{"id":100106,"date":"2026-06-25T19:59:32","date_gmt":"2026-06-25T19:59:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3656-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:59:32","modified_gmt":"2026-06-25T19:59:32","slug":"stc3656-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3656-2017\/","title":{"rendered":"STC3656-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3656-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00001-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 25 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso Acevedo Gonz\u00e1lez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, y el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal que se adelant\u00f3 en contra del aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El solicitante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Relat\u00f3 que perteneci\u00f3 al grupo armado ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia, del bloque campesino con influencia en el Magdalena Medio y se desmoviliz\u00f3 el 28 de enero de 2006; el 12 de agosto de 2011, se acogi\u00f3 a la justicia transicional y posteriormente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga el 12 de julio de 2014, lo conden\u00f3 a una pena de 38 meses de prisi\u00f3n, sanci\u00f3n que cumple desde 11 de julio de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Refiere que la Agencia Colombiana para la Reintegraci\u00f3n, dentro del marco de la Ley 1424 de 2010, solicit\u00f3 al juzgado que vigila la pena, la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la misma, la cual fue negada por el Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1 el 21 de agosto de 2015, al considerar que no reun\u00eda los requisitos para acceder a dicho subrogado, decisi\u00f3n frente a la cual interpuso los recursos ordinarios; el de reposici\u00f3n fue resuelto el 5 de octubre de 2015 ratific\u00e1ndolo y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al conocer en apelaci\u00f3n, lo confirm\u00f3 el 18 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indica que reiter\u00f3 dicho pedimento ante el Juzgado de Ejecuci\u00f3n en dos oportunidades m\u00e1s, el 15 de abril y 16 de mayo de 2016, ambos desfavorables.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Pretende en consecuencia que se \u00ab(\u2026) revoque la decisi\u00f3n contenida en el auto de fecha 18 de diciembre de 2015, y ordene en su lugar que me sean concedidos los beneficios jur\u00eddicos de suspensi\u00f3n condicional de las penas principales de prisi\u00f3n y de multa (\u2026) y disponga mi libertad\u00bb (ff. 1 a 10, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El Juez Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que ha resuelto negativamente en varias ocasiones peticiones de suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la sentencia presentadas por el accionante, por lo que solicita se declare la improcedencia de la acci\u00f3n por cuanto est\u00e1 siendo utilizada como una tercera instancia a fin de obtener otro criterio frente a sus reiterados pedimentos, adem\u00e1s, la decisi\u00f3n que discute fue adoptada en derecho  (ff. 54 a 57, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal, se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que con ella se busca revivir instancias, pues adem\u00e1s de la petici\u00f3n que aqu\u00ed discute, posteriormente present\u00f3 otra ante el Juzgado que vigila la pena respecto de la cual no interpuso ning\u00fan recurso, \u00ab[d]e manera que, no puede ahora utilizar la acci\u00f3n constitucional como una instancia paralela o adicional que en \u00faltimas es lo que pretende al plantear que con las decisiones de primera y segunda instancia se afectaron sus derechos fundamentales (\u2026) lo cual desnaturaliza por completo la acci\u00f3n constitucional que es subsidiaria (\u2026)\u00bb (ff. 103 a 105, ib.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Neg\u00f3 por improcedente la tutela al concluir que la misma desatend\u00eda los par\u00e1metros de inmediatez, en raz\u00f3n a que la sentencia de segunda instancia que ataca fue emitida el 18 de diciembre de 2015, mientras que la tutela la ha presentado el 19 de diciembre de 2016, frente a lo que manifest\u00f3 que \u00ab(\u2026) no existe justificaci\u00f3n alguna que lo habilite a demandar en esta sede, casi un (1) a\u00f1o despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n de segunda instancia que desat\u00f3 el recurso vertical interpuesto en contra de la determinaci\u00f3n de primera grado que le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, pues, si consideraba que el prove\u00eddo cuestionado era constitutivo de causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, ten\u00eda la carga de actuar ante la jurisdicci\u00f3n constitucional de forma inmediata (\u2026)\u00bb (ff. 144 a 159, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Insiste el censor que las decisiones que cuestiona s\u00ed configuran v\u00eda de hecho judicial, por lo cual espera que en segunda instancia se examine a fondo el problema planteado y de acuerdo \u00abal criterio civilista (\u2026) se ocupen de resolver el asunto y no lo conviertan en un tribunal de sem\u00e1nticas confirmaciones como lo hizo la Sala Penal (sic)\u00bb (ff. 165 a 167, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el perjudicado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC8417-2016, 22 jun. 2016, rad. 2016-00139-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que cuando el fallador profiere una trascendente providencia en el proceso, obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda del resguardo deviene id\u00f3nea para desecharlo, conjurar o prevenir el perjuicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Descendiendo al sublite, se anuncia la confirmaci\u00f3n del fallo de primer grado por cuanto se ajusta al criterio que en sede de tutela la jurisprudencia de esta Corte ha venido sosteniendo desde la perspectiva de la finalidad de la salvaguarda frente al presupuesto de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bien podr\u00eda reprocharse al actor tambi\u00e9n no haber instaurado los recursos de ley frente a los autos interlocutorios de 15 de abril y 16 de mayo de 2016, proferidos por el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, los que tambi\u00e9n le negaron el subrogado que reclama, sin embargo, el presupuesto de procedibilidad destacado subsume el criterio de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria al evidenciarse una circunstancia reveladora que contrar\u00eda la naturaleza del auxilio, pues no puede pretender el penado revivir una actuaci\u00f3n a trav\u00e9s de \u00e9ste mecanismo cuando no lo activ\u00f3 tempestivamente como puede apreciarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otras palabras, desde la providencia del ad quem,  18 de diciembre de 2015, que confirm\u00f3 la del Juez de primer grado se le impon\u00eda accionar el instrumento constitucional en forma oportuna y no doce (12) meses m\u00e1s tarde, 19 de diciembre de 2016, tal como lo precis\u00f3 la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal en primera instancia de esta sede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que abundante y reiterada se ha tornado la jurisprudencia de la Sala en cuanto a que si bien no existe un t\u00e9rmino de caducidad, s\u00ed se ha se\u00f1alado uno razonable para acceder a la tutela \u2013 6 meses \u2013 que se ajusta al prop\u00f3sito y esp\u00edritu de la acci\u00f3n en el sentido que, una vez lesionado el derecho o inminentemente amenazado, el agredido invoque su amparo al juez constitucional, ello por cuanto no es dable desatender que se est\u00e1 ante la protecci\u00f3n o respecto la eventual afecci\u00f3n de derechos fundamentales, de los cuales se exige una perentoria intervenci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto esta Sala ha dicho:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, en el expediente no se asomaron motivos que justificaran la inactividad del libelista, tan solo desidia y desatenci\u00f3n es dable predicar de su actuar, por lo que se ofrece campante la ruptura con el principio delimitante que gobierna este ejercicio de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si se desatiende el criterio se\u00f1alado, la tutela inevitablemente se convertir\u00eda en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo del resguardo es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de lo rogado, motivo por el cual no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, no sobra aclararle al actor, que el juez constitucional, debe ajustar su actuaci\u00f3n y decisi\u00f3n a los presupuestos de procedibilidad anunciados como principios fundamentales de la acci\u00f3n de tutela en el Decreto 2591 de 1992, los cuales se erigen como mandatos de ineludible observancia independiente del  juicio que pueda tener seg\u00fan su \u00e1rea funcional o categor\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Los razonamientos precedentes se imponen id\u00f3neos, para confirmar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC3656-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00001-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100106\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}