{"id":100109,"date":"2026-06-25T19:59:57","date_gmt":"2026-06-25T19:59:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3659-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:59:57","modified_gmt":"2026-06-25T19:59:57","slug":"stc3659-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3659-2017\/","title":{"rendered":"STC3659-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3659-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 10 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Olga Janneth Ibarra Berm\u00fadez contra la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Derecho de Autor \u2013 Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales, siendo vinculadas las partes e intervinientes en el procedimiento cautelar n\u00ba 1-2016-65577.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Actuando en nombre propio, la solicitante reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada al haber dispuesto la medida cautelar de secuestro de reproducciones musicales que se encontraban en equipos y elementos pertenecientes a un establecimiento comercial de su propiedad.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, expuso que el 20 de enero de 2017, la accionada secuestr\u00f3 preventivamente \u00ablos fonogramas, discos, casetes, cds, y\/o cualquier otro dispositivo o soporte de almacenamiento digital de la m\u00fasica que est\u00e1 en los discos duros de los computadores o rockolas en las cuales se hallan obras musicales, reproducciones digitales, interpretaciones y producciones musicales administradas por Sayco y Acinpro\u00bb, pertenecientes a su establecimiento comercial denominado \u00abEl Z\u00f3calo Caf\u00e9 Bar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que con esa medida se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho ya que conforme al art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, se practic\u00f3 sobre \u00abun bien inembargable como lo es el computador\u00bb, sin el cual no es posible realizar el trabajo pues trat\u00e1ndose de un establecimiento donde se expende bebidas alcoh\u00f3licas \u00abcon servicio de pista de baile y donde la m\u00fasica se comunica a trav\u00e9s de la que est\u00e1 incorporada en el disco duro\u00bb, el retiro de dicho computador \u00abimplica un perjuicio irremediable\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que seg\u00fan el art\u00edculo 247 de la ley 23 de 1982, el decreto de este tipo de medidas cautelares \u00abno admite recurso alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Afirm\u00f3 que la ilegalidad se configura porque el accionado no suspendi\u00f3 el secuestro pese a que al momento de la diligencia, \u00abmi hermano Fabi\u00e1n Antonio Ibarra Berm\u00fadez, persona que trabaja en el establecimiento ayud\u00e1ndome a administrarlo\u2026 inicialmente exhibi\u00f3 un contrato de compraventa del establecimiento de comercio, celebrado el 2 de junio de 2.016\u00bb, para probar que \u00abyo era la nueva due\u00f1a\u00bb, y por tanto \u00absi el decreto de las medidas cautelares estaba dirigido a mi hermano, no ten\u00eda porque (sic) hab\u00e9rseme impuesto dicho gravamen como que la suscrita no era la destinataria\u2026 de la medida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que tambi\u00e9n se incurri\u00f3 en yerros procedimentales porque \u00abla persona jur\u00eddica que obraba como mandatario de las sociedades de gesti\u00f3n colectiva Sayco y Acinpro\u00bb, solo present\u00f3 un \u00abContrato de Mandato\u00bb que \u00absolo sirve para estructurar las relaciones internas entre Mandante y Mandatario\u2026 pero no es un acto de apoderamiento\u00bb que le permita intervenir en el juicio.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que la entidad convocada no aplic\u00f3 las disposiciones pertinentes para la incautaci\u00f3n que prev\u00e9 la  Ley 23 de 1982, que la Organizaci\u00f3n demandante no prob\u00f3 \u00absiquiera sumariamente\u00bb la causaci\u00f3n del derecho patrimonial por la reproducci\u00f3n de las obras musicales como lo contempla la normativa especial en menci\u00f3n, y, adicionalmente, porque hubo \u00abindeterminaci\u00f3n de los bienes a secuestrar\u00bb, pues de acuerdo al respectivo \u00abcat\u00e1logo musical\u00bb debi\u00f3 identificarse claramente los bienes susceptibles de la medida.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende, seg\u00fan se desprende del texto de la demanda, dejar sin efecto la diligencia de secuestro practicada por la accionada el 20 de enero de 2017 (fls. 28 a 39, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial – Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor \u2013 DNDA, tras pedir su acumulaci\u00f3n con otra tutela impetrada en similares t\u00e9rminos por Fabi\u00e1n Antonio Ibarra Berm\u00fadez (rad. 2017-00120), en la cual la ac\u00e1 accionante \u00abpresent\u00f3 escrito coadyuvando las pretensiones\u00bb, manifest\u00f3 que el ejercicio jurisdiccional ejercido por esa entidad y en particular la medida cautelar cuestionada, tiene el suficiente respaldo jur\u00eddico. Precis\u00f3 que la medida no s\u00f3lo consist\u00eda en el secuestro preventivo \u00absino que tambi\u00e9n implicaba una prohibici\u00f3n para los sujetos de la cautela consistente en no realizar la ejecuci\u00f3n p\u00fablica de obras administradas por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO\u2026\u00bb, y precis\u00f3  que \u00abel accionante present\u00f3 una oposici\u00f3n a la medida cautelar y rechazada la misma present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n a dicha decisi\u00f3n. Negada la reposici\u00f3n actualmente el recurso de alzada se encuentra pendiente de remisi\u00f3n a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u00bb (fls. 45 a 94, 229 a 240, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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1. La Organizaci\u00f3n Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – Sayco, y Asociaci\u00f3n de Int\u00e9rpretes y Productores de Fonogramas \u2013 Acinpro, coadyuv\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales \u2013 Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, defendiendo la actuaci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n contra los \u00abpropietarios de establecimientos de comercio, con el fin de cumplir con el objeto encomendado por sus mandantes, como es del derecho que recauda, y sus condiciones ante la Ley\u00bb, y pidi\u00f3 se declare improcedente el amparo porque lo atacado son \u00abderechos que tienen rango legal\u00bb (fls. 243 a 258, ib\u00edd.).    <\/span><\/p>\n

