{"id":100107,"date":"2026-06-25T19:59:34","date_gmt":"2026-06-25T19:59:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3657-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:59:34","modified_gmt":"2026-06-25T19:59:34","slug":"stc3657-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3657-2017\/","title":{"rendered":"STC3657-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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STC3657-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2016-00281-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo y Armando Castro Mendoza contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal- Sala de Tutelas N\u00b0 1-, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la Procuradur\u00eda y Viceprocuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, las Procuradur\u00edas Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Cincuenta Judicial II en Asuntos Administrativos y Segunda Distrital, la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 y la Oficina de Control Interno de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Distrito.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        Los accionantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, trabajo, igualdad y familia, entre otros, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De las afirmaciones de los promotores y de lo obrante en el plenario, se establece que otrora \u00e9stos impetraron una acci\u00f3n constitucional contra la Procuradur\u00eda y Viceprocuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 y la Oficina de Control Interno de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Distrito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esa ocasi\u00f3n reprocharon la gesti\u00f3n disciplinaria frente a Ricardo Castro Mendoza porque en su calidad de docente adscrito a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Distrito fue destituido e inhabilitado por once a\u00f1os para el ejercicio de derechos y funciones por abandono del cargo, sin observarse que se encontraba incapacitado.  <\/span><\/p>\n

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La salvaguarda memorada fue remitida el 27 de julio de 2016 por la Presidencia de esta Corte al Tribunal Superior de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Advierten que con ese proceder se incurri\u00f3 en irregularidad porque, de un lado, el expediente debi\u00f3 remitirse al Consejo de Estado por ser el competente para conocer de la protecci\u00f3n y, de otro, por cuanto la doctora Margarita Cabello Blanco, quien representaba a esta Corporaci\u00f3n, estaba impedida para emitir cualquier decisi\u00f3n en el asunto, dada su \u201camistad\u201d con el Procurador General de la Naci\u00f3n, la cual proviene de su pasada subordinaci\u00f3n laboral con \u00e9ste y se deduce de declaraciones a medios de comunicaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Anotan que si bien el auxilio se le asign\u00f3 al magistrado del Tribunal Max Alejandro Fl\u00f3rez Rodr\u00edguez, fue su hom\u00f3loga Martha Luc\u00eda Salgar Rangel quien resolvi\u00f3 lo relativo a las medidas provisionales y deneg\u00f3 el amparo en sentencia de 11 de agosto de 2016. Esa actividad evidencia extralimitaci\u00f3n de las funciones de esa funcionaria porque estaba nombrada en el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 entre el 4 de febrero de 2016 y 31 de enero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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Impugnada la anotada providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Penal la ratific\u00f3 el 20 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En su criterio, los funcionarios que emitieron esa decisi\u00f3n tambi\u00e9n estaban incursos en impedimento porque fueron quienes postularon a Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez Maldonado para su reelecci\u00f3n como Procurador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para concluir, aseveran que en el asunto constitucional no se valoraron correctamente las pruebas, pues de \u00e9stas se desprend\u00eda la viabilidad del resguardo exigido (fls. 1 al 54, cdno. 1, 8 al 23, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Piden, en concreto, anular lo actuado en el proceso tutelar y remitirlo al Consejo de Estado (fls. 21 y 22, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta de los accionados    <\/span><\/p>\n

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a)        La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n acot\u00f3 que la queja propuesta en su contra no resultaba clara y de \u00e9sta tampoco se extra\u00eda la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre las actuaciones impulsadas por los actores, se\u00f1al\u00f3 que \u00e9stos denunciaron disciplinariamente al Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Bogot\u00e1 y a otros funcionarios. Anot\u00f3 que la Viceprocuradur\u00eda autoriz\u00f3 a la Procuradur\u00eda Segunda Distrital para que ejerciera \u201c(\u2026) el poder preferente (\u2026)\u201d en esa causa; decurso donde se negaron las nulidades impetradas por los querellantes y se dispuso el archivo de las diligencias, decisi\u00f3n, esta \u00faltima, ratificada en sede de apelaci\u00f3n el 12 de mayo de 2014 por la Procuradur\u00eda Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa (fls. 64 al 66, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia asever\u00f3 no haber quebrantado las prerrogativas de los tutelantes, pues envi\u00f3 la salvaguarda primigenia al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 porque la misma se erig\u00eda frente a una autoridad p\u00fablica del orden nacional, tal como la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013inc. 1\u00b0, art. 1\u00b0, Dto. 1382 de 2000-. Anot\u00f3 que la doctora Margarita Cabello Blanco no estaba impedida para adoptar dicha decisi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) porque, de una parte, la Presidencia y la Sala Plena de la Corte (\u2026) carecen de competencia para conocer peticiones de amparo constitucional y, de otra, el auto que dispuso su remisi\u00f3n al Tribunal (\u2026) es de mero tr\u00e1mite y, por lo mismo, no compromet[\u00eda] su criterio (\u2026)\u201d (fls. 97 al 101, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        La Sala de Tutelas N\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal relat\u00f3 los antecedentes del decurso tutelar reprochado y asever\u00f3 la improcedencia de la actual salvaguarda por dirigirse frente a otra de la misma naturaleza, m\u00e1xime cuando existe cosa juzgada constitucional, pues aqu\u00e9l tr\u00e1mite fue excluido de revisi\u00f3n el 28 de octubre de 2016 (fls. 102 al 104, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c)        El Tribunal convocado se opuso a la prosperidad del auxilio porque en el fallo dictado dentro del asunto tutelar confutado no se \u201c(\u2026) incurri[\u00f3] en alguno de los defectos que (\u2026) podr\u00edan originar la prosperidad de [esta] acci\u00f3n (\u2026)\u201d (fls. 118 y 119, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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d)         Los dem\u00e1s guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Se deneg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada por improcedente, dado que el tr\u00e1mite de amparo criticado fue excluido de revisi\u00f3n y los peticionarios no insistieron en su selecci\u00f3n. Anot\u00f3 no hallar arbitrariedad en el proceder de la entonces Presidenta de esta Corporaci\u00f3n y resalt\u00f3 que los solicitantes no probaron c\u00f3mo la postulaci\u00f3n de Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez Maldonado \u201c(\u2026) puede adecuarse en una circunstancia impeditiva (\u2026)\u201d (fls. 164 al 174, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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Los reclamantes impugnaron con argumentos an\u00e1logos a los expresados en el libelo introductor (fls. 193 al 230, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Delanteramente, se precisa la improcedencia de este amparo en relaci\u00f3n con Armando Castro Mendoza, dada su ausencia de legitimaci\u00f3n para rebatir cuestiones atinentes al decurso constitucional reprochado, pues en \u00e9ste se neg\u00f3 su participaci\u00f3n, justamente, al no acreditar la calidad de abogado aducida para agenciar las garant\u00edas de Ricardo Castro Mendoza.  <\/span><\/p>\n

