) abrog\u00f3 la facultad de determinar la competencia y la jurisdicci\u00f3n del proceso si estar facultado para ello\u00bb (folios 1 a 14, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Carmen Lucia Villamizar Becerra promovi\u00f3 proceso reivindicatorio del predio rural denominado \u00abEl Gordural\u00bb contra Efra\u00edn Ru\u00edz C\u00e1rdenas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, quien admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda e integr\u00f3 el contradictorio.  <\/span><\/p>\n

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2.3. El 8 de junio de 2010, la sede judicial criticada acept\u00f3 la intervenci\u00f3n de Augusto Su\u00e1rez Vega como coadyuvante del demandado Efra\u00edn Ru\u00edz C\u00e1rdenas, con ocasi\u00f3n de la promesa de compraventa de dicho inmueble que este \u00faltimo hiciera al primero.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Sostuvo el quejoso que desde el 20 de noviembre de 2012 el juicio se continu\u00f3 exclusivamente con los terceros intervinientes, es decir, Carlos Eduardo Gordillo Solano y Augusto Su\u00e1rez Vega, \u00abexcluyendo sin raz\u00f3n legal y\/o jur\u00eddica alguna a Carmen Lucia Villamizar y a Efra\u00edn Ru\u00edz C\u00e1rdenas[,] demandante y demandado, respectivamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Como consecuencia de las medidas de descongesti\u00f3n adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, el proceso retorn\u00f3 al Juez Segundo Civil del Circuito de San Gil, quien continuaba impedido para conocer del asunto, por lo que lo remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo del Socorro (Santander), quien continu\u00f3 con el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Superada la causal de impedimento1, las diligencias retornaron al despacho origen, quien el 3 de mayo de 2016 dict\u00f3 sentencia en la que orden\u00f3 al actor a restituir a favor de Carlos Eduardo Gordillo Solano el predio denominado \u00abEl Gordual\u00bb, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 319-25780, adem\u00e1s lo conden\u00f3 a pagar los frutos naturales y civiles a Carmen Luc\u00eda Villamizar Becerra y a Carlos Eduardo Gordillo Solano; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n \u00fanicamente por Augusto Su\u00e1rez Vega.  <\/span><\/p>\n

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2.7. El colegiado de San Gil inadmiti\u00f3 el recurso de alzada al considerar que \u00abAugusto Su\u00e1rez Vega carece de inter\u00e9s jur\u00eddico\u2026 pues\u2026 la calidad de coadyuvante que le fuera reconocida\u2026 en virtud del contrato de promesa de compraventa suscrito con el demandado Efra\u00edn Ru\u00edz C\u00e1rdenas\u2026 autom\u00e1ticamente desapareci\u00f3 al ser declarado nulo el aludido contrato en sentencia de 7 de septiembre de 2012, proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Afirm\u00f3 el tutelante que ese juicio deb\u00eda declararse nulo por las m\u00faltiples irregularidades procesales que, en su sentir, all\u00ed se presentaron, destacando que no se le permiti\u00f3 actuar en el asunto luego de que se reconociera a Su\u00e1rez Vega como su coadyuvante; se continu\u00f3 el tr\u00e1mite pese a que la demandante inicial Carmen Luc\u00eda Villamizar, falleci\u00f3, lo que no era dable \u00aba menos que se integrara el extremo de la demandante con la comparecencia de los herederos\u00bb, lo que no sucedi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil pidi\u00f3 denegar la salvaguarda habida cuenta que el gestor no censur\u00f3 las diferentes decisiones adoptadas al interior del juicio reivindicatorio, incluida la sentencia de 3 de mayo de 2016.    <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que el accionante \u00absiempre fungi\u00f3 como demandado en las diligencias\u2026 desde el auto admisorio y hasta la sentencia\u2026 sin que\u2026 hubiera perdido\u2026 dicha calidad\u00bb (folios 70 y 123, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Carlos Eduardo Gordillo Solano se refiri\u00f3 a los hechos de la acci\u00f3n tuitiva, sostuvo que el gestor claramente demostr\u00f3 desinter\u00e9s en el asunto, por lo que no pod\u00eda pretender, a trav\u00e9s de la salvaguarda, revivir t\u00e9rminos fenecidos (folios 71 a 73, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Primero Civil del Circuito del Socorro se\u00f1al\u00f3 que el amparo no se dirig\u00eda a quebrantar sus decisiones (folio 124, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al advertir que la sentencia de 3 de mayo de 2016 se encontraba debidamente soportada en las pruebas allegadas al juicio, por lo que no se revest\u00eda arbitraria.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que a pesar el actor siempre actu\u00f3 dentro del proceso a trav\u00e9s de mandatario judicial, no controvirti\u00f3 las decisiones all\u00ed proferidas, evidenci\u00e1ndose la falta de agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa (folios 125 a 143, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos expuestos en la demanda de amparo, enfatizando que en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n reivindicatoria se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho por continuarse la misma a pesar de la ausencia de uno de los extremos procesales, dado el fallecimiento de Carmen Luc\u00eda Villamizar Becerra, sin que se hubiera efectuado la respectiva sustituci\u00f3n procesal (folios 155 y 156, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Puestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja del promotor de la salvaguarda se dirige frente al tr\u00e1mite impartido al juicio reivindicatorio contra \u00e9l iniciado, incluida la respectiva sentencia de 3 de mayo de 2016, donde le ordenaron entregar el predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 319-25780 de la Oficina Instrumentos P\u00fablicos de San Gil y lo condenaron al pago de los frutos naturales y civiles; advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por lo que la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse.  <\/span><\/p>\n