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1. Fabi\u00e1n Ibarra Berm\u00fadez, aduciendo que fue \u00e9l quien atendi\u00f3 la diligencia de secuestro practicada por la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, manifest\u00f3 que hab\u00eda presentado una acci\u00f3n de tutela contra la referida entidad, \u00abpero la desist\u00ed el pasado lunes 30 de enero de 2017, por considerar que la verdadera afectada con las medidas es mi hermana Olga Janneth Ibarra Berm\u00fadez, a quien se le vendi\u00f3 el establecimiento en junio de 2016\u2026Me consta que esa entidad se aprovech\u00f3 de mi desconocimiento jur\u00eddico, para adelantar el secuestro, a pesar de que yo alegue (sic), que ya no era de mi propiedad\u2026\u00bb (fls. 284 y 285, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo por improcedente al no atender el requisito de subsidiariedad, pues frente a la referida diligencia de secuestro \u00abel se\u00f1or Fabi\u00e1n Ibarra se opuso a la misma y siendo rechazada la oposici\u00f3n, elev\u00f3 los recursos establecidos encontr\u00e1ndose pendiente de resolver sobre la apelaci\u00f3n ante la autoridad competente, valga decir, escenario judicial natural en el que debe ser debatida y desatada la inconformidad que aqu\u00ed se alega y se se\u00f1ala como la causa de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales  invocados\u00bb, y agreg\u00f3 que tampoco se avizoraba la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable que conllevara la concesi\u00f3n de medidas urgentes e impostergables (fls. 294 a 300, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso la promotora del auxilio, para disentir sobre el perjuicio irremediable declarado inexistente por el Tribunal a-quo, aduciendo que como su establecimiento ofrece el servicio de baile, al prohibir la comunicaci\u00f3n de obras musicales, \u00abse afectar\u00eda notablemente las ventas\u00bb por cuanto \u00aba la mayor\u00eda de los clientes les gusta tomar licor escuchando m\u00fasica\u00bb (fl. 319, ib\u00eddem). Recientemente, acredit\u00f3 que el Tribunal, mediante auto del pasado 23 de febrero, resolvi\u00f3 negativamente la apelaci\u00f3n interpuesta por su hermano Fabi\u00e1n Antonio Ibarra Berm\u00fadez (fls. 4 a 7, cd. Corte).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan la cual uno de los principios esenciales que orienta la tutela es el de subsidiariedad, del estudio de los hechos expuestos por los ac\u00e1 reclamantes y el cotejo de \u00e9stos con la informaci\u00f3n incorporada en el expediente, deviene improcedente el amparo incoado, como quiera que es evidente el desaprovechamiento del instrumento judicial id\u00f3neo con el que contaba para procurar la defensa adecuada de los derechos que estima conculcados.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, el comportamiento incurioso de la ac\u00e1 accionante frente a la decisi\u00f3n adoptada por la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Derecho de Autor \u2013 Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales, no abre camino a la protecci\u00f3n excepcional invocada, en tanto si como lo dijo su hermano, ella funge como \u00abpropietaria\u00bb o poseedora de los bienes cautelados, dej\u00f3 de utilizar el medio defensivo que la ley prev\u00e9 para los efectos ahora pretendidos, comoquiera que no se opuso a la diligencia de secuestro practicada el 17 de diciembre de 2014, ni intent\u00f3 la restituci\u00f3n prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, sin que previamente se hubiera intentando acudir ante el juez de la causa, el remedio ahora invocado no es dable, pues la Corte reitera que la tutela no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, en la medida en que \u00e9sta no puede considerarse una instancia adicional, y el juez del amparo no puede ser visto como un operador paralelo de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el proceso, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada STC12221-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00202-01).  <\/span><\/p>\n

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Esta Corte ha dejado sentado que en las condiciones antes descritas, es evidente la improcedencia del auxilio, porque el expediente muestra la preclusi\u00f3n de la oportunidad para hacer uso de los instrumentos id\u00f3neos de impugnaci\u00f3n, a lo que en invariable l\u00ednea de pensamiento sostiene:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada entre otras en STC17473-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00566-01).  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora, en cuanto a la posibilidad planteada por el impugnante de que se conceda el resguardo de manera transitoria por la presencia de un perjuicio irremediable, se reitera que para tal efecto se requiere que el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el caso particular esos elementos determinantes no fueron acreditados, no hay lugar a pronunciamiento adicional.  <\/span><\/p>\n

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4. En consecuencia, por los motivos discurridos en precedencia, se confirma la negaci\u00f3n del resguardo.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC3659-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100109","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100109"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100109\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}