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Sobre lo arg\u00fcido, esta Colegiatura ha estimado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) \u2018cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cSignifica lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Ahora, la protecci\u00f3n invocada por Ricardo Castro Mendoza contra las autoridades jurisdiccionales aqu\u00ed acusadas tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque aqu\u00e9l cuestiona otro asunto de id\u00e9ntico temperamento.  <\/span><\/p>\n

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Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n constitucional de tutela certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Corporaci\u00f3n ha advertido la improcedencia de los resguardos formulados contra actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ello el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto.  <\/span><\/p>\n

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En lo atinente a este espec\u00edfico tema, esta Corte ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        A la luz de lo narrado, se refuerza el fracaso de esta queja porque Ricardo Castro Mendoza omiti\u00f3 impulsar el tr\u00e1mite pertinente para la insistencia, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Acuerdo 02 de 2015, una vez se enter\u00f3 de la exclusi\u00f3n del tr\u00e1mite de revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, es inviable emitir un pronunciamiento respecto de los reproches endilgados a la acci\u00f3n tutelar criticada, pues ello ir\u00eda en contrav\u00eda de la cosa juzgada constitucional, por cuanto el 28 de octubre de 2016 se dispuso no seleccionarla para revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que en la salvaguarda objetada se defini\u00f3 lo relativo a las supuestas irregularidades acaecidas al remitirse ese decurso al Tribunal. As\u00ed, al decidir la alzada planteada en ese caso, la Sala de Casaci\u00f3n Penal acot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [C]ontrario a lo sostenido por el impugnante, no existe ninguna irregularidad que se pueda alegar frente a dicha remisi\u00f3n, pues ello tuvo fundamento en lo normado en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000 (\u2026).Como quiera que el amparo se dirige contra una autoridad p\u00fablica del orden nacional, esto es, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, refulge evidente que la competencia radica, entre otros, en el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, raz\u00f3n por la que la Presidenta de esta Corporaci\u00f3n obr\u00f3 conforme a derecho y a las reglas de reparto aplicables a la acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cY, aunque el interesado considera que dicha Presidenta debi\u00f3 declararse impedida por la supuesta amistad que existe entre ella y el Procurador General de la Naci\u00f3n, lo cierto es que dicha funcionar\u00eda emiti\u00f3 un auto de tr\u00e1mite con el que no comprometi\u00f3 su criterio. En todo caso el interesado no logr\u00f3 demostrar los fundamentos con los que se configur\u00f3 tal circunstancia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDe otro lado, la Corte considera que no existe ninguna irregularidad al momento en que fue asignada la presente acci\u00f3n constitucional al despacho de la Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, MARTHA LUC\u00cdA SALGAR RANGEL, pues tal y como se puede observar en el acta de reparto del 28 de julio de 2016, se tiene que el expediente fue repartido a dicha funcionar\u00eda, sin que se pueda predicar que en dicho documento existe un acto irregular que invalide la actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cTampoco se puede considerar como irregular el hecho de que la Ponente se haya pronunciado sobre la medida provisional solicitada por el actor y a la vez sobre las pretensiones de la demanda en el fallo de primera instancia, toda vez que en el primer prove\u00eddo s\u00f3lo se consider\u00f3 que de las pruebas obrantes en el expediente no se lograba vislumbrar la urgencia en torno a proteger de manera provisional los derechos fundamentales reclamados, sin que ello pueda ser calificado como un prejuzgamiento, pues la sentencia se emiti\u00f3 luego de analizar y estudiar de fondo las pruebas y argumentos expuestos por las partes (accionante, accionados y vinculados) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, se insiste, como el amparo confutado fue excluido de revisi\u00f3n, es improcedente seguir ahondando en los aspectos all\u00ed clausurados. En cuanto a lo anotado, esta Corte, citando a la Constitucional, esgrimi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019.  Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012) (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Resta indicar que si con la acci\u00f3n actual se censuran los tr\u00e1mites disciplinarios seguidos contra Ricardo Castro Mendoza y los impulsados por \u00e9ste y su all\u00ed abogado Armando Castro Mendoza, la s\u00faplica no tiene ninguna posibilidad de \u00e9xito porque ello fue objeto de la salvaguarda pasada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, en criterio de esta Sala, el auxilio debe desestimarse si  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Sentencia de 21 de enero de 2015, exp. 08001-22-13-000-2014-00598-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00; reiterada el 2 de octubre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02184-00    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de junio de 2013, exp. 1100102030002013-01262-00.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC3657-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2016-00281-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100107","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100107"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100107\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}