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1. En primer lugar, frente a las declaraciones de nulidad imploradas en el resguardo, bajo el supuesto que sus prerrogativas de primer grado fueron vulneradas, porque (i) existi\u00f3 un indebido reconocimiento del litisconsorcio necesario; (ii) el juicio continu\u00f3 luego del fallecimiento de Carmen Luc\u00eda Villamizar Becerra, quien fung\u00eda como demandante en el proceso, sin efectuarse la sucesi\u00f3n procesal respectiva; (iii) se reconoci\u00f3 a Any Carolina S\u00e1enz Pe\u00f1aloza como su mandataria judicial sin poder para tal efecto; y (iv) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil rehus\u00f3 su competencia y jurisdicci\u00f3n del proceso sin estar facultado para hacerlo; se resalta la improcedencia del resguardo porque \u00e9ste desconoce el principio de subsidiariedad, evidenci\u00e1ndose que su interposici\u00f3n tiene como finalidad superar la incuria del censor en el referido proceso.    <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que el convocante en el presente caso acudi\u00f3 directamente al resguardo constitucional, sin haber agotado las herramientas que estaban a su disposici\u00f3n al interior del proceso reivindicatorio, pues ten\u00eda a su alcance los recursos procedentes frente a las decisiones que le resultaron adversas, especialmente las referidas a espacio, m\u00e1xime cuando all\u00ed se encontraba representado a trav\u00e9s de apoderado judicial.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, sin duda, lo expuesto torna improcedente el amparo constitucional deprecado porque \u00abno es viable acudir a esta v\u00eda especial de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, luego de desperdiciar los instrumentos procesales establecidos por el legislador\u00bb. (CSJ STC, 19 ago. 2011, rad. 2011-01590-01; reiterada, entre muchas otras, en CSJ STC, 24 oct. 2014, rad. 2014-01939-01; y CSJ STC, 7 nov. 2014, rad. 2014-00481-01)  <\/span><\/p>\n

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1. En segundo lugar, si lo atacado con la acci\u00f3n supralegal es la sentencia proferida el 3 de mayo de 2016, frente a ella el promotor tuvo a su alcance el recurso de apelaci\u00f3n, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con los art\u00edculos 321 y 322 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual no interpuso, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, destacando que la deserci\u00f3n de la alzada interpuesta frente a esa decisi\u00f3n, por Augusto Su\u00e1rez Vega, en su calidad de coadyuvante, obedeci\u00f3 a la falta de inter\u00e9s de \u00e9ste en el referido asunto.    <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sostenido que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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5. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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       Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Con acuerdo No. 065 de 25 de septiembre de 2014, se nombr\u00f3 al Dr. Jes\u00fas David Flores Roncancio como Juez Segundo Civil del Circuito de San Gil.      <\/span><\/p>\n